|
El asesinato de un sindicato y
el renacimiento de la lucha de clases (I)
Por Richard Roman y Edur Velasco Arregui (*)
CEPRID, 10/01/10
"Hermanos, compañeros, compañeras: hay que convertir la rabia, la ira
y la impotencia en la organización superior, en proyectos
unificados y convergentes, en el cultivo de la unidad sin
distinciones de ningún tipo para hacer frente a nuestros
enemigos de clase porque, tarde o temprano, les vamos a
superar . Las próximas acciones están aún por venir y nos
encontrarán allí de nuevo, como siempre lo hacemos, con
orgullo proletario y con nuestra convicción clasista y
combativa”. Comité Central del SME , 13 de noviembre de
2009.
"Estamos en el umbral del bicentenario de la Independencia y el
centenario de la Revolución Mexicana, y tenemos que
derrotar, como antes, las transnacionales, la dictadura, la
tiranía y las violaciones de la Constitución. Es hora de
que el pueblo se organice. "Martín Esparza Flores,
Secretario General del SME, citado en La Jornada, 12 de
noviembre de 2009.
Lucha
de clases aumenta en México
La guerra neoliberal sobre los trabajadores de México alcanzó una nueva
intensidad con el asalto relámpago, por parte del gobierno,
del Sindicato Mexicano de Electricistas y sobre los recursos
energéticos de México el 10 de octubre. La toma militar de
la Luz y Fuerza del Centro y posterior liquidación
extraconstitucional de la empresa, el despido de los 44.000
trabajadores, y el abandono de la negociación colectiva no
ha dado lugar a un colapso de la resistencia según lo
previsto por el gobierno. Por el contrario, ha dado lugar a
una resistencia más amplia y una expansión de la lucha a
sectores más amplios de la clase obrera y la población en
general. El gobierno ha forjado una unidad sin precedentes
de la resistencia que ha faltado en México y que coloca la
clase obrera y demandas de los trabajadores en el centro de
la resistencia popular al régimen neoliberal autoritario.
A diferencia de los años 1968 y 2006, cuando se hablaba de las cuestiones
generales como los derechos democráticos, el eje del
creciente movimiento de resistencia son las demandas
sindicales y de los trabajadores. En 1958 los estudiantes
encabezaron las protestas contra el régimen autoritario del
PRI. En 2006 las movilizaciones de masas en Ciudad de México
y otros lugares protestaron contra el fraude en la elección
presidencial. En estas dos fechas señaladas del movimiento
popular en México, los sindicatos sólo jugaron un papel
complementario o marginal, no protagónico.
La ausencia de sindicatos auténticos y de un movimiento de trabajadores de
carácter nacional es una consecuencia, en sí misma, de México
con unas instituciones de trabajo corporativas y el hecho de
que se convirtiesen en un factor clave en el sostenimiento
de las instituciones. Los gobiernos neoliberales han
sostenido deliberadamente a los más antidemocráticos y
corruptos sindicatos para mantener a los trabajadores
fragmentados y bajo control. La adhesión a la Unión es, de
hecho, muy baja en México.
Especialmente si se tiene en cuenta el “charrazo” (1). De los
aproximadamente 5 millones de trabajadores sindicados se
estima que el 85% tienen contratos de protección, contratos
falsos firmados por los dirigentes sindicales corruptos para
dificultar el trabajo de los sindicatos auténticos. El 15%
restante es miembro de los sindicatos de charro, corruptos,
autoritarios, cuasi–corporativos y vinculados a la
administración. Así, la mayoría de la clase trabajadora
ha seguido vinculada a organizaciones que no tienen ningún
interés en luchar contra el asalto neoliberal que ha
devastado el nivel de vida, salud y seguridad laboral y
derechos de los trabajadores en general. Dos de los más
importantes sindicatos charros con la Unión de Trabajadores
Petroleros y el Sindicato Nacional de Profesores. Ambos con
corruptos y colaboran con el gobierno en la aplicación de
la política neoliberal. Pero ambos, así como los
sindicatos charros en el sector industrial, se han mantenido
curiosamente en silencio en la situación actual. Sin
embargo, no han atacado la lucha del SME. Esto está muy
lejos del papel de los sindicatos charros durante las
insurrecciones de los trabajadores en ocasiones anteriores,
cuando participaron activamente en la denuncia y represión
de los insurgentes. Su silencio actual puede significar
prudencia, capacidad de negociación con el gobierno o temor
a ser los siguientes si no siguen con su política [de apoyo
al neoliberalismo].
La rebelión en Oaxaca en 2006 fue diferente de la de 1968 o la que ese
mismo año se realizó contra el fraude en la elección
presidencial y podría ser el precursor de los movimientos
emergentes en Ciudad de México y de todo el país. La Sección
22 del Sindicato de Profesores de Oaxaca, disidente del
Sindicato Nacional de Profesores, desempeña un papel
central en una de las principales, aunque localizada,
insurgencia civil. Y fue la lucha sindical el desencadenante
y columna vertebral de lo que se convirtió en una rebelión
profunda y amplia. La feroz represión por el gobierno de
Oaxaca provocó un levantamiento en masa por parte de varios
sectores de la población. Hoy, como en Oaxaca de 2006, el
malestar latente de los diferentes sectores se ha encendido
de ira por el ataque a los trabajadores y su sindicato.
