“[La nueva ley electoral] favorece el status quo, la inmovilidad del poder económico hegemónico y sus escandalosas prerrogativas”
(Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, febrero 2011).

Enero no trajo grandes sorpresas en el escenario político nacional. Contrastó con un diciembre muy polarizado, marcado por los acontecimientos del Parque Indoamericano, los eventos del 23 de diciembre en Constitución, los furibundos ataques del kirchnerismo a la izquierda y la continuidad de los reclamos de los tercerizados del ferrocarril.

Pero sin dejar de ser un mes veraniego, con tendencias políticas más mediatizadas, hubo “chispazos” de los procesos que seguramente estarán presentes en 2011: el problema de la inflación, los aprestos electorales con miras a las presidenciales de octubre, la persistencia de la conflictividad social y la pelea de las corrientes de la izquierda contra la proscripción electoral.

De la combinación de estos elementos irán surgiendo las coyunturas del año que está comenzando.

En cuanto a las perspectivas para 2011, más que seguir marcado por este clima de relativo aletargamiento estival, creemos que retomará los rasgos de creciente polarización político–social que cruzaron los últimos meses de 2010. No parece muy realista pensar que las contradicciones que vienen cruzando la vida política nacional vayan a desvanecerse como por arte de magia.

El ajuste por inflación

“La inflación es intolerable porque enciende tensiones sociales”
(La Nación, 16–01–11).

El primer motor de contradicciones es la coyuntura económica. Hoy viene mostrando índices favorables al gobierno, con cecimiento de la producción crece, precios de los productos exportables por las nubes, marcha ascendente de la industria automotriz y balanza comercial (exportaciones contra importaciones) todavía positiva. El BCRA tiene reservas suficientes para cumplir con las obligaciones externas, se mantiene cierto superávit fiscal y, en fin, divisas no parecen faltar.

El tradicional mecanismo económico argentino de “stop and go” (arranque y pare), que reflejaba las marchas y contramarchas de la producción nacional debidas al estrangulamiento de divisas (hecho que impedía, entre otras cosas, la continuidad del ciclo inversor), no se está verificando. Las perspectivas son que el crecimiento económico del país continúe en el 2011, aunque a un ritmo más moderado que el del año pasado.

Sin embargo, no hay felicidad completa. El proceso inflacionario viene corroyendo esta realidad tan idílica. La inflación, hoy por hoy, concentra el núcleo de las contradicciones del “modelo”, y es por allí que mete la cola la crisis económica internacional en países como el nuestro, exportadores de materias primas. Esto se acaba de verificar en los estallidos sociales en Bolivia o el sur de Chile contra los tarifazos y la carestía de la vida. Por no hablar de Túnez y Egipto con sus “rebeliones del pan”.

La suba de los precios no se debe esencialmente, como dice el discurso gubernamental, a la “puja distributiva” entre patrones y obreros. La la inflación es un producto combinado de lo dramáticamente infladas que están las materias primas en el mercado mundial (lo que empuja para arriba los precios de los bienes de consumo masivo en nuestro país), sumado al hecho que la Argentina sigue adoleciendo de suficientes inversiones, sobre todo en nuevas industrias, infraestructura y energía.

A estos factores estructurales se suman las superganancias que benefician a los empresarios y convalidan los kirchneristas. Porque mientras los aumentos de salario, invariablemente, vienen corriendo por detrás a los precios, los dividendos de los patrones nunca han sido tan grandes como bajo los Kirchner.

Estas son las verdaderas causas de que el país venga sufriendo un proceso inflacionario, a diferencia de los años 90. Por entonces, como producto de la derrota de las principales luchas obreras, el país vivía una situación de paz de los cementerios en términos de lucha de clases. Por ende, los empresarios no necesitaban remarcar precios para garantizar sus ganancias: se aplicaban los ajustes de manera explítica vía los despidos en masa.

Hoy la situación es radicalmente diferente: ante una sociedad mucho más movilizada desde 2001, el mecanismo inflacionario es el más adecuado para el logro de este mismo objetivo: evitar la erosión de las ganancias. Los ajustes explícitos, brutales, no tienen margen político. De ahí que la inflación es un fenómeno económico, pero tiene también condimentos políticos ligados al estado de movilización de la sociedad y a la autoridad del Estado.

Por ahora nadie espera que la inflación se “espiralice”. Pero ya  deja consecuencias que preocupan a los empresarios: le quita competitividad a la economía, haciendo que el peso se fortalezca en relación al dólar, y al mismo tiempo es el motor de una conflictividad obrera que no para.

La huelga de los portuarios rosarinos

“La presidenta sabe que la CGT actúa con responsabilidad” (Julio Piumato, secretario general
 de los judiciales y uno de los principales dirigentes de la CGT).

Enero mostró algunas expresiones de lo que puede venir en materia de conflictos. Más allá del logro del pase a planta de una porción sustancial de los ferroviarios tercerizados del Roca –un triunfo de importancia, aunque mediatizado desde el punto de vista político–, la noticia más relevante ha sido el paro general de la CGT San Lorenzo (Gran Rosario) exigiendo la equiparación salarial de los trabajadores portuarios con los aceiteros: un piso de 5000 pesos.

A lo largo de 8 días se logró la paralización total de las operaciones del puerto rosarino. Un paro duro, anunciado por “tiempo indeterminado”, con piquetes en las entradas portuarias y que llegó a motivar una nueva intervención de Cristina exigiendo a los dirigentes sindicales “responsabilidad”.

