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Las
causas del malestar social y la crisis en educación
Por
Miguel Caro R. (*)
ALAI, América Latina en Movimiento, 04/07/11
 Ya
no hay dudas que las masivas y prolongadas manifestaciones
de descontento en educación expresan un malestar social más
amplio, el que a mi juicio se explica fundamentalmente por
tres razones de carácter global:
1. Los temas
de fondo que han motivado históricamente los reclamos de
amplios sectores sociales siguen estando pendientes, dado
que no han sido resueltos o sólo se han abordado
parcialmente, permitiendo que el malestar se mantenga y
renueve acumulativamente cada año. Esta es por tanto una
razón que tiene que ver con el Chile real y con la
insatisfacción que produce el contenido del proyecto de país
que se puso en juego: la promesa de crecimiento con equidad.
Lo no resuelto en educación se asocia a con un sistema
legal y constitucional que permite la libre iniciativa y no
garantiza el derecho a una educación digna, igualitaria y
pertinente. Salvo en cobertura y expansión institucional,
la sensación es que en 21 años no existe ningún avance
efectivo; la situación de segmentación, inequidad y
deterioro, provocada también por la propia expansión, es
generalizada, tanto en el sistema público como privado y
pareciera que con cada anuncio estuviésemos empezando de
nuevo, con grandes ofertas de reforma (o revolución) que
claramente no han ido al fondo de los problemas.
2. Cada vez
queda más claro que el sistema político vigente no
representa adecuadamente las problemáticas más urgentes de
la sociedad. Ni el gobierno, ni el parlamento, ni los
partidos políticos logran interpretar el descontento y sus
verdaderas causas; pero además, el modelo político no
posee, y más bien niega, los mecanismos que garanticen
efectivamente la participación y la incorporación de los
intereses ciudadanos en la solución de los problemas.
No estamos en
presencia entonces de un simple descontento con la llamada
clase política, como si se tratara de un problema de estilo
o de prácticas en que predomina sólo la rencilla
permanente y el desinterés por gobernar o legislar. Más
allá de que ello pueda estar presente en ciertos momentos,
en la gran mayoría de los casos las discusiones terminan en
amplios acuerdos e iniciativas legales, consensuadas entre
los representantes de ambos bandos, con felicitaciones
mutuas y sendas ceremonias; pero justamente ahí está el
problema, en el carácter cupular, duopólico y excluyente
del sistema político.
Baste recordar
la mediática salida que se le dio a la llamada revolución
pingüina el año 2006, con los dirigentes de los partidos
políticos alzando sus manos al cielo para consagrar un
nuevo gran acuerdo (pre–parlamentario) que, sobre la base
de sepultar las principales aspiraciones que motivaron el
movimiento, prometía poner fin a los males en educación.
Pero aquí estamos, seguimos igual y comienza a invocarse
nuevamente la ya desgastada fórmula mágica del “acuerdo
nacional”.
3. El rol
permanente que jugaron tanto autoridades como dirigentes
sociales y políticos concertacionistas durante sus años de
gobierno, fue el de contención de las presiones sociales,
frente a la necesidad estratégica de recuperación de la
democracia y de gobernabilidad. Algo, que pudiera entenderse
como necesario para un primer gobierno (Aylwin), se mantuvo
inalterado durante todo el período.
El papel de
“tapón social” que ejerció la coalición de gobierno
durante dos décadas inhibió, contuvo, deslegitimó y también
reprimió duramente –cada vez que fue necesario– a los
movimientos sociales que escapaban a la racionalidad de la
nueva razón de estado. Los sectores más precarizados y
buena parte de la población que luchó por la vuelta a la
democracia, ejerció –de comienzo a fin– una ciudadanía
a medias, cautiva y temerosa de perder lo ganado, una
ciudadanía en la medida de lo posible, escasamente
peticionista y muchas veces domesticada por el clientelismo
o las promesas electorales. Quienes gobernaban y los
dirigentes sociales cooptados, utilizaron muy bien estos
recursos, enarbolando una retórica de la doble
responsabilidad: a) Instalar la necesidad de que las
peticiones no fueran desmedidas para mantener los
equilibrios macroeconómicos y también los equilibrios políticos,
aquellos que supuestamente hacían posible la
gobernabilidad. b) Asumir que en Chile, más allá del
origen antidemocrático, las instituciones funcionaban y que
ello era condición para la construcción de la democracia.
Con todo,
resulta indudable que se gobernó con las reglas del modelo
neoliberal y que las políticas sociales, al ser de
focalización (no redistributivas) no alcanzaron para
satisfacer las demandas básicas de numerosos sectores de la
población, de lo contrario no se entenderían las actuales
movilizaciones. Por estas razones, la función de contención
social ejercida, devino en el establecimiento de un pacto
social tácito que le dio estabilidad al modelo, pudiendo de
ese modo desplegarse y consolidarse sin mayores
contratiempos, con todas las consecuencias que hoy comienzan
a verse con mayor claridad. Junto con la recuperación de
ciertos derechos y libertades, en lo esencial allí estuvo
el rol histórico de la Concertación como coalición de
gobierno.
En educación,
la estabilidad de las reglas del juego del modelo y las
instituciones funcionando, fueron el marco apropiado para
que se consolidaran la segmentación, la creciente
privatización y el deterioro progresivo del sistema escolar
público. Sobre esa base se produjo la expansión inorgánica,
precarizada y altamente lucrativa del sistema universitario.
En general, asistimos al deterioro de la educación como
derecho universal, garantizado por el Estado en condiciones
de dignidad, igualdad y pertinencia.
Al amparo de
la Constitución de 1980, legitimada por reformas parciales,
se consolidó un modelo educativo que segmenta socialmente y
reproduce las desigualdades, que se privatiza aceleradamente
sin entregar de manera equitativa la tan anunciada calidad,
reduciéndola –en el mejor de los casos– al
entrenamiento para pruebas estandarizadas. Un modelo que
permite el lucro con fondos públicos, transfiriendo
cuantiosos recursos del Estado sin fiscalización y
externalizando sus funciones. Un modelo que generó la
expansión de la cobertura en el sistema universitario a
costa de hipotecar el futuro de las familias a través del
endeudamiento usurero.
En suma, tanto
el experimento puro de mercado y el posterior complemento
focalizador de la concertación, fracasaron; de aquello no
hay duda. El problema es que las medidas del actual gobierno
son más y peor de lo mismo, con una lógica gerencial, de
premio–castigo que traerá más autoritarismo y más
mercado donde se necesita más democracia y más estado.
Frente a esto, sin la inhibición paralizante de las últimas
décadas, y sin nada que perder, sólo queda la presión
social sobre el gobierno y el parlamento, para instalar una
agenda que enfrente la crisis y ponga los temas de fondo al
centro de las soluciones, restituyendo el protagonismo que
alguna vez tuvieron los actores sociales en la construcción
del país.
El actual
movimiento no puede conformarse con un simple aumento de
recursos, es esperable también que pueda avanzar, entre
otras cosas, en la instalación de una ley de educación pública
que, en el marco de una reforma constitucional, reponga el
rol de Estado; que se pueda garantizar (no sincerar) la
ausencia de lucro, condicionando a ello la entrega de
recursos y equiparar el interés bancario para los
estudiantes de universidades privadas. Para todo esto se
requiere, con unidad, una mesa de diálogo vinculante en
cuanto compromiso político del gobierno y luego colocar
toda la presión sobre el parlamento en aquello que sea
necesario.
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Miguel Caro R. es Director de Educación, Universidad Arcis.
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