Pero la unidad actual de vastos sectores de la clase obrera, estudiantes y
otros no se basa simplemente en un popurrí de demandas por
separado, sino por la creencia generalizada de que estas
quejas tienen sus raíces en el carácter del régimen
neoliberal autoritario y su presidente actual, Calderón,
aunque hay diferencias en cuanto al carácter neoliberal
sobre si es simplemente político (autoritario) o vinculado
inextricablemente al capitalismo.
La acción del gobierno ha sido vista como una declaración de guerra
abierta en el sindicalismo y un intento aún mayor de abrir
el cofre del tesoro de los recursos energéticos de México
para su entrega a los intereses capitalistas nacionales y
extranjeros. El gobierno ha eliminado el estrecho margen
para la negociación con los sindicatos y las soluciones
sectoriales que había.
Se ha obligado a que las demandas de los trabajadores sean tramitadas por
los políticos. Incluso algunos sindicatos importantes que
han tratado de hacerse un lugar junto a ellos en el proyecto
neoliberal se han dado cuenta que si el gobierno tiene éxito
en la destrucción del SME, ellos podrían ser los
siguientes.
La lucha del SME ha calado sobre vastos sectores de la clase obrera y de la
población en general –obreros, campesinos, estudiantes,
intelectuales, pequeños comerciantes– por una variedad de
razones: 1) es visto como un ataque a la Constitución y la
demostración de un desprecio por la legalidad , 2) es visto
como el fin de la esperanza de una transición democrática,
3) la mayoría de la población mexicana ha sido empobrecida
por décadas de neoliberalismo, se ha empobrecido aún más
por la intensificación de la crisis económica mundial y se
ha profundizado mucho más por la política regresiva
promulgada por el gobierno del PAN con el apoyo del PRI.
La caída del sistema de partido único en las elecciones presidenciales de
2000 generó grandes esperanzas de que con fines pacíficos
se podía producir un cambio electoral que preparase el
camino para una mejoría en la vida de las personas una
disminución de la represión y mayores oportunidades. Por
el contrario, las cosas no han hecho más que empeorar económicamente
y el régimen se ha vuelto más militarizado y represivo. La
competencia electoral en el marco de un autoritario estado
neoliberal ha cambiado poco. El fraude electoral
presidencial de 2006 atenuó considerablemente la esperanza
de que a la izquierda se le permitiera alcanzar la
presidencia.
Y si había alguna esperanza de que ello fuese posible se han visto
definitivamente destrozadas por el uso flagrante de medios
extra–legales para llevar a cabo la política neoliberal y
servir a la codicia capitalista. La militarización en curso
que vive México afecta a los lugares de trabajo, sobre todo
de la capital. El Ejército y la policía paramilitar
nacionales ocupan en la actualidad todos los lugares de
trabajo de la LyFC, en la Ciudad de México y estados
circundantes. México está en una encrucijada. O la clase
obrera y los movimientos populares derrotan al gobierno o el
gobierno les derrota a ellos.
El
asalto de LyF
El dramático asalto por miles de soldados y de la militarizada Policía
Federal Preventiva de México sobre un sindicato fue un
ataque a la Constitución ya la legalidad, así como un
asalto atroz a los intereses públicos y los derechos de los
trabajadores. El Presidente, en la noche del 10 de octubre,
sin la necesaria aprobación del Congreso, ordenó la
ocupación militar de todos los lugares de trabajo de la Luz
y Fuerza del Centro Compañía de México y los trabajadores
fueron expulsados violentamente. A continuación el
Presidente emitió un decreto anunciando la liquidación de
la empresa, el despido de todos sus trabajadores, y el final
del contrato sindical. Estas acciones se llevaron a cabo con
poca consideración a los procesos formales requeridos por
la Constitución y las leyes mexicanas. Y, cuando un juez
emitió un requerimiento (amparo) para detener el proceso de
liquidación el 6 de noviembre, el Secretario de Trabajo
dijo, con desprecio, que la decisión del tribunal no
importaba porque la acción era un hecho consumado. Como un
asesino sueños y derechos, usó la metáfora de la muerte
diciendo acerca de la acción y el edicto de la corte:
"Cuando una persona muere, aunque el certificado
oficial de defunción no se haya expedido, la persona ya está
muerta." Ese es el respeto del gobierno por los
procesos legales.
El gobierno decidió no acudir a los procesos desordenados como ir al
Congreso, como exige la Constitución, porque el Congreso ha
sido objeto de presiones populares que, en los últimos años,
han estancado la ofensiva neoliberal especialmente en lo que
respecta a la privatización de la energía. Una acción
audaz del gobierno tiene un mensaje y una serie de apuestas.
