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El
respaldo nacional a la lucha del SME es una cuestión de
supervivencia para el pueblo de México
El
paro nacional
Por
Luis Javier Garrido
La
Jornada, 06/11/09
La
decisión del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de
convocar a un paro cívico nacional para el miércoles 11
constituye una señal más de la crítica situación que se
ha creado ante la tentativa del gobierno de facto de Felipe
Calderón de destruir contra la ley y por la fuerza la
empresa pública Luz y Fuerza del Centro a fin de proseguir
la entrega del sector energético del país a las
multinacionales, desconociendo de esta manera (una vez más)
el orden constitucional de la República.
1.
Un número muy importante de juristas ha alertado sobre la
gravedad del contexto actual, marcado por la determinación
del gobierno espurio de ignorar con su decreto del 11 de
octubre las atribuciones del Congreso de la Unión para
arrogarse facultades de las cuales carece, cancelando al
mismo tiempo de un plumazo los derechos de 44 mil
trabajadores y haciendo inexistente el derecho colectivo del
trabajo –todo con el fin de atentar contra los derechos de
la nación–, lo que lo sitúa abiertamente en la
ilegalidad y como una fuerza política en connivencia con
fuerzas del exterior. Muy pocos analistas han advertido, por
el contrario, sobre la crítica situación política a la
que se está llevando al país al situar tanto al PAN como
al PRI en la más absoluta ilegalidad y carentes de toda
autoridad política y moral con vistas a 2012.
2.
El golpe de mano del régimen contra los trabajadores
electricistas y los derechos de la nación está dejando sin
viabilidad histórica no nada más a Acción Nacional, sino
también a sus aliados del PRI, que no parecen haberse dado
cuenta del ridículo que hicieron con la discusión del
paquete fiscal para 2010 que evidenció una vez más su
ausencia de una idea de nación, confirmándolos como lo que
han sido en todos estos años: meros cómplices al servicio
del poder panista de facto para ayudarlo a atentar contra la
nación y la clase trabajadora y mostrando de paso su
connivencia con consorcios del extranjero.
3.
El gobierno calderonista ha apostado a todas luces para
salir del atolladero histórico en el que se encuentra a la
firmeza de los acuerdos de Acción Nacional con Carlos
Salinas, lo que le supone seguir recibiendo el aval del PRI
a sus actos anticonstititucionales, estimando que saldrá
adelante del conflicto a la usanza priísta antigua:
utilizando en campañas de desinformación a los medios, con
la simulación de “diálogo” que lleva a cabo en
Bucareli Fernando Gómez Mont con una dirigencia espuria del
SME y forzando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
a ahondar una vez más la situación de ilegalidad en la que
se halla el país, negándose a asumir su papel como un órgano
de control de la constitucionalidad de las leyes y de los
actos de la administración pública.
4.
El cambio en 2000 de un gobierno del PRI –apoyado por el
PAN– a un gobierno del PAN –sostenido por el PRI– no
llevó a México a ninguna “transición democrática”,
como pretende la versión oficial, sino muy rápidamente a
una ruptura del pacto fundamental en que se sustenta la vida
colectiva y que se expresa en la Constitución.
5.
Este quiebre del orden constitucional de la República
culminó en 2006 con la imposición ilegal e ilegítima de
Calderón en la silla presidencial –tras unas elecciones
que no ganó y en las que sólo un macrofraude electoral le
hizo aparecer como supuesto “triunfador” sobre Andrés
Manuel López Obrador, quien había triunfado ampliamente,
como se debatió ayer durante horas en la sesión de la Cámara
de Diputados–, y ahora se hace más amplio en 2009 con el
nuevo atentado de Calderón contra la Constitución al
desconocer las atribuciones del Legislativo, vulnerar los
derechos individuales y sociales de los trabajadores y
desconocer la legislación laboral para hacer viable el
proyecto de entregar el control energético del país a
corporaciones extranjeras.
6.
El país se halla, en consecuencia, no tan sólo en un
contexto de ruptura del “pacto social” entre los
trabajadores y el Estado, como denunció el SME el martes 3,
sino del mismo pacto nacional como resultado de la situación
de quiebre del orden previsto en la Constitución General al
atentarse contra los derechos de la nación. Ya desde ahora,
según se ha denunciado, trabajadores contratados por grupos
privados están llevando a cabo las tareas que realizaba el
SME, sin preocuparse el gobierno panista en lo más mínimo
por la legalidad de sus actos.
7.
La alianza PRI-PAN pretende así seguir gobernando y
beneficiándose de manera patrimonial del poder al margen de
las leyes de la República. Lo mismo panistas que priístas
se saben en la más absoluta ilegalidad y, por lo mismo,
buscan “legitimarse” con una política metalegal de
concertacesiones y pactos. Mientras múltiples voces claman
por una alianza de las fuerzas democráticas de México que
conduzca a otras políticas para sacar al país del atraso
en el que lo ha sumido el neoliberalismo, desde Los Pinos se
promueve un gran “acuerdo nacional” en torno a las políticas
depredadoras de Calderón –ya negociado, entre otros, con
los chuchos del PRD–, empresa en la que pretende ignorar
el repudio nacional que tiene. ¿Quién podría avalar ese
“acuerdo” contra México que exigía el miércoles 4 el
líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados,
Francisco Rojas?
8.
El gobierno espurio, de espaldas al pueblo y en la más
absoluta inconsciencia, solamente quiere seguir cumpliendo a
los dirigentes de las trasnacionales que lo encumbraron, y
que desde hace lustros reclaman una clase política estable
y ya en connivencia con ellos. De ahí que Calderón fragüe
ahora enviar al Congreso el viejo proyecto de contrarreforma
constitucional a fin de establecer la relección inmediata e
ilimitada, para lo que reunió en Los Pinos a los académicos
afines al régimen (Federico Estévez, Denise Dresser, José
Woldenberg, Soledad Loaeza, Jesús Silva Herzog-Márquez) en
la mira de que convaliden este nuevo atentado a la nación,
según informó Milenio Diario (5/11/09).
9.
Cuando la Cámara de Diputados se aboque el martes 10 a la
cuestión de la controversia constitucional, que a todas
luces debería presentarse, el país se hallará, por
consiguiente, en la más absoluta división, entre una
oposición que defiende a un país de leyes, y la alianza de
la “clase política” del PRI y el PAN que de manera
tartufa insiste en un México de simulaciones que permita a
las mafias que representan seguir prevaleciendo sobre la
nación.
10.
El respaldo nacional a la lucha del SME es, por
consiguiente, una cuestión de supervivencia para el pueblo
de México, y este proceso no tiene ya vuelta atrás.
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