La muerte del ex represor Héctor Febres

Los Kirchner son responsables

Por Ana Vázquez
Socialismo o Barbarie, periódico, 27/12/07

La muerte del prefecto Héctor Febres en su prisión VIP, custodiado por sus pares y gozando de un estándar de vida digno de un multimillonario de vacaciones en el Delta, pone blanco sobre negro una verdad ocultada desde el poder y denunciada por familiares, testigos y querellantes.

Los juicios a los represores de la dictadura militar son en cuentagotas, para que afecten a un sector minoritario y no a todos los responsables. El de Febres fue el primero de la causa ESMA. Este genocida iba a ser condenado por cuatro casos, cuando fue el responsable, entre otras atrocidades, de la apropiación de los 500 niños nacidos en la ESMA. Siendo que por ese campo de concentración pasaron 5.000 víctimas, las causas que están en espera son nueve, cuya tramitación finalizaría recién en el 2010...

A nadie “se le pasó” ni fue un “descuido” o “negligencia” del ex jefe de la Prefectura Naval, que estos presos estén no sólo viviendo entre lujos, sino cuidados por sus mismos subordinados o miembros de los mismos aparatos represivos que continúan impunes.

Si Febres cenó con unas pastillitas de cianuro (más allá de si se las dio un amigo, un familiar o un custodio) o si fue asesinado, no sólo destapa con claridad el pacto de silencio entre los militares del Proceso, sino también la responsabilidad política del gobierno K, que permite que éstos sigan confabulando y ejecutando secuestros, intimidaciones y crímenes para lograr parar los juicios y frenar las conquistas que ha logrado la lucha democrática en estos últimos años.

Un contexto de impunidad

Los jueces intervinientes en las causas de los derechos humanos y en el caso Febres se apresuraron a tomar medidas: todos los presos fueron pasados a cárceles comunes, condenaron a Cristino Nicolaides y la plana mayor del Batallón 601, y arrestaron a la esposa y dos hijos de Febres y a dos miembros de su custodia. La jueza Sandra Arroyo no se tomó vacaciones y piensa resolver las imputaciones a principios de enero. El gobierno echó al jefe de la Prefectura Naval, Carlos Fernández. Es que, además de lo sucedido, se siguieron destapando “irregularidades” a cada paso que se daba en la investigación. Cuando la jueza había autorizado el traslado de uno de los prefectos detenidos a un centro asistencial, cambió su resolución porque, según informa La Nación, “mediante una escucha telefónica ordenada por el juzgado se interceptó una comunicación que revelaba que tres altos jefes de la Prefectura se iban a reunir con el detenido en la dependencia de sanidad, a donde iba a ser trasladado, para instruirlo sobre cómo declarar y así mejorar su situación en la causa. (...) Fuentes judiciales señalaron que la intención era urdir una versión común que quitara responsabilidad a los detenidos”.

El gobierno ha puesto las barbas en remojo porque el escándalo llegó al río. Pero aunque se pongan entre rejas a los asesinos de Febres y se cumplan –en algunos casos- medidas exigidas por el movimiento de derechos humanos, como las de cárcel común a los genocidas, este hecho reaviva la situación de impunidad global en que están el conjunto de los represores.

Cristina K: en busca de la reconciliación de las fuerzas armadas con la sociedad

La presidenta electa, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y al hablar en la ceremonia de egreso de los miembros de las tres armas, convocó a los cadetes presentes a escribir una “historia diferente”, y a remontar “la tragedia que hemos vivido”... También expresó su voluntad de continuar con los juicios y tener la esperanza de que concluyan durante su mandato.

Pero la “tragedia” no fue tal, sino un plan orquestado durante años con la complicidad del poder empresarial y político para liquidar a la vanguardia obrera y popular. Y la “historia” no va a ser muy “diferente”, aunque sean otros los hombres que componen las instituciones represivas y los planes de la burguesía y el imperialismo, si no se hacen cambios de fondo avanzando en el real desmantelamiento de todo el aparato represivo y en el castigo a todos los genocidas.

Por esto mismo, la continuidad de la pelea por el juicio y castigo en el 2008, ubica en primer plano la exigencia de la realización de los juicios por lugar de detención a todos los involucrados, el mantenimiento de la cárcel común a todos los procesados y el desmantelamiento del aparato represivo que mantiene el encubrimiento del secuestro de López, el de Gerez, y continúa actuando impunemente contra los familiares, los trabajadores y el pueblo.

Aunque el gobierno quiera cambiar la historia con discursos y Museos para la Memoria, también es responsable de no ir hasta el final. Por eso nuestra lucha también es contra su política.