El mensaje es que usará la fuerza militar cuando lo estime
necesario para romper la resistencia de los trabajadores y
del pueblo sin guardar el mínimo proceso legal. La apuesta
es que la mayoría en el Congreso – con el antiguo partido
gobernante, el PRI (Partido Revolucionario Institucional),
en cooperación con el partido del Presidente, el PAN
(Partido Acción Nacional) – no impugne una acción que
cuenta con el apoyo entusiasta de las grandes empresas y el
capital extranjero y que la resistencia de los trabajadores
rápidamente se diluye ante una fuerza abrumadora, la
indemnización por despido razonable y vagas promesas de
puestos de trabajo en la nueva empresa. El gobierno está
dejando en claro que las formalidades legales no se
interpondrán en el camino de la política de Estado y de
los intereses capitalistas. Pero también, sin querer, está
dejando en claro que la vía electoral e institucional para
el cambio social puede no tener viabilidad en México. Sin
embargo, el SME está aplicando una política de dos vías
de lucha contra la medida: una variedad de desafíos legales
y la escalada de protestas extra–parlamentarias. Se ha
ganado un desafío legal, la Ley de amparo, para poner fin a
los procedimientos de la liquidación del contrato con el
sindicato y el despido formal de todos los trabajadores.
Recientemente ha perdido un segundo desafío: la negativa de
la Corte Suprema de Justicia para conocer el derecho de la
Asamblea de la Ciudad de México para vetar por
inconstitucional la decisión del presidente de liquidar la
compañía.
El ataque relámpago había sido precedido por una larga guerra de
propaganda emprendida por el gobierno y los medios de
comunicación capitalistas para retratar la LyFC como
ineficiente y corrupta y, por supuesto, culpar a la unión
de estos problemas. La empresa, de hecho, tenía graves
problemas de déficit y deterioro de los servicios. Pero
estos problemas no se debían a que los trabajadores fueran
ineficientes o al poder de la Unión. El LyFC es sólo un
distribuidor de energía con una pequeña producción simbólica
de energía. Se compraron casi todo el poder que se
distribuye desde la La Comisión Federal de Electricidad (CFE),
el otro estado de propiedad de la compañía eléctrica, y
la política del gobierno era que la CFE cobrase más caro
de lo que permitió a la LyFC a cobrar a los consumidores.
Al mantener los costos de energía por debajo de sus costes
reales, el gobierno subsidiaba a los consumidores, que sólo
tenían que pagar un tercio de los costes reales. Y hay
subvenciones mayores para las grandes empresas ubicadas en
el centro de México, lo que les permite ignorar por
completo el pago de sus facturas de energía. Estas políticas,
junto con la disminución del presupuesto de inversión para
el LyFC creó un gran déficit en la LyFC. El sindicato no
ha creado el déficit y deterioro de la infraestructura. No
tenía poder sobre estas políticas. Sin embargo, los medios
de comunicación y el gobierno culparon a los trabajadores,
hablando de sus privilegios, y al sindicato de todos los
problemas haciendo caso omiso de la verdad. Todo esto fue
parte de la larga guerra "de posición" de la
clase capitalista para socavar la simpatía hacia los
trabajadores y los sindicatos, búsqueda de chivos
expiatorios a los problemas, que eran reales, pero cuyas raíces
estaban en otra parte.
En su momento, mantener bajas las tasas por los costes de energía eléctrica
era parte del salario social (junto con los precios de los
alimentos subsidiados), una política para mantener el apoyo
entre la población, manteniendo las demandas salariales
bajas, así como una forma de fomentar el desarrollo
capitalista a través de bajos costes de los insumos. Pero
con el paso al neoliberalismo y una economía orientada a la
exportación, el gobierno ha eliminado todos los subsidios a
los trabajadores mientras que ha multiplicado las ayudas
subsidiadas para las grandes empresas. Esta guerra de
propaganda larga y continua contra los sindicatos y la
propiedad pública ha creado hostilidad a la LyFC y el SME
en algunos segmentos de la población. Se trata de una
batalla ideológica contra la que el sindicato está
luchando exponiendo las políticas ocultas de los subsidios
al sector privado. El hecho de que la CFE, la empresa
estatal de energía que controla la producción y distribución
de energía eléctrica para las áreas fuera de la
jurisdicción de la LyFC, se está apoderando de la LyFC
(sin pasar por los procesos legales necesarios), puede
parecer desconcertante. Pero el misterio desaparece cuando
nos enteramos de que la CFE ya ha contratado en silencio
cantidades significativas de la producción de energía a
empresas privadas y cuenta con un sindicato charro no democrático,
corrupto, el SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana), un sindicato que
no impugnará los planes del gobierno con la privatización
y apretará a los trabajadores más. Además de los cargos,
existen graves casos de corrupción en relación con los
procesos de contratación como se señaló en una reciente
acusación presentada por el Departamento de Justicia de
EEUU.
