América Latina

Latinoamérica I

Comparaciones y explicaciones de la crisis

Por Claudio Katz[1]
Enviado por el autor, 10/01/10

Resumen: El impacto de la eclosión global en América Latina ha sido inferior a los países desarrollados y más agudo que en las economías ascendentes de Asia. Afectó en mayor grado a Centroamérica que al hemisferio sur. El origen externo del temblor desmiente el mito de la responsabilidad autóctona de estas conmociones, pero no exculpa a las clases dominantes locales.

La crisis no presenta hasta ahora el alcance que tuvieron los colapsos de las últimas dos décadas. Esta diferencia obedece al carácter acotado de la transmisión financiera y a los efectos de la monumental cirugía de los bancos en la región. Paradójicamente este contrapeso atrae capitales de corto plazo, que amenazan recrear las burbujas especulativas.

El dato central de la coyuntura ha sido el freno de la retracción comercial, pero se confirmó la fragilidad que genera la dependencia regional de las exportaciones básicas. El desempleo y la pobreza han vuelto a primer plano con la disminución de las remesas. El éxodo rural ensancha la brecha social y potencia la marginalidad urbana.

 Los economistas heterodoxos pasaron de un diagnóstico de catástrofe a otro de irrelevancia de la crisis. Explican el impacto atenuado del temblor por la acertada intervención del estado, pero olvidan el generalizado vuelco internacional hacia esta acción. También encubren el auxilio brindado a las clases dominantes y no perciben, que se buscó evitar un desplome del poder adquisitivo por el temor que suscita la resistencia popular.

Los economistas ortodoxos atribuyen el limitado alcance de la crisis a la primacía de políticas de superávit fiscal, restricción monetaria y endeudamiento controlado. Pero ocultan el costo social de esta orientación y el impulso que brindó a la concentración y extranjerización de las finanzas. Los indicadores de presupuesto, inflación o tipo de cambio confirman la continuada vulnerabilidad de la región.

Latinoamérica I: comparaciones y explicaciones de la crisis

El alivio que ha sucedido al duro impacto inicial de la crisis reproduce en América Latina una tendencia mundial. A mediados del 2008 irrumpió la recesión, el incremento del desempleo y la retracción del comercio, a pesar de los socorros a las empresas que improvisaron todos los gobiernos.

Pero al promediar el año pasado se generalizó la distensión financiera, se contuvo la compresión del crédito y la desvalorización de las materias primas. El producto bruto sufrió un significativo retroceso, pero tendería a recuperarse durante el 2010. ¿Qué dimensión presenta esta crisis, en comparación a las eclosiones que sacudieron a la región en las últimas décadas?[2]

Magnitudes y comparaciones

El PBI latinoamericano aumentó 4,1% en el 2008, declinaría 1,8% en el 2009 y volvería a subir 4,1% en el 2010. Este vaivén también sigue los lineamientos internacionales, con porcentuales más favorables que los países desarrollados y más adversos que las economías ascendentes de Asia. Este resultado intermedio confirma que el impacto ha sido inferior al Primer Mundo, pero no tan atenuado como en China o la India.

El estallido no se originó esta vez en América Latina, sino en el epicentro del capitalismo. No sucedió a los descalabros de la deuda externa, los desmoronamientos fiscales o las fuertes devaluaciones, que periódicamente acosan a la región. Esta localización externa destruye el mito de la invariable responsabilidad autóctona de las desgracias que padece la zona. Nadie puede atribuir el vendaval actual a la “corrupción de los funcionarios”, a la “escasa disciplina de la población” o la “menguante laboriosidad de los trabajadores”. Los neoliberales han debido resignar su argumento predilecto para explicar el temblor en la región.

El detonante externo es ahora esgrimido para exculpar a las clases dominantes locales de cualquier responsabilidad, olvidando que el capitalismo no funciona en otra galaxia. América Latina está inserta en un sistema que periódicamente soporta conmociones globales. Las mismas convulsiones que ahora desplomaron a los bancos estadounidenses, arrasaron en varias oportunidades a las finanzas de la periferia. Las crisis cambian de localización, pero obedecen siempre a un mismo determinante capitalista.

Al confirmar esta inestabilidad estructural del sistema, el nuevo estallido sacudió al establishment latinoamericano, que se había acostumbrado a un quinquenio de crecimiento y apostaba a un período semejante de apacibles negocios.

Pero el efecto de esta crisis ha sido muy desigual. El gran desplome del 7% del PBI que afectó a México dista de la moderada caída que soportó Brasil (uno o dos puntos). Mientras que Centroamérica sufrió el efecto inmediato de la recesión estadounidense, las economías diversificadas de Sudamérica lograron atemperar esa incidencia.

El origen estadounidense del crack y su menor impacto relativo sobre América Latina constituyen, hasta ahora, los únicos puntos en común de la eclosión reciente con la depresión del 30. Las comparaciones con los colapsos más recientes de las últimas dos décadas de neoliberalismo son más aleccionadoras[3].

La recesión actual sería más aguda que las registradas durante 1990 y 2002 (caídas de PBI menores de un punto), pero no alcanzaría la gravedad de 1983 (declinación de 2,6%). Sería un shock profundo, pero de incidencia inferior a la “década perdida” del 80 o a la “media década perdida” de 1998–2003[4].

En los derrumbes de esos períodos se verificaron desmoronamientos más dramáticos del PBI en varios países. Hubo colapsos de 17 % en Chile (1983–84), 10 % en México (1994), 11 % Argentina (2001–02) y declives muy pronunciados de Brasil (1998). La crisis actual presenta hasta ahora una magnitud inferior a esos antecedentes.

Sólo en México la escala de la tormenta presenta semejanzas con el Tequila de 1994, tanto en la regresión industrial, cómo en la expansión del desempleo. Pero la turbulencia actual no ha incluido los desmoronamientos de bancos y la pulverización de la moneda, que condujeron en esa oportunidad al inédito socorro de la Reserva Federal.

El brusco freno que ha sufrido la economía argentina tampoco guarda punto de comparación con la histórica catástrofe del 2001. La crisis ha puesto fin a un quinquenio de alto crecimiento, pero no produjo el desplome de un modelo (convertibilidad), ni generó cesaciones de pago, confiscaciones de depósitos bancarios o descalabros monetarios.

El mismo contraste se extiende a Brasil. La principal economía latinoamericana fue muy golpeada el año pasado, pero la devaluación inicial no precipitó fugas de capital, depreciaciones monetarias, rebrotes inflacionarios o astronómicos ascensos de las tasas de interés. Estos episodios acompañaron, en cambio, al ocaso del cruzado (1986), al fin del plan Collor (1990) y a la última quiebra fiscal (1999). La conmoción actual se ha caracterizado por un tipo de transmisión muy diferente.

Mayor impacto comercial que financiero

A diferencia de lo ocurrido en los 80 y 90 el efecto financiero de la crisis no ha sido significativo. La colocación internacional de bonos públicos se mantuvo con tasas de rendimiento elevadas y la severa caída inicial de las bolsas fue seguida por una persistente recuperación. En la segunda mitad del 2009, los mercados bursátiles de Brasil, Chile, Perú o Colombia registraron incrementos del 100%.

Por otra parte, el volumen de las reservas supera al nivel predominante durante las crisis de las últimas décadas y la carga del endeudamiento externo ha bajado. Estos pasivos (netos de reservas internacionales) equivalían al 6% de PIB (2008), frente al 30% predominante durante las eclosiones anteriores[5].

Esta menor gravitación de los desequilibrios financieros ha reducido el interés de las interpretaciones centradas en esta órbita. También el énfasis en los aspectos monetarios ha decaído, ante la limitada corrosión sufrió que esta vez el sistema bancario.

Pero este cambio no es obra de la naturaleza. Reflejó la monumental transformación que sufrieron las entidades financieras, como consecuencia del tendal de quebrantos generados por las últimas crisis. Los bancos de la región han sido menos golpeados que sus equivalentes del Primer Mundo por haber procesado la depuración, actualmente en curso en las entidades de Estados Unidos y Europa.

