Otro conflicto de imprevisibles consecuencias ha estallado entre el gobierno
y la oposición de derecha.
La iniciativa gubernamental de constituir un fondo especial
con una porción de las reservas para garantizar el
pago de la deuda externa desató este conflicto. La derecha
rechaza este fondo y exige hacer frente a los pagos con las
partidas del presupuesto sin tocar las reservas. La
diferencia entre ambos bandos son los mecanismos para
cumplir con las exigencias de los acreedores.
Pero bajo esta discusión subyace una coincidencia plena: pagar una deuda
fraudulenta que ya ha sido pagada varias veces. Este acuerdo
ya se manifestó cuando hace pocos meses los legisladores
del gobierno y la oposición votaron por unanimidad la
derogación de la “ley cerrojo”, que bloqueaba la
reapertura del canje con los bonistas que quedaron afuera de
ese arreglo. Ninguno de ellos se indignó en ese momento con
la “violación de la seguridad jurídica” implícita en
la anulación de una disposición que se presentó varias
veces como inmodificable.
Unos y otros aceptaron concretar este nuevo ofrecimiento de canje sin
reparar que aumenta la deuda (en 7000 millones de dólares)
y que incrementará el pago de interés (en 500 millones).
La operación incluye, además,
elevados pagos de comisión a los bancos
intermediarios (Citi, Barclays, Deustche), que además han
hecho un gran negocio con la suba del precio de los bonos.
La derecha y el gobierno se enfrentan ahora por la modalidad de pago de una
deuda que absorbe el dinero requerido para
incrementar los salarios, mejorar las jubilaciones, poner
fin al deterioro de los hospitales públicos, asegurar el
inicio de clases satisfaciendo las demandas de los docentes
u otorgar los fondos que exigen los desocupados que cortan
las rutas.
Durante casi tres décadas los legisladores de ambas bancadas han cajoneado
todas las investigaciones de este desfalco. Incluso miraron
para otro lado cuando la investigación de Olmos y el fallo
del juez Ballesteros declaro la inconstitucionalidad de la
deuda. A través de las sucesivas renegociaciones y canjes
de títulos buscaron borrar las huellas para sepultar el
origen de ese negociado. De estas operaciones participaron
todos los ex funcionarios del Banco Central, que actualmente
protagonizan el debate y estimulan el conflicto, sea a favor
de la oposición o del gobierno (González Fraga, Prat Gay,
Blejer, Redrado) y que anteriormente sirvieron fielmente a
los gobiernos de Menem, la Alianza, Duhalde y los Kirchner.
Todos instrumentaron variantes de la misma política de pago
de la fraudulenta deuda.
Hay en todo este conflicto una gran hipocresía.
Hipocresía
derechista: ajuste con argumentos republicanos
El titular del Banco Central, Martín Redrado, atizó el conflicto al
negarse a concretar el Fondo del Bicentenario por 6.569
millones de dólares. Su argumento principal: “cuidar las
reservas que son de los argentinos y no del gobierno”, y
ha logrado concitar el apoyo incondicional de todo el arco
opositor y de los políticos y funcionarios que dilapidaron
varias veces esas reservas durante administraciones
anteriores.
La derecha considera inadmisible utilizar esos recursos para el pago de la
deuda, pero no objetaron el mismo uso para abonarle por
adelantado al FMI en el 2005. En ese momento el gobierno
canceló toda la deuda con ese organismo, con el mismo
mecanismo de decretos de necesidad y urgencia (DNU) y por un
monto muy superior, 9.900 millones de dólares ( un 50%
más que ahora). Tampoco objetaron el DNU del 2008
que habilitaba el pago, nunca concretado hasta ahora, al
Club de París. A muchos cínicos les cuesta explicar porqué
hoy rechazan lo que ellos mismos
aprobaran una y otra vez.
El segundo argumento es mucho más siniestro: “la autonomía del Banco
Central”. Afirman que el gobierno ha violado la Carta Orgánica
de “una entidad independiente”, que no está “sujeta
al despotismo del Ejecutivo”. Lo que en realidad defienden
es el manejo de esa entidad por los banqueros. Postulan que
el Banco Central sea autónomo para que los financistas
mantengan un control indisputado del mismo. Como sabemos la
principal función de esa falaz independencia ha sido
justamente asegurar que las reservas internacionales operen
como garantía de pago a los acreedores externos. Con esa
finalidad los neoliberales introdujeron desde los años
‘70 atribuciones que convierten al BCRA en una institución
con poderes y facultades superiores a cualquier otro
organismo del Estado.
