Represión
en Chile
Mapuches
en huelga de hambre
Por
Daniela Estrada
Inter Press Service (IPS), 12/08/10
Santiago.–
Familiares de una treintena de comuneros mapuches, que
permanecen en huelga de hambre desde hace un mes en
diferentes penales del sur de Chile, llegaron a esta capital
para denunciar irregularidades en sus procesos penales y
promover instancias de diálogo con las autoridades.
La huelga
de hambre responde "a la desesperanza de los comuneros,
que ven que se empiezan a cerrar todas las puertas y que no
hay ninguna disposición política a dialogar y reconocer el
conflicto", dijo a IPS Fernando Lira, presidente de la
no gubernamental agrupación Liberar, que presta asistencia
jurídica a los comuneros.
El 12 de
julio, 20 mapuches, autodenominados presos políticos,
iniciaron una huelga de hambre líquida, a la que se fueron
sumando otros indígenas, hasta sumar 32 repartidos en cinco
cárceles del sur. Los huelguistas han perdido entre siete y
12 kilos y padecen náuseas, mareos, desorientación, bajas
de presión arterial y calambres.
"Van a
llegar hasta las últimas consecuencias", dijo a IPS
María Tralcal, vocera de los huelguistas, quien integra una
delegación que arribó el miércoles a Santiago para
denunciar la situación de los comuneros acusados de delitos
como incendio terrorista, homicidio frustrado, lesiones,
amenazas y asociación ilícita.
El mismo miércoles
se reunieron con legisladores en la sede del Congreso en
Valparaíso, a 120 kilómetros al oeste de Santiago, y este
jueves fueron recibidos por el presidente de la Corte
Suprema, Milton Juica, mientras preparan encuentros con
representantes de la Iglesia Católica y organizaciones
sociales.
Según
Tralcal, los comuneros aprendieron de otras huelgas de
hambre realizadas por indígenas en años recientes, en que
destaca la que protagonizó Patricia Troncoso, la activista
mapuche que mantuvo un ayuno de más de 100 días en 2007 y
2008.
Troncoso
obtuvo con su protesta beneficios carcelarios, pero no logró
que se modificara la controvertida ley antiterrorista con
que se juzga a algunos mapuches, como había sido el
compromiso de parlamentarios.
De acuerdo
a Lira, actualmente hay 58 presos políticos mapuches
vinculados a reivindicaciones ancestrales.
Numerosas
comunidades mapuches, el pueblo indígena más numeroso de
Chile, exigen la restitución de sus tierras originales, que
comprenden las sureñas regiones de Bíobío, Los Ríos,
Araucanía y Los Lagos, despojadas por el Estado a fines del
siglo XIX y entregadas a particulares.
Los
miembros de esta etnia consideran insuficientes las políticas
indígenas implementadas por la centroizquierdista
Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó
Chile hasta marzo de este año, desde la restitución democrática
en 1990.
Las tomas
de predios privados ejercidas por grupos mapuches recibieron
una dura respuesta del gobierno de Michelle Bachelet
(2006–marzo 2010), al punto de que dos jóvenes comuneros
fueron muertos por policías durante esas acciones: Matías
Catrileo, en 2008, y Jaime Mendoza Collío, en 2009.
La justicia
militar, encargada de los dos casos, no ha dictado sentencia
hasta ahora.
Justamente
este jueves se cumplió un año de la muerte de Mendoza, al
que sus familiares recordaron con varias actividades.
Para
deponer su protesta, los huelguistas mapuches exigen que se
deje de aplicar en sus casos la ley antiterrorista impuesta
por el dictador Augusto Pinochet (1973–1990).
Esta norma
permite investigaciones judiciales secretas y la presentación
de testigos protegidos y eventualmente compensados por su
delación. Además, faculta el extender por largo periodo la
prisión preventiva y dictar altísimas penas para los
condenados.
Otra
demanda es el fin de los "dobles juzgamientos".
Algunos mapuches son procesados por el mismo delito por la
justicia civil y por la militar, cuando en su causa están
involucrados integrantes de las Fuerzas Armadas y de
carabineros (policía militarizada), y después se les suman
las penas. Es una "aberración jurídica" que sólo
tiene lugar en Chile, dijo Lira.
Estos
reclamos fueron acogidos por diversos organismos
internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas.
"Internacionalmente
se ve el terrorismo cuando las personas atentan contra la
integridad humana, contra las personas, y hasta el momento a
manos de un mapuche no ha caído ningún civil, ningún
policía, los únicos que han muerto son hermanos mapuches a
manos de policías", fustigó Tralcal.
"Acá
solamente tenemos atentados contra la propiedad privada, que
deberían verse con las leyes civiles. Los hermanos sólo
quieren juicios justos", arguyó.
Los
mapuches denuncian ser víctimas de montajes policiales y
judiciales, así como de torturas y malos tratos dentro de
los penales.
Para Lira,
una salida al conflicto sería la conformación de una mesa
con todos los actores involucrados, pero hasta ahora el
gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera no se
ha pronunciado al respecto, desde que inició su mandato el
11 de marzo.
Indígenas
y activistas de derechos humanos han acusado al gobierno de
"doble estándar" por negar la existencia del
conflicto con el pueblo mapuche, mientras que recibe como
refugiado político al disidente cubano, José Izquierdo,
liberado por el gobierno de La Habana, y critica que haya
"presos de conciencia" en la isla caribeña.
Lira también
calificó como un "exceso" los intentos de
vincular a los mapuches con grupos guerrilleros como las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con base
en un informe en ese sentido enviado por la Fiscalía
General colombiana al Ministerio Público chileno.
En este
marco, el fiscal regional de Araucanía, Francisco Ljubetic,
señaló que estudian la posibilidad de citar a declarar a
ex guerrilleros y ex policías colombianos contra algunos
mapuches.
"Los
mapuches no secuestran, no matan a nadie", defendió
Lira, para quien "ya son suficientes los testigos
protegidos como para además importar testigos desde
Colombia, que sabemos que son militares desmovilizados
afines a la fiscalía colombiana".
Aucán
Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, acusó
a la fiscalía de querer "colombianizar" el
conflicto mapuche con el Estado chileno.
Los
mapuches también denuncian un bloqueo informativo sobre la
huelga y la presentación tendenciosa del conflicto en los
grandes medios de comunicación.
Diversas
organizaciones internacionales de solidaridad con la causa
mapuche informaron sobre manifestaciones a favor de las
reivindicaciones de los huelguistas durante la jornada en Bélgica,
Francia, Holanda, Gran Bretaña y Suiza.
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