Pero esta mayor consistencia poscrisis es un arma de doble filo, ya que atrae nuevas burbujas hacia la región. En un marco de bajas tasas de interés y alto riesgo de los bancos metropolitanos, los capitales de corto plazo afluyen a la zona para lucrar con los vaivenes de las acciones, los inmuebles y las monedas. Esta llegada de fondos contrasta, con la caída de 35– 45% de la inversión extranjera de largo plazo, que se registró durante el 2009.

Los conocidos efectos desestabilizadores que genera este arribo de capitales golondrinas han conducido a introducir restricciones (especialmente en Brasil). Pero si la rentabilidad de esas operaciones persiste, las barreras podrían quedar neutralizadas por otras vías de ingreso de los mismos fondos.

En esta oportunidad, el tradicional canal financiero de transmisión de la crisis ha sido reemplazado por un impacto comercial. La súbita caída de los precios (29%) y del volumen de las exportaciones, que se observó entre el comienzo de la crisis (septiembre 2008) tiene pocos precedentes. Aunque alcanzó un piso (junio del año siguiente) y fue seguido de una nueva apreciación de las materias primas, el resultado final de esta oscilación es incierto.

La renovada demanda de China, India y otras economías intermedias podría estabilizar estos precios, determinando una inédita gravitación de las compras asiáticas sobre el ciclo comercial latinoamericano. Pero este cambio de comprador no altera la fuerte atadura de la región al vaivén de cotizaciones de los bienes exportados. El ascenso de estos precios permitió cinco años de continuada reactivación y la reciente recuperación ha operado cómo un salvavidas de poca consistencia.

Regresión social y deterioro popular

El estallido de la crisis provocó un inmediato aumento de 1% de la desocupación en la región. Al menos tres millones de personas perdieron su empleo durante los primeros meses del 2009, revirtiendo la moderada recuperación de puestos de trabajo, que se registró durante el crecimiento del quinquenio precedente.

Las últimas estimaciones indican un incremento del 7,4 al 8,3% (o 9%) de la tasa promedio de desocupación. Esta media incide en forma variable en las distintas economías (Argentina 8,8%, Chile 10,7%, México 6,12%). El paro comenzó golpeando a los asalariados de las industrias más internacionalizadas y terminó afectando duramente a los trabajadores precarizados e informales. En la juventud el desempleo duplica el promedio general. Hay 50 millones de jóvenes latinoamericanos que se encuentran totalmente afuera del sistema educativo y 20 millones de niños trabajan en condiciones infrahumanas[6].

Este agravamiento del desempleo coincide con una expansión de la pobreza, que afectaría a un rango de 6 a 10 millones de individuos. El porcentaje de los desamparados latinoamericanos continuará girando en torno al 40% de la población, con picos de agravamiento en las recesiones y reducidas mejoras durante las reactivaciones. Este océano de pobres alimenta crecientes formas de precariedad laboral en todos los países[7].

En las naciones más desguarnecidas la irrupción de la crisis incluyó, además, la desgracia del hambre. Este flagelo es un resultado directo de la reconversión neoliberal del agro, que acentuó la especialización exportadora, el éxodo rural y la falta de alimentos. América Latina participa con 53 millones de individuos en el mapa mundial de la desnutrición[8].

Otra consecuencia de la crisis ha sido la abrupta reducción de las remesas. Esta disminución de los envíos familiares afecta particularmente a los países centroamericanos, que sufrieron una verdadera desarticulación demográfica. Uno de cada 10 mexicanos reside en Estados Unidos y sus transferencias de fondos se han tornado vitales, al pasar de 7.500 millones de dólares (2000) a 26.000 millones (2007)[9].

En los últimos meses del 2009 se verificó incluso el inédito fenómeno de remesas inversas, es decir giros realizados desde el Sur hacia los familiares que perdieron su empleo en el Norte. Pero el retorno a casa no parece una opción, en el cuadro actual de recesión agravada por la gripe porcina y el desplome de turismo.

La crisis también deteriora la distribución del ingreso, recreando el ensanchamiento de la brecha social, que se atenuó levemente durante el reciente ciclo de crecimiento. El índice Gini (que mide este desnivel) registraría un incremento del 0,47% al 0,51%.

Para una región que padece los mayores índices de desigualdad del planeta, las consecuencias de cualquier desmejora en esta área son dramáticas. Basta observar las cifras predominantes en la principal economía de la región, para notar la dimensión de esa asimetría. En Brasil el 10 % más rico posee casi el 75% de la riqueza total y el 45% de estos recursos es acaparado por 5000 familias, localizadas en cuatro ciudades[10].

La desintegración social que generan estos niveles de desigualdad se traduce en un explosivo incremento de la criminalidad. Las pandillas son reclutadas entre jóvenes desempleados que soportan la marginalidad urbana, potenciada por la destrucción de las comunidades agrarias. Una multitud de individuos sin trabajo, oficio u horizonte de vida ha sido empujada a esa informalidad por la reconversión capitalista de las últimas décadas.

La delincuencia se ha expandido, además, por la cultura del consumismo y de la ostentación que propagó el neoliberalismo, mientras demolía el nivel de vida las familias obreras. Los capitalistas que causaron esta tragedia, ahora protestan vivamente contra sus efectos, especialmente cuando padecen en carne propia los secuestros o robos sanguinarios, que caracterizan a la nueva criminalidad. Los responsables de esta degradación también se quejan de la baja formación educativa, cómo si la regresión en este plano fuera ajena al aniquilamiento sufrido por la escuela pública.

Explicación por intervencionismo

Los voceros de CEPAL han acompañado las oscilantes interpretaciones de la crisis que expusieron los economistas más afamados. Primero caracterizaron la eclosión como el mayor estallido de la posguerra y al poco tiempo, diagnosticaron un súbito fin de ese desmoronamiento. Ponderaron, además, la madurez y capacidad de resistencia que ha exhibido América Latina frente a estos temblores[11].

En ningún momento aclararon cómo se produjo el mágico pasaje de una catástrofe económica a una recaída irrelevante. En cambio, atribuyeron la novedosa capacidad que ha mostrado la zona para atemperar la crisis global, a las políticas heterodoxas de intervención estatal. Algunos autores contrastaron estas acciones con la parálisis o ineficacia, que impuso en ocasiones anteriores, la subordinación ortodoxa a los dictados del mercado.

La intervención del estado ha sido efectivamente un dato generalizado, que se manifestó en distinto tipo de medidas. Algunas tendieron a disuadir el aumento de las tasas de interés y otras a sostener parcialmente la demanda mediante la expansión monetaria. Esta política predominó con diversos matices en casi todos los países, desmintiendo la apología neoliberal a las cualidades autocorrectivas del mercado. Pero esta orientación no fue un invento latinoamericano. Acompañó una tendencia mundial que asumió mayor intensidad en Estados Unidos y Europa.

Pero esta intervención ha sido posible en la región por la existencia de reservas acumuladas durante la prosperidad del 2003–08. Como en ese período se registraron tasas de crecimiento del 5% anual y mejoras de los términos de intercambio del 100%, los gobiernos contaron con un margen de acción inexistente en los colapsos anteriores. Aprovecharon la coyuntura creada por el primer período de crecimiento latinoamericano superior a las economías desarrolladas desde la posguerra. Especialmente el auge externo proveyó ingresos fiscales, que permitieron evitar la repetición de la bancarrota mexicana de los 80 o el quebranto argentino del 2001.

Pero la intervención que pondera CEPAL no fue neutra. Socorrió con fondos públicos a los grandes bancos o empresas, mediante auxilios que excluyeron la redistribución de ingresos. El incremento del gasto público benefició a las clases dominantes y solo incorporó compensaciones secundarias en el área social.

La atención que igualmente se ha puesto en evitar un desplome del poder adquisitivo, refleja el temor que han dejado las grandes rebeliones populares de las últimas décadas. Más que una repentina inclinación por la heterodoxia, en la cúpula del poder ha estado fresco el recuerdo de esos levantamientos sociales.

Explicación por ajuste

Los economistas ortodoxos atribuyen el limitado impacto de la crisis en la región a la aplicación de estrictas políticas de superávit fiscal, restricción monetaria y endeudamiento controlado. Consideran que esta sobriedad permitió afrontar con sólidos escudos el vendaval externo[12].

Esta caracterización registra la existencia de un contexto fiscal y monetario efectivamente distinto al pasado reciente. La deuda regional equivalente al 53% del PBI y al 365% de exportaciones en 1987 se redujo al 21% y el 87% de estos guarismos en el 2008. También los bancos presentan un nivel más acotado de apalancamiento, en un marco de endeudamiento público y privado más reducido[13].

