El terremoto dejó al desnudo la deuda social
Por Carlos Vergara
Corresponsal en Chile
La Nación, Buenos Aires, 07/03/10
Santiago.– Fue un golpe de humildad tremendo: la certeza
de que, a diferencia de lo que muchos creían, Chile sigue
siendo un país con deudas pendientes.
Bastó un sismo de tres minutos de duración para que el más
opulento vecino de América latina tropezara y desnudara sus
contradicciones, pese a las cifras que muestran una economía
pujante.
"Nadie está preparado para esto", dijo la
presidenta Michelle Bachelet. Tampoco lo estaba el país
para esas increíbles 48 horas que siguieron al terremoto,
en las cuales las palabras "pillaje" y
"saqueo" fueron las más utilizadas en la TV,
mientras las autoridades regionales pedían a gritos la
intervención militar, el toque de queda y, si era
necesario, hasta el estado de sitio.
Tampoco es ése el único resultado. El horror y la
miseria moral mostraron todas sus caras: la especulación de
precios –hasta 4 dólares por una botella de agua o un
kilo de pan– en sectores como Constitución y las costas
del golfo de Arauco; el robo de medicamentos en las
farmacias y la triste realidad de vecinos de zonas de buen
nivel económico acaparando más productos de los que
necesitaban
Las denuncias desde las áreas devastadas fueron tan increíbles
como dolorosas: grupos de delincuentes que invadieron las
casas de los heridos para robar sus pertenencias en las
costas del Maule y el Bío Bío. Ayer, incluso, hubo
versiones de que se habían saqueado tumbas en algunos
poblados del Sur.
Las imágenes del espanto, posteriores a la catástrofe,
no parecen coincidir con las de un país ejemplar que tantos
elogios ha cosechado en Washington y en el resto del mundo
por la continuidad de un modelo económico que impulsó el
desarrollo del país.
De a ratos, las regiones del Maule y el Bío Bío se
acercaron más al infierno desatado en Haití tras el sismo
del 12 de enero, que a las ciudades de un país que busca,
por todos los medios, su ingreso al Primer Mundo, a la caza
del estándar de Portugal, como promete el presidente
electo, Sebastián Piñera.
"Es un espejo quebrado que nos hace mirarnos a
nosotros mismos", reflexionó para LA NACION desde
Brisbane, Australia, el periodista chileno Fernando Sagredo,
quien envió una sentida carta a sus compatriotas, titulada
"Los terremotos no son controlables; las injusticias, sí".
En ella, hizo referencia a la fractura social que salió a
la luz esta semana. Basta retroceder sólo dos meses para
repasar, no sin algo de tímida incredulidad, las imágenes
de las autoridades, que se congratulaban a sí mismas por
haber sido invitadas a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).
Chile es el primer país sudamericano aceptado en el
exclusivo grupo de los 30 países democráticos más
desarrollados del mundo. Es un reconocimiento mundial a las
reformas políticas y económicas realizadas durante los 20
años de gobiernos de la Concertación.
Y no sólo por sus cifras económicas Chile se ganó la
envidia de algunos vecinos de la región. Dueña también de
una feliz democracia, recuperada tras 17 años de oscura
dictadura militar, el país consiguió reinsertarse en el
mundo después de un extendido ostracismo. Y hace poco más
de un mes dio una verdadera clase de civismo, con elecciones
limpias y respetuosas, con Bachelet entregándole el poder a
la centroderecha con un apretón de manos.
Otra realidad
"¿Qué fue lo que pasó?", "¿En qué nos
convertimos?", fueron las preguntas más repetidas tras
el sismo. Muchos respondían: "¿No será que esto es
lo que siempre fuimos?".
"A pesar de los esfuerzos que ellos [la elite política
y los medios] han realizado durante años para mostrarnos a
Chile como un país ganador, un país que deja la región
para insertarse en las ligas superiores, como si todos sus
habitantes, por igual, estuviésemos invitados a la misma
fiesta, el terremoto ha develado la inequidad social que
sigue existiendo", explicó el director del
Observatorio Ciudadano, José Aylwin.
"Hemos promovido una sociedad individualista en la
cual se privilegia el éxito económico. Chile es un
negocio; Chile es un gran shopping de la desigualdad",
dijo a LA NACION, con congoja, el vicario de la pastoral
social, el sacerdote Alfonso Baeza.
