El gobierno se dispone a
concretar el canje con los bonistas que no aceptaron la oferta del 2005. La
operación es celebrada por los financistas, elogiada por los oficialistas y
aprobada por la oposición de derecha. Pero es una transacción gravosa para
el país y adversa para los intereses populares. Reabre una negociación que
estaba formalmente cerrada y prohibida. Carece de justificación y no se apoya
en ningún dato creíble sobre el estado de las cuentas públicas.
Para quienes suscribimos esta
declaración se trata de un canje nefasto.
Una vez más
Este canje es una nueva emisión
de deuda para sustituir los viejos pasivos que se desvalorizaron con la cesación
de pagos del 2001. Un recambio de títulos que ya se hizo en varias
oportunidades para actualizar el endeudamiento. Sin embargo esta vez la
operación es más siniestra, ya que se consuma con los bonistas que rehuyeron
el canje del 2005 y que el gobierno prometió dejar afuera de cualquier cobro
futuro. Ese anuncio fue incluso respaldado con la llamada “ley cerrojo”,
que ahora el Parlamento derogó aceleradamente para reabrir la transacción,
violando la sacrosanta custodia de la seguridad jurídica.
Este canje es otra vez un
gran negocio para los bancos que preparan desde hace varios años un cambio de
títulos que les reporte enormes ganancias de intermediación. Comenzaron a
acaparar estos bonos cuando valían 8 centavos por dólar, apostando que
alcanzarían la actual cotización de 45 centavos. Repitiendo lo ocurrido
desde hace dos siglos, un grupo de lobbystas (Marcelo Etchebarne, Hans Joerg
Rudlof y Caio Koch Wesser), recorrió los pasillos oficiales y preparó el
canje con los funcionarios de turno. Si algún juez quisiera investigar las
anomalías de la deuda argentina tendría todos los elementos de juicio a la
vista para indagar las responsabilidades en este tipo de operaciones.
Solo tres bancos manejan el
negocio (Citi, Deutsche y Barclays) y han liderado el acaparamiento de los
bonos depreciados por el default y revalorizados por la oferta del gobierno.
Las irregularidades son incontables. El Barclays ejerce un inadmisible rol de
asesor del Estado y representante de los bonistas. Además, financia a la
compañía británica Desire Petroleum, que explora el petróleo de Malvinas.
Mientras se sancionan leyes para penalizar a las firmas que colaboran con esta
depredación colonial, el Estado contrata a un artífice de ese vaciamiento.
La operación vuelve a
seducir a los acreedores mediante concesiones oprobiosas. Para lograr un alto
porcentaje de adhesión se ofrece un pago adicional por los intereses
generados desde el intercambio anterior, premiando la deserción que
supuestamente debía sancionarse. Está en discusión pero volverían a
otorgarse los incentivos vinculados al crecimiento del PBI, hace cinco años
se justificaron en la incertidumbre de una economía en ruinas, en la
actualidad se recrean como un simple regalo.
Los primeros cálculos prevén
que el canje le brindará a los acreedores que acapararon títulos un
beneficio de 1000 millones de dólares. Esta cifra explica la euforia de los
mercados, la apetencia por los bonos argentinos y la disminución del riesgo
país. Todo indica, además, que las comisiones de los intermediarios serán más
elevadas que en el 2005. Se argumenta que este lucro “no corre a cuenta del
Estado, sino de los bonistas”, pero todo el intercambio de papeles se paga
con fondos públicos, que finalmente incrementan la deuda pública.
Para ocultar este perjuicio
el ministro de Economía se ha declarado vencedor frente a los fondos buitres
(“los aislamos y les quitamos capacidad de litigio”), en realidad solo
quedaron fuera del ring los especuladores marginales. Los principales buitres
son los grandes bancos que acapararon títulos y que han sido bendecidos por
el gobierno para comandar el negocio.
Una
justificación innecesaria
El objetivo del canje es
eliminar el obstáculo que impide un arreglo de los compromisos pendientes con
el Club de París, a fin de alcanzar algún tipo de convivencia con el FMI.