Pero este escenario no fue forjado con sobriedad administrativa. Ha sido el resultado de un ajuste social brutal, que incluyó procesos de licuación de deudas, desvalorización de capital y transferencias de ingresos solventados por las mayorías populares.

Los neoliberales omiten esta cirugía, que también condujo a la reorganización de las finanzas a favor de un grupo más selecto de entidades. Estas limpiezas han convertido por ejemplo a Brasil, en un niño mimado del establishment global. El país recibe altas calificaciones de los banqueros (investment grade) e incluso presta plata al FMI. Luego de una escalada de quiebras (1994), que centralizó todo el sistema en pocas manos, las principales instituciones sobrevivientes se han especializado en operaciones con derivados y opciones. Sólo 25 entidades controlan el 81% de los activos y mantienen altos lucros de intermediación, en un marco de mayor estabilidad monetaria.

En México se consumó un proceso semejante luego del colapso de 1994. Pero en este caso, la concentración de bancos se produjo junto a la extranjerización de todo el sistema, especialmente luego del pasaje del Banamex al Citigrup y del Bancomer al BBVA. Toda la estructura de préstamos ha quedado, además, muy conectada a la subordinación económica a Estados Unidos.

En Argentina la reorganización bancaria sucedió al descomunal colapso del 2001–02. Aquí no sólo hubo cierre y venta de entidades, sino también expropiaciones de depósitos, canjes compulsivos de las deudas, pesificaciones de acreencias dolarizadas y default de bonistas. La magnitud de este estallido terminó limitando la hegemonía lograda por las finanzas durante los años 90, pero no revirtió una estructura financiera retrógrada y concentrada. Sólo 10 entidades controlan el 77 % de los depósitos[14].

Cómo procesos semejantes (o más turbulentos) de reorganización bancaria se registraron en Ecuador y Venezuela (y otros países), la eclosión reciente llegó a Latinoamérica en el período de reestructuraciones que sucede a las crisis. Pero esta coyuntura es frágil y no brinda protección frente a un rebote del temblor externo o una nueva erosión endógena. Las causas estructurales de la pulverización sufrida por los bancos durante los años 80 y 90 persisten y la repetición de esos estallidos es una posibilidad siempre latente.

Los dos factores que pospusieron este desenlace –altos precios de las materias primas exportadas y cierto control del déficit fiscal y la inflación– están sujetos a imprevisibles y repentinos desajustes. Los economistas ortodoxos presienten esta fragilidad y advierten contra los peligros que afronta la región. Pero siempre olvidan considerar cuán responsables son de esa vulnerabilidad.

Latinoamérica II

Del industrialismo a la exportación básica

Por Claudio Katz
Enviado por el autor, 10/01/10

Resumen: El modelo exportador ha recuperado preeminencia, multiplicando la atadura de la economía zonal al vaivén de precios de las materias primas. Los grandes proyectos de infraestructura buscan garantizar salidas externas para los insumos codiciados por las transnacionales.

La minería a cielo abierto, la deforestación y el uso irracional del suelo agravan las adversidades tradicionales del modelo extractivo y afianzan el peligroso deterioro del medio ambiente. Este esquema es avalado por CEPAL, que reemplazó el viejo industrialismo por una insostenible reivindicación de la primarización.

Estados Unidos busca recuperar las posiciones perdidas en la región, para reforzar su aprovisionamiento de insumos básicos. Europa no disputa preeminencia política, pero sí negocios y podría quedar afectada por el deterioro económico de España. La llegada de China entraña un desafío mayor, en la disputa por el botín de minerales, alimentos y combustibles.

La industria latinoamericana se amoldó a la creciente penetración de las corporaciones multinacionales. Su gravitación ha disminuido, pero no desapareció como sector de peso. Las viejas burguesías nacionales promotoras del mercado interno han sido reemplazadas por burguesías locales que jerarquizan la exportación.

El nuevo esquema no implica extranjerización total. Los capitalistas latinoamericanos continúan manejando sus estados, con mayor inclinación por la asociación trasnacional. La incorporación de México, Brasil y Argentina al G 20 y el apoyo al FMI como reorganizador de las finanzas mundiales ilustran esta imbricación. El Fondo no ha cambiado y continúa administrando el ajuste al servicio de los banqueros. Es erróneo atribuir un perfil “posliberal” a gobiernos que privatizan recursos básicos, mantienen estructuras fiscales regresivas y apuntalan el agronegocio.

Latinoamérica II: del industrialismo a la exportación básica

El vaivén de los precios internacionales de los insumos incide como nunca sobre la economía latinoamericana. México depende de los ingresos que aportan las ventas de petróleo, Argentina ha quedado atada a la valorización y depreciación de la soja y Brasil está pendiente de los productos básicos que comercializa. Esta subordinación a la cotización de metales, alimentos o combustibles es muy superior en los restantes países de la zona.

La primarización en debate

Es indudable que el modelo exportador ha recuperado preeminencia en la región. Los grandes proyectos de infraestructura buscan garantizar salidas externas, para materias primas elaboradas siguiendo el esquema extractivo. Los principales conglomerados concentran su actividad en el sector primario, recreando la especialización que históricamente empujó a Latinoamérica a un status periférico.

Entre 1985 y 1996 fueron extraídos 2.706 millones de toneladas de productos, compuestos en un 88% por minerales y petróleo. La región es muy codiciada por las compañías mineras, que explotan los cuantiosos acervos de cobre y hierro y los grandes yacimientos de litio y uranio. También reúne las reservas más significativas de agua y biodiversidad del planeta.

Durante la mayor parte del siglo XX el desarrollismo se opuso a la especialización exportadora que promovían los liberales. Pero este rechazo se atenuó en las últimas décadas y ha desembocado en la actualidad, en una curiosa reivindicación de la primarización por parte de CEPAL.

El principal vocero de la heterodoxia industrialista reivindica el “potencial que ofrecen las actividades basadas en recursos naturales”, resalta su aporte tecnológico y defiende la suscripción de acuerdos de libre comercio, para facilitar el ingreso de los productos básicos a las economías desarrolladas[15].

Estos planteos no sólo contrastan con la tradición industrialista, que encarnó la CEPAL entre 1950 y 1980. También ignoran los argumentos que se esgrimieron durante décadas, contra las nefastas consecuencias del modelo primario–extractivo. Este esquema generó en el pasado sometimiento externo, saqueo de recursos y perdurables obstáculos a la acumulación.

En la actualidad impone la persistencia de la pobreza y provoca la expulsión de la población rural, sin gestar puestos de trabajo equivalentes en las áreas urbanas. Todas las objeciones clásicas a la primarización mantienen su vigencia. La gravitación de las empresas transnacionales, la mundialización y la emergencia de Asia no atenúan las adversidades de ese modelo.

En realidad, los viejos problemas de la inserción exportadora han sido potenciados por las nuevas consecuencias de la devastación ambiental. Los propios técnicos de CEPAL han evaluado los dramáticos costos sociales del cambio climático para América Latina, en materia de pestes, enfermedades y deterioro del agua o el suelo[16].

Pero estos impactos son divorciados de sus fundamentos en el esquema primario–extractivo. Especialmente se olvida que la principal fuente de emisión de gases tóxicos en la región proviene de la minería a cielo abierto, la deforestación y el uso irracional del suelo para ampliar monocultivos.

Este deterioro del medio ambiente no se corrige en América Latina con lamparillas que ahorren electricidad o automóviles híbridos. Se requieren políticas de conservación de la naturaleza, radicalmente opuestas a la continuada primarización del comercio exterior[17].

Prioridades de Estados Unidos

América Latina sigue ocupando un lugar estratégico para Estados Unidos, cómo gran reserva de recursos naturales. La región cumple una función decisiva en el aprovisionamiento de los metales y el petróleo que utilizan el Pentágono y el complejo industrial del Norte. Mediante tratados bilaterales de libre comercio, Estados Unidos ha buscado resguardar este abastecimiento, mientras refuerza su exportación de productos elaborados y generaliza la fabricación de partes en las zonas francas[18].

