Los
crímenes de la Triple A son delitos de lesa humanidad
Extradición
y cárcel común a Isabel Perón
Editorial
de Socialismo o Barbarie, 20/03/08
“La
resolución de la Cámara Federal, que califica los delitos
cometidos por la Triple A como crímenes de lesa humanidad,
es tal vez la más importante, política, jurídica y éticamente
desde el juicio a los integrantes de las tres primeras
juntas militares” (Rodolfo Mattarollo, Página
12, 18-03-08).
La
Cámara Federal, por la votación de dos camaristas (Freiler
y Cattani) contra uno (Farah) ha declarado los asesinatos de
la Triple A como de lesa humanidad. Se trata de un gran
triunfo democrático que podría abrir la puerta para la
extradición, juzgamiento y castigo de Isabel Perón y
demás responsables de los casi 2.000 asesinatos de la
Triple A.
Es
que los crímenes de la Triple A ocurrieron bajo el gobierno
constitucional de Juan e Isabel Perón e involucran tanto
al peronismo como a la burocracia sindical, ambas
instituciones claves de la argentina capitalista.
¿Cómo
ha podido ocurrir este fallo que podría tener consecuencias
directas no sólo sobre milicos o policías ya retirados
hace años, sino sobre políticos y dirigentes sindicales en
plena actividad? De alguna manera, se trata como de un eco
o reflejo de la crisis del 2001. Porque a todas luces ni
Néstor ni Cristina K quieren saber nada con el desarrollo
de este posible juzgamiento.
No
hace falta más que recordar que cuando el juez Oyarbide
reabrió la causa y salió el pedido de extradición para
Isabel Perón (aún no resuelto), connotados dirigentes de
la CGT pusieron el grito en el cielo, sacaron afiches
con la consigna “No jodan con Perón” e incluso se
reunieron con Néstor Kirchner para que éste les
garantizase que la causa no llegaría a buen puerto.
Delitos
de lesa humanidad
Sin
embargo, la causa, aun muy lentamente y luego de languidecer
a lo largo de todo el 2007, parece estar nuevamente abriéndose
paso. No sólo porque un principalísimo lugarteniente de López
Rega, Rodolfo Almirón, ha llegado extraditado de España el
martes 18, sino que esta resolución de la Cámara habilita
así el juzgamiento frente a los hechos represivos del
gobierno peronista de 1973-1976, causa que permaneció
todos estos años de “democracia” encerrado bajo siete
llaves por acuerdo expreso entre el PJ y la UCR.
Hecho
histórico, el fallo ha sentado el precedente de reconocer
que puede haber delitos de lesa humanidad “en el
contexto de un gobierno constitucional”. En este caso,
se los señala como parte de “un ataque generalizado o
sistemático contra la población civil” ejecutado por
“una asociación ilícita concebida en un sector del
Estado con el objetivo de perseguir clandestinamente a
opositores políticos”. Pero además tuvieron un rasgo
distintivo: ocurrieron “al amparo de un sistema de
impunidad” (Página 12, 18-3-08).
Incluso
más: según los dos camaristas que votaron a favor de este
fallo, “la impunidad que permitía la multiplicación de
los crímenes se extendía a todos los poderes del Estado
(…). Recuerdan un episodio que resurge en varios
testimonios: una reunión de gabinete del 8 de agosto de
1974 en Olivos, presidida por Isabel Perón, donde López
Rega y el
comisario Alberto Villar proyectaron diapositivas de quienes
debían ser asesinados, como Ortega Peña y Troxler, desde
las estructuras paralelas” (idem).
Es
decir, la responsabilidad por este genocidio recae
enteramente, de manera probada, sobre Isabel Perón,
por no señalar también la multiplicidad de testimonios
sobre reuniones del mismo tenor tenidas con Juan Perón
antes de su muerte.
Extradición
ya de Isabel Perón. Reconocimiento de todas las
organizaciones querellantes en la causa. Castigo y cárcel
común para los responsables políticos y materiales de la
Triple A
Sin
embargo, más allá de la importancia de este enorme logro
democrático, está claro que si el progreso de la causa
queda en manos sólo de la Justicia nunca llegará a buen
puerto. Porque de ninguna manera el gobierno K tiene el
menor interés en que progrese (más bien todo lo
contrario), por no hablar de la abierta oposición a ella de
burócratas sindicales y empresarios en actividad, como José
Rodríguez del SMATA, entre tantos otros.
Por
el contrario, de lo que se trata es de tomar el caso con la
inmensa jerarquía que tiene, haciendo el punto de apoyo
principal en el sostenimiento de la causa con la más
amplia y democrática movilización posible para lograr a
extradición de Isabel Perón y demás responsables de la
Triple A, así como su castigo.
Al
mismo tiempo, también en necesario que la causa que lleva
el juez Oyarbide se abra a todos los querellantes
(personas y organizaciones) que se vieron afectadas por los
asesinatos de la Triple A, como es el caso de nuestros compañeros
del PST, organización que reivindicamos (junto a otras
corrientes políticas) como antecesora de nuestro partido, el
nuevo MAS.
Este
es también un gran motivo para movilizarnos masivamente el
24 de marzo.
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