Esta sucesión de medidas es presentada como una “normalización” de la
situación financiera internacional, que dejaría atrás la pesadilla del
default. Al recorrer este sendero el gobierno culpabiliza al país por su
pasado, ocultando que los financistas fueron los principales responsables de
esos desastres. Como la consigna del momento es “volver al mercado
internacional” se omite la responsabilidad primordial de los especuladores
en la cesación de pagos.
Con un nuevo disfraz patriótico
se retoma el lenguaje neoliberal, convocando a ser “creíbles y
confiables”, es decir pagadores puntuales de compromisos que favorecen a los
banqueros. Nuevamente se naturaliza el pago de deuda, olvidando que Argentina
fue reiteradamente estafada por los grupos financieros. En este clima plantear
no pagar o exigir la investigación de la deuda es considerado “demagógico”
e “irrealista” y cumplir con los especuladores es sinónimo de seriedad.
Nuevamente hay que estar atento a la “actitud de los mercados” y alegrarse
si aprueban las iniciativas oficiales. Pero lo más novedoso es que el pago de
la deuda se ha transformado en un “proyecto progresista”.
Tradicionalmente los
gobiernos cumplían esta obligación en silencio y disimulando sus
consecuencias para el país. Ahora se lo reivindica con grandilocuentes
justificaciones. Se afirma que permite “recuperar autonomía”, cuando es
evidente que el incremento de los compromisos externos genera dependencia. El
mismo argumento fue utilizado para cancelar en forma total y anticipada los
pasivos con el FMI. El desendeudamiento prometido con ese increíble pago se
ha transformado ahora en el reinicio de un típico ciclo de endeudamiento.
La operación en curso es
totalmente innecesaria, y los fondos que requiere la economía para una política
económica de mejor distribución del ingreso pueden ser plenamente recaudados
con ahorro interno. En EDI sostenemos que este autofinanciamiento es
totalmente factible a condición de suspender los pagos actuales de la deuda,
frenar la fuga de capitales, instaurar el control de cambios y un monopolio
estatal de comercio exterior. Es cierto que el superávit fiscal se ha
reducido drásticamente, pero se puede neutralizar este bache revisando también
el otro gran rubro además de los servicios de la deuda: los subsidios a las
grandes empresas, cuando se justifiquen no seguir pagándolos en base a
declaraciones juradas de los beneficiarios.
Para nosotros es también el
momento de cubrir las insuficiencias fiscales con una reforma impositiva
progresiva que comience gravando las rentas extraordinarias exentas,
especialmente en el plano financiero, y recaiga sobre quiénes mayor capacidad
contributiva tienen. Esta punición debe extenderse de inmediato al área de
la minería y el petróleo, mientras se duplican los aportes patronales de las
grandes compañías.
Pero como lo confirma la
reciente discusión sobre la ley del cheque, no pareciera existir la menor
intención por parte de los partidos mayoritarios de enfocar el problema en
estos términos. En lugar de impuestos a los ricos se vuelve al endeudamiento
que tantas veces arruinó a la Argentina.
Pretextos
y fantasías
Los partidarios del canje
afirman que la situación de la deuda ha cambiado significativamente,
aliviando la coyuntura de asfixia que predominaba en los años ‘80 y ‘90.
Es un tema discutible, Pero, aún si así fuera, justamente este giro
confirmaría hasta qué punto se habría vuelto innecesario volver al
endeudamiento.
Es cierto que los pasivos
totales del sector público pasaron de 139% del PBI (2003) a 49,1% (2009). La
deuda era un 722% mayor que las reservas en esa fecha y en la actualidad se ha
reducido al 120%. También se registró un achicamiento de los compromisos
externos como porcentaje de las exportaciones de 296% (2003) a 81% (2009).
Pero estos números, que los economistas del oficialismo esgrimen como grandes
triunfos, deben ser matizados. Reflejan sí una reducción del endeudamiento
con respecto al pico de crecimiento de la deuda. Sin embargo, los porcentajes
con respecto al PBI son similares a los que existían en la segunda mitad de
la década del ‘90, aún con las salvedades que deben hacerse sobre la
composición diferente de los respectivos productos y su valuación. El
aumento de la relación reservas / endeudamiento aleja el riesgo de default
del horizonte inmediato, pero no lo elimina. El promedio de vida de la deuda
se amplió, de 6,9 años a 12,7, pero lo que pesa en el corto plazo son los
servicios de capital e intereses que vencen este año y los subsiguientes. Por
otra parte, con posterioridad al canje de 2005, el ciclo de endeudamiento ha
recomenzado.