"Quisieron que fuéramos competitivos y nos
convirtieron en competidores. Espero que este terremoto
permita corregir las grietas, no sólo de nuestros
edificios, sino también de nuestra sociedad", añadió.
Las estadísticas son elocuentes. Pese a sus más de 20
tratados de libre comercio, a sus 25.870 millones de dólares
en reservas internacionales y a las auspiciosas proyecciones
del Fondo Monetario Internacional (FMI), de que el país
lideraría el PBI per cápita a nivel regional hasta 2014,
con casi 15.000 dólares, la otra cara del espejo es
desoladora.
Según el último informe de la ONU sobre igualdad de
ingreso y desarrollo humano, Chile se ubica en el puesto 110
de 124 países, superado por naciones con mucho menor nivel
de desarrollo. De acuerdo con el Ministerio de Planificación,
un 13,7% de la población vive bajo la línea de la pobreza.
Es un país en el que hay casi dos millones de pobres y más
de 500.000 personas en estado de indigencia, que al mismo
tiempo posee carreteras que permiten llegar de la
precordillera al aeropuerto en menos de 15 minutos.
"¿Tan ciegos estamos que antes del terremoto no habíamos
notado que había barrios periféricos en torno de las
ciudades? ¿Que en los estadios se juntan decenas de miles
de personas prácticamente marginadas de la sociedad? ¿Que
la calidad de la educación en el país es una vergüenza?",
se preguntó Segredo en su misiva.
A nivel educacional, la brecha es escandalosa: los
colegios privados aplastan con indignante superioridad los
resultados obtenidos por la educación pública. En muchos
liceos municipales, los alumnos ven "infladas" sus
calificaciones, sólo para darse cuenta, una vez en la
universidad, de que su preparación no sirvió de nada.
Es el Chile modelo 2010, el del otro lado del espejo; el
que seguramente deberá postergar sus sueños de grandeza
por socorrer a sus hermanos.
En otra muestra de unidad, Piñera logró
un acuerdo con
la Concertación
Por Carlos Vergara
Corresponsal en Chile
La Nación, Buenos Aires, 08/03/10
Santiago.– El presidente electo, Sebastián Piñera,
consiguió un acuerdo político con los líderes de los
partidos de la Concertación –la futura oposición a su
gobierno– para aprobar leyes de emergencia que permitan
socorrer con mayor eficiencia a los dos millones de
damnificados que dejó el violento sismo del 27 de febrero,
como también reconstruir viviendas, hospitales, carreteras
e infraestructura dañados en seis regiones del país.
La tregua implicará una readecuación de su plan de
gobierno, un Congreso menos confrontativo de lo previsto (la
futura administración de centroderecha contará con mayoría
en la Cámara baja y minoría en el Senado) y la búsqueda
de consensos con la mayor agilidad posible. También se
apostará por un sello de austeridad total en lo que no
tenga relación con el objetivo de levantar Chile en sus
cuatro años de gobierno.
Por ello, la ceremonia del cambio de mando del jueves será
lo más sencilla posible: consistirá en un almuerzo en el
palacio presidencial del cerro Castillo, en Valparaíso,
para los ocho presidentes que confirmaron asistencia: la
mandataria de la Argentina, Cristina Kirchner; el de
Bolivia, Evo Morales; el de Colombia, Alvaro Uribe; el de
Ecuador, Rafael Correa; el de Costa Rica, Oscar Arias; el de
Panamá, Ricardo Martinelli; el de Perú, Alan García, y el
de Uruguay, José Mujica.
Piñera viajará después a Constitución, en la región
del Maule, una de las ciudades más golpeadas por el sismo y
el maremoto, para luego retornar a Santiago y hacer el
tradicional ingreso en el palacio de La Moneda. Fueron
cancelados todos los eventos anexos, entre ellos una fiesta
ciudadana y el clásico tedeum en la catedral de Santiago,
que podría realizarse en la Plaza de Armas.
La reunión entre Piñera y los presidentes de los
partidos de la Concertación, realizada anteayer, dio cuenta
del ánimo imperante en la clase política chilena, con el
anuncio de un acuerdo en pos de la unidad del país. Junto
con él estaban los presidentes de la Democracia Cristiana,
Juan Carlos Latorre; del Partido Socialista, Fulvio Rossi;
del Partido Radical Social Demócrata, José Antonio Gómez,
y del Partido por la Democracia, Adriana Muñoz.