Este ataque al SME y LyFC tiene tres propósitos fundamentales: reactivar la
estancada campaña para privatizar todos los recursos públicos,
con el gran premio del petróleo; que el sistema masivo de
cable de fibra óptica de LyFC quede a disposición del
capital privado para uso en la tercera generación de
telecomunicaciones, y para destruir a los trabajadores
mexicanos de la Unión Eléctrica (SME), que ha desempeñado
un papel central en la organización de amplias coaliciones
de oposición al neoliberalismo y la privatización. El SME
es un sindicato independiente y democrático con una larga
historia de resistencia a la privatización, en la
solidaridad con los movimientos sociales y el apoyo a los
pueblos indígenas de México. Tiene una historia de 95 años
de elecciones democráticas y voto secreto. El ataque al SME
no es sólo un ataque a los trabajadores de la electricidad,
sino un intento de romper la retaguardia de cualquier
resistencia al neoliberalismo y la privatización. Es un
ataque a todos los trabajadores.
México ha estado pasando por una transformación fundamental en las últimas
décadas, cuyos ingredientes principales son:
1. la integración profunda de la economía mexicana y la fuerza de trabajo
en la economía de EE.UU. y el mercado de trabajo;
2. la creciente importancia del capital multinacional, especialmente de los
EE.UU. y España, en México;
3. la sustitución del bonapartismo por el papel más directo de la capital
en la configuración de la política gubernamental;
4. la liberalización electoral hacia una forma de competencia limitada que
sigue excluyendo una victoria de la izquierda a nivel
presidencial;
5. el asalto neoliberal en el contrato social que implica la ruptura del
equilibrio de clases, que era parte de la base de la
estabilidad del Estado bonapartista;
6. disminución de la legitimidad del Estado como resultado del asalto
neoliberal y la continuación del uso sistémico de fraude
electoral;
7. disminución de la legitimidad y la eficacia del Estado como consecuencia
del aumento de la violencia de los cárteles de la droga –
este es el crecimiento de una forma de caudillismo que mejor
puede entenderse como una lucha dentro del Estado y entre
los cárteles en lugar de una lucha entre el Estado y los cárteles;
8. el consiguiente aumento de la dependencia de la militarización, la
criminalización, represión y terrorismo de Estado como los
métodos de control social.
La intensificación de la represión y la exclusión ha crecido al mismo
tiempo que el Congreso multipartidario y la competencia
electoral. En el antiguo régimen, las batallas tuvieron
lugar dentro y alrededor del partido de gobierno, a menudo
ocultas a la vista del público. Ahora las batallas tienen
lugar en amplios espacios – tanto dentro, entre y
alrededor de los partidos– pero los límites están
marcados por el proyecto impulsado por el gran capital,
nacional y extranjero. Y estos límites se aplican con una
represión brutal (de testigos del terrorismo de Estado
contra el pueblo de Atenco, la represión del sindicato de
trabajadores del acero, la masacre de Acteal en Chiapas y
ahora la liquidación del SME).
Ahogar al trabajador y eximir de impuestos a las grandes empresas La
participación del Ejército en tareas policiales dentro del
nuevo régimen son aún más pronunciadas que en el antiguo
régimen, un régimen que construyó un bloque de poder que
se basaba en una combinación de la represión, la cooptación,
y las concesiones. La negación del derecho de asociación
por parte del Estado se mantiene intacta, no ha habido una
transición democrática en los sindicatos o las relaciones
Estado–sindicato. El Estado desarrollista autoritario
antiguo dio algunos derechos de ciudadanía social y económica
a los sectores estratégicamente importantes de la población
como forma de controlar y desarrollar el mercado interior de
la capital mexicana. El nuevo Estado neoliberal ha quitado
la mayoría de estos derechos sociales y económicos. Su
estrategia de exportación ha hecho que el poder adquisitivo
interno sea de importancia menor. Lo importante en esta
estrategia de bajos salarios es el trabajo disciplinado y
flexible, no la resistencia de los trabajadores. El nuevo
estado neoliberal autoritario no está dispuesto a dar
concesiones, por el contrario ha impuesto recortes. El
asalto neoliberal sobre los derechos populares, medios de
subsistencia y oportunidades ha destruido las esperanzas de
un futuro mejor dentro de México. Concesiones y esperanza
fueron la base de una aceptación parcial, aunque fatalista,
del régimen autoritario, sobre una vida mejor mediante la
educación y el trabajo duro. La perspectiva de una
"transición democrática" que daría lugar a
oportunidades de vida mejor y menos represión ha sido
frustrada por la política neoliberal y las prácticas políticas
autoritarias.
