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Miles de desapariciones y muertes de
emigrantes centroamericanos
Cementerios sin lápidas ni epitafios
Por Danilo Valladares (*)
Inter Press Service (IPS), septiembre
2010
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Uno de los “trenes de la muerte” en que los emigrantes
centroamericanos intentan atravesar México |
Guatemala.– Con la mochila cargada de
sueños, el guatemalteco Gelder Lizardo Boche, de 17 años,
partió el 9 de agosto a Estados Unidos desde su pueblo
natal, San Antonio La Paz, en compañía de dos cuñados.
Los cuerpos de Boche, Gilmar Morales,
de 22 años, y Hermelindo Maquin, de 24, fueron
identificados entre las 72 víctimas de la matanza cometida
el 23 de agosto muy lejos de Guatemala, en el municipio de
San Fernando, noreste de México, y atribuida a la banda
narcoterrorista de Los Zetas.
En medio de la tragedia, los familiares
de estos tres guatemaltecos supieron al menos de su suerte,
pudieron identificarlos y esperan que sus restos sean
repatriados para darles sepultura.
Varios miles de inmigrantes
latinoamericanos, la mayoría de América Central, mueren de
sed en el desierto o a manos de delincuentes y
narcotraficantes, sin que nadie sepa de ellos. Las
autoridades mexicanas estiman en más de 10.000 los
secuestros de extranjeros entre septiembre de 2009 y febrero
de 2010.
La hondureña Maximina Barrientos, de
48 años, vive esa angustia. Lleva siete años sin saber de
su hija Irene, que decidió abandonar su natal Texiguat, en
el sudoriental departamento de El Paraíso, en busca del sueño
americano. Barrientos advirtió a su hija que no se fuera
"porque dejaba a un (hijo) varón que ahora tiene 12 años
y que la necesita, pero ella se fue porque aquí no hay
chance para nada", relató a IPS. "Hace tres años
llamó y me dijo que estaba bien, en (la mexicana Ciudad) Juárez,
pero después no volví a saber de ella", agregó
Barrientos mientras las lágrimas asomaban a sus ojos.
Barrientos forma parte de la Red de Comités Migrantes y
Familiares de Honduras, que estima en 800 los hondureños
que desaparecieron en la última década en la ruta desde
ese país hacia México.
Edith Zavala, secretaria ejecutiva del
Foro Nacional del Migrante de Honduras, dijo a IPS que las
desapariciones vienen en aumento desde 2008, junto con los
secuestros y las extorsiones. "Desde esa fecha para acá,
Los Zetas y otros grupos han recrudecido sus acciones",
señaló.
Las desapariciones y muertes en la ruta
que pasa por los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca,
Veracruz y Tamaulipas, entre el sudeste y el noreste
mexicanos, llevaron a los familiares de las víctimas a
organizarse y articular esfuerzos para buscar a sus seres
queridos.
"Justo ahora vamos a comparar el
ADN (ácido desoxirribonucleico) de 500 restos en el condado
de Pima, Arizona (en el sudoeste de Estados Unidos), con
familiares que buscan a sus seres queridos", dijo a IPS
Lucy de Acevedo, del salvadoreño Comité de Familiares de
Migrantes Fallecidos y Desaparecidos.
Este grupo de madres, esposas y demás
familiares de víctimas, nació en 2006 y hasta ahora
investiga 304 casos, "aunque sabemos que son muchos más",
reconoció De Acevedo.
Ella se unió al comité porque había
perdido a su hermano, José Contreras, de 19 años,
asesinado el 1 de junio de 2000 en Tapachula, un municipio
del sur mexicano, cuando se encaminaba a Estados Unidos.
El comité organiza caminatas a México,
como la de febrero de 2009 a Chiapas y Oaxaca, para
denunciar los asaltos, secuestros y asesinatos contra miles
de inmigrantes indocumentados.
El sacerdote Mauro Verzeletti,
secretario adjunto de la Pastoral de Movilidad Humana en
Guatemala, dijo a IPS que si los gobiernos no atienden las
migraciones, estas aumentarán, pues "desde 1998 no
hemos superado las secuelas de grandes desastres naturales
como (los ciclones) Mitch, Stan y Agatha", que
agudizaron más la pobreza.
Y así los ciudadanos siguen
arriesgando la vida al viajar sin papeles a Estados Unidos.
Flora Reynosa, defensora de la población desarraigada de
Guatemala, dijo a IPS que este año han recibido ocho
denuncias de desaparecidos.
Pero muchos no denuncian por temor a
represalias. "Hace poco secuestraron al hermano de un
deportado y nos pidieron que por favor no lo diéramos a
conocer", dijo.
