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Los
cuatro conflictos sociales más urgentes
que deberá resolver el próximo gobierno
La
herencia de Alan García
Por
Nicola Torriti Zolezzi
IPYS – Infos, 31/05/11
Al iniciar su
segundo gobierno en el 2006, Alan García recibió un
promedio de 84 conflictos sociales a resolver. A dos meses
de dejar el poder, su gestión los triplicó: son 251 los
conflictos que este 28 de julio le endosará al siguiente
gobierno, la mayoría por oposición a la abierta política
de concesiones e inversiones mineras a lo largo y ancho del
Perú. Infos presenta los cuatro más urgentes que el próximo
presidente deberá atender.
El gobierno
del presidente Alan García mantuvo el buen ritmo de la
economía. Sin embargo, para muchos, los resultados
electorales de la primera vuelta, apoyando una opción que
predica el cambio, demostraron que una buena parte de la
población está lejos del 7.2% promedio de crecimiento
anual.
El sondeo de
la Defensoría del Pueblo aporta una prueba más del
descontento social, se trata de la triplicación del número
de conflictos sociales en todo el país: de los 84
registrados en julio del 2006 cuando García asumió el
gobierno, a los 251 registrados a abril de este año, a
pocos meses de las elecciones generales para el periodo
2011–2016.
Una política
de concesiones que no cumplía con la consulta previa a los
pueblos originarios (convenio 169 de la OIT) y la posición
confrontacional del Gobierno, hecha pública en decretos
como el 982 (inimputabilidad a los miembros de FF.AA. que
maten cumpliendo el deber, como en las protestas) fueron
característica constante de la poca actitud concertadora
del gobierno saliente, y que tuvieron su lado más
personalista en la publicación de los artículos “El síndrome
del perro del hortelano”, del presidente Alan García.
Otro hito del
avasallador ritmo con el que el actual régimen quiso
imponer algunas inversiones son los Decretos de Urgencia 001
y 002, diseñados para ejecutar proyectos de inversión sin
la necesidad de Estudios de Impacto Ambiental Social (EIAS).
Su intención era agilizar los procesos de ejecución de un
total de 33 proyectos, ante lo que la Defensoría del
Pueblo, sin encontrar la urgencia que se imponía, los
consideró “inconstitucionales”.
El conjunto de
estas acciones legales y la abierta política de inversiones
“sí o sí” del actual gobierno no solo triplicó el número
de conflictos sociales durante su quinquenio, sino que, a
puertas de dejar el cargo, le heredará al próximo
mandatario al menos cuatro papas calientes que deberá
resolver. Y son las siguientes:
1. Protesta
anti minera. (Puno)
Boicot,
conspiración, enturbiar, irracional. Estas son palabras
clave con las que algunos medios especulan para entender y
explicar el paro indefinido en Puno. Pero la movilización
aimara en el sur del departamento tiene otros argumentos: no
se respetó el derecho a la consulta previa y por eso los
aimaras del sur de Puno exigen declarar ese territorio libre
de minería, así como la intangibilidad de la zona del Apu
Khapia, monte sagrado, que se encuentra ubicado dentro de un
área concesionada. Sin embargo, las protestas efectivamente
podrían terminar en que la región, donde 53% votó por
Humala en primera vuelta, no vaya a votar este domingo.
El desborde
que hoy vive Puno se veía venir. El próximo presidente
tendrá que lidiar con el departamento considerado el más
conflictivo en el 2010, que, no es casualidad, es el segundo
con más concesiones mineras. Pasó de 852,000 hectáreas
concesionadas en el 2006 a 1.644 millones de hectáreas en
el 2010: un aumento de 279%.
Ollanta Humala,
candidato de Gana Perú, tiene llegada en Puno. De ganar las
elecciones, ¿cómo enfrentaría este conflicto en una de
las regiones donde logra más votos? De ceder al pedido de
la población de la zona sur de la región tendría que
descontar de esta área los ingresos por sobre ganancias
mineras de los que ha hablado a lo largo de su campaña.
Pero hay más, ¿qué pasaría con el extremo norte de Puno?
Allí –zona quechua– la provincia de San Antonio de
Putina tiene el 40.3% de su territorio concesionado y miles
de personas viven directa o indirectamente del mercado de la
minería informal, como en La Rinconada.
