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Represión
del gobierno “progresista” contra
el pueblo mapuche
Por
Raúl Zibechi (*)
La
Jornada, 06/11/09
El año
2009 puede pasar a la historia como el de la mayor ofensiva
de un gobierno “progresista” contra un pueblo
originario. El gobierno de Michelle Bachelet intenta frenar
la recuperación de tierras del pueblo mapuche amedrentando
a comunidades enteras con un estilo represivo que recuerda
el terrorismo de Estado. En esta ofensiva, los niños
mapuche son una de las principales víctimas de Carabineros
y los Grupos de Operaciones Especiales que han militarizado
la Araucanía.
Para
quienes crean que mentar el terrorismo de Estado suena a
exageración, vale la descripción de algunas operaciones
represivas registradas por el Observatorio Ciudadano, ONG
humanitaria situada en Temuco, en su trabajo Hechos de
violencia imputables a Carabineros que han afectado a niños
mapuche en la región de la Araucanía (2007–2009), que
puede encontrarse en www.observatorio.cl
El
informe relata 14 casos de violencia policial, varios
colectivos, contra niños en comunidades mapuche. Llama la
atención que la represión se dirige contra comunidades
enteras, en supuesta respuesta a tomas de tierras, quemas de
camiones y barricadas. El 5 de octubre, un niño de 14 años
de la comunidad de Rofué fue herido con disparos de balines
cuando Carabineros lo confundió con los comuneros que
ocupaban el fundo Santa Lucía. “El niño intentó huir
del lugar, siendo perseguido desde un helicóptero a ras de
tierra por los efectivos policiales, que lo alcanzaron a
tres kilómetros de distancia, cerca de la comunidad llamada
Pichiloncoche. Allí, siendo apuntado con un arma por uno de
los integrantes del GOPE, y bajo amenaza de muerte, fue
sumergido en un canal, quedando completamente mojado (...)
Una vez en vuelo fue botado al piso con la cabeza hacia el
exterior y con las puertas del helicóptero abiertas, los
carabineros lo amenazaron con lanzarlo a tierra si no daba
nombres de las personas que a esa hora participaban de la
acción en el fundo Santa Lucía”.
El
informe cita otro caso, sucedido el 16 de octubre contra la
escuela de la emblemática comunidad de Temucuicui, mientras
se realizaba una reunión de 80 comuneros con funcionarios
estatales. “Sin aviso, y sin mostrar orden de
allanamiento, los efectivos policiales que se movilizaban en
una bus, una tanqueta y alrededor de 10 camionetas,
procedieron a disparar balines y gases lacrimógenos hacia
la escuela desde una distancia de 200 metros. El operativo
policial, que tuvo una duración de 30 a 40 minutos, dejó
alrededor de 12 heridos con balines de perdigones, y cerca
de 30 personas con asfixia, la mayoría niños.”
El
26 de octubre Gary Stahl, representante de Unicef en Chile,
se refirió a estas violaciones con una frase que parece
sacada de los peores tiempos de la dictadura de Pinochet:
“Para que no haya otra generación de chilenos marcada por
la violencia, tenemos que saber qué ha pasado, y buscar una
solución para que no vuelva a pasar en el futuro”. Y
agregó, respecto a la pasividad del gobierno, que “hasta
el momento no hemos visto ninguna investigación imparcial
para saber qué ha pasado”. Unicef exigió al gobierno que
tome medidas para proteger a los niños mapuche.
Sin
embargo, el Ministerio del Interior, usando un argumento que
también recuerda tiempos pasados, culpó a las víctimas al
asegurar que los padres utilizan a los niños como
“escudos” durante las tomas de tierras y otras acciones.
La simpatía con los mapuche crece de sur a norte, y gana
espacios como mostró la enorme manifestación del 12 de
octubre en Santiago: 10 mil personas de varias etnias,
incluyendo muchos no indígenas como la Garra Blanca, la
popular hinchada de Colo Colo, participaron en una actividad
de neto apoyo a la resistencia mapuche.
Esta
nueva oleada de luchas está anclada en tres elementos. El
primero es la cada vez más estrecha alianza entre el Estado
chileno, independientemente de qué partido lo administre,
con los empresarios forestales, salmoneros y mineros. Los
primeros son capitales chilenos, en tanto los otros dos son
trasnacionales, y son los más directamente implicados en el
conflicto en la Araucanía, ya que los monocultivos de pino
sepultan a las comunidades en un mar verde que las asfixia.
Arauco, principal forestal chilena, se expande con
plantaciones en el norte de Argentina y en Uruguay: en
Misiones ya posee 10 por ciento de la superficie de la
provincia y en Uruguay se ha convertido en el primer
latifundista con 250 mil hectáreas, buscando zafar de un
conflicto que le dificulta su reproducción.
En
segundo lugar, la actual oleada de ocupaciones de tierras
muestra cambios internos en el mundo mapuche. Está tallando
una nueva generación de jóvenes universitarios que viven
en albergues urbanos, aparece una amplia gama de medios de
comunicación electrónicos de mapuche de las ciudades y del
exterior, y se ha creado una organización: Alianza
Territorial Mapuche, que agrupa de 60 a 120 comunidades.
Por
último, los mecanismos estatales de contención están
siendo desbordados. Cada vez que arrecian las tomas, el
gobierno incrementa los fondos para tierras que se entregan
a ciertas comunidades, no a todas las que necesitan,
generando división y debilitando las luchas. La represión
masiva parece una señal de desesperación de los mandos de
Carabineros, mientras la aplicación de la legislación
antiterrorista a las luchas sociales tiene cada vez mayor
costo político para el Estado.
La
amplia solidaridad de sectores populares y de izquierda
urbanos con la lucha mapuche es uno de los datos más
auspiciosos, toda vez que la criminalización de ese pueblo
sólo es posible si se le consigue mantener aislado. El
nuevo gobierno chileno que surja de las elecciones de
diciembre encontrará un pueblo de pie, dispuesto a seguir
luchando por la autodeterminación, rodeado de creciente
solidaridad.
(*) Raúl Zibechi es analista
internacional del semanario “Brecha” de Montevideo,
docente e investigador sobre movimientos sociales en la
Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de
varios grupos sociales.
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