Y es que la ruta del migrante se ha
convertido en un extenso cementerio al que sólo le faltan lápidas
y epitafios. El sacerdote mexicano Luis Nieto, fundador de
la organización no gubernamental Nuestros Lazos de Sangre,
lo sabe bien, pues desde hace una década guarda información
sobre fallecidos y desaparecidos en camino a Estados Unidos.
"Denunciamos la desaparición de
centroamericanos desde hace años y entregamos la información
a las autoridades, pero no hemos obtenido respuesta",
dijo a IPS.
Nieto lleva un listado de 682 salvadoreños
y 518 hondureños que se esfumaron en algún lugar del
territorio mexicano, y que atesora con celo.
De hecho, los defensores de los
indocumentados sospechan que hay cementerios clandestinos en
Tabasco y Veracruz, ideales para ocultar cuerpos en sus
selvas densas. Junto con Tamaulipas, son los principales
escenarios de secuestros de inmigrantes.
Unos 500.000 latinoamericanos cruzan el
territorio mexicano sin permiso cada año, indican cifras
oficiales y estimaciones no gubernamentales.
Las reacciones ciudadanas se multiplican
El Comité Promotor del Tribunal
Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento,
que enjuiciará en forma simbólica en noviembre a varios
Estados por violar derechos de los inmigrantes, planea un
proyecto de búsqueda de desaparecidos, en alianza con
asociaciones de familiares de América Central.
Las sesiones se realizarán en el marco
del Foro Mundial Alternativo de los Pueblos en Movimiento,
que se celebrará entre el 4 y el 8 de noviembre en Ciudad
de México.
(*) Con aportes de Emilio Godoy
(Ciudad de México) y Thelma Mejía (Tegucigalpa).
Veinte
mil inmigrantes secuestrados
cada año
La verdad sobre la masacre de
Tamaulipas
Por Gennaro Carotenuto (*)
Prensaindigena.org.mx, 04/09/10
En relación con la masacre de 72
inmigrantes en Tamaulipas, donde fueron asesinados poco
después el juez encargado de la investigación y el alcalde
de Hidalgo, el complejo desinformativo mundial ha querido
hacer creer que las víctimas habían sido reclutadas por
los narcotraficantes o se habían intentado vender mejor a
los cárteles, o tal vez se habían negado a que los
contratasen como sicarios.
Es una interpretación carente de
fundamento, calumniosa y racista, que quiere ocultar la
verdad de la explotación hasta el último centavo de la
vida de los 600.000 inmigrantes del Centro y Sur del
continente americano que cada año se atreven a atravesar
todo México. La realidad es que estos inmigrantes son víctimas
constantes de extorsiones, acosos, violaciones y amenazas,
incluso antes de emprender la travesía del desierto –el
muro construido por George Bush–, de ser víctimas de las
patrullas de minutemen, –milicias armadas de anglos
estadounidenses–, de las leyes raciales de Estados como
Arizona y de tantos otros azares en su búsqueda de trabajo
en Estados Unidos. Para el sacerdote católico Alejandro
Solalinde, los cachucos (sucios centroamericanos, en la
jerga) desde el momento en que salen de su país “dejan de
ser personas y se convierten en mercancía, en una mina de
oro tanto para las mafias como para las autoridades.”
Los principales medios de prensa los
presentan como mano de obra criminal de bajo costo
disponible para el narcotraficante, desecho de la sociedad,
indeseables, cómplices si no miembros ellos mismos de las
mafias, y por lo tanto sin derechos ni dignidad humana.
Contra ellos dirigirán ahora aviones no tripulados –drones–
que no conseguirán detener la entrada siquiera de un gramo
de cocaína, pero que ayudarán a echar en brazos de la
delincuencia a los inmigrantes, que en realidad son víctimas
de una auténtica emergencia humanitaria a la que los
gobiernos de Calderón y Obama deberían hacer frente.
Los inmigrantes son un negocio de 3.000
millones de dólares al año que se reparten los cárteles
criminales y las fuerzas de policía corruptas, tanto de
EE.UU. como de México. Para pasar al otro lado pagan entre
4.000 y 15.000 dólares. A menudo es sólo el principio del
martirio que conduce al sueño americano, ya alcanzado (además
de decenas de millones de mexicanos) por un millón de
hondureños, dos millones de salvadoreños y tres millones
de guatemaltecos, que envían a sus familias en sus países
de origen alrededor de 10.000 millones de dólares anuales
en remesas de efectivo.
Para monseñor Felipe Arizmendi
Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas,
por lo menos dos tercios de los inmigrantes, una vez en México,
sufren extorsiones o robos, y uno de cada diez es víctima
de violación durante el viaje. Cerca de una quinta parte es
detenida y enviada de regreso. Se trata de un número en
disminución, por cuanto los que interceptan a los
inmigrantes prefieren exprimirlos a enviarlos a sus países.