En cuanto a
Keiko Fujimori, es sabido que Puno no es su fuerte –obtuvo
13% de los votos en la primera vuelta– y el estilo del
fujimorismo se acerca más a la visión aprista de “El
perro del hortelano” para imponer su visión de mercado,
reflejado en el ingreso de las Fuerzas Armadas a Puno, en
vez de reforzar una Comisión de Alto Nivel cuya capacidad
de diálogo no estaba dando resultados.
Si bien la
protesta es contra cualquier tipo de inversión minera
futura, el caso de Santa Ana llevó a generalizar el reclamo
contra todo el sector: la empresa estaba lista para iniciar
la explotación, pese a que no se había cumplido con el
proceso de consulta previa que se debe solicitar a las
comunidades locales antes de llevar a cabo el Estudio de
Impacto Ambiental.
Los 23 días
de protesta social contra la gran minería en Puno ha
socavado la autoridad del presidente regional Mauricio Rodríguez.
Este fin de semana, la Presidencia del Consejo de Ministros
–reunida en Lima– llegó a un acuerdo con las
autoridades regionales para que se deponga el paro hasta
después de la segunda vuelta. Sin embargo, el presidente
del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona
Sur Walter Aduviri podría desconocer la tregua porque los
acuerdos no solucionarían sus demandas. ¿Quién manda a
quién?
Hace dos
semanas se logró que la zona del Apu Khapia amenazada por
las concesiones fuera declarada por el Estado como
Patrimonio Cultural de la Nación ante el pedido de la
población puneña para proteger al monte tutelar. Ayer se
oficializó el Decreto Supremo Nº 026-2011-EM por el que se
suspende la admisión de petitorios mineros en 4 provincias
de Puno por un periodo de 12 meses. Sin embargo estos
primeros pasos del Ejecutivo no han sido suficientes, y aún
son inciertas las elecciones presidenciales en la región.
De cómo
resuelva el próximo gobierno este conflicto social dependerá
que esta llama prendida no se propague a otras regiones. Son
varias las que tienen múltiples pedidos, con demandas
similares, y que podrían tener en Puno un (mal) ejemplo de
cómo es que el pueblo puede obtener realmente la atención
del Gobierno Central.
2. Proyecto
minero Tía María (Islay, Arequipa)
Aunque la
calma volvió a Islay desde que el ministro de Energía y
Minas, Pedro Sánchez, declaró cancelado el proyecto minero
Tía María, desarrollado por Southern Cooper, ésta al
parecer no tendrá larga vida.
Los US$118
millones que la empresa ya había invertido en el proyecto
hasta el 2009, ha llevado a su directorio a evaluar la
posibilidad de postergar el proyecto hasta el 2013, plazo máximo
que se ha dado la minera para concretar la inversión, y
para el que, de todas maneras, tendrá que renegociar con el
próximo gobierno, a menos que muevan el proyecto a Chile o
Argentina.
Luego de las
constantes protestas durante el año pasado, el 2011 empezó
mal para Tía María: una violenta huelga indefinida en
febrero, con un saldo de tres muertos, terminó por
enturbiar más el proyecto al que la población se oponía
por temor a que sus áreas de cultivo y pastado se vean
afectadas. En el 2009, la empresa había dado a conocer que
el proyecto utilizaría unos siete millones de metros cúbicos
de agua subterránea.
La empresa
aseguró que las comunidades no se verían afectadas pues
eran aguas que nadie utilizaba. Sin embargo, ante la polémica,
el Estudio de Impacto Ambiental Social (EIAS) consideró la
propuesta inicial de los gobiernos locales: desalinizar agua
de mar para que sea usada en sus operaciones. A ello se sumó
la exorbitante suma que el ministro Pedro Sánchez lanzó
para Arequipa: S/. 367 millones anuales por canon minero.
Para
transparentar el proceso, el Ministerio de Energía y Minas
(MINEM) firmó un convenio el 23 de noviembre de 2010 con la
UNOPS, la agencia de las Naciones Unidas encargada de
asesorar, entre otros casos, procesos ambientales. Esto
debido a las protestas registradas ese año por desacuerdos
con el EIAS de la empresa.
Entrampamientos
entre el MINEM y el Ministerio de Economía y Finanzas
impidieron este año que el acuerdo con la UNOPS siga
adelante, al no poder pagar los US$5 millones restantes por
la asesoría. Ante este nuevo tropiezo se reanudaron las
protestas, que volvieron a tener un punto alto el 5 de
abril, sumando una víctima fatal más a la polémica.
