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Paro
general
Un
manoseo burocrático de los aparatos sindicales
Colectivo
Militante, 23/09/10
Recién el
martes 28 sabremos cómo se hace. Y si se hace. La resolución
de la Mesa Representativa del PIT–CNT (8–9–2010) de
realizar un Paro General de 24 horas el 6/7 de octubre entró,
por decir lo menos, en un “impasse”. Solamente alguien
muy distraído – o ignorante del funcionamiento cupular y
antidemocrático de la central sindical –, podría
sorprenderse por esta vuelta de tuerca.
El bloque
mayoritario del PIT–CNT, esto es, el brazo sindical del
partido de gobierno, decidió barajar y dar de nuevo. Las
afinidades políticas, programáticas y estratégicas – en
torno del “proyecto progresista” presidido por “el
compañero Mujica” –, inclinaron la balanza por encima
de las diferencias “metodológicas”. Porque en lo
esencial coinciden. De allí que las corrientes que
hegemonizan la dirección de la central sindical (Articulación,
Partido Comunista, Partido Socialista, Movimiento de
Participación Popular) hayan decidido volver a las
componendas. Poniendo fin al simulacro.
Atenuada la
“crisis por crecimiento” en aras de la “unidad” (frenteamplista),
este bloque afina la puntería. Centra la discusión en dos
opciones: mantener el paro de 24 horas o cambiarlo por uno
de 12 horas. Para ambos casos esgrimen el mismo argumento:
“garantizar la más amplia movilización”, porque –
según la mayoría de Secretariado del PIT–CNT – esto no
se logra “con un feriado a secas”. Por una vez dicen la
verdad, porque siempre concibieron la medida de Paro General
como un “feriado” y no como una jornada de lucha activa.
Hasta el “combativo” Marcelo Abdala – referente del
Partido Comunista y votante del Paro General en la Mesa
Representativa del 8 de setiembre – se ha manifestado a
favor de la segunda opción “si la idea es priorizar la
movilización”. (Últimas Noticias, 22–9–10) La
coartada, para justificar la voltereta, provino de las críticas
de varios sindicatos respecto al horario del paro y a las
“dificultades para instrumentarlo”. El asunto le calzó
justo al bloque mayoritario para “reabrir la discusión”
sobre la “efectividad” de los paros generales.
Lo cierto,
en todo caso, es que en esta puja burocrática, la medida
del Paro General como instrumento de lucha de los
trabajadores, ha sido manoseada (y desacreditada) por los
aparatos sindicales que responden al gobierno. Con ello, se
busca desactivar la incipiente reacción – defensiva y
fragmentada – de los trabajadores sindicalizados,
expresada en innumerables conflictos, huelgas, ocupaciones,
marchas, etc.
Una vez más,
queda en evidencia el verdadero rol de estas estructuras
sindicales burocráticas. Su asociación al “proyecto
progresista” – que asegura la reproducción del orden
capitalista –, le impone como moneda de cambio, una
estrategia desorganizadora de las movilizaciones y de las
luchas. El objetivo de este bloque mayoritario está muy
claro: impedir la extensión y, eventualmente, la
radicalización de la protesta y la resistencia social. Y,
sobre todo, desestimular cualquier movimiento “en contra
del gobierno”. Para ello, no descartará ningún medio, ni
siquiera los directamente gansteriles. Alcanzaría con
preguntarles a las compañeras de Rilloman en Salto.
Esto nos
conduce a una cuestión que, de tanto en tanto, se cruza
bajo la forma discusión “táctica”. Los matices y hasta
las zancadillas que se dan en el bloque mayoritario no deben
confundirse con divergencias estratégicas. Los contrastes
de color nunca ponen en tela de juicio los acuerdos políticos
de fondo. Es en este marco, que los falaces “giros a la
izquierda”, del Partido Comunista algunas veces, del MPP
otras veces, nada tiene que ver con una hipotética ruptura
de los compromisos programáticos e institucionales
asumidos. Porque este bloque mayoritario es parte integral
del “proyecto progresista”.
Para
Richard Reed, sindicalista–empresario de la Articulación,
“en el PIT–CNT es el único donde se discute en
profundidad”. (El País, 19–910). Una payasada. Porque
en toda esta discusión, las bases no han tenido ninguna
participación activa. Como mucho, los casi 300.000
afiliados al PIT–CNT, deben conformarse con sentirse
“representados” por sus delegados. O enterarse a través
de la prensa sobre dichos y polémicas de sus dirigentes.
Salvo contadísimas excepciones, no hay asambleas por
centros de trabajo, ni discusión política, ni propuestas
de vincular la lucha del “movimiento obrero organizado”
con las necesidades del conjunto de los asalariados, de los
desempleados, de los precarizados.
Apenas el
esfuerzo de la “Carpa de la Dignidad” – que apoyan
algunos sindicatos y centros estudiantiles – intenta
romper con esta fragmentación. Socializando la información,
promoviendo el debate militante y generando una discusión
política sobre los principales problemas que afectan a la
clase trabajadora. Por ejemplo: explicando la “austeridad
presupuestaria” y su relación con el pago de la
fraudulenta deuda externa pública; analizando la tramposa
“reforma del Estado” que el gobierno empieza a aplicar;
denunciando la impunidad del terrorismo de Estado.
