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Grupos
paramilitares de derecha asesinan y secuestran
El
terror regresa a Oaxaca
Por
Kristin Bricker y Emilio Godoy
Inter Press Service (IPS), 29/04/10
México.–
La reaparición de la violencia en Oaxaca hace temer otra
ola de represión y una vuelta a los graves sucesos que
paralizaron en 2006 a ese estado del sur de México, según
organizaciones de derechos humanos.
La
inquietud emergió con una emboscada tendida en la tarde del
martes por paramilitares contra una caravana humanitaria que
se dirigía a la comunidad autónoma de San Juan Copala,
situada unos 600 kilómetros al sureste de la capital de México
y habitada por indígenas del pueblo triqui.
El ataque
dejó dos muertos y una mujer herida. Los asesinados son
Alberta Cariño, directora del no gubernamental Centro de
Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y el finlandés
Juri Jaakkola, un observador de derechos humanos, ambos por
disparos en la cabeza.
Además,
varias personas fueron secuestradas y se reportaron
inicialmente desaparecidas, entre ellos los periodistas Érika
Ramírez y David Cilia, de la revista Contralínea, una
publicación muy crítica del gobierno federal y de la
administración oaxaqueña, encabezada por el gobernador
Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el
listado aparecían también dos activistas, David Venegas y
Noé Bautista, de una organización no gubernamental local,
y dos mujeres triquis secuestradas antes de la emboscada.
Poco después,
los dos periodistas y los dos activistas escaparon de sus
captores. Venegas y Bautista lograron llegar a la ciudad de
Juxtlahuaca y allí mostraron un vídeo donde los reporteros
aparecen con vida. Los dos se encontraban escondidos en la
sierra y Cilia estaba herido de bala.
Este jueves
el gobierno de Oaxaca despachó un helicóptero para
rescatarlos. También este jueves fueron liberadas las dos
mujeres triquis secuestradas poco antes de la emboscada.
La zona es
controlada por grupos paramilitares como la Unión de
Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), acusados
de tener lazos con el PRI.
La caravana
humanitaria, en la que viajaban observadores de Bélgica,
Finlandia, Italia y Alemania, tenía el fin de suministrar
alimentos, agua y otros productos básicos a la población
de San Juan Copala, sometida desde enero al bloqueo de
Ubisort, que cortó el servicio eléctrico e hídrico del
poblado.
El
contingente escoltaba asimismo a maestros que intentaban
volver a dar clases en la zona.
Defensores
de derechos humanos temen que el gobierno aproveche el
ataque para promover sus propios intereses en la región
triqui. "Tememos que el gobierno use esto de pretexto
para militarizar la región", dijo a IPS Eduardo
Almeida, activista de la organización Nodo de Derechos
Humanos.
Entre mayo
y octubre de 2006, el magisterio oaxaqueño afiliado a la
Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO), un paraguas de unas 300 organizaciones locales,
tomaron las principales calles de la ciudad de Oaxaca,
capital del estado, reclamando la destitución de Ruiz.
Esas
organizaciones acusan al gobernador, esfinge del ala más
conservadora del PRI, de corrupto y autoritario. El
conflicto, que paralizó el estado, se zanjó con la
intervención de policías federales enviados por el
entonces presidente Vicente Fox (2000–2006), del
derechista Partido Acción Nacional (PAN).
La acción
dejó más de 20 muertos, la gran mayoría atribuidas a la
represión, unos 370 heridos y aproximadamente 350
detenidos. Las manifestaciones recobraron fuerza a mediados
de 2007, pero se extinguieron rápidamente.
Oaxaca, con
una población predominantemente indígena, es uno de los
estados más empobrecidos de México.
Gabriela
Jiménez, una sobreviviente del ataque del martes y asesora
de la APPO, sostuvo que los agresores se identificaron como
miembros de la Ubisort y aseguraron contar con respaldo del
gobierno estadual. Pero Ruiz negó cualquier vínculo con la
emboscada.
San Juan
Copala permanece bajo asedio de paramilitares desde que se
declaró municipio autónomo en enero de 2007. Una de esas
organizaciones es la Ubisort, que había advertido de que la
caravana estaría en peligro si trataba de ingresar en el
pueblo.
Su líder,
Rufino Juárez, dijo a la prensa que los tiroteos eran
frecuentes en la zona y que la Ubisort no se hacía
responsable "de lo que pudiera ocurrirle" al
convoy, integrado por unas 25 personas entre activistas,
maestros y observadores.
El ataque
fue condenado por numerosas organizaciones mexicanas e
internacionales, que lo consideran un incidente inquietante
ante las elecciones de julio para renovar el gobierno y la
legislatura estadual.
El
presidente de México, el conservador Felipe Calderón, dijo
que los sucesos serán investigados a fondo. El desastre de
Oaxaca lo toca de cerca, pues Fox ordenó la intervención
en 2006 para evitar que heredara la crisis, y en los próximos
comicios su partido, el PAN, aspira a destronar por primera
vez al PRI en Oaxaca.
"¿A
quién beneficia, en términos electorales, la brutal
emboscada en Oaxaca? Las respuestas pueden ser varias. Una
de ellas, efectivamente, podría encontrarse en los
intereses de los diversos actores político–electorales
que se mueven en la región", escribió este jueves el
columnista Francisco López en el diario capitalino La
Jornada.
Las
divisiones entre comunidades triquis son tradicionales en la
zona, pero se agravaron a partir de la década de 1970. En
esos años, las comunidades nativas crearon El Club, un
grupo que con los años derivó en el Movimiento de
Unificación y Lucha Triqui.
Esa
organización se dividió más tarde y dio lugar al
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, al
que pertenece el municipio autónomo.
Ubisort
culpa al gobierno de no intervenir en el conflicto, que ha
dejado al menos una docena de muertos desde 2007. Esa
organización se beneficiaría de una intervención
gubernamental en el área, presuntamente dirigida contra la
administración autónoma.
En abril de
2008 fueron asesinadas en la zona las jóvenes locutoras Felícitas
Martínez y Teresa Bautista, de la comunitaria Radio Copala,
"La voz que rompe el silencio", víctimas de la
violencia en que se expresan las diferencias en la región.
El
municipio sigue incomunicado y su situación es incierta.
Algunos residentes que se encontraban fuera al momento del
ataque demandan que el gobierno cree las condiciones para
que miembros de la sociedad civil lleguen al pueblo, sin
ninguna intervención policíaca.
La policía
estadual visitó dos veces el miércoles la escena del
crimen para recoger los vehículos tiroteados y los dos cadáveres,
sin localizar a los desaparecidos ni a los perpetradores.
La
situación permanece inestable en tanto el gobierno, el
municipio, la APPO y la Ubisort deciden cuáles serán sus
siguientes pasos. Los atacantes del convoy anunciaron más
violencia, despojaron a los emboscados de sus
identificaciones y les advirtieron que serían ejecutados si
intentaban regresar o contaban lo ocurrido, dijo un
sobreviviente a IPS.
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