El Gobierno
Regional de Arequipa decidió suspender las operaciones del
proyecto Tía María, a lo que siguió la declaración de
nulidad del mismo por parte del Ejecutivo. Sin embargo, el
incremento del precio internacional del cobre, ahora a US$9
onzas cuando Southern Cooper lo había proyectado a US$4,
mantiene latente el interés de la empresa que, calmados los
ánimos, intentaría sacar adelante bajo las condiciones del
próximo gobierno.
3. Proyecto
Hídrico Majes Siguas II. (Cusco y Arequipa)
Un hipotético
gobierno de Keiko Fujimori, tendría en el Proyecto Hídrico
Majes Siguas II su primera piedra, teniendo en cuenta las
duras declaraciones que durante la campaña tuvo sobre el
caso. Fujimori manifestó que lo que existe en la zona es
desinformación y que las protestas son solo “una
manipulación política de radicales que han llevado al
levantamiento a la población”.
El proyecto
planea llevar las aguas del río Apurímac, en Cusco, hacia
Arequipa, e irrigar en su camino 38,500 hectáreas de
campos, beneficiando a su paso, además de a estas dos
regiones, a Apurímac, Puno, Moquegua y Tacna. A eso es
precisamente a lo que se opone Cusco, a que sea “su
agua” la que beneficie a otras regiones, principalmente a
Arequipa, provocando un posible desabastecimiento en la región.
El conflicto
social, devenido en una guerra de intereses regionalistas,
reventaría también, inevitablemente, en un posible
gobierno de Gana Perú. Y es en este caso en particular en
que la decisión al respecto que tomaría Ollanta Humala,
como presidente, sería de especial cuidado: tanto Cusco
como Arequipa, las dos regiones en disputa, son de las
plazas electorales donde mayor votación ha obtenido Humala.
¿A cuál de las dos le dará la razón? ¿Cómo resolvería
el tema?
El proyecto ya
ha sido concesionado: en setiembre del 2010 el consorcio
Cosapi (Perú), Cobra Instalaciones y Seguros (España)
ganaron el concurso de Proinversión para el desarrollo del
Proyecto Hídrico Majes-Siguas II. La inversión total se
calculó en US$404.7 millones, distribuida entre el Estado,
privados y el gobierno regional.
Desde entonces
se han registrado una serie de protestas y reclamos, que
tuvieron su origen en pueblos de ambas regiones, para luego
ser representados por sus respectivos presidentes
regionales. La primera en protestar fue Yauri, capital de la
provincia de Espinar, en Cusco, que el trece de setiembre
amaneció con los negocios cerrados y las instituciones públicas
resguardadas por policías: había huelga.
Inmediatamente
el Ministerio de Agricultura (MINAG) les garantizó la
existencia de recursos hídricos suficientes. La cuenca del
Apurímac es recorrida por 150 millones de metros cúbicos
de agua y “el déficit que podría tener Espinar en los próximos
20 años era de apenas 12 millones de metros cúbicos”,
dijo entonces el ministro Adolfo de Córdova y refirió que
las huelgas eran promovidas por personas que desinforman con
el objetivo de “fomentar candidaturas”.
El presidente
regional de Cusco, Hugo González, convocó a una marcha
contra el proyecto y solicitó instalar una mesa de diálogo.
La Defensoría del Pueblo ya lo había pedido antes.
Arequipa, la región más beneficiada con el proyecto,
rechazaba los reclamos cusqueños que duraron 48 horas en el
primer paro en la ciudad (setiembre, 2010) –llevaba diez días
en la provincia de Espinar– que incluyó la toma de la
Universidad San Antonio de Abad y el incendio de un espacio
descampado en el aeropuerto internacional.
Jorge
Villasante, ministro de la Producción, presidió la Comisión.
El 24 de setiembre dijo que se iniciaría el proyecto solo
si confirmaban que Espinar no sufriría impactos negativos.
Espinar levantó la protesta para establecer la mesa de diálogo.
El Estado aceptó invertir S/. 17 millones para resolver los
problemas de abastecimiento de agua detectados en la zona.
Sin embargo se
firmó luego el contrato de ejecución de la represa de
Angostura en Arequipa (parte de Majes Siguas II), ante lo
que el presidente regional de Cusco anunció “carne,
marchas y bloqueo de vías”. En respuesta, su par arequipeño,
Juan Manuel Guillén, dijo que ese era “el proyecto más
importante para la región sur del país” y denunció a la
Sala Única de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia
de Cusco por ratificar la paralización de Majes Siguas II.