La situación ha empeorado sin cesar en el último decenio,
con la violenta campaña contra los inmigrantes que condujo
a George Bush a la construcción del muro en la frontera
entre EE.UU. y México, que pronto se complementará con un
muro doble en la frontera entre México y Guatemala. Las
medidas adoptadas para detener la emigración, como en otras
fronteras entre el Sur y Norte, lejos de impedir el tráfico
de seres humanos, no hacen más que aumentar el precio,
hacer el negocio más lucrativo y poner más en riesgo la
vida de los inmigrantes.
Cada año, según estadísticas
oficiales, al menos 20.000 inmigrantes acaban siendo
secuestrados por los cárteles criminales y obligados a
pagar, además del precio del cruce de la frontera, rescates
de entre 1.000 y 5.000 dólares cada uno, y a ser objeto de
comercio entre los cárteles, como si fueran paquetes, o ser
asesinados como rehenes para inducir a otros a pagar.
Según Jorge Bustamante, relator
especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
México es sin duda el país donde se cometen las más
graves violaciones de derechos humanos del continente, entre
el vergonzoso silencio de los medios de comunicación,
siempre listos para escribir páginas de condena a los
gobiernos integracionistas, pero siempre silenciosos
respecto al infierno mexicano.
En 2009, la CNDH publicó un volumen
titulado “Bienvenidos al infierno de los secuestros”, en
el que denunciaba el maltrato a los inmigrantes
centroamericanos, y recogía innumerables testimonios
relativos a la implicación de las autoridades mexicanas en
los secuestros mismos.
En el informe se describen las características
de los secuestros. El inmigrante suele ser detenido por la
policía y vendido a las organizaciones delictivas, que lo
conducen a lugares aislados, como la finca de San Fernando
donde ocurrió la masacre en Tamaulipas. Aquí empiezan las
palizas, el acoso, las violaciones y las torturas. El
objetivo es obtener los números de teléfono de los
familiares que permitan obtener rescates exorbitantes de los
inmigrantes, casi todos muy pobres. En general, quién no
puede pagar es asesinado.
La masacre de Tamaulipas se enmarca en
este atroz contexto de 20.000 secuestros al año. Setenta y
dos inmigrantes que probablemente no podían pagar fueron
fusilados como en las masacres nazis. Lo hemos sabido sólo
porque Freddy Lala, un joven ecuatoriano de 18 años,
consiguió sobrevivir y dar la alarma, después de caminar
durante más de 20 kilómetros con una bala en el cuello. O
quizá fuera que, como en tiempos del Plan Cóndor o el
genocidio de Guatemala, le permitieran sobrevivir para que
contase la historia e indujese más terror. Los inmigrantes
son víctimas, no cómplices.
(*) Gennaro Carotenuto,
licenciado y doctor en Historia, enseña Historia del
Periodismo en la Universidad de Macerata (Italia). Estudioso
de la política internacional, los regímenes dictatoriales
y la Historia Contemporánea de América Latina, enseña
también Geopolítica e Historia Oral en la misma
universidad, y ha sido profesor invitado en la Universidad
de Montevideo (Uruguay). En 2005 publicó Franco e Mussolini,
la guerra vista dal Mediterraneo, Milán, y en 2007 fue
editor del cuarto volumen de Storia e comunicazione. Un
rapporto in evoluzione, EUM.
Tamaulipas, el agujero negro de México
Por Daniela Pastrana
Inter Press Service (IPS), 31/08/10
México.– Tamaulipas se ha convertido
en el hoyo negro del crimen organizado en México. Hay poco
registro de la acelerada desintegración social que vive ese
estado fronterizo desde hace seis meses, pues la prensa
local está totalmente silenciada.
"No tenemos opción, simplemente
no tenemos opción", dijo a IPS, vía telefónica, el
corresponsal de un periódico nacional que pidió reservar
su identidad. Como otros, este periodista se negó a enviar
a su diario información sobre el asesinato del alcalde de
Hidalgo, un pequeño municipio vecino de Ciudad Victoria,
capital del estado situado en el extremo nororiental de México.
El alcalde, Marco Antonio Leal García,
fue emboscado y asesinado el domingo 29 en la tarde, cuando
viajaba en automóvil con su hija de 10 años, que resultó
herida en las piernas. Apenas el 13 de agosto había sido
muerto su antecesor en la alcaldía, Cesáreo Rocha
Villanueva.
El lunes 30, los diarios de Ciudad
Victoria publicaron esquelas del alcalde asesinado, pero no
la noticia de su muerte, debido a que todas las redacciones
fueron amenazadas, supuestamente por grupos del crimen
organizado.