El asalto al SME es parte de un esfuerzo más amplio para pasar la carga de
la crisis económica sobre las espaldas de una población ya
desempleada, subempleada y hambrienta. Además del ataque al
SME, el Gobierno ha establecido un presupuesto de austeridad
con grandes recortes a todo el gasto social, especialmente
el de las universidades públicas, así como un aumento de
los impuestos sobre los trabajadores mientras les sigue
reduciendo, y eximiendo, a las grandes corporaciones. El
impuesto sobre ventas se elevó del 15% a 16% y los
impuestos sobre sueldos y salarios también se
incrementaron, mientras que a las empresas más grandes de México
se les continúa permitiendo las exenciones fiscales y la
evasión legal de impuestos. Como le propio el Departamento
de Hacienda de México ha señalado, las 400 corporaciones más
grandes en México apenas pagan impuestos, con un promedio
del 1,5%. Cuando esta cuestión fue planteada por la oposición
de izquierda en el Congreso, incluso el Presidente se quejó
públicamente de este hecho, lo que levantó la ira de las
grandes corporaciones y provocando que, dos días después,
el presidente Calderón se retractase de sus declaraciones.
Estas políticas fiscales regresivas, sin embargo, han recibido el fuerte
respaldo de Juan José Daboub, Director Gerente del Banco
Mundial, en la Cumbre Empresarial Mexicana que tuvo lugar en
Monterrey el 8 de noviembre de 2009 (2). Daboub elogió al
gobierno y describió el aumento de los impuestos regresivos
como prueba de “madurez política de México." No
satisfecho con el aumento de impuestos regresivos, llamó al
gobierno a avanzar en los cambios en la legislación laboral
y a mejorar el sistema energético, palabras en clave para
debilitar los derechos de los trabajadores y acelerar la
privatización del sector energético.
(*) Edur Velasco Arregui es miembro del comité asesor del Comité
Central del SME, representante electo de los trabajadores
universitarios en la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje (JFCA), ex Secretario General del SITUAM
(Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad
Autónoma Metropolitana) y Profesor de Derecho del Trabajo y
Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana en la
Ciudad de México. Richard Roman es miembro del
Proyecto Socialista y profesor emérito de Sociología en la
Universidad de Toronto. También es miembro asociado del
Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe,
Universidad de York, Toronto y miembro fundador del Colegio
Superior de la Universidad de Toronto.
Notas:
(1) El charrazo es un término que se utiliza para describir un golpe de
estado, por parte del Estado, y algunos líderes
oportunistas en el Sindicato de Trabajadores de Ferrocarril
en contra de los dirigentes elegidos de la Unión en 1948.
Se ha convertido en un término general en México para
describir a los dirigentes sindicales corruptos y las prácticas
antidemocráticas de las dirigencias sindicales. El charro
se refiere a un líder y charrismo a la práctica de estado
ligada a estos dirigentes sindicales corruptos. Este término
se coreaba en las manifestaciones de trabajadores. Hay una
serie de sindicatos charros y prácticas charristas que en
apariencia dicen defender a los trabajadores y sus convenios
colectivos y en la práctica les venden. Si antes, durante
el PRI, eran parte del poder ahora, en este régimen de
alternancia, trabajan con cualquiera que esté en el poder
neoliberal, a nivel nacional y de los Estados, para
aprovechar mejor su poder de negociación y preservar su
control de los sindicatos. (2) La Jornada, 9 de noviembre de
2009.
El asesinato de un sindicato y
el renacimiento de la lucha de clases (II)
Por Richard Roman y Edur Velasco Arregui
CEPRID, 23/01/10
La
remontada: ¿de la protesta a la rebelión?
El ataque relámpago del gobierno al SME no ha podido destruir la
resistencia. Más bien, el régimen mexicano se enfrenta al
más amplio, profundo y unificado de movimiento de
resistencia en las últimas décadas. Y, más importante, es
un movimiento de resistencia nacional centrado en la clase
obrera. El gobierno no ha sido capaz de destruir al SME o la
resistencia popular. Si bien la lucha ha ido creciendo de
nuevo, aún no tiene la fuerza para obligar a un rápido
cambio de las acciones del gobierno. Si pierde el SME, con
este sindicato democrático 95 años de edad habrán
"desaparecido" junto con todos los puestos de
trabajo los beneficios y derechos en poder de sus miembros y
los jubilados. Y cada otro sindicato o movimiento popular
tendrá que saber con más claridad que su existencia está
supeditada a los caprichos y las políticas de las élites y
las grandes empresas. Hay un "equilibrio catastrófico",
un punto muerto sin ninguna vía clara de compromiso o de
una salida negociada.