Las tonterías que pusieron a circular en estos días
para justificar esta suerte de virreinato vuelven a
la primera plana, nuevamente
se reclama que el Banco Central “debe cuidar la moneda”
y “proteger el dinero del país” por medio de un grupo
de “expertos ajenos a las presiones políticas”. Estos
mitos simplemente ocultan que los encargados de cumplir una
misión tan noble son el puñado de banqueros que maneja la
deuda pública, los mismos que provocaron el colapso y las
confiscaciones que sufrió Argentina.
La oposición de derecha simplemente promueve volver a los viejos ajustes de
los años ‘90. Como hay un evidente deterioro de la
solvencia fiscal ahora buscan recortar el gasto social. Por
supuesto que no lo enuncian en estos términos, pero es la
misma cantinela que han usado una y otra vez para imponer
políticas de austeridad. Su verdadero propósito es volver
al FMI y sortear así la crisis fiscal, sometiéndose a los
controles y auditorias del organismo internacional.
Hipocresía
progresista: desendeudarse para volver a la deuda
Las justificaciones del gobierno para pagar la deuda con reservas son simétricas
a las de la oposición de derecha. Afirman que utilizando
estos recursos “se liberan fondos excedentes para mantener
el gasto productivo y social”. Pero si la intención es
utilizar esas partidas presupuestarias que quedarían
liberadas es porque ya han definido que la primera prioridad
es el giro de fondos a los acreedores. Se da por sentado la
legitimidad del pago y la sacralización de su prioridad
frente a cualquier otro objetivo económico, luego se
considera lógico destinar el sobrante al gasto interno.
Con este razonamiento, que naturaliza el reembolso de un desfalco como dato
inamovible, los funcionarios repiten los mensajes de la
ortodoxia neoliberal que tanto objetan desde la tribuna.
Afirman que “pagar con reservas permite enviar mensajes de
seriedad y solvencia a los acreedores” y retoman así los
viejos códigos de los ‘90 con posturas que convocan a
“hacer los deberes” y “seducir a los financistas del
exterior”. Los economistas oficiales utilizan todos los
argumentos corrientes del mercado para justificar el uso de
las reservas. Hablan de lograr un “retorno al mercado
privado de crédito”, olvidando todos los cuestionamientos
a ese endeudamiento y explican cómo se “abaratan las
tasas”, sin explicar cuál es el beneficio para el país
de refinanciar el pago de un pasivo que ya ha sido
reembolsado varias veces. Esta actitud demuestra cuánta
hipocresía subyace en las disputas verbales con la oposición.
A los hombres del gobierno les toca ahora el rol de objetores de la
independencia del Banco Central. No explican porqué
sostuvieron durante tantos años esa autonomía, bloqueando
incluso los tres proyectos de reforma del sistema financiero
que recortaban ese atributo. Ahora remarcan que “el Banco
Central debe ajustarse a la política económica”, pero
sin aclarar que el centro de esa orientación es la
recomposición de las relaciones con el capital financiero.
Por esta razón, la principal asociación de los banqueros del país (ADEBA)
tomó partido rápidamente a favor del Ejecutivo en su
conflicto con Redrado, y el principal candidato
a remplazarlo es nada menos que Mario Blejer, otra
gran figura de los ‘90 y la ortodoxia neoliberal, que
acredita en su haber dos décadas de trabajo en la crema de
las finanzas internacionales. Que esta política se
desenvuelva creando un Fondo denominado “Bicentenario”
ilustra hasta dónde ha llegado el doble discurso oficial.
Un emblema de la independencia nacional es utilizado para
recomponer las relaciones con los acreedores foráneos.
Toda la lógica de utilizar reservas para el pago de la deuda está
inspirada en el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento.