El imperialismo norteamericano encara esta acción para superar una crisis de dominación, sobre una región tradicionalmente manejada como extensión de su propio territorio. La gestión de Bush estuvo signada por el fracaso del ALCA y la reaparición de revueltas populares antiimperialistas. Esta oleada también dio lugar a nuevos gobiernos enfrentados con el Departamento de Estado. Obama busca revertir esta pérdida de influencia estadounidense, que se verifica mucho más en el hemisferio sur que en Centroamérica[19].

Estados Unidos busca también recuperar el terreno perdido a manos del capital europeo, desde el fuerte ingresó de España a sectores claves de las finanzas y los servicios latinoamericanos. Europa no disputa preeminencia militar, ni gran liderazgo político en la zona, pero alienta acuerdos de libre comercio para favorecer a sus propias compañías. Habrá que ver si el duro efecto de la crisis actual sobre las firmas españolas, les permite preservar su presencia como segundos inversores externos de la región.

La llegada de China a una zona históricamente alejada de su radio de acción representa un desafío mucho más serio para Estados Unidos. La potencia oriental se ha convertido en gran demandante de petróleo, soja y cobre y su intercambio con Latinoamérica saltó de 10 billones de dólares (2000) a 140 billones (2008).

Además, la economía china inunda de productos a sus nuevos socios y ha logrado convertir a Brasil en un cliente de primer orden. El intercambio entre ambos países tiende a superar el comercio brasileño–estadounidense y un deslizamiento del mismo tipo, comienza a observarse en Perú, Chile y Argentina.

Pero el gigante del Norte ya ha reaccionado suscribiendo un acuerdo de libre comercio transoceánico (Vietnam, Singapur, Australia), que aglutina también a sus socios del pacífico sudamericano. En este escenario se dirime la disputa por el gran botín de los recursos naturales que atesora la región.

El ocaso de la burguesía nacional

La vieja estructura industrial que producía limitadamente bienes para el mercado interno ha quedado remodelada por las sucesivas crisis que padeció América Latina. Ese tejido forma parte en la actualidad del esquema exportador, especialmente en los tres países que desenvolvieron un sector fabril de importancia.

La renovada gravitación de las materias primas no ha destruido a la industria latinoamericana, pero debilitó su incidencia en comparación a la posguerra. Se ha modificado el perfil de la manufactura por el creciente peso de las corporaciones foráneas. Sin embargo, también irrumpieron multinacionales latinas, en los nichos no ocupados por las grandes firmas internacionales.

El retroceso relativo de la industria regional es más visible en comparación a la expansión de las firmas asiáticas. La participación general de ambas zonas en el comercio mundial siguió trayectorias claramente distintas. Mientras que América Latina ha mantenido su presencia tradicional (del 4% del total en 1980 al 5 % en 2008), Asia saltó del 6% al 23%, en el mismo período. La diferencia en el tipo de productos vendidos es mucho más significativa, ya que en la primera zona mantiene su especialización en materias primas y la segunda genera manufacturas industriales[20].

El escenario del 2010 es tan sólo una expresión coyuntural de esta divergencia. América Latina crecería 2 o 3 %, frente al 12% de China y el 8% de la India. Es indudable que la gravitación preeminente de las finanzas y un patrón de crecimiento centrado en exportaciones básicas ha recreado las viejas limitaciones de la industria latinoamericana.

El viraje de las últimas décadas ha modificado, además, el perfil social de las clases dominantes. Las viejas burguesías nacionales promotoras del mercado interno han quedado sustituidas por nuevas burguesías locales, que jerarquizan la exportación y la asociación con empresas transnacionales. El neoliberalismo consolidó este cambio en las tres principales economías de la región.

La antigua burguesía industrial brasileña forjada al calor de las políticas desarrollistas perdió primacía. Desde los años 80 fue reemplazada en el manejo del estado por el bloque actual de banqueros, hombres del agro–negocio y exportadores industriales. En México, el unánime apoyo que brindan los capitalistas al acuerdo de librecomercio con Estados Unidos, ilustra más categóricamente la declinación del viejo proteccionismo industrialista. En Argentina, el salto de un esquema a otro, adoptó formas dramáticas de demolición fabril y destrucción del viejo empleo formal forjado durante la sustitución de importaciones.

Este cambio en las clases dominantes también dio lugar a una creciente predilección por la rentabilidad financiera de corto plazo, junto a nuevas ligazones con empresas foráneas. Ambos procesos se verifican en la fuga de capitales o a la inversión externa de capitales, que no encuentran colocaciones rentables en la acumulación interna.

Pero la desaparición de las viejas burguesías nacionales no extingue a las clases capitalistas locales, que siguen actuando en función de sus propios intereses y disputan varias franjas de actividad con firmas foráneas. Constatar la declinación de la burguesía nacional sólo implicar registrar que un segmento de la clase dominante (y una estrategia de acumulación) han perdido relevancia. No hay extranjerización total, ni copamiento transnacional. Los capitalistas latinoamericanos constituyen la fuerza social predominante en el manejo de los estados, aunque es mayor su inclinación a profundizar la asociación con el poder financiero global[21].

Un ejemplo de este cambio fue la actitud asumida por los gobiernos de México, Brasil y Argentina frente a la crisis reciente. Los tres países fueron incorporados a las reuniones del G 20, para apuntalar el socorro internacional de los bancos quebrados. Tal como se esperaba, la administración neoliberal mexicana adscribió en forma ciega a todas las iniciativas de la Reserva Federal. Pero las mismas posturas adoptaron los presidentes más autónomos de Brasil y Argentina.

Las tres administraciones avalaron el sostén mundial del dólar y de los bancos quebrados. Concertaron esta postura en las reuniones mantenidas en Chile a mitad del 2009, con el vicepresidente estadounidense y el primer ministro británico. Este cónclave fue calificado en forma absurda por la prensa, como un “encuentro de líderes progresistas”.

Utilizar esa denominación para describir la convergencia regional con autoridades anglo–estadounidense es tan ridículo, cómo otorgarle el premio Nobel de Paz al máximo exponente de imperialismo. En las reuniones que tramitaron la socialización de las pérdidas sufridas por los banqueros, no podía filtrarse ninguna pizca de progresismo. México, Brasil y Argentina asumieron esa agenda, para ratificar que sus clases dominantes comparten las prioridades del capitalismo global.

“¿Posliberalismo?”

Otra manifestación de esta misma alineación ha sido el apoyo al FMI para reorganizar las finanzas mundiales. Naciones que han sufrido en carne propia los ajustes que impone ese organismo, acompañan ahora la recomposición de esa entidad.

México solicitó inmediatamente un nuevo crédito, Brasil subió la apuesta aportando capital fresco al Fondo y Argentina comenzó un largo camino de retorno al organismo que repudió, luego de cancelar las ilegítimas deudas que mantenía con esa entidad.

Esta nueva convalidación del FMI es frecuentemente justificada con la reivindicación de esta institución, en su papel compensador de los desequilibrios internacionales. Se afirma que este apoyo a las regiones subdesarrolladas en los momentos de crisis, será reforzado con mayor inyección de recursos[22].

Pero la credibilidad actual de esta fábula se ha reducido significativamente. El FMI siempre auxilia a los bancos afectados por el quebranto de los estados e impone medidas de ajuste que solventan los oprimidos. Un “rol más activo del Fondo” sólo implica exigencias más drásticas sobre los deudores.

Es muy frecuente escuchar que se ha producido una súbita transformación del FMI, que “aprendió las lecciones del pasado”, “ya no exige sacrificios” y respeta a la “soberanía de las naciones”. Pero resulta muy difícil encontrar algún indicio de esta insólita conversión de agresor de los pueblos en transmisor del desarrollo.

En los hechos el FMI continúa implementando la misma política, con idénticos ultimátum. Basta observar los últimos convenios firmados por El Salvador, Islandia o Pakistán, para notar esa continuidad. Es cierto que en los últimos meses se triplicaron los recursos del organismo, se renovó el menú de créditos y apareció una línea de préstamos más flexible para complementar el tradicional Stand By. Pero los convenios mantienen las exigencias de siempre. Serbia y Bosnia debieron aceptar reducciones de salarios de los empleados públicos y Ucrania o Bielorusia tuvieron que introducir la dura ley del déficit cero. Lo único que ha cambiando es el discurso que legitima estos ajustes[23].