No es ocioso recordar que
estas modificaciones fueron el resultado de la brutal catástrofe producida
por el colapso del 2001, que desvalorizó todos los activos y pasivos de la
economía. La reducción de la deuda no fue un mérito del canje del 2005, ni
de la astucia negociadora de Lavagna, fue costeada por mayorías populares.
Los pasivos se contrajeron junto a la devaluación, la pesificación asimétrica,
la expropiación de los pequeños depositantes, el desempleo y la miseria. Es
necesario rememorar quién pagó esa reestructuración para evitar la repetición
de un ciclo de endeudamiento.
Hay economistas que afirman
que el país “no tiene dificultades de pago”, que mantiene un “perfil
sostenible de la deuda”, que ésta “no obstaculiza ya el desenvolvimiento
de la economía”. Pero si este diagnóstico fuera cierto, el canje carecería
por completo de sentido. No habría ninguna razón para implementar una
refinanciación tan prescindible. Otros afirman, en cambio, que el
endeudamiento es indispensable, pero que esta vez “no será gravoso”. Al
contrario, argumentan, permitirá reducir la tasa de interés que impera en
toda la economía. Pero todos los cálculos indican que ese costo seguiría
ubicado muy por encima del promedio internacional y entrañará por lo tanto
fuertes erogaciones en los futuros vencimientos. La realidad es que la deuda,
sus servicios anuales (hoy en el 10% del presupuesto nacional) y sus
vencimientos futuros, sin llegar a plantear una situación explosiva inmediata
como sucedió en el 2001 (nadie está pronosticando un default en el corto
plazo), sigue siendo un problema y, año a año, miles de millones de dólares
que podrían tener mejores destinos van a engrosar los bolsillos de los
grandes especuladores.
Basta observar la dramática
situación que afrontan actualmente las economías de la periferia europea
(Grecia, Portugal, Irlanda, Islandia) para recordar cuán vulnerables son los
países dependientes ante una eclosión financiera internacional. Argentina no
está en el centro de este colapso porque ya soportó los brutales efectos del
temblor precedente, pero reiniciar el ciclo de endeudamiento volverá a
quitarle protección frente a un nuevo vendaval.
Suele afirmarse que el alto
endeudamiento externo del pasado (76% en el 2003) ha quedado reemplazado por
pasivos más controlables en moneda local (46% del total). Pero la historia
reciente de muchos países (por ejemplo Brasil) indica que la sustitución de
una tiranía financiera foránea por otra interior, no reduce los
padecimientos populares. Un banquero local puede ser más despiadado que su
colega externo.
Pugnas políticas
y coincidencias de fondo
El canje se implementa al
cabo de varios meses de intensas disputas entre el gobierno y la oposición
que encarnan la UCR, el PJ disidente, el PRO y la CC. Ambos sectores coinciden
en reiniciar el ciclo de endeudamiento pero han pugnado duramente por la forma
de implementar esta operación y sobre todo por definir quién será la
autoridad política encargada de liderar la reconciliación con los
financistas.
Mientras disputaban
ferozmente en el Parlamento y en los medios de comunicación, unos y otros
bendijeron el entusiasmo de los mercados y sobre todo avalaron la auditoria
que realizó la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de toda la
transacción.
La derecha aprueba plenamente
el canje, pero propone combinar el endeudamiento externo con una reducción
del gasto público, para poner en marcha una versión más tradicional del
ajuste neoliberal. Con este objetivo provocó el conflicto del Banco Central
que terminó perdiendo y desplegó durante meses una campaña para “cuidar
las reservas”. Reservas que dilapidó en todas las ocasiones que le toco
gobernar.