La deuda pública situada en 128.000 millones de dólares
luego del canje se incrementó a 145.700 millones en la
actualidad. Los vencimientos de los servicios de la deuda
(capital e intereses) de los próximos años son muy
condicionantes por lo que el gobierno busca sortearlos con
prórrogas y canjes. Por esta razón la política de
desendeudamiento ya quedó en el pasado y ahora se discute cómo
volver a tomar deuda.
A los banqueros les interesa prestar y cobrar. Por eso tratan de atenuar el
conflicto actual, promoviendo algún arreglo “para que los
mercados no se inquieten”, quieren el menor ruido posible
para que los negocios funcionen.
Ofensiva
política de la reacción conservadora
Aunque las clases dominantes quieren tranquilidad la crisis en curso puede
descontrolarse e incentivar hasta la ingobernabilidad las
disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo, con el poder
Judicial tironeado entre los dos poderes. El trasfondo de la
disputa actual es básicamente política, no hay
divergencias importantes en la gestión financiera y tampoco
choques irreductibles en lo económico. Lo que convierte
cualquier episodio menor en un gran descalabro es la gran
tensión política que separa
gobierno y oposición desde el conflicto del campo.
En esta disputa hay un claro objetivo de la derecha; avanzar sobre medidas
de los últimos años que incluyen algún logro social o
avance democrático. Busca una reversión reaccionaria
especialmente en cuatro áreas: la ley de medios, la
nacionalización de las AFJP, los juicios contra genocidas
de la dictadura y la política de relaciones con los
gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia.
La reacción conservadora abomina de estos tibios cambios y busca
sepultarlos. En esta campaña es activamente acompañada por
los grandes medios de comunicación que pretenden perpetuar
su impunidad para manipular la información y por toda la
elite conservadora que ve la oportunidad para enterrar con
represión el legado de protestas sociales que dejó la
rebelión del 2001.
Esta acción sintoniza con la contraofensiva imperial que en la región se
expresa en el golpe en Honduras y la instalación de nuevas
bases en Colombia, la ofensiva contra Lugo en Paraguay y el
avance neopinochetista en Chile, y las siempre renovadas
presiones sobre Bolivia, Venezuela y Cuba.
Como en el resto del continente la derecha disfraza aquí sus objetivos con
campañas institucionalistas y se presentan como custodios
de la legalidad. Por el momento sólo busca el desgaste del
gobierno para que llegue rengueando a los comicios, mientras
disputan entre ellos quién asumirá el liderazgo del
sector. Pero la crisis puede desmadrarse y aunque el
reiterado tanteo de un juicio político a la Presidente es
por ahora sólo conspirativo, tampoco es una pura fantasía.
Si en algún momento desconocen abiertamente alguna medida
del gobierno con llamados a cacerolazos la tentativa puede
hacerse realidad.
Mientras tanto el gobierno sigue a los tumbos, respondiendo con la misma
ceguera que exhibe desde el año pasado. A pesar de la
reconstitución de la autoridad estatal, del sostenido
crecimiento económico y las buenas previsiones macroeconómicas
para el 2010, el kirchnerismo
no ha podido mantener el consenso social que logró en el
período 2003–2007. Se desgastó al confrontar con la
derecha desde las arcaicas estructuras del Justicialismo y
con el apoyo de la desprestigiada burocracia sindical
cegetista.
No sólo rehuye cualquier sostén popular genuino y encubre a las patotas.
Sostiene también a los barones del conurbano e impone una
reforma política proscriptiva hacia la izquierda. Hostiliza
además a los movimientos sociales (cooperativas sin
punteros), se niega a conceder la libertad sindical
(subtes–CTA) e incluso ha reprimido las luchas más
consecuentes de los trabajadores (Kraft–Terrabussi).
No es posible a priori conocer cómo concluirá el conflicto pero muchos
hablan ya de una resolución 126. Hacen referencia así a la
ineludible comparación con la confrontación con el campo.
Sin embargo es necesario marcar algunas diferencias entre
aquella crisis y la actual.
En el plano económico, las retenciones expresaban la captura por el Estado
de renta extraordinaria y tenían un carácter
indiscutiblemente positivo y progresivo, más allá de su
utilización y alcance. Ahora no se discute nada progresivo,
sino la forma y el origen de los recursos para pagar la
deuda.