Las nuevas ilusiones en el FMI tienen un objetivo político. Buscan aislar a los gobiernos y movimientos sociales que mantienen críticas al organismo, exigen su abandono y proponen construir entidades alternativas al mayor emblema del neoliberalismo.

La moda actual de revalorizar al FMI es compartida por muchas corrientes neodesarrollistas, hostiles a la primacía asignada al capital foráneo (“ahorro externo”) y a la obstrucción al desenvolvimiento industrial, que generan las altas tasas de interés. Esos enfoques divergen del neoliberalismo convencional, pero aceptan la prioridad exportadora, el ajuste salarial y la estrecha asociación con las corporaciones transnacionales. Al igual que CEPAL, renuncian a las aristas conflictivas del viejo desarrollismo y se oponen a una redistribución radical del ingreso, complementada con nacionalizaciones y reformas agrarias[24].

Sólo la aplicación de estas tres últimas medidas implicaría el inicio real de un estadio “posliberal”. Es un error aplicar esta noción a gobiernos que mantienen la privatización de los recursos básicos, la estructura fiscal regresiva y la concentración de capitales y tierras en el agro.

Los cambios progresistas en estas tres áreas constituyen puntos de partida insoslayables para comenzar rupturas con el legado neoliberal, que preservan los denominados gobiernos progresistas. En este terreno se diferencian de sus antecesores nacionalistas, que a mitad del siglo pasado chocaban con la oligarquía y el capital extranjero, para desenvolver la industrialización autónoma e introducir reformas sociales.

Latinoamérica III

Variedad de políticas económicas

Por Claudio Katz
Enviado por el autor, 10/01/10

Resumen: Las distintas políticas económicas obedecen a situaciones nacionales muy diferentes de erosión por arriba y resistencia por abajo. En México, la crisis repite la profundización neoliberal, que sucedió a todas las eclosiones precedentes. Se refuerza la desarticulación industrial que imponen las maquilas y se acentúa el vaciamiento de reservas que genera la provisión de petróleo a Estados Unidos. La falta de inversiones potencia, además, las presiones para privatizar la empresa estatal.

Brasil se distingue del resto de la región por sus multinacionales y la envergadura de su mercado. Pero su modelo actual no recrea el industrialismo de posguerra, ni elimina las asimetrías con las economías centrales. El agro–negocio ha recuperado primacía, bloqueando la reforma agraria y profundizando las tendencias hacia el librecomercio. El curso socioliberal condujo a la cooptación de la burocracia sindical e introdujo un nuevo equilibrio entre sectores del bloque dominante.

El modelo neodesarrollista intentado en Argentina emergió del descontento burgués con los resultados de la cirugía neoliberal, en un marco de grandes protestas populares. Se ha buscado recomponer la gravitación de la burguesía industrial, en desmedro de los bancos y en conflicto con el agro–negocio. Hubo concesiones sociales, sin redistribución de ingresos y sin nacionalizaciones de sectores estratégicos. El crecimiento del último quinquenio no revirtió la desarticulación productiva y el empobrecimiento estructural.

La política reformista de Venezuela, Bolivia y Ecuador incluye avances sociales, pero no resuelve los principales problemas de economías muy periféricas y dependientes. Las nacionalizaciones del proceso bolivariano son indispensables para superar el atraso y erradicar los derroches de la burguesía rentista. Pero la ausencia de control obrero y social y el injustificado pago de indemnizaciones reciclan los privilegios de la “boliburguesía”

Mayores avances en la estatización de los hidrocarburos son necesarios en Bolivia, para financiar la impostergable mejora del nivel de vida popular. Es un error intentar contrapesos del poder económico de la derecha, mediante concesiones al capital extranjero. La importante auditoria de la deuda realizada en Ecuador choca con la continuidad de un modelo extractivo, que ha desatado fuertes conflictos con el movimiento indígena.

Latinoamérica III: variedad de políticas económicas

En la región se observan políticas económicas diferenciadas en función de dos procesos: la consolidación o erosión del neoliberalismo y el avance o reflujo de la resistencia popular. Estas singularidades se expresan en cuatro variantes de orientación oficial.

Neoliberalismo ortodoxo en México

La economía azteca ha sido particularmente afectada por la crisis actual. Mientras que el PBI se contraería 0,8% en Brasil y mantendría una leve suba de 1,5% en Argentina, decaerá 7% en México. A pesar de esta contracción, el gobierno de Calderón reafirmó la política neoliberal de las últimas décadas, otorgando mayores atribuciones al Banco Central para administrar el ajuste. Al igual que en la crisis anteriores, la eclosión actual induce a profundizar la atadura al neoliberalismo.

Esta política se inició en México a mitad de los 70 con un crack que precipitó el endeudamiento externo y el despojo petrolero. El descalabro posterior de 1982 condujo a la suscripción del NAFTA y el desmoronamiento bancario de 1994 desembocó en más privatizaciones y librecomercio. Esta dinámica de neoliberalismo continuado, ubica a México más cerca del patrón mundial, que de las peculiaridades latinoamericanas.

Esta orientación no obedece sólo al ascenso del partido derechista PAN, sino que es también compartida por la vieja burocracia nacionalista del PRI. Esta política económica se afianzó a pesar de sus nefastas consecuencias. Ha consagrado una profunda dualización entre la minoría que lucra con el modelo vigente y la mayoría afectada por ese esquema. Los perdedores se localizan especialmente en sectores de la pequeña empresa, en la región sureña y en la masa de asalariados, que perdieron un millón de puestos de trabajo en última década.

La crisis actual ha puesto de relieve la enorme dependencia hacia Estados Unidos, que absorbe el 85% de las exportaciones del país. La recesión de la potencia vecina paralizó todo el cordón de maquiladoras, creando una situación muy crítica en los sectores automotor, electrónico y textil. A diferencia de lo ocurrido en 1994, esta vez no se avizora una salida con mayores ventas al norte.

El esquema de maquilas es vulnerable, además, por la baja competitividad de actividades que operan con tecnologías fragmentadas. Los enormes lucros de las corporaciones foráneas se asientan en los bajos costos salariales. Esas empresas han reforzado la desintegración de la vieja estructura industrial, introduciendo mayores niveles de explotación y depredación ambiental. Ni siquiera han alentado aumentos significativos de la producción, cómo lo demuestra el bajo crecimiento industrial (desde el año el año 2000, sólo un tercio de la media prevaleciente en los 70)[25].

Pero el modelo actual es sostenido también por los grupos capitalistas aglutinados en torno a las nuevas multinacionales locales (Telmex, Cemex, Grupo Bimbo). Estas corporaciones se expandieron en los mercados vecinos, desarrollando especialidades no cubiertas por sus competidores metropolitanos (farmacia, medios de comunicación, cemento, alimentos).

El estancamiento industrial coincide con la consolidación de México cómo abastecedor petrolero de Estados Unidos. Mientras que en 1988 se destinaba a ese mercado el 50% del crudo, las colocaciones actuales bordean el 80%. Luego de Canadá y Venezuela, el país se ha convertido en la tercera fuente suministro del combustible importado por la primera potencia.

Pero lo más llamativo es la brutal depredación que sufre este recurso. En los últimos seis años se extrajo el 87 % de todo el crudo sustraído en la era contemporánea. Esta absorción contrasta con el 13% capturado durante el largo período precedente de cuatro décadas (1938–76). Además, se han privilegiado toscas formas de primarización por la demora en construir refinerías. México es el sexto exportador mundial de petróleo, pero debe importar el 40% de la gasolina que consume por falta de procesamiento local del combustible.

La baja inversión en exploración está agotando, además, las reservas y reforzando las presiones para privatizar la empresa estatal PEMEX. Esta firma se ubica en el podio de las diez principales petroleras del mundo, cuenta con ingresos anuales de 100.000 millones de dólares y nutre el 40% de los recursos del presupuesto estatal. Pero ha sufrido los típicos procesos de endeudamiento y saqueo que preceden al remate de las compañías públicas.

La lista de aspirantes a ganar esta subasta es tan nutrida, cómo la resistencia que genera liquidar la compañía que financia al estado. Por esta razón, una administración ultra–liberal no logra consumar su traspaso al sector privado[26].