Argumentando que su gobierno no era como el neoliberalismo de los 90, se “olvidó” de señalar que su gobierno preside un país capitalista, donde los de arriba siguen amasando fortunas inmensas mientras los de abajo se esfuerzan día a día para sobrevivir. ¿O no es ésta la realidad cotidiana de la clase obrera bajo el kirchnerismo aun a pesar de determinadas mejoras producto de la rebelión popular del 2001?

El conflicto rosarino va mucho más allá de los chispazos verbales por arriba: su indisimulable trasfondo es la preocupación del gobierno por la expansión del reclamo contra la discriminación salarial y la tercerización a partir de la lucha del Roca, amén del hecho de que se vienen las paritarias en un contexto crecientemente inflacionario.

Al cierre de esta edición, el conflicto está en conciliación obligatoria. Algunos dirigentes de la seccional de San Lorenzo están llamando a la “confianza” en la intervención del Ministerio porque “siempre ha resuelto para el lado de los trabajadores”.

Pero eso no le quita importancia a esta pelea como expresión de algunas de las tendencias más de fondo de la conflictividad obrera, en esta coyuntura inspirada por la dura lucha de los tercerizados ferroviarios.

En definitiva, enero podría estar preanunciando un año donde elecciones y conflictividad social se encuentren más entremezclados que en un habitual escenario electoral: es justamente lo que quiere evitar Cristina con la prédica de un “pacto social” todavía en veremos [1].

Moyano y demás adláteres de la CTA y la CGT Azul y Blanca de Barrionuevo vienen cacareando como hacen siempre a comienzos del año. Pero no se puede perder de vista que van a intentar usar las paritarias como mecanismo para domesticar la conflictividad obrera. Habrá que desbordarlos desde abajo para evitar una nueva caída en los salarios reales.

Elecciones cuestionadas

Más allá de los conflictos obreros, el proceso general que cruzará todo 2011 serán las elecciones presidenciales de octubre. Señalábamos en la edición anterior que la patronal quiere dirimir allí el rumbo político del país: la reafirmación del “modelo” K de cierta intervención económica e inflación, o el difuso de la oposición, más clásicamente de libre mercado y ajuste explícito.

Hoy por hoy, la mejor posicionada es Cristina. Los Kirchner han sido el personal político que mejor ha leído las tendencias económicas y políticas de los últimos años y la oposición tiene poco o nada que ofrecer que no sean las recetas más clásicas y desacreditadas.

Pero lo que nos interesa destacar no son las posibilidades electorales de Cristina o la danza de candidatos de la oposición patronal, sino un aspecto que hace a la elección en su conjunto: bajo qué normativa legal se realizarán.

Aunque parezca increíble, esto todavía no está del todo claro. El gobierno ha salido a reafirmar que las elecciones se llevarán a cabo bajo la aplicación de la ley 26.571 votada a finales del 2009. Es verdad que el gobierno goza de una recuperación de su popularidad y está más cerca de una eventual reelección, por lo que tiene cierta autoridad como para sostener la ley.

Sin embargo, al ser tan escandalosamente proscriptiva y hecha tan a la medida de las necesidades del oficialismo –amén de impulsar el bipartidismo peronista–radical, razón por la cual goza del apoyo de la UCR– está siendo cuestionada desde diversos ángulos.

Y no solamente desde la izquierda por su carácter vergonzosamente proscriptivo. Figuras patronales como De Narváez y Stolbizer también han cuestionado las internas de agosto. Lo mismo ocurre con publicaciones de cierto prestigio: “La ley estatuye en la práctica una doble elección nacional, en la que las ‘internas abiertas’ resultan en cierto modo ‘eliminatorias’, ya que de las elecciones nacionales posteriores sólo pueden participar aquellas fuerzas políticas que hubieran obtenido en las primarias el 1,5% de los votos válidamente emitidos en todo el territorio nacional, o en el distrito. Si a esto se agrega los abultados avales de afiliados necesarios para presentarse como candidato, queda claro hasta qué punto la ley está diseñada para reforzar el bipartidismo. La reforma política dejó afuera de la competencia a 149 partidos (…) La ciudadanía no podrá elegir, sólo optar” (Le Monde diplomatique).

Además, la nueva ley todavía no está reglamentada en muchos de sus aspectos decisivos. Por ejemplo, las internas del 14 de agosto: no se sabe si el piso que se utilizará en las mismas será sobre los votos válidos emitidos o sobre el padrón electoral general, cómo se votaría, quién fiscalizaría la votación, etcétera…

En suma, una situación escandalosa que apunta a cuestionar la legitimidad misma de los comicios de octubre, hecho sin precedentes desde 1983.

Por una campaña unitaria contra la proscripción

El inicio del año plantea dos tareas inmediatas para la izquierda. En primer lugar, apoyar las luchas en curso, así como derrotar los continuados ataques antisindicales de las patronales contra los delegados electos por la base obrera, como es en este momento el escandaloso caso en FATE contra uno de los miembros del cuerpo de delegados.

Y al mismo tiempo, hay que poner en la calle de manera unitaria una campaña masiva que, apoyándose en la sensibilidad democrática que hay en amplios sectores de la sociedad y los elementos de creciente politización, derrote el ataque maccartista del gobierno contra la izquierda revolucionaria.

Nota:

1. Un ejemplo de lo que es realmente un pacto social se acaba de ver en España, donde el gobierno “socialista” de Zapatero acaba de firmar con los dirigentes sindicales el aumento de la edad jubilatoria.