En el plano político hay similitudes con la conformación de un bloque
opositor con liderazgo de la derecha, pero en el plano
social hay una gran incógnita: ¿Podrá la oposición de
derecha incentivar nuevamente una movilización conservadora
de la clase media? En los últimos meses no han podido
reproducirlo y si no recuperan las calles seguramente perderán
la pulseada.
Otro
camino para superar la crisis
Para quiénes no ubicamos en el arco genuinamente progresista y de izquierda
la experiencia de lo ocurrido durante del conflicto con el
campo es decisiva para no volver a repetir en esta coyuntura
los errores de un emblocamiento con la derecha. Esa política
es francamente suicida. Si se repite sepultará a todas las
corrientes que aspiran a lograr la superación del
kirchnerismo por izquierda, como contrapartida dejará
abierta una involución a derecha, por el desprestigio del
gobierno actual.
Por el contrario se trata de sacar la discusión del círculo vicioso e
interesado en que la han colocado. De señalar otro camino
para superar progresivamente esta crisis, que ya varias
corrientes políticas y personalidades han planteado, a
nuestro entender en forma acertada: Organizar
una campaña para colocar el debate de la deuda y el
sistema financiero en el centro de la agenda.
Pero esta campaña perdería todo sentido si se acepta la distorsión que
imponen los medios de comunicación o si se hace causa común
con la derecha en las críticas al gobierno. No sólo
importa lo que se dice, sino también cómo y dónde se lo
enuncia. La mayoría popular ha quedado convertida en una
audiencia que recepta mensajes televisivos y es nefasto que
la izquierda aparezca formando parte de una indiscriminada
oposición, se pierden los matices, que no son menores, y se
hace el juego a la reacción conservadora.
La derecha debe ser objeto de nuestra crítica en cualquier intervención,
para que no queden dudas sobre dónde está ubicada la
izquierda. Por esta razón es otro error presentar denuncias
penales contra el gobierno en pleno clima de judicialización
derechista del conflicto, nadie percibe los pormenores
diferenciados de esa
denuncia en este clima. Mucho peor es repetir directamente
los argumentos de los reaccionarios sobre la
institucionalidad o la autonomía del Banco Central. Hay que
poner el centro en el cuestionamiento de la deuda, pero no
hacer comparsa a los reaccionarios. Es totalmente absurdo
discutir la cuestión de las reservas como un tema técnico–financiero
con abstracción del clima que ha creado la oposición. La
batalla contra la derecha no requiere necesariamente de
apoyo o consideración hacia el gobierno.
Para la izquierda lo esencial es actuar en forma independiente con una política
propia, que es vital para romper con la trampa de reyertas
que protagonizan la oposición con el gobierno y que impiden
madurar un planteo alternativo.
En este sentido:
Es un verdadero despropósito que mientras se habla de custodiar las
reservas se mantengan intactos todos los mecanismos que periódicamente
facilitan la fuga de capitales (40.000 millones de dólares
desde el inicio de la crisis internacional): el Control de
Cambios es la única medida efectiva que puede contener este
drenaje de riqueza, solo producida por los trabajadores y de
la que otros se apropian y fugan.
Carece de sentido discutir acerca de las atribuciones del Banco Central si
no se lo hace en el marco de la discusión de una Reforma
Financiera Integral, que apunte a forjar un sistema
financiero asentado en la control estatal de los depósitos
y plenamente nacionalizado.
Poner la Deuda a Debate requiere la suspensión inmediata de las
negociaciones con los bonistas que no ingresaron al canje y
con el Club de París.
Resulta indispensable poner en marcha inmediatamente la Auditoría Ciudadana
de la Deuda. Es una salida política a la crisis actual, es
la forma de retomar la investigación ya realizada de los
fraudes y someter todas las operaciones posteriores a una
rigurosa verificación de su legalidad y legitimidad. En los
casos que correspondan estas medidas deben ser acompañadas
por la suspensión de pagos.
Desarmar los perversos mecanismos de la deuda externa es también parte
esencial del combate contra la derecha. Para nosotros la
disyuntiva vuelve a ser: los acreedores o los trabajadores y
el pueblo. Y en esto no puede haber dudas.
(*) Integrantes del colectivo EDI–Economistas de Izquierda.