Así, con el
respaldo del presidente regional de Arequipa, esta vez las
protestas se iniciaron del otro lado de la cordillera: el
Frente de Defensa de las Provincias del Cono Norte de
Arequipa cerró los accesos de la carretera a Cusco y Puno,
protestando contra la oposición cusqueña al proyecto.
Las obras de
habilitación en Arequipa para el camino hacia Angostura,
donde se construirá una represa como parte del proyecto,
continúan. No se sabe qué sucederá cuando sea el momento
de que las obras lleguen a Cusco. El Ejecutivo no ha dicho
nada desde antes de las elecciones, por lo que
definitivamente se trata de la tercera papa caliente para
las manos del siguiente gobierno.
4. Río
Blanco Cooper (Minera Majaz). Huancabamba y Ayabaca, Piura
Será durante
el próximo gobierno que Río Blanco Cooper entre a su etapa
de operaciones, y con ello reavive en las comunidades
vecinas al proyecto la oscura historia de la instalación de
esta inversión –primero británica y ahora china– en la
sierra de Piura. El 2015, según la cartera de proyectos de
inversión del Ministerio de Energía y Minas, la minera
empezará a operar luego de una accidentada fase de
exploración.
Apenas con
ocho años en el Perú, desde que en el 2003 inició los trámites
para asentarse bajo el nombre de Minera Majaz (propiedad de
Monterrico Metals), el proyecto carga con un terrible saldo:
siete muertos en medio de protestas y emboscadas, decenas de
detenidos y una denuncia fundada contra la empresa por el
secuestro y tortura de 28 comuneros, que llegó incluso a
tribunales internacionales; todo ello a partir de la
negativa de los pobladores a la instalación de la mina en
Ayabaca y Huancabamba, en Piura.
El año 2003
es clave en esta historia. Durante ese periodo no solo el
gobierno de Alejandro Toledo declaró el proyecto minero
Majaz como necesidad pública y de “interés nacional” y
aprobó luego su evaluación ambiental, sino que las
comunidades de Segunda y Cajas (en la provincia de
Huancabamba) y la de Yanta (en la provincia de Ayabaca)
acordaron no permitir trabajos mineros en su territorio. Ese
mismo año, tras la primera protesta, se registró el primer
muerto.
Pero lo peor
vino en el 2005. Cuando cientos de comuneros en protesta se
dirigieron al campamento minero, dispuestos a entrar, los
agentes de seguridad de la empresa Forza, que resguardaba
las instalaciones de Minera Majaz, no solo se los
impidieron, sino que producto del enfrentamiento, además de
un muerto, secuestraron y luego torturaron a 28 comuneros
–se supo luego– , por ordenes de la empresa.
Tres años
después, y tras una investigación, la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos denunció por tortura y
asesinato a funcionarios de la Minera Majaz, mostrando luego
fotografías que comprobaban lo sucedido: amarrados de pies
y manos, y con bolsas negras sobre sus cabezas, las imágenes
muestran los vejámenes que sufrieron los campesinos que
protestaron aquella vez.
Aunque para
entonces Monterrico Metals ya había vendido Minera Majaz al
consorcio chino Zijin, que pasó a llamar al proyecto “Río
Blanco Cooper”, en el 2009 Louis Mc Gregor, jurista del
estudio inglés Leigh Day & Co., que lleva casos
internacionales sobre derechos humanos, denunció a los dueños
originales, por ser británicos, ante la Alta Corte del
Reino Unido, que congeló US$8 millones de Monterrico Metals
para asegurar la indemnización de los afectados.
Pero la
denuncia por secuestro y tortura no fue la última que
enturbió la instalación de la mina. A la par de las
sucesivas protestas, con sus respectivos heridos y muertos,
la intención de extraer cobre de la sierra piurana tuvo
otros traspiés. Como Minera Majaz, el Ministerio Público
la denunció por usurpación de tierras; como Río Blanco
Cooper, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
y Minería le impuso una multa por S/. 350,000 por incumplir
normas de limpieza, higiene, seguridad minera y conservación
del ambiente.
Con
todo, el gobierno de Alan García fue adelante con el
desarrollo del proyecto, firmando por ejemplo la Resolución
Ministerial Nº 361-2007-MEM/DM en la que pactó estabilidad
jurídica para la empresa. A solo cuatros años para que la
empresa empiece a operar, este es un conflicto que se
reanudará en cualquier momento.
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