Con la siniestra bandera de
“la autonomía del Banco Central”, defendió en los hechos el manejo de
esa entidad por parte de los banqueros, buscando que este organismo continúe
custodiado por un puñado de financistas y asegure las reservas como garantía
de pago de la deuda. Por eso reivindicó una Carta Orgánica que le asegura al
BCRA poderes propios y facultades superiores a cualquier otro organismo del
Estado.
Repitiendo lo ocurrido con
los principales conflictos de los últimos meses (ley de medios, revisión de
las retenciones, reforma política, televisación del futbol,) el gobierno
volvió a ganar esta disputa. Como esta pugna acaparó nuevamente la atención
pública se ha perdido de vista la coincidencia central de los dos bandos en
torno al canje.
Esta convergencia fue
anticipada cuando avalaron el pago anticipado de la deuda al FMI mediante los
ahora cuestionados decretos de necesidad y urgencia. En el año 2005 el
ejecutivo utilizó estos mecanismos con la aprobación plena de adversarios,
que siempre exceptúan al tema de la deuda de su custodia republicana de la
Constitución.
Esta misma convergencia se ha
verificado en torno al canje, refutando la impresión que en la Argentina
“volvió el debate político”. Es completamente falso que se a retomado el
debate sustancial en desmedro de la chicana y los fuegos de artificio.
Justamente lo ocurrido ilustra cómo las controversias sobre las formas
ocultan el contenido. Ambos bandos se desangran por imponer su política de
pago de la deuda, sin cuestionar en ningún momento la legitimidad de esta
erogación.
Nuestra
perspectiva
Los cambios operados en las
últimas décadas en la composición de la deuda pública (interna y externa)
y en los tenedores de bonos (intraestatal, privados) han complejizado la
respuesta. Es esa complejidad la que impone actualizar y renovar nuestras
propuestas programáticas para general una real alternativa.
Desde nuestra perspectiva un
primer paso para la construcción de un programa alternativo pasa por la
inmediata suspensión unilateral de los pagos.
La deuda ya no está, como en
los ´80, directamente nominada y fácilmente observable en manos de un puñado
de bancos. Por el contrario se encuentra dispersa en una gran variedad de
bonos en manos de diferentes acreedores. Distintos trabajos difieren sobre el
grado de concentración de esos bonos. Pero el sólo hecho de que los tres
bancos a cargo del canje puedan “asegurar” con facilidad porcentajes de
aceptación del 75% o más reflejan que una importante cantidad ya no está en
manos de los tenedores originales sino de quien los ha adquirido fuertemente
desvalorizados en alguno de los distintos momentos de la crisis post–2001. A
esos grandes bancos y fondos buitre es a donde apunta la suspensión que
proponemos.
Reconocemos que en el caso de
bonos cuyos tenedores resulten jubilados, ex combatientes, víctimas del
Terrorismo de Estado o pequeños ahorristas, corresponderá reconocer y pagar
esos compromisos. Proponemos entonces un censo y las verificaciones necesarias
a tales efectos.
En nuestra consideración
merece un análisis particular la deuda interestatal, particularmente la del
ANSES, pero también la de otros organismos públicos y las provincias. Se
deberá entonces resolver qué se hace con los bonos y letras en poder de esos
organismos, pero es prioritario evitar una descapitalización del ANSES. En
este sentido nuestra propuesta implica también que los fondos de la seguridad
social dejen de ser la principal fuente de financiamiento del pago de los
servicios de la deuda.
Respecto de la deuda
comercial en curso (pago a proveedores, compromisos de obra pública, etc.),
proponemos una inmediata auditoria para distinguir deuda propiamente comercial
de la financiera y separar los fraudes de los contratos en regla.
Un segundo paso es la
investigación. Esta investigación resulta necesaria para recrear la memoria
histórica de lo sucedido en el país durante los trágicos años de la
dictadura. Tiene una relevancia complementaria de los juicios a los genocidas,
servirá para clarificar el sentido de los crímenes cometidos por los
militares, pues pondrá de relieve la complicidad y asociación que tuvieron
los banqueros y grandes empresarios con esos crímenes.