Social–liberalismo en Brasil

El impacto de la crisis global en Brasil fue semejante al promedio latinoamericano, pero la economía del país cumpliría un rol más activo en la eventual reactivación del 2010. Los pronósticos indican un crecimiento de 5,5%, frente a 4% de Argentina y 3,5% de México. Si estas previsiones se cumplen, cambiaría la tónica del rezago brasileño, observado durante el reciente ciclo de crecimiento regional. Mientras que Argentina o Venezuela crecieron en ese quinquenio al 7 u 8% del PBI, Brasil no superó el 3%[27].

Pero cualquier análisis basado en estos vaivenes de la coyuntura tiende a ensombrecer el afianzamiento de la principal economía de la región. Esta consolidación es muy resaltada por los voceros del capital financiero, que alaban a Lula y pronostican la conversión de Brasil en la quinta potencia del plantea, a mitad de siglo XXI. Ponderan especialmente la atracción que ejerce la magnitud de su mercado sobre las inversiones externas. Esta afluencia aumentó un 30% durante el año pasado, a pesar de la caída del 14% que registró esa variable en el resto del mundo.

El entusiasmo capitalista toma en cuenta también la significativa expansión internacional de las multinacionales brasileñas, que comienzan a incursionar en Centroamérica, África y Medio Oriente. Un núcleo de 14 firmas ya figura en la lista de las 100 principales firmas globales emergentes. Las compañías con inversiones significativas en el exterior pasaron de 6 a 877 firmas desde 1990. También llama la atención el peso de las exportaciones manufactureras básicas. Esta actividad expresa una reconversión de larga data, ya que las ventas externas de bienes industriales saltaron de 6,2% del total (1964), al 54% en la última década[28].

La gravitación de estas compañías y la presencia de exportaciones industriales diferencian a Brasil del resto de la región. Pero esta singularidad no aproxima el modelo vigente al proteccionismo de posguerra, ni a la precedente utilización de la renta cafetalera, para un proceso de industrialización asentado en la sustitución de importaciones[29].

Las multinacionales brasileñas operan con sus socios internacionales, privilegian las exportaciones y mantienen un gran retraso tecnológico, no sólo con las economías centrales, sino también con sus pares de Asia. La influencia que ha ganado la empresa aeronáutica Embraer es un caso aislado. En Brasil no se ha desarrollado ningún sector de inversiones complejas en computación, servicios, automotores o actividades nucleares. Los gastos de investigación y desarrollo se ubican por debajo del promedio de la OCDE e incluso Corea del Sur registra 30 veces más patentes, con un tercio de la población del país sudamericano[30].

Esta limitación obedece, en gran medida, a la creciente incidencia de las agro–exportaciones, que en el último período recuperaron primacía en desmedro de la industria. El viejo liderazgo en café, jugo de naranja o azúcar, ahora es complementado por el negocio de la soja y próximamente del etanol. Si se concreta el millonario programa de extracción del petróleo descubierto en la costa, este recurso podría sumarse a la canasta primaria de ventas externas.

Un efecto de esta gravitación es la inclinación de los distintos gobiernos a negociar mayor acceso al mercado agrícola internacional, a cambio de aperturas importadoras que afectan a la industria tradicional. Pero otra consecuencia más devastadora de la euforia generada por el agronegocio es la destrucción ambiental. La frontera de la soja y de la ganadería se expande desmontando el Amazonas. Las diez grandes empresas que propician esta invasión destrozan con agrotóxicos una monumental reserva de la naturaleza.

Estas mismas compañías bloquean cualquier intento de avanzar en la reforma agraria, potencian el éxodo rural y reducen la tierra cultivable para la alimentación local. También lucra con estas agresiones el 1,5% de los propietarios latifundistas, que detenta el 57% de la superficie rural relevada (en 2003)[31].

Todas las evaluaciones elogiosas del capitalismo brasileño omiten señalar que los beneficios son acaparados por una minoría de financistas, ruralistas e industriales. La reciente decisión de aportar fondos al FMI (por un volumen de fondos equivalente a un año de auxilios sociales) es coherente con este apuntalamiento de los poderosos. Para ascender en la escala global se destina a ese organismo, los recursos que necesitan los desamparados.

Basta observar cualquier dato de la realidad social brasileña para notar la persistencia de una fuerte brecha con cualquier país del Primer Mundo. No sólo los niveles de explotación o desigualdad son muy superiores, sino que persiste una guerra premoderna de las elites contra los pobres[32].

El modelo económico actual mantiene los pilares del neoliberalismo introducido durante los años 90. Durante ese período se consumó una convergencia de sectores dominantes en la decisión compartida de reducir los salarios, achatar las jubilaciones y privatizar las empresas públicas. Durante esta etapa los bancos impusieron astronómicas tasas de interés que condujeron al colapso del endeudamiento público.

Estas crisis desembocaron, a su vez, en un giro exportador que reforzó el papel del agronegocio y la incidencia de los industriales exportadores en el bloque dominante. Por esta razón se moderaron las privatizaciones, se reordenó la apertura comercial y se adaptaron las altas tasas de interés a un nuevo equilibrio vigente en la cúpula del poder. Aunque Lula ha favorecido a los bancos y a los vendedores de productos básicos, otorgó lugares privilegiados a la burguesía industrial, dentro de los límites que permite el pago a los acreedores.

El gobierno actual también asoció a la burocracia sindical a las elites dominantes, en un marco de creciente asistencialismo a los pobres. Esta política configura un esquema socioliberal diferenciado del neoliberalismo precedente, tanto en la ampliación del bloque hegemónico de los poderosos, cómo en la cooptación de las lideres obreros provenientes del PT y la CUT. Con esta política, el neoliberalismo ingresó en una nueva fase[33].

Este esquema ha suscitado una verdadera idolatría hacia Lula por parte del capital global. Es un error confundir el rechazo cultural que genera el actual presidente entre ciertas elites, las rencillas de poder o la enemistad de los medios comunicación, con el respaldo que el primer mandatario ha logrado entre las clases dominantes. El gobierno optó por extender el asistencialismo para bloquear la ampliación real de los derechos sociales y se congració con los poderosos, evitado el discurso beligerante que caracterizó al viejo nacionalismo de Vargas, Goulart o Brizola[34].

Intento neodesarrollista en Argentina

La crisis reciente y el alivio posterior siguieron en Argentina pautas semejantes a Brasil. Pero la recaída ha sido más llamativa en la economía austral, por el contraste con el período previo (2003–08) de elevado crecimiento.

Esa recuperación cerró una década de virulenta cirugía neoliberal, que incluyó formas extremas privatización, apertura comercial y flexibilización laboral, con dos picos de crisis hiper–inflacionaria. El aparato productivo fue reorganizado en un marco de regresión industrial y empobrecimiento de la clase media. El crecimiento del último quinquenio sólo atenuó estos dos flagelos. La pobreza se ha perpetuado en torno al 30% de la población, en un país que desconoció esa escala de miseria durante la mayor parte del siglo XX.

Otro aspecto de este retroceso ha sido el vuelco hacia la especialización exportadora liderada por la soja, que ya acapara el 70% de la tierra cultivable. La amplia gama de granos y carnes que vendía Argentina ha quedado sustituida por la mono–producción de un insumo de altísima rentabilidad, que no contribuye al desenvolvimiento agrícola integral.

La pérdida de posiciones económicas se refleja, además, en la reducida presencia de multinacionales propias. A diferencia de México o Brasil, este tipo de empresas se cuenta en Argentina con los dedos de la mano. El desmantelamiento del viejo tejido industrial centrado en el mercado interno, no fue seguido por ningún desarrollo de exportaciones manufactureras.

Pero lo más distintivo del país ha sido la contundencia de la reacción popular. La rebelión masiva del 2001–02 provocó un quebranto institucional, sin ningún parangón en México o Brasil. Las clases dominantes perdieron la cohesión por arriba, que han mantenido en estos dos países e incluso emergió un sector hostil a la estrategia neoliberal.

Estas peculiaridades explican la introducción de políticas neo–desarrollistas bajo el mandato de los Kirchner. Estas orientaciones buscaron recomponer la gravitación de la burguesía industrial, en desmedro de los bancos y en conflicto con el agro–negocio. El intento se llevó a cabo inicialmente, en condiciones internacionales favorables y en el contexto interno de alta rentabilidad que generó la mega–devaluación (2001). Con esa política se apuntaló una recomposición de la autoridad del estado, que suscitó durante varios años el aval de toda la clase capitalista[35].