La ira y la desesperación por décadas de recortes masivos en los salarios,
así como en la red social muy limitada existente en algunos
sectores, se ha intensificado por la profunda crisis económica
de México. La válvula de seguridad de los puestos de
trabajo en los EE.UU. para los millones de trabajadores
“excedentes” mexicanos se ha reducido significativamente
debido a la crisis económica de los EEUU. Las remesas que
han apoyado a muchas familias y comunidades en México han
disminuido drásticamente.. Además, la crisis económica
mundial y la gripe porcina han llevado a una gran disminución
en el empleo y los ingresos por el turismo y petróleo
mexicano, que proporciona el 40% del presupuesto federal. Y
la dependencia de México respecto a las exportaciones a los
EE.UU. – 80% de las exportaciones de México van a los
EE.UU., la mayoría como parte de un proceso integrado de
producción de las grandes empresas – ha causado una
fuerte disminución del empleo en el sector de la maquila. Décadas
de reestructuración neoliberal y destrucción deliberada de
los salarios y las condiciones de trabajo se han visto
agravadas por la crisis súbita y profunda de la economía
mundial. La depresión ha reestructurado el mercado laboral
a la baja en México y los mexicanos que trabajan en el
extranjero también se resienten. Sin embargo, la gran
burguesía en México, como en todo el mundo, está tratando
de utilizar la crisis como justificación para la
reestructuración del mercado de trabajo y un nuevo descenso
en las conquistas laborales. El nuevo presupuesto del
gobierno mexicano es un presupuesto de austeridad, con
recortes masivos del gasto público y aumento de los
impuestos regresivos contra los trabajadores y las clases
populares. La guerra de clases fiscal se hizo más notoria
cuando López Obrador y los perredistas del Congreso señalaron
que las grandes empresas en México no pagan impuestos
mientras que el gobierno pretende imponer aún más presión
fiscal sobre los trabajadores.
También ha sido creciente cólera en las comunidades por los apagones
frecuentes, que duran algunos días, como consecuencia de la
incapacidad del gobierno para mantener a la compañía eléctrica
intentando funcionar sin la experiencia de los trabajadores
que durante mucho tiempo han conseguido mantener fondos públicos
suficientes para que fuese útil. Ahora, tras el asalto, la
gestión no ha sido capaz de mantener el suministro de energía
y se han producido protestas espontáneas de las diversas
comunidades por los frecuentes apagones. El gobierno ha
tratado de culpar al sabotaje por estos problemas, pero
todos los lugares de trabajo están bajo control militar y
policial.
La ira de la comunidad también es probable que aumente considerablemente
cuando las personas comiencen a experimentar mayores costos
de energía junto a un peor y menos fiable servicio eléctrico.
El presupuesto federal actual no tiene dinero para la LyFC
ni incluye dinero adicional para la CFE, (la otra compañía
eléctrica pública), la compañía que está programada
para hacerse cargo de la jurisdicción de la LyFC
(probablemente como un preludio a la privatización a
escondidas o la privatización directa). La mayor parte del
presupuesto de la LyFC se fue a subsidiar energía barata
para los consumidores y las empresas, los consumidores
pagando sólo un tercio de los costes reales de producción
y distribución de energía. Esta subvención ha sido
eliminada.
Todos estos factores – los efectos del deterioro de la economía, la ira
por los impuestos regresivos, la frustración con los
apagones frecuentes en el centro de México, la inflación
general de los productos básicos y la poca legitimidad del
Presidente están generando las condiciones propicias para
un avance en la militancia de los trabajadores. El desafío
para la PYME y para el movimiento de resistencia popular es
crear una estrategia viable y un programa que proporcione
comprensión, esperanza y dirección de esa ira y
desesperación cada vez mayor que pueda compensar los
intentos sistemáticos de los medios de comunicación y el
estado capitalista de promover el fatalismo y el
individualismo.
El propio SME ya no puede actuar simplemente como un sindicato. No hay un
camino para recuperar sus derechos colectivos sin un cambio
en la correlación de fuerzas en el plano nacional. Mientras
que el SME está llevando a cabo todas los aspectos legales
para recurrir el asalto, hay poco optimismo sobre las
decisiones judiciales. El SME se ha visto obligado a
convertirse en un movimiento político que, además de
desarrollar su estrategia y táctica con sus aliados, tiene
que redefinir su propia identidad como una organización /
movimiento. El intento del gobierno y la clase capitalista
para romper la solidaridad y la combatividad del SME ha
fracasado hasta ahora. La campaña de propaganda mal
intencionada y deshonesta contra los trabajadores, llevada a
cabo por el gobierno y los medios corporativos, la
insistencia en el carácter irreversible de la liquidación,
el intento de jugar y sembrar nuevas divisiones en el
sindicato, la oferta de bonos especiales para la aceptación
de los ceses, el corte de la atención médica, la promesa a
los pensionistas del SME de que sus pensiones y prestaciones
no cambiaría han estado al servicio de dividir y
desmoralizar al SME. Sin embargo, la Unión cuenta ahora con
más solidaridad que nunca.
Los jubilados han denunciado la oferta del gobierno y siguen a la batalla
junto a sus hermanos y hermanas del SME. El 23 de noviembre,
once electricistas mujeres, algunas de ellas madres,
iniciaron una huelga de hambre indefinida en las puertas de
la sede de la CFE en la Ciudad de México y los miembros del
SME también han iniciado otra huelga de hambre en Pachuca,
Hidalgo. Dos tercios de los miembros empleados en el momento
de la liquidación han presentado una o más acciones
legales contra el gobierno. Aunque alrededor del 50% de los
trabajadores aceptó el dinero por despido, muchos han dicho
que lo hicieron bajo la coerción de las dificultades económicas,
así como amenazas y han cuestionado la legalidad de todo el
proceso. El sindicato ha adoptado una posición compasiva
con los que tomaron las indemnizaciones y muchos, si no la
mayoría de ellos, siguen siendo miembros de la Unión para
luchar contra todo el proceso. Los pequeños agricultores ya
han enviado toneladas de maíz, arroz y frijoles a la SME.
