Quince
días han pasado del contundente triunfo kirchnerista en las
primarias del 14. Electoralmente todo está más o menos en
el mismo lugar. Alperovich, radical K, acaba de alzarse con
un 70% en su segunda reelección en Tucumán. Mientras
tanto, la oposición patronal sigue “catatónica”: no
logra salir del desastre en el que quedó luego de la elección
de hace dos domingos. Con la reelección de Cristina
asegurada, la jornada del 23 de octubre se asemejará mucho
más a una elección parlamentaria.
La verdadera discusión
es la del día después
Pero
hay un debate de importancia que se ha ido imponiendo: el
del día después. Es decir, la economía que viene para el
2012. La circunstancia es que la recaída en la crisis que
se vive mundialmente, sumada al peso de las crecientes
inercias que viene acumulando el “modelo K”, auguran
un próximo año más dificultoso que este casi
“primaveral” 2011.
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La
crisis llega a China y Brasil
¿Ante
el fin del desacople?
En
nuestra edición anterior decíamos que respecto de la
coyuntura actual se trataba de ver no solamente la foto que
la misma devolvía sino la película entera. Se señalaba,
gráficamente, que la votación a Cristina había sido
mirando el espejo retrovisor y no el parabrisas; es decir,
hacia atrás y no hacia lo que se viene.
Es
que la elección del 14 ocurrió de espaldas a la tormenta
mundial de los mercados, y si a estas horas dicha tormenta
parece pasar por un momento de “calma”, no hay analista
económico que no haya descontado que la economía mundial
se verá sometida a una nueva recaída recesiva. Lo que se
avecina es un escenario de “japonización” en el norte del mundo caracterizado por años de
debilidad económica, bajísimas tasas de crecimiento,
inversión decreciente, y un nivel de desempleo alto: una
probable depresión mundial.
El
debate desarrollado en estos días se refiere precisamente a
eso: ¿qué impacto tendrá en una economía nacional que
viene arrastrando problemas, la renovación de la crisis
mundial?
Respecto
del marco internacional, el escenario que viene está
bastante claro. Si la realidad hasta ahora fue de cierto
“desacople” entre la crisis en el norte del mundo y los
países “emergentes”, esto se debió a que China, India
y Brasil no se vieron plenamente arrastrados a la crisis
cuando ésta arreció entre finales del 2008 y comienzos del
2009. Amén de otros factores, sus enormes mercados internos
en crecimiento hicieron que la demanda de materias primas
continuara por las nubes (lo mismo que la producción
automotriz en el caso brasilero). La circunstancia ha sido
que la incorporación al mercado de las enormes poblaciones
campesinas o ex campesinas en China, India y Brasil, ha
actuado como contrapeso de la crisis, generándose sobre
todo en el primer país, el
efecto de una suerte de “tercera revolución industrial”
que ha permitido sostener altísimas tasas de crecimiento.
Esta
realidad benefició no solamente a la Argentina, sino al
conjunto de Latinoamérica: un viento de cola que ha venido
soplando en favor de toda la región. Los beneficios para el
país de este efecto han sido evidentes: precios de las
materias primas exportables por las nubes (los mayores en
las últimas décadas [1]) y una enorme demanda automotriz
del Brasil, destino de la friolera del 60% de la producción
argentina en esa rama que viene batiendo récords históricos
de producción en los últimos dos años (alrededor de
700.000 unidades producidas).
Sin
embargo, la circunstancia es que ahora, en China y Brasil,
se yerguen nuevos nubarrones. En China, el nivel de aumento de los precios se hace
cada vez más insostenible, los conflictos salariales crecen
y el gobierno está tomando medidas de “enfriamiento”
económico. Pero, sobre todo, su crecimiento económico podría
verse afectado por un lado más “estructural”: el de las
insostenibles tasas de inversión que alcanzan el 50% del
PBI. Es visible la falta de uso de muchas de sus nuevas
instalaciones, lo que está expresando una situación de
sobreinversión en plantas e infraestructura que no logran
aprovechamiento real (varios analistas se han referido a los
nuevos trenes balas que circulan prácticamente sin
pasajeros). La marea inversora podría verse obligada,
entonces, a ser reducida sustancialmente, rebajando el
crecimiento y la demanda de materias primas de todo tipo.