A diferencia de México y Brasil, esta orientación también incluyó ciertas concesiones sociales que rompieron la sucesión de agresiones patronales. Hubo recomposición del salario formal y recuperación de la capacidad negociadora de los asalariados. El modelo neodesarrollista implicó un reconocimiento de este cambio de relaciones de fuerzas con los oprimidos. Privilegió los subsidios a los capitalistas, pero también buscó afianzar el manejo estatal de crecientes porciones de la renta agraria, para atemperar la presión por abajo. Cuando el modelo perdió fuerza, irrumpieron las tensiones con el establishment y se desató una profunda crisis, que permanece irresuelta desde el 2007[36].

Pero los Kirchner no se equiparan con Perón. Un verdadero abismo separa las acotadas concesiones del último período de las enormes conquistas populares de los años 50. No se ha puesto en práctica ningún intento serio de redistribuir los ingresos y revertir el pavoroso crecimiento de la desigualdad social.

 El gobierno argentino intentó resucitar el industrialismo con cierta protección arancelaria, aprovechando el escenario creado por el descalabro del 2001. Pero favoreció más a la cúpula del empresariado que al grueso de firmas y actuó como abogado de las grandes compañías que se han internacionalizado (especialmente Techint). Esta postura fue muy evidente, cuando los intereses de estas empresas fueron amenazados por las medidas de estatización adoptadas en Venezuela.

El neodesarrollismo contemporáneo difiere, además, de su precedente por la ausencia de grandes proyectos de inversión pública y por la renuncia a introducir nacionalizaciones en los sectores claves de la economía. Desenvuelve una política distinta al socioliberalismo de Brasil, pero se ubica en el mismo marco de clases dominantes que han sustituido el modelo burgués nacional por esquemas de exportación y mayor asociación con el capital transnacional.

El ensayo neo–desarrollista no pudo revertir la desarticulación productiva y la enorme dependencia del equipamiento foráneo. Tampoco recompuso la baja competitividad de la industria y su alto nivel de extranjerización. Por esta razón ya muestra signos de agotamiento. El obstáculo más importante a su continuidad es la predilección que exhiben las clases dominantes por los elevados lucros que ofrece la primarización. La hostilidad de las elites hacia la política gubernamental, la salida de capitales, las inversiones en el exterior y la continuada venta de grandes empresas a firmas foráneas ilustran el escaso apego actual de los acaudalados al curso neodesarrollista.

Este distanciamiento fue acentuado por todos los desequilibrios que erosionan a ese modelo. El deterioro del tipo de cambio, la baja inversión privada, el cuello de botella energético y la inflación han afianzado la búsqueda de un nuevo esquema, más asentado en la agroexportación, que podría implementar el gobierno actual o su reemplazante.

Reformismo distribucionista

La política económica en Venezuela, Bolivia y Ecuador difiere del resto de la región por su cariz reformista. Los tres gobiernos alineados en el nacionalismo radical enfrentan serios conflictos con el imperialismo y las clases dominantes y adoptan medidas tendientes a mejorar el poder adquisitivo popular, a partir de cierta redistribución del ingreso.

La crisis global golpeó a estos países con la misma severidad que a las restantes economías. La caída inicial de las exportaciones de petróleo afectó a Venezuela, las dificultades con el gas incidieron sobre Bolivia y la retracción de las remesas golpeó a Ecuador. Pero estas adversidades encontraron un límite al promediar el 2009. En los tres países se adoptaron también ciertas medidas de protección de los sectores populares, en un marco de austeridad, que no alteró significativamente la política económica.

Venezuela logró altas tasas de crecimiento desde el año 2003 merced a la bonanza petrolera. Por primera vez en la historia del país, la clase dominante no ha sido la única beneficiaria de esa ventaja. Se concretó una importante reducción de la pobreza (de 62% en 2003 a 31,5% en 2008) y de la indigencia (de 29% a 9% en ese período). También disminuyó el analfabetismo y se amplió la cobertura sanitaria. Además, decayó el desempleo de 18,4% (2003) a 8,3% (2007). Estos avances se financiaron con los fuertes incrementos del gasto social (de 170% entre 1998 y 2006), que acompañaron a la ampliación de los ingresos gubernamentales[37].

Estas erogaciones han permitido garantizar el aprovisionamiento de alimentos, mediante un sistema de distribución estatal a bajo precio (Mercal) y facilitaron un programa de construcción de viviendas populares. Pero el principal obstáculo inmediato que enfrenta esta acción es el descontrol de la inflación, que promedia porcentajes muy superiores al resto de la región (23% durante el 2009) y licúa la recomposición del poder adquisitivo.

La carestía no obedece sólo al sabotaje de los capitalistas que desabastecen en los picos de la tensión política. Tampoco se explica por el desborde de importaciones o el aumento desproporcionado de la liquidez. Tiene un fundamento estructural en el escaso aprovisionamiento local de bienes para satisfacer el aumento del consumo. La única forma progresista de resolver este cuello de botella es mediante un sostenido proceso de industrialización.

El mismo tipo de reformas sociales se ha concretado en Bolivia, pero en un contexto histórico de atraso y pobreza muy superiores. Este elevado subdesarrollo (incluso para los parámetros latinoamericanos) acota el margen de acción para implementar mejoras sociales. En estas condiciones se ha utilizado la renta de los hidrocarburos para introducir una cobertura para los niños, un ingreso para los jubilados y un subsidio para las mujeres embarazadas.

También se avanzó significativamente en la reducción del analfabetismo, la creación de hospitales y la introducción de coberturas sanitarias, apoyadas con la acción de médicos cubanos. Con estas medidas la pobreza recién ha comenzado a disminuir del 68% a 58%, mientras la indigencia bajó del 38 a 31%. La tragedia social de arrastre es gigantesca, en un país que ha expulsado al exterior a una gran porción de sus ciudadanos[38].

Finalmente en Ecuador, los avances sociales se han concentrado en el incremento del salario mínimo y el control sobre el trabajo precario. El país no sólo integra el pelotón de naciones más rezagadas de la región, sino que soportó, además, varias crisis financieras de proporciones mayúsculas. Tiene 1,5 millones de exilados económicos y un porcentaje muy elevado de desempleados. Las mejoras logradas en la recaudación de impuestos han servido para incrementar los gastos sociales, extender las coberturas asistenciales y mejorar la educación y la salud públicas[39].

Las medidas adoptadas en los tres países constituyen sólo moderados puntos de partida para resolver una tragedia social de largo arrastre. Estas iniciativas son necesarias, pero no alcanzan para resolver ningún problema estructural de economías muy periféricas y dependientes. Sin remover los obstáculos que históricamente han bloqueado el desenvolvimiento de estas naciones resultará imposible conseguir avances perdurables para el grueso de la población[40]

Las acotadas nacionalizaciones

La nacionalización de distinto de tipo de empresas constituye una iniciativa central para este tipo de gobiernos. Este curso se aceleró en Venezuela con traspasos que incluyeron una siderúrgica (SIDOR), una planta arrocera (de Cargill), un banco importante (del grupo Santander) y 75 empresas de servicios petroleros. El estado ingresó en 12 rubros, con el explícito objetivo de multiplicar el desarrollo industrial.

Este curso difiere de la prioridad económica precedente, exclusivamente centrada en diversificar los mercados de exportación del petróleo, para superar la atadura al mercado estadounidense. Con este propósito se apuntaló al aprovisionamiento de China y se ha buscado introducir una negociación de los contratos en euros. Pero esas medidas no resuelven la enorme dependencia de la economía venezolana del vaivén internacional del precio del crudo. Es sabido que por debajo de cierta cotización, cualquier modelo que se ensaye pierde sustento. La baja del promedio del 2008 (86 dólares) a la media del 2009 (56 dólares) provocó un serio impacto en la economía, que podría traducirse en un fuerte estancamiento durante el 2010 (previsiones de crecimiento del 0,5%).