El PRD (Partido de la Revolución Democrática) y miembros
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (parte
central de la Ciudad de México) han donado fondos para el
SME. Después de seis semanas de resistencia – sin fondo
de huelga y con el gobierno cortando todos los accesos a los
fondos propios de la Unión – la cohesión se mantiene sólida
con un apoyo creciente de otros sectores. La unión del SME
/ movimiento ha sobrevivido a los ataques relámpago y se
prepara para una batalla larga.
El SME a menudo ha sido el organizador y punto de apoyo de amplios frentes
de resistencia clasista, como en el Diálogo Nacional
iniciado en 2004. El Diálogo Nacional ha sido un espacio
para reunir a las distintas fuerzas de la oposición al
neoliberalismo – el movimiento sindical democrático, las
organizaciones populares y la izquierda – para discutir
una visión alternativa a la del neoliberalismo. No ha sido
una estructura de organización, sino el espacio para
discutir y articular una visión y las ideas de lucha. Fue
un espacio con fiebre de ideas y programas pero con escasez
de organización y acción común. Pero la nueva situación
exige más que nunca que el movimiento nacional de
resistencia popular se transforme en una organización
eficaz de la lucha.
El espacio para hablar y protestas simbólicas ha desaparecido. El SME y el
Frente Nacional de Resistencia Popular deben profundizar y
extender la militancia y conciencia de clase a círculos más
amplios de los trabajadores y de varias regiones o será
derrotado. Estos procesos de agitación y organización
necesariamente se desarrollarán de manera desigual y su
resultado es incierto. Pero es esencial para cualquier desafío
eficaz contra el régimen. Porque mientras la ciudad de México
y los bastiones tradicionales de la izquierda tienen una
base para una "guerra de maniobra" para una lucha
rápida e intensa, el movimiento de resistencia no tiene ese
potencial inmediato en otras zonas del país. La más
importante zona industrial del Estado de México y otras
zonas industriales aún siguen bajo el control conjunto de
los gobiernos del PAN o del PRI estatal y los sindicatos
charros. El intento sistemático por parte de las
principales cadenas de televisión, los periódicos y el
gobierno por representar a los trabajadores del SME como
privilegiados, ineficientes, egoístas y a los de la Unión
como corruptos, se ha de superar. Estos intentos deliberados
de dividir y confundir a la clase obrera se tienen que
combatir ideológicamente y construir la solidaridad de
clase de los trabajadores. Hasta ahora ha habido dos
asambleas nacionales de la resistencia popular, así como
una escalada de movilizaciones de masas en las que han
participado amplios sectores de la población. Si bien la
participación de los trabajadores son el núcleo de la
resistencia ya sea a través de sus sindicatos o por medio
de corrientes dentro de los sindicatos charros, es amplia y
activa de otras organizaciones y sectores – organizaciones
campesinas, de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca), estudiantes, intelectuales, los movimientos
populares, los segmentos de "La Otra Campaña", y
partidos de izquierda y agrupaciones–. Un total de 700
organizaciones de apoyaron el paro cívico nacional del 11
de noviembre.
Este paro vio acciones significativas en al menos 22 de los 31 estados de México.
Las acciones fueron más fuertes en la Ciudad de México y
en los estados vecinos, donde la compañía eléctrica y la
liquidación del SME tienen una presencia. Además de las
protestas, fueron fuertes en los bastiones tradicionales de
la izquierda, donde el SME no tiene presencia, por ejemplo,
Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Los maestros en los estados de
Oaxaca y Michoacán cerraron casi todas las escuelas en
ambos estados. Estas secciones del sindicato nacional de
docentes forman parte de la CNTE (Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación), una alianza nacional de
grupos organizados de maestros disidentes en el SNTE
(Sindicato Nacional de Maestros), un gángster sindical
charro, con cerca de 1,5 millones miembros. En Oaxaca, la
Sección 22 del sindicato de maestros y la APPO cerró todas
las instalaciones de la CFE, la empresa nacional de energía
que tiene un sindicato charro y está sustituyendo la LyF.
Muchas secciones del SNTMM (Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República
Mexicana), los mineros y trabajadores siderúrgicos de la
Unión, cerraron los lugares de trabajo por períodos
breves. (El SNTMM se ha visto severamente perseguido por el
gobierno y su presidente está en el exilio en Canadá.) La
extensión y variedad de las acciones hacen que sea difícil
calcular el número de personas que participaron. Las
estimaciones del SME son que 5 millones de personas
participaron a nivel nacional, una estimación más prudente
podría ser de 3 millones de personas. Sin embargo, el 11 de
noviembre indica una extensión nacional del movimiento de
protesta.
El SME, junto con el PRD y el movimiento de López Obrador están
promoviendo una campaña de consumo masivo de rechazar el
pago de facturas de los servicios públicos eléctricos.