"Hoy más que nunca queremos un nuevo trato entre el
gobierno, la oposición y la sociedad civil. Y este nuevo
trato tiene que estar caracterizado por un espíritu de
unidad, de solidaridad y de responsabilidad. Esto no
significa confundir los roles. En una democracia se requiere
un buen gobierno y se requiere también una buena oposición,
y cada uno debe tener su propio papel, pero también tenemos
que tener en cuenta que hay algo más fuerte aún que nos
une y que es el interés de Chile, la calidad de vida y el
bienestar de los chilenos", dijo el presidente electo.
"Es indudable que el escenario político cambió
radicalmente. Participaremos en las tareas necesarias para
reconstruir el país y nuestro trabajo será analizar y
evaluar las propuestas políticas, intentar que sean lo más
eficaces posibles. ¿Una oposición más blanda? No sé si
será más blanda o más dura, pero está claro que habrá
una voluntad mucho mayor por llegar a acuerdos que en otros
escenarios", reconoció a La Nacion Rossi.
Entre las medidas inmediatas se acordaron leyes de
emergencia de auxilio a los damnificados, otra de
reconstrucción, una tercera de donaciones y la revisión
profunda de los sistemas de alerta y ayuda que fallaron
notoriamente durante el sismo.
El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI),
de extrema derecha, Iván Moreira, adelantó a La Nacion que
espera que al gobierno se lo trate con "guante
blanco" durante el primer año. "Habrá oposición
y será fiscalizadora, pero lo importante es que estemos
todos de acuerdo. Somos todos chilenos. Esto es como una
guerra en la cual debemos unirnos", afirmó el
parlamentario.
Otro gesto que no pasó inadvertido fue el abrazo
–televisado para todo el país– entre la presidenta
Michelle Bachelet y Piñera, anteanoche, en el cierre de la
campaña televisiva que reunió 60 millones de dólares para
la construcción de viviendas básicas: una imagen fuerte,
potente, que sienta las bases del gobierno de unidad
nacional por el cual tanto abogó el empresario.
La nueva administración ya anticipó un cambio en sus
promesas de campaña. El futuro ministro del Interior,
Rodrigo Hinzpeter, dijo ayer que la reforma de la salud será
redefinida y la construcción de viviendas, postergada.
"Un gobierno responsable tiene que reenfocar,
reevaluar, rediseñar su programa. Pero el terremoto no será
una excusa para abandonar los compromisos previos",
agregó Hinzpeter, que afirmó, sin embargo, que se cumplirán
las promesas de reforma educacional, seguridad ciudadana y
la creación de 200.000 empleos anuales.
Los costos, sin embargo, se multiplican día a día. El
ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, dijo ayer que la
reparación de los daños en infraestructura tendrá un
costo de 1000 millones de dólares. Estas cifras no incluyen
la reconstrucción de hospitales, escuelas y viviendas. Según
Hinzpeter, las estimaciones son de 25.000 a 30.000 millones
de dólares, una pérdida de 20 puntos del PBI.
Podría extender el “estado de catástrofe” en algunos
lugares afectados
Piñera mantendrá las tropas en la calle
Por Carlos Vergara
Corresponsal en Chile
La Nación, Buenos Aires, 09/03/10
Santiago.– Mientras cientos de miles de estudiantes
empezaban ayer las clases, en otra señal de que Chile
lentamente vuelve a la normalidad, el presidente electo,
Sebastián Piñera, anunció su intención de mantener a los
militares desplegados en las zonas más afectadas por el
terremoto del pasado 27 de febrero, después de que asuma
como jefe del Estado, pasado mañana.
"Vamos a dejar desplegados los militares, en primer
lugar, para que garanticen el orden público", dijo
ayer Piñera en una entrevista con radio ADN. "Pero la
labor de los militares debe ir mucho más allá, ya que por
esencia son una institución que tiene una serie de
herramientas e instrumentos muy apropiados en tiempos de catástrofe",
prosiguió.
El despliegue de los militares, resistido inicialmente en
el gobierno según algunos ministros, fue pedido
reiteradamente por civiles, alcaldes y radios, en especial
en las zonas más devastadas. Las olas de saqueos y la
incapacidad de la policía para contenerlos obligaron
finalmente a la presidenta Michelle Bachelet a tomar la
medida, 36 horas después del devastador terremoto de 8,8
grados en la escala de Richter.
