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La
guerra que el Estado chileno declaró al pueblo mapuche hace
150 años aún
no ha terminado
La
imposible domesticación del pueblo mapuche
Por
Raúl Zibechi (*)
La Jornada, 10/09/10
 La
guerra que el Estado chileno declaró al pueblo mapuche hace
150 años aún no ha terminado. La república criolla que el
18 de septiembre celebra su bicentenario lanzó en 1861 una
guerra de exterminio contra todo un pueblo, que se extendió
hasta 1883. La ocupación militar de la Araucania, el
territorio al sur del Bio Bio, terminó con 260 años de
autonomía mapuche que debió aceptar la corona española
por conducto del Parlamento de Quilín, el 6 de enero de
1641, que reconoció la frontera y la independencia de hecho
del pueblo mapuche.
Tras la
ocupación de la Araucania los mapuches fueron confinados en
reducciones, perdieron los 10 millones de hectáreas que
controlaban y fueron convertidos en agricultores pobres
forzados a cambiar sus costumbres, formas de producción y
normas jurídicas. La dictadura del general Pinochet
profundizó el despojo. Si en 1960 cada familia mapuche tenía
un promedio de 9.2 hectáreas, al terminar la dictadura le
correspondían poco más de 5. El broche final lo puso la
democracia por medio del avance de las grandes empresas
forestales y la construcción de hidroeléctricas: en la
actualidad cada familia mapuche cuenta con sólo 3 hectáreas.
En efecto,
el conjunto de las tierras mapuches no llega a 500 mil hectáreas,
donde viven unos 250 mil comuneros en unas 2 mil reservas
que son islotes en un mar de pinos y eucaliptos. Las
familias indígenas tienen la mitad de ingresos que las no
indígenas; sólo 41 por ciento de las viviendas mapuches
tiene alcantarillado y 65 por ciento electricidad. La
mortalidad infantil en algunos municipios indígenas supera
en 50 por ciento a la media nacional. Cuando pretenden
recuperar sus tierras, o sea su dignidad, se les aplica la
ley antiterrorista (Ley 18.314, de 1984) sancionada por
Pinochet.
La huelga
de hambre de 32 presos mapuches iniciada hace 60 días se
inscribe en esta larga guerra del Estado contra un pueblo.
Exigen que no se les aplique la ley antiterrorista, el fin
del doble procesamiento (ya que muchos presos son sometidos
a la justicia militar y a la civil), que no se utilicen
testigos encapuchados que restringen la defensa y que se
ponga fin a la militarización del territorio mapuche.
El Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un informe,
el 18 de mayo de 2007, en el que señala que la definición
de terrorismo en la ley chilena podría resultar demasiado
amplia y ha permitido que miembros de la comunidad hayan
sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda
social. Agrega que la aplicación de esa ley se presta a
arbitrariedades y discriminaciones, ya que en Chile se ha
aplicado mayoritariamente para la persecución penal de
mapuches.
Por otro
lado, la ley antiterrorista sólo se aplica al pueblo
mapuche. Si las organizaciones mapuches queman un camión de
una empresa forestal, son acusados de terrorismo. Sin
embargo, cuando trabajadores en huelga queman un autobús,
como ha sucedido en reiteradas ocasiones, se les aplica la
legislación civil. Para el abogado de derechos humanos Hernán
Montealegre, esto se debe a que los propietarios de tierras
tienen mucha influencia en los gobiernos (El Mostrador, 3 de
septiembre de 2010).
Es la
justicia del colonizador, como señala el politólogo
mapuche José Marimán. Chile sanciona a los mapuches con
leyes que no aplica a otros ciudadanos, dándoles a ellos el
trato de seres de segunda categoría o colonizados. A los
mapuches se los tortura con total impunidad, incluyendo a niños
y ancianos, se los ha acusado con base en montajes falsos,
sin que nadie los desagravie cuando se prueba la falsedad de
las acusaciones, y algunos son juzgados por tribunales
militares y civiles a la vez (doble juicio), por delitos
similares a los que cometen chilenos protestando por otras
razones, como es tirar piedras o escupitajos a los policías
y sus carros de combate (El Quinto Poder, 7 de septiembre de
2010).
La maniobra
más reciente es el intento de aplicar el Convenio 169 de la
OIT, que establece los derechos colectivos, pero de forma
inconsulta y vaciados de contenido, de modo de reconocer
formalmente la existencia de pueblos indígenas pero sin
incluir los derechos y potestades que les corresponden. El
gobierno de Sebastián Piñera, auxiliado por la Concertación,
no quiere que la resistencia mapuche empañe los festejos
del bicentenario y busca destrabar la huelga de hambre que,
luego de semanas de aislamiento mediático, comienza a
romper el cerco.
 No
será posible, pese a la represión y la cooptación,
doblegar al pueblo mapuche. Tres razones de fondo lo
impiden. La primera es la propia historia y cosmovisión
mapuche. En Wallmapu no se desarrolló una sociedad indígena
de tipo estatal, como sucedió en los Andes y Mesoamérica,
escribe el historiador Pablo Marimán Quemendo. Los
colonizadores, al incorporar por la fuerza a una sociedad
indígena de tipo horizontal, matriarcal y segmental como la
mapuche, abrieron una situación compleja de abordar hasta
el día de hoy. Mundos tan diferentes sólo pueden convivir
reconociéndose.
A esta
honda brecha cultural, económica y política se suma una
segunda escisión de carácter colonial: Se nos habla de
igualdad, fraternidad y libertad, pero se nos trata como
indios vencidos, ciudadanos de segunda clase que se les hace
víctimas de políticas racistas, señala Marimán. En
tercer lugar, el modelo neoliberal ha empujado a amplios
sectores no mapuches a experimentar formas de vida y de
exclusión similares a las que sufre ese pueblo. Los ha
convertido en sus aliados potenciales, en particular a los jóvenes
de las ciudades que sufren el triple cerco de la pobreza, la
represión y las políticas sociales discriminadoras.
El pueblo
mapuche no fue vencido por la guerra de exterminio, ni por
la dictadura, ni por la democracia progresista que combinó
represión con soborno. Acosados por el Estado, despreciados
por las izquierdas electoreras, vuelven a poner el cuerpo
para sensibilizar a los de abajo, mapuches y blancos, para
seguir viviendo, para seguir siendo pueblo.
(*)
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario
“Brecha” de Montevideo, docente e investigador sobre
movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América
Latina, y asesor de varios grupos sociales.
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