Ellos argumentan que los consumidores no tienen contrato con
la empresa de reemplazo, la CFE, aunque el gobierno ha
anunciado que las facturas ahora vendrán de la CFE. Esta
campaña para potenciar la solidaridad de los consumidores
con los trabajadores podría obtener una gran tracción, ya
que encaja con la ira creciente por los apagones. Esta campaña
se une a las preocupaciones de los trabajadores por sus
puestos de trabajo y a las preocupaciones de los
consumidores, la mayoría de ellos los propios trabajadores,
para que haya un servicio público adecuado y asequible. Así
reúne a la lucha por los derechos de la Unión con el
movimiento de López Obrador contra el fraude electoral y
para la preservación de la propiedad pública de la energía.
La resistencia ha descrito las acciones de 11 de noviembre como un preludio
hacia una huelga general. Una huelga general eficaz tendrá
que extenderse a otras zonas fuera de los bastiones
tradicionales de la izquierda para incluir localizaciones
industriales claves. La mayoría de estas zonas industriales
son controladas por el régimen y sus sindicatos gángster,
a menudo con contratos de protección.
La expansión del movimiento a los sectores industriales de la clase obrera
y de otras regiones es tan difícil como necesario. Hará
falta una estrategia política, audacia y valentía para
superar los enormes obstáculos que han llevado a los
fracasos en el pasado. El movimiento obrero y la izquierda
han tenido breves momentos de grandes frentes nacionales de
lucha que han sido derrotados por la represión y las
divisiones internas. En algunos de estos intentos, como lo
señaló Luis Hernández Navarro, "la lógica de la
lucha inmediata del sector con la mayor fuerza política ha
terminado por dominar y absorber las demandas de sus
aliados. Y la preocupación de ser utilizados como masa de
maniobra de otros actores políticos y su programa electoral
y parlamentario continúa pesando sobre los diversos actores
sociales” (1). El desafío para la izquierda es
desarrollar un programa y un proceso que ayude a proteger el
movimiento de este peligro.
Los movimientos que componen el frente nacional de resistencia son políticamente
heterogéneos. Si bien algunos tienen puntos de vista
revolucionarios, la mayoría tienen puntos de vista
reformistas, a menudo con la esperanza o la nostalgia de los
real o imaginados buenos viejos tiempos del nacionalismo
revolucionario. Pero hay un amplio consenso respecto a que
un cambio de dirección no es posible sin un cambio en la
correlación de fuerzas en el plano nacional. Esto significa
vencer al PAN / PRI, la coalición que actúa en interés
del gran capital. Como el gobierno ha cerrado la puerta cada
vez más a la reforma del sistema, los movimientos
revolucionarios están siendo impulsados hacia la acción
directa como la única forma de revertir las recientes
acciones y cambiar la dirección. ISe ha vuelto más claro
para muchos que sólo la remoción del gobierno podría dar
lugar a elecciones libres, honestas y democráticas. Algunos
consideran que una convención constitucional también sería
necesaria.
La eficacia de una huelga general depende de su fuerza, tanto en su ejecución
inmediata como en su capacidad para lograr los objetivos.
Una huelga general mal preparada o débil es un desastre
potencial para el movimiento obrero y la izquierda y permite
al gobierno responder con ferocidad. El SME y el movimiento
de resistencia están organizando brigadas de trabajadores
para conseguir apoyo a una huelga general a nivel nacional.
Los desafíos son enormes pero no hay alternativa a una
lucha nacional para cambiar el equilibrio de poder dentro de
México. El hecho de que una organización de trabajadores
esté en el centro de organización y sea el referente de un
creciente movimiento de resistencia popular es un cambio
radical con implicaciones enormes.
La revuelta estudiantil de 1968 y su derrota tuvo gran repercusión para México,
lo que lleva por una parte a los movimientos guerrilleros y
por otra a una liberalización del sistema político. En
1987 y 1988 una masa neocardenista luchó contra el fraude
electoral. En 1994 la insurrección zapatista creó grandes
esperanzas y a pesar de su aislamiento político posterior
su inspiración sigue influyendo en muchas comunidades indígenas
y pobres, con la creencia de que otro mundo es posible. El
fraude electoral de 2006 y las movilizaciones
postelectorales profundizaron los desafíos a la legitimidad
del régimen. Y ahora la devastación neoliberal, la crisis
económica y el asalto relámpago al SME (y a los recursos
energéticos de México) han movilizado a grandes capas de
la población. México podría seguir los caminos de Bolivia
y Ecuador, donde las revueltas derrocaron gobiernos y
allanaron el camino para unas elecciones honestas y el
triunfo de la izquierda. O podría seguir el camino de
Colombia, un narco Estado cada vez más represivo y
autoritario. Con su vasta frontera con los EEUU y con uno de
cada cinco trabajadores mexicanos viviendo y trabajando en
EEUU, las consecuencias son enormes no sólo para México,
sino también para EEUU.
Nota:
(1) La Jornada, 27 de noviembre de 2009.
|