Tamaulipas es un estado fronterizo de
algo más de tres millones de habitantes, con una superficie
equivalente a los territorios sumados de El Salvador y Costa
Rica. Comparte una extensa frontera con Texas y tiene uno de
los principales puertos sobre el Golfo de México, Tampico.
En esa zona del noreste operan el
narcotraficante Cartel del Golfo ––que controla las
ciudades fronterizas–– y una violenta organización
conocida como Los Zetas, formada por militares desertores
que habían sido entrenados en técnicas de combate y
contrainsurgencia por la estadounidense Agencia Central de
Inteligencia (CIA).
"Los Zetas originales comenzaron
ejecutando blancos selectos con eficiencia militar y economía
de balas", dijo a IPS Jorge Luis Sierra, periodista
especializado en seguridad y militarización.
"Pero después comenzaron los
excesos, y ahora Los Zetas ya no son los viejos soldados
desertores, sino unidades que mezclan civiles, policías, ex
militares y sicarios de otras bandas, que practican tres
estrategias juntas: actúan como narcos, como terroristas y
como guerrilleros al mismo tiempo", agregó.
Al asesinato del alcalde Leal García
lo precedió un fin de semana muy violento, con explosiones
en las ciudades de Reynosa y Tampico y el estallido de un
coche bomba frente a las instalaciones del canal Televisa
Victoria, que el viernes 27 amaneció con su señal apagada.
El domingo se produjo un enfrentamiento
de más de nueve horas entre militares y delincuentes en la
región del río Pánuco, límite sur de Tamaulipas, que fue
registrado por usuarios de la red social Twitter.
Pero no son los únicos casos, ni los
peores. Seis días antes de las elecciones de julio, fue
asesinado del candidato favorito a gobernador del estado,
Rodolfo Torre Cantú, del Partido Revolucionario
Institucional. Y apenas la semana pasada, efectivos de la
marina de guerra encontraron en un rancho del municipio de
San Fernando los cuerpos de 72 inmigrantes masacrados,
presumiblemente, por haberse negado a trabajar para Los
Zetas.
Del asesinato de los inmigrantes
"hay varias lecturas: una es que Los Zetas son el grupo
más brutal y violento que hemos conocido; dos, que es
posible que hayan sido detectados, y mataron a todos antes
de irse del lugar, y tres, que otro grupo haya cometido la
acción y se la haya atribuido a Los Zetas para
exterminarlos de la zona", conjeturó Sierra.
Los Zetas, explicó, nunca reivindican
sus acciones. Su "política comunicacional" es el
acto mismo. En cambio, sus enemigos están empleando tácticas
de guerra psicológica, como los coches bomba. En este
sentido, "matar a 72 inmigrantes y atribuirlo a Los
Zetas puede ser un acto de propaganda y formar parte de una
estrategia de guerra psicológica", dijo.
Como sea, Los Zetas encontraron años
atrás una mina de oro en el secuestro de indocumentados.
Según estimaciones basadas en datos
oficiales y de organizaciones no gubernamentales, unas
500.000 personas de América Central y del Sur cruzan por año
este país sin permiso. Y más de 10.000 fueron secuestradas
en los seis meses transcurridos entre septiembre de 2009 y
febrero de este año, de acuerdo con la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH).
Estas personas son extorsionadas y
puestas en el dilema de incorporarse a las filas de Los
Zetas o pagar por su liberación y continuar su camino a
Estados Unidos.
La CNDH asegura que cada mes son
secuestrados unos 1.600 inmigrantes.
En la inauguración de un foro sobre
trata de personas en Ciudad de México, la diputada federal
Rosi Orozco aseguró que el mercado de este delito
representa una de las tres principales fuentes de ingresos
para el crimen organizado y "ha crecido en la mayor
parte de los estados, convirtiéndose en un tema de
seguridad nacional".
Aunque esto ocurre en todo el país, se
recrudece en la "frontera chica" de Tamaulipas,
una faja de municipios en el noroeste del estado que es
clave para el tráfico de drogas y donde disputan el Cartel
del Golfo y Los Zetas, a los que se sumó recientemente
––según testimonios de habitantes–– el Cartel de
Sinaloa, que lidera "El Chapo" Joaquín Guzmán
Loera.
"Hay una deficiencia asombrosa de
inteligencia" en todo el aparato de seguridad,
"sobre todo si consideramos que éste no fue el primer
caso de secuestro masivo de indocumentados", cuestionó
Sierra. "¿Cómo es posible que el crimen organizado
haya secuestrado y asesinado a 72 inmigrantes sin que lo
haya detectado inteligencia militar?".
El peor de los escenarios es que esos
territorios de ingobernabilidad se amplíen más y alcancen
"puntos estratégicos: instalaciones petroleras, áreas
financieras, oficinas de gobierno, grandes concentraciones
de personas", dijo. Nada de eso está descartado.
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