¿Cuál
“redistribución de la riqueza”?
En medio de
las idas y venidas, el encargado de prensa del PIT–CNT,
Gustavo Signorele, anunció que el paro parcial del 30 de
setiembre se mantiene tal cual estaba previsto. Que será
una instancia “preparatoria” del Paro General, acompañada
de 20 o 30 concentraciones en todo Montevideo. El anuncio
podría entusiasmar. Si no proviniera de un burócrata. Y si
omitiéramos que, a continuación, adelanta la consigna del
Paro General: “la redistribución de la riqueza”,
relacionada a “la instalación de los consejos de salarios
y con el presupuesto para los trabajadores públicos”.
(Montevideo Portal, 22–9–10)
Casi seis años
después de la llegada del Frente Amplio al gobierno, su
brazo sindical reclama “la redistribución de la
riqueza”. Una vergüenza. Mucho peor, si consideramos que
el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), entre
2005–2009 (55% acumulado) permitía por lo menos comenzar
a “redistribuir la riqueza”, vale decir, repartir en
dirección de los asalariados y asalariadas. No obstante,
casi el 50% de ese PBI acumulado fue a parar a los bolsillos
de las “rentas de capital”. O sea: hacer más ricos a
los ricos. Ensanchando la brecha de la desigualdad social.
Al punto que la participación de la masa salarial en el
conjunto del PBI sigue en caída libre y se ubica hoy en
apenas un 24%.
El propio
Instituto Cuesta–Duarte del PIT–CNT da cuenta que más
de 620.000 trabajadores (de un total de 1.557.200 ocupados),
“perciben remuneraciones mensuales por debajo de los 9.600
pesos nominales”, y que “más de 485.000 no aportan ni
tienen derecho a la seguridad social, lo que implica que
carecerán de derecho a una jubilación al momento de su
retiro, no poseen cobertura integral de salud para ellos y
su núcleo familiar, y en su mayoría no tienen protección
ante la posibilidad de enfermarse o padecer un accidente”.
(Informe de Coyuntura, segundo semestre de 2010).
Mientras el
gobierno y las empresas “consultoras” de los patrones,
se ufanan de un “mercado laboral creciente” que explicaría
la caída del desempleo a “cifras históricas” (8%), y
resaltan las virtudes de la inversión privada, otros
indicadores desentrañan la cruda realidad. El salario
mensual de más de la mitad de los 250.000 nuevos puestos de
trabajo creados en los últimos cinco años y medio, no
supera los ¡6.600 pesos! El desempleo juvenil (personas
menores de 25 años) alcanza el 25%; y entre las mujeres
supera el 11%.
Ni siquiera
la tan publicitada “disminución de la pobreza y la
indigencia”, puede cubrir el manto de una crisis
socio–económica aplastante. Lo describe la propia CEPAL,
cuando informa que “por cada adulto hay tres niños en la
pobreza”. Presentando a Uruguay como “uno de los países
donde el fenómeno de la pobreza entre los menores de 15 años
está más arraigado con mayor gravedad”. (CEPAL, Panorama
Social de América Latina 2009). ¿Alguien puede pensar que
con estas cifras no se siga reproduciendo el “flagelo”
de los “jóvenes infractores”?
Se podría
seguir dando números. Hasta completar una completa tomografía
de cómo la crisis socio–económica golpea sobre las
condiciones de vida de cientos de miles de personas. Empujándolas
hacia los barrios de “contexto crítico”, recluyéndolas
en las periferias de la marginación. Bastaría con
mencionar el último relevamiento sobre “asentamientos
irregulares”: el número de personas que viven en esta
situación llegó a 255.958, “lo que es una señal de la
consolidación de la pobreza”. (Ong “Un Techo para mi país”,
julio 2010).
¡Seis años
después! Todo un balance de gestión. Tanto del gobierno,
como de aquellos que se dicen “representantes” de los
intereses y las necesidades de la clase trabajadora. Las
condiciones de vida de la mayoría de esa clase trabajadora
prueban – más allá de las piruetas estadísticas – que
la gestión gubernamental de neo–estalinistas, socialdemócratas,
y ex guerrilleros (hoy reciclados como funcionarios de
Estado), no ha hecho otra cosa que garantizar la acumulación
de capital en detrimento del ingreso de los asalariados y
asalariadas. Dicho de otra manera: que el “modelo
progresista” nada tiene de distributivo.
Plataforma
de lucha
El bloque
mayoritario del Secretariado del PIT–CNT no ha descartado
la realización del Paro General de 24 horas. Medirá costos
y ganancias. La presión de una parte de su base social, será
puesta en uno de los platillos de la balanza. Sus intereses
específicos (políticos y materiales) como capa social, en
el otro platillo. En última instancia, el cómo se hace el
Paro General, que se proclama y que se demanda, es parte de
la negociación. Por lo pronto, las “discretas
presiones” de los operadores de Mujica surtieron efecto,
igual que las promesas por debajo de la mesa. La mayoría
del Secretariado del PIT–CNT asegura una cuestión clave:
que los paros y movilizaciones, sea cual fuere la modalidad
con que realicen, no serán “contra el gobierno”.