Asimismo permitiría volver a
poner a la luz concretamente cómo fueron obligadas las empresas públicas a
endeudarse para financiar la fuga de capitales y quienes fueron los
beneficiaros de la estatización de la deuda. Para nosotros se hace necesario
retomar y profundizar la investigación de Alejandro Olmos, que obtuvo el
fallo del Juez Ballesteros en el año 2000. La Presidenta afirmó que no se
puede volver sobre este tema porque con los varios canjes se perdieron las
huellas de la culpabilidad. Pero siguiendo este argumento habría que cerrar
los juicios a los represores, dónde también han quedado muy ocultas las
pruebas y testigos. En realidad la investigación de la deuda es tan
imprescriptible como la de los crímenes de dictadura, porque ambos procesos
obedecieron a las mismas razones.
Gobierno y oposición
derechista comparten el rechazo a esta investigación porque las
responsabilidades más importantes son contemporáneas y afectan a los
gobiernos constitucionales. Reabrir esta causa sería un acto de acusación
contra la UCR y el PJ que la corporación política quiere ocultar, puesto que
demostraría la complicidad de funcionarios actuales y jefes de oposición con
esa estafa.
Las principales
irregularidades abarcan a los años ‘90 (Plan Baker, capitalización de la
deuda para privatizaciones) y al Megacanje y Blindaje del 2001, como también
sentenció Ballesteros en el 2007, en otro fallo que embargó a Domingo
Cavallo y a Daniel Marx. Por un elemental principio de orden jurídico el
gobierno debiera abstenerse de nuevas operaciones de canje, hasta tanto la
justicia no se expida sobre la legalidad de las tres causas radicadas en el
Juzgado Federal Nº2.
Es necesario recordar que el
80% del incremento de la deuda entre 1994 y 2001 y el 75% del déficit fiscal
de ese período es resultado de la privatización de los aportes jubilatorios,
que compromete todo ese periodo.
Para evitar esta indagación
existen varios proyectos del oficialismo y la derecha para poner en marcha
alguna investigación parlamentaria sólo del pasado dictatorial. En otros
casos se busca simplemente resucitar el cajoneo con comisiones que no llegan a
ninguna lado y sobre todo se intenta evitar cualquier reflexión sobre el
presente. Por el contrario para nosotros investigar hoy es auditar el
comportamiento de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rua, Duhalde y
también Kirchner. Es investigar el canje de Lavagna del 2005 y también el
actual. Cualquier otra propuesta de investigación es un acto de cinismo.
Lo que importa de la deuda no
es sólo una cifra y un conjunto de anomalías, sino también el enjambre de
intereses capitalistas que continúa lucrando con el esfuerza de las mayorías
populares. Es por eso también absurdo separar el “aspecto jurídico” de
la deuda (que debería indagar alguna comisión de abogados) del “aspecto
económico” del canje (que debe continuar avanzando en manos de los
banqueros). Con este tipo de dualidades se vacía el contenido político de la
investigación, convirtiéndola en una preocupación arqueológica.
Nuestra propuesta implica
constituir una Comisión Investigadora con plenos poderes, integrada por
personalidades del país y del exterior de intachable trayectoria y
organizaciones populares (políticas, sindicales, de derechos humanos). Con
plazo definido para entregar y hacer públicas sus conclusiones.
Pero todos estos planteos
deben articularse con iniciativas de mayor importancia en otros campos. Es
clave el debate sobre iniciativas complementarias como el uso de las reservas.
Quienes integramos EDI sostenemos que las reservas pueden y deben utilizarse,
pero para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, financiando
proyectos que impacten en el desarrollo nacional, priorizando la generación
de puestos de trabajo.
Para nosotros es decisivo
avanzar en la reforma financiera, nacionalización de la banca y en la
relocalización de las reservas, depositadas en Nueva York a favor de la
gestación de un banco regional y un fondo de estabilización soberano de América
Latina.
Son todos los debates que
abre el rechazo del canje. Este es hoy la divisoria de aguas entre una ruptura
popular o la recreación de la pesadilla de la deuda.
(*)
Claudio Katz, Guillermo Gigliani, José Castillo, Jorge Marchini, Eduardo
Lucita, Alberto Teszkiewicz (Economistas de Izquierda–EDI). Adhieren:
Guillermo Almeyra, Alejandro Olmos Gaona, Julio Gambina.