A quienes sostienen que la medida recuerda los tiempos de
la dictadura de Augusto Pinochet, Piñera les respondió
ayer que los militares "son parte de la sociedad
chilena, son tan chilenos como los demás y, por tanto, si
pueden ser útiles en una emergencia, no hay ninguna razón
para evitar que esa ayuda llegue".
El futuro presidente de Chile anunció también que el
estado de catástrofe se extenderá "de forma muy
selectiva en aquellas localidades que lo requieran". La
medida, además de permitir el uso de la fuerza pública, le
otorga al Estado los instrumentos necesarios para llegar con
la ayuda de forma más rápida y oportuna, explicó Piñera.
Por ese motivo, lamentó que el gobierno de Bachelet no
hubiera decretado el estado de catástrofe el mismo día del
sismo, lo que posibilitó, a su juicio, que hubiera saqueos
y otros actos vandálicos en algunas ciudades. "Lo
importante es si era necesario o no pedir la contribución a
nuestras fuerzas armadas. Creo que sí era necesario, y ahí
perdimos 48 horas", dijo Piñera, en lo que fue la
primera crítica a Bachelet desde el terremoto.
El mandatario electo, de todas maneras, también reconoció
la colaboración ofrecida por Bachelet y por otras figuras
del oficialismo, con quienes selló un "nuevo
trato" para iniciar sin demoras la reconstrucción.
"Las tragedias y los golpes quiebran a los pueblos débiles
y agigantan a los pueblos fuertes. Y Chile es un pueblo
fuerte, este terremoto no nos va a quebrar el alma, nos va a
unir más que nunca, por eso quiero agradecer la actitud de
los presidentes de la Concertación", sostuvo Piñera.
Además, le pidió ayer a Bachelet que le permita trabajar
con su equipo de gobierno territorial y sus hombres de
confianza en sectores clave como obras públicas y vivienda.
La inédita petición fue hecha por el futuro ministro del
Interior, Rodrigo Hinzpeter, en una reunión con su par en
ejercicio, Edmundo Pérez Yoma.
El gobierno de la socialista Bachelet, cuyos hombres
siempre fueron criticados por Piñera, aceptó colaborar,
debido a la situación de emergencia que enfrenta el país.
"Hay algunos lugares en donde esta colaboración se da
en forma muy espontánea y con mucho gusto", dijo ayer
Pérez Yoma.
Piñera dijo también que buscará un acuerdo político
con los partidos de la Concertación para modificar la ley
de presupuesto y sancionar un paquete de leyes que le
permita enfrentar la catástrofe causada por el terremoto y
encarar la reconstrucción de las zonas afectadas.
Normalidad
En tanto, Chile intentaba ayer volver a la normalidad con
el comienzo del ciclo lectivo. Cerca de 1,8 millones de
alumnos, el 80% del total, comenzaron ayer las clases,
aunque por los daños estructurales muchas escuelas no
abrieron sus puertas. El año escolar en Chile se iniciaba
oficialmente el 3 de marzo, pero el terremoto obligó a
postergarlo.
El secretario de la Presidencia, José Antonio Viera
Gallo, declaró ayer que "la etapa de normalización ya
está superada: los servicios básicos están volviendo en
casi todas las zonas afectadas, empiezan las demoliciones de
casas, están limpias las calles, reabren bancos y comienza
la vida normal".
Pero en un síntoma de que la vuelta a la normalidad no
será rápida ni sencilla, el gobierno advirtió que el
incipiente frío y las primeras lluvias en el sur del país
podrían agravar la crítica situación que atraviesan los
miles de personas que se quedaron sin hogar tras el
terremoto y el tsunami.
La llovizna que cayó en los últimos dos días en algunas
zonas del Sur, en la antesala del próximo invierno austral,
complicó la precaria situación de miles de personas en
pueblos derrumbados por el temblor o borrados del mapa por
las gigantescas olas.
El potente sismo y el posterior tsunami, en el peor
desastre natural de Chile en medio siglo, dejaron por lo
menos 497 muertos identificados y una cantidad imprecisa de
desaparecidos, según el último informe oficial.
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