Algunos
dirigentes de COFE y ADEOM, impulsores entre otros
sindicatos de la resolución del Paro General de 24 horas,
parecen adaptarse a esta lógica: “no es contra el
gobierno sino por la plataforma”, han dicho. Una
plataforma que, hasta el momento, no está definida, fuera
de las demandas sectoriales, especialmente de los públicos.
Si finalmente, la consigna del Paro General se reduce a la
inocua “redistribución de la riqueza”, el brazo
sindical del gobierno se habrá anotado un punto a favor.
Además de pasar a controlar la realización de la medida y
de garantizar con sus “métodos”, las movilizaciones
programadas.
El desafío
para el sindicalismo de clase, combativo, va mucho más que
un discurso “radical” o una diferenciación “metodológica.
Es necesaria una delimitación estratégica y, por
consiguiente, programática. Lo que quiere decir construir
una verdadera alternativa de dirección clasista en el
triple sentido del término: antiburocrática,
antigubernamental y anticapitalista. En eso consiste,
finalmente, la independencia política y de clase.
Para ello,
dos cuestiones deberían estar claras. 1) Ninguna ilusión
en el “frente único” con fuerzas que se colocan, como
el Partido Comunista, en el campo del “gobierno en
disputa” (algo así como que existiría una “contradicción”
entre las políticas sociales “protectoras” y las políticas
macro–económicas “conservadoras”). Estas fuerzas
“criticas”, defienden, al igual que la “derecha” del
Frente Amplio, el programa y la estrategia de
“gobernabilidad” del orden capitalista; 2) Que no se
trata de “democratizar” una estructura burocratizada,
como la del PIT–CNT, “ganando espacios” en el marco de
la “unidad” de una central que, en los hechos, actúa
como una corporación más de las relaciones institucionales
del Estado.
En tal
sentido, coincidimos con el compañero Fernando Charamello
de la Tendencia Clasista y Combativa y militante de la lista
3 del Sindicato de Artes Gráficas cuando afirma que la
“unidad” que existe en el movimiento sindical uruguayo
es una “ficción”; que “hay un ruptura política entre
las corrientes clasistas y la mayoría del PIT–CNT, por el
abandono de estos, de la lucha por una sociedad sin
explotación”. En este cuadro, “esta ruptura en lo político
pone objetivamente en tela de juicio la actual ‘unidad’
orgánica ya que con tales diferencias no hay estructura que
aguante y eso trasciende cualquier intención
‘rupturista’ o ‘unitaria`”. (Documento “La unidad.
Una herramienta para potenciar la lucha, o un fetiche para
aplastarla”).
Las
conclusiones parecen desprenderse “lógicamente”.
Levantar agrupaciones clasistas, construir coordinaciones
permanentes, tomar iniciativas comunes y organizar campañas
comunes. Avanzar, en definitiva, en un proceso de disputa de
las relaciones de fuerzas en el movimiento sindical, para
trascender el eterno (y paralizante) dilema de estar
“afuera” o “adentro” de las estructuras actuales.
Estas
“tareas”, obligan a desarrollar una práctica de
absoluta autonomía respecto a la agenda y a las decisiones
que emanan del bloque mayoritario del PIT–CNT.
Un primer
paso, sería acordar una plataforma de lucha común para
intervenir en este Paro General que se programa, cualquiera
sea su modalidad. Discutirla y hacerla visible en los
centros de trabajo. Proponiendo una plataforma de demandas
en relación a las necesidades sociales básicas y que,
realmente, apunten a la “redistribución de la riqueza”.
Obviamente, se trata de una plataforma “contra el
gobierno” y su programa económico certificado por el FMI
y el Banco Mundial. Una plataforma, en fin, que vaya
esbozando un Plan de Lucha de mayor alcance.
Por
ejemplo: Aumentos de salarios superiores al alza del costo
de vida; Congelamiento de precios, alquileres y tarifas públicas;
Salario mínimo nacional de 18.000 pesos (equivalente a
media canasta familiar); Prohibición de despidos y envíos
al seguro de paro; Eliminación del IVA para los productos
de la canasta familiar, alquileres y tarifas públicas;
Eliminación del IRPF, en contra del impuesto a los salarios
y jubilaciones; Aumento del presupuesto de la enseñanza al
6% del PBI; Un impuesto a las ganancias empresariales y las
transferencias financieras para destinarlo a la salud pública
y a la construcción de viviendas populares; Exigir la
Anulación de la Deuda Externa Pública y, mientras tanto,
suspender el pago de los intereses y amortizaciones a los
“acreedores”, utilizando ese monto colosal de dinero
para subvencionar obras de infraestructura y proyectos
sociales y culturales.
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