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El
gobierno peruano trata a balazos un
conflicto minero
CrisisEconómica.blog,
08/04/10
Ocurrió
cuando los policías de la Dinoes (División Nacional de
Operaciones Especiales) arremetieron contra más de diez mil
manifestantes que se encontraban bloqueando la carretera
Panamericana Sur a la altura del Km 600, en el puente Caleta
del distrito de Chala, provincia de Caravelí, en Arequipa
Seis
personas murieron cuando la policía intentó, sin éxito,
romper el bloqueo de la carretera.
La
principal acusación contra los mineros informales es que
contaminan el ambiente, en particular los ríos.
Según las
cifras del gobierno, esta actividad minera ya ha deforestado
18 mil hectáreas de bosques y causado enormes daños al
medio ambiente.
Y si bien
es cierto que la minería artesanal a pequeña escala causa
graves daños al medio ambiente y debe ser ordenada. Hay una
evidente incoherencia (o doble discurso)del gobierno en su
discurso: permisividad con las grandes empresas cuando éstas
dañan el medio ambiente y un discurso ecológico cuando ese
daño lo producen los mineros artesanales.
Sin embargo
frente a las grandes empresas el gobierno no actúa. Y ha
otorgado muchas concesiones mineras en reservas naturales
protegidas
La estadística
de concesiones mineras en el Perú demuestra que sólo en el
lapso de un año (de noviembre de 2008 a noviembre de 2009)
el territorio nacional concesionado a la gran minería se
expandió del 13.46% al 15.38%. Es decir, 19,573.752 hectáreas
poseen hoy concesiones mineras.
Todo esto
se inscribe dentro de una política de gobierno que trata de
resolver los conflictos a balazos en vez buscar el diálogo
con los sectores discrepantes.
Una semana
antes de la matanza del 5 de abril, los mineros artesanales
exigían que se abra un diálogo con el gobierno pero el
primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, no dio mayores
esperanzas de que ese diálogo se pueda hacer realidad.
Un día
después el gobierno declaró en estado de emergencia las
provincias de Nasca, Palpa y San Juan de Marcota, en Ica;
Caravelí y Camaná en Arequipa; y en Madre de Dios,
Tambopata y Manu.
Perú:
Gobierno salvaje
Por
Alberto Ampuero
SurySur, 08/04/10
Estableciendo
las reglas de juego el gobierno desde un principio la
protesta de los mineros artesanales del Perú devino en
tragedia desde su primer día.
Ocurrió
cuando los policías de la Dinoes (División Nacional de
Operaciones Especiales) arremetieron contra más de diez mil
manifestantes que se encontraban bloqueando la carretera
Panamericana Sur a la altura del Km 600, en el puente Caleta
del distrito de Chala, provincia de Caravelí, en Arequipa
Seis
personas murieron cuando la policía intentó, sin éxito,
romper el bloqueo de la carretera.
La
principal acusación contra los mineros informales es que
contaminan el ambiente, en particular los ríos.
Una de las
regiones más afectadas es el departamento de Madre de Dios,
en el sureste del país, donde la explotación artesanal de
oro en los ríos, que es la actividad que mueve la economía
de la zona, ha ocasionado graves daños ecológicos en la
selva amazónica, con la deforestación de bosques y la
contaminación de ríos con mercurio
El decreto
gubernamental que desató las protestas está dirigido a la
minería artesanal de oro en Madre de Dios, sin embargo
desató las protestas en cadena en al menos una docena de
regiones del país, donde los mineros informales han visto
en esta norma una amenaza a sus actividades.
No hay un
censo sobre la minería informal, pero se estima que podría
haber unas 300 mil personas dedicadas a esta actividad. En
todo el país hay 19 millones 500 mil hectáreas explotadas
por la minería, de las cuales unas dos millones
corresponden a la minería informal.
Los mineros
consideran que el tema ha sido politizado desde el gobierno
central, que se niega a considerar el Plan Nacional de
Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesana,
que no sólo debe abarcar a Madre de Dios, sino al resto de
regiones donde se desarrolle la minería aluvial.
Los mineros
aseguran que lo que quieren es sacarlos de esta actividad
para otorgarles a las grandes empresas los yacimientos que
ellos explotan, particularmente los de oro, que hacen de
este país el quinto productor mundial.
Piden
derogar las leyes 1010, 1040 y el Decreto de Urgencia Nº
012–2010, los cuales ponen en riesgo su trabajo.
El gobierno
ha dicho que "No vamos a ceder".
Según las
cifras del gobierno, esta actividad minera ya ha deforestado
18 mil hectáreas de bosques y causado enormes daños al
medio ambiente.
Y si bien
es cierto que la minería artesanal a pequeña escala causa
graves daños al medio ambiente y debe ser ordenada. Hay una
evidente incoherencia (o doble discurso)del gobierno en su
discurso: permisividad con las grandes empresas cuando éstas
dañan el medio ambiente y un discurso ecológico cuando ese
daño lo producen los mineros artesanales.
Sin embargo
frente a las grandes empresas el gobierno no actúa. Y ha
otorgado muchas concesiones mineras en reservas naturales
protegidas
La estadística
de concesiones mineras en el Perú demuestra que sólo en el
lapso de un año (de noviembre de 2008 a noviembre de 2009)
el territorio nacional concesionado a la gran minería se
expandió del 13.46% al 15.38%. Es decir, 19,573.752 hectáreas
poseen hoy concesiones mineras.
En cambio
la estadística de la “minería salvaje” , como el
presidente llama al trabajo artesanal, hay que buscarla en
los partes policiales. La Confederación Nacional de
Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI
PERÚ, tiene registrados, hasta la fecha, a 242 autoridades
y líderes comunales (162 varones y 80 mujeres) denunciados
por diversos delitos como: daños contra la propiedad
privada; contra la seguridad pública,etc. Todos denunciados
por agentes de empresas mineras y en algunos casos por
representantes del Estado.
Todo esto
se inscribe dentro de una política de gobierno que trata de
resolver los conflictos a balazos en vez buscar el diálogo
con los sectores discrepantes.
Una semana
antes de la matanza del 5 de abril, los mineros artesanales
exigían que se abra un diálogo con el gobierno pero el
primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, no dio mayores
esperanzas de que ese diálogo se pueda hacer realidad.
Un día
después el gobierno declaró en estado de emergencia las
provincias de Nasca, Palpa y San Juan de Marcota, en Ica;
Caravelí y Camaná en Arequipa; y en Madre de Dios,
Tambopata y Manu.
No fue difícil
adivinar que la suerte de los mineros estaba echada.
Llegó a
traición, alrededor de las 7 de la mañana. “Estaban
tomando desayuno a un lado del puente y la carretera, porque
recién habían llegado los mineros de Ayacucho, Puno y
Huancavelica, cuando de pronto fueron atacados en forma
criminal por helicópteros de la Policía Nacional”.
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