Las nacionalizaciones también difieren de la simple renegociación de los contratos de extracción del petróleo con las grandes compañías, que predominó en los últimos años. Con estas tratativas se logró aumentar las rentas para el estado, luego de un proceso de intensos conflictos con varias firmas (especialmente Exxon), que no ha quedado totalmente zanjado. En este terreno quedan pendientes muchas definiciones, especialmente en el tratamiento de los nuevos pozos de crudos extra pesados ubicados en la faja del Orinoco, cuya comercialización requiere elevadas inversiones adicionales.

Obviamente los neoliberales pegaron el grito en el cielo por una sucesión de nacionalizaciones que revierte el proceso de privatizaciones. Los críticos socialdemócratas optaron por una crítica más elíptica. Sugieren que las estatizaciones son medidas obsoletas o inviables en manos de los funcionarios venezolanos. Contrastan su aplicación con la política de promoción de los negocios privados seguida por Lula, que es ponderada como un hito de la modernización[41].

Pero esta visión olvida que las nacionalizaciones son indispensables para construir una industria moderna con empleo, en una economía históricamente obstruida por los derroches de la burguesía rentista. Cuestionar su introducción equivale a perpetuar el viejo esquema de despilfarro petrolero, que la clase dominante ha recreado junto a la hipócrita reivindicación de la iniciativa privada y el espíritu empresario.

Las nacionalizaciones enfrentan muchas adversidades de administración, pero lo que más conspira contra sus efectos positivos es el pago de las indemnizaciones. Estos desembolsos no se justifican, especialmente frente a empresas como SIDOR, que surgieron de cuestionados procesos de privatización. Estas erogaciones han costado 15.000 millones de dólares, que podrían haber sido utilizados en la inversión pública[42].

También existe una seria indefinición en la forma de gestión. La burocracia estatal siempre obstruyó el funcionamiento de las empresas públicas y facilitó el enriquecimiento privado. Pero ahora se podría introducir el control obrero y social requerido para optimizar la administración de esas compañías.

Otra decisión clave comenzó a implementarse en los últimos meses, con la intervención en dos bancos (Canarias y Pro Vivienda), para ampliar el porcentaje de entidades bajo manejo estatal. Esta presencia es aún minoritaria, pero se encuentra en franco avance. La estatización afectó a un magnate estrechamente asociado con el gobierno, que cayó en desgracia por el destape de grandes desfalcos. Por primera vez son penalizados los banqueros, que acumularon fortunas en los últimos años, lucrando con la especulación de los bonos públicos y el tipo de cambio.

Esta acción podría iniciar un conflicto con la “boliburguesía”, que emergió en la última década desde la cúspide del estado. Este sector constituye el principal enemigo interno del proceso bolivariano. Actúa como segmento privilegiado, participa activamente del derroche consumista y se ha integrado al 10% más rico de la población que maneja el 35,2% del PBI. Los derechistas de Miami estiman que la reciente nacionalización de bancos podría repetir el camino de la revolución cubana[43].

Pero existe un serio problema de prioridades. Las nacionalizaciones no siguen un plan, ni están sostenidas en las inversiones energéticas requeridas para su desenvolvimiento. El gran apagón que sufre el país al comienzo del nuevo año no sólo obedece a la adversidad climática, sino a un retraso en la provisión eléctrica que deteriora a toda la economía.

Los capitalistas ponen ahora el grito en el cielo, pero jamás invirtieron un dólar en este terreno y nunca fueron penalizadas por el gobierno. Al contrario, un contundente indicador de los beneficios acaparados por los poderosos es la participación del sector privado en el PBI, que creció del 64,7% (1998) al 70,9% (2008), mientras que el sector público decreció del 34,8% a 29,1%. Estos datos revelan que los recursos públicos se han utilizado para desenvolver concesiones sociales o subsidiar a los capitalistas, en pleno estancamiento de la inversión privada[44].

Esta última parálisis confirma que los acaudalados no están dispuestos a aportar un sólo un centavo de sus fortunas, mientras avizoren un horizonte de radicalización. Cuánto más se prolongue el intento oficial de seducir a este sector, mayor será la demora en la industrialización, que depende por completo de la inversión pública. Estos dilemas se extienden a la agricultura, que continúa proveyendo un porcentaje muy reducido de los alimentos consumidos en el país.

En Bolivia las nacionalizaciones son más indispensables y al mismo tiempo más complejas por el grado de atraso del país. El manejo estatal de la renta que generan los hidrocarburos ha sido clave para lograr mejoras sociales, a partir de un espectacular incremento de 20 % del PBI de los ingresos gubernamentales. Este aumento es más significativo que el crecimiento de la economía, a una tasa que supera ampliamente el promedio de las últimas tres décadas (5,2% desde el 2006)[45].

El gobierno ha optado hasta ahora por el proyecto de estatización más conservador. Aceptó especialmente el pago de indemnizaciones, en gran parte destinadas a la compra de las refinerías que manejaba Petrobrás. Quedó a mitad de camino la iniciativa de realizar una auditoria de las inversiones privadas sobredimensionadas, se cancelaron juicios a los viejos administradores y se toleró una mala gestión de la petrolera estatal, bajo grandes presiones de las multinacionales.

Estas vacilaciones convergen con definiciones muy contradictorias en otros ámbitos. Por un lado se han dispuesto medidas de nacionalización (con indemnizaciones) de las telecomunicaciones y los ferrocarriles. Por otra parte, continúa la política de fuertes concesiones al capital privado en la minería. En este sector los impuestos son bajos y persiste el proyecto de privatizar el rico yacimiento de El Mutún[46].

También existe una convocatoria al capital extranjero para explotar los recursos petroleros del Amazonas. El argumento oficial destaca que ese camino permitirá contrapesar el poder económico que tiene la derecha, con el desarrollo de los recursos naturales de otras regiones. Pero esta política conduciría a fortalecer otro polo capitalista, que no resultará más afín a un proyecto popular por su carácter foráneo. La historia de Bolivia desmiente en forma categórica esta ilusión. La erradicación del atraso exige desenvolver un proceso racional de nacionalizaciones, en lugar de alentar competencias entre grupos dominantes por el usufructo del modelo extractivo.

Las mismas señales contradictorias se verifican en el decisivo terreno agrario. Los últimos proyectos han fijado el máximo de los predios en 5000 o 10000 hectáreas, en lugar de las 50.000 actuales. Pero no se limitaría el uso de tierras ociosas en manos del estado, ni se afectaría la enorme concentración en manos de terratenientes extranjeros. Estos sectores controlan el 66% de tierras y han consumado un generalizado desmonte para plantar soja, que ya es la segunda exportación de Bolivia. Sólo cien familias manejan este lucrativo negocio, en un país que tiene el 87% de la tierra en manos del 7% de población[47].

Las definiciones adoptadas en Ecuador se ubican por el momento en un terreno más básico. En ningún sector se han puesto en marcha el tipo de nacionalizaciones que se introdujeron en Venezuela y Bolivia. Se realizó, en cambio, una importante auditoria de la deuda, por parte de una comisión especialmente designada para investigar las operaciones ilegítimas. Esta evaluación confirmó, que el país desembolsó varias veces el monto total de su deuda, a través de distintos fraudes[48].

La auditoria fue seguida por un canje de la deuda aceptado por el 91% de los acreedores. La revisión de los pasivos constituye la principal diferencia de esta transacción con la encarada por otras administraciones (como el canje argentino del 2005). Pero el gobierno decidió posteriormente limitar las impugnaciones de otros contratos.

Esta restricción es coherente con la ausencia de transformaciones económicas significativas en la estructura capitalista. Se mantienen las privatizaciones y opera un gabinete con representantes directos del agronegocio y la gran minería. Al eludir un curso de estatización, también subsiste la estrategia de insertar al país como localidad de tránsito de las materias primas que fluyen entre Brasil y Asia.

La continuidad de la petro–dependencia y del modelo extractivo ha desatado fuertes conflictos con el movimiento indígena. Por un lado, el gobierno promueve la protección del medio ambiente, mediante un proyecto de resignar las explotaciones en la selva, a cambio de cierta compensación internacional. Pero al mismo tiempo se ha convocado a una licitación internacional, para extraer los recursos naturales de esa zona.

Este llamado supone avanzar en la minería de cielo abierto, vulnerando las restricciones de la nueva constitución. Por esta razón estalló un duro conflicto con los movimientos sociales, que incluyó una terrible secuela de represión. Este precedente ilustra las terribles consecuencias de preservar el rumbo capitalista[49].