Paralelamente,
en Brasil se espera una caída a la mitad de su crecimiento
actual: del 7.5% en 2010 a 3.5% para este año (Alberto
Armendáriz, La Nación, Economía y Negocios,
28–08–11). Casi inevitablemente, esto terminaría
retrayendo al menos parte de la demanda automotriz:
“Cualquiera sea la profundidad de la desaceleración
brasilera, es de esperar que tenga impacto en la economía
argentina, sobre todo, desde el punto de vista comercial, ya
que Brasil fue, en 2010, el destino del 21.3% de las
exportaciones y del 42% de las manufacturas de origen
industrial argentinas. ‘Lo primero que [se] ajustaría es
la compra de autos y toda la cadena de la industria
automotriz (…) Las manufacturas de origen industrial en la
Argentina tienen
un componente muy importante de autos. Las automotrices
exportan el 60% de su producción; ocho de cada diez autos
exportados van a Brasil” (La Nación, 28–08–11).
Además,
entre las filas empresarias argentinas, han despertado
cierta preocupación algunas medidas más o menos
proteccionistas que estaría tomando el gobierno de Dilma
Rousseff. Y a esto habría que agregarle que el gobierno del
PT estaría tomando medidas de ajuste fiscal, si bien todavía
“moderadas”.
En
fin, la posibilidad de menores exportaciones de soja a
China, y automotrices al Brasil, significarían obviamente
menos crecimiento en la Argentina; menores posibilidades de
“desacople” de la dinámica de la crisis mundial, la que
a su vez traería problemas por otras vías, como por
ejemplo, el hecho que las obligaciones de pago de deuda
externa para el año próximo alcanzan la nada despreciable
cifra de 20.000 millones de dólares, esto en condiciones en
las cuales su financiamiento no sería tan “sencillo”
como viene siendo hasta el momento. (JLR)
Nota:
1.
Aquí se ha abierto toda una discusión teórica porque
estos precios de las materias primas, los mayores en décadas,
han invertido de momento el secular deterioro de los términos
de intercambio tradicionales entre materias primas y bienes
industrializados que caracterizan normalmente el desarrollo
capitalista, beneficiando así a los países exportadores de
commodities, fenómeno que, históricamente, no está
llamado a sostenerse, pero que tiene enorme impacto económico
hoy.
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Esto
mismo podría estarse preanunciando con el duro conflicto
petrolero que despunta en la provincia de Santa Cruz, lugar
desde donde han provenido los pocos conflictos de
importancia este año (sin olvidar el de los estibadores
portuarios de Rosario durante el verano).
De
ahí que la foto políticamente más significativa de estos
últimos días haya sido la de Cristina, Moyano, Yasky y los
empresarios en el Consejo del Salario Mínimo, donde no
solamente se fijó una cifra a gusto de estos últimos (una
salario de 2.300 pesos que no llega ni a la mitad de la
canasta familiar), sino que, más importante aún, se
escenificó algo que el gobierno viene acariciando desde
hace tiempo: la puesta en pie de un “pacto social” en el
que, con la excusa de la crisis mundial, se llame a
trabajadores y patrones a “tirar todos para el mismo
lado” frenando “la puja distributiva” en función de
“los intereses más elevados de la nación”. Lo
que no quiere decir otra cosa que hacerles pagar a la clase
obrera al menos parte o toda la cuenta de la crisis.
Es
al servicio de alertar
lo que se viene en el 2012 de la mano del gobierno K, y poniéndose
a disposición de todas y cada una de las luchas en curso,
debe colocar la izquierda revolucionaria el conjunto de su
actividad en las próximas semanas, incluyendo la campaña
electoral.
El “modelo K”
frente a sus límites orgánicos
El
deterioro del contexto mundial en el cual se desenvuelve la
economía argentina ocurre cuando el “modelo K” no ha
dejado de acumular problemas. Luego del 14, los empresarios
han dado un giro en su enfoque, llamando ahora a introducir
“mejoras en el modelo” más que a cambiarlo.
Problema
uno: la escalada inflacionaria que erosiona la competitividad del país.
Esta escalada ha venido siendo compensada mediante aumentos
de salarios que hasta cierto punto han terminado desbordando
los techos que los empresarios quisieron fijarles. La
problemática marcada por las organizaciones patronales es
que la cotización del dólar no ha acompañado el ritmo de
aumento de los precios: la mano de obra y los precios de los
productos se han encarecido
en dólares reduciendo la competitividad (traducido, el
nivel de superganancias empresarias) de la economía
argentina.
Como
compensación, ha estado el hecho que el debilitamiento del
dólar a nivel mundial ha hecho que los precios de las
materias primas se siguieran incrementando en términos dólar
y que la enorme sobrevaluación de la moneda brasilera (el
real), ha contribuido para que los costos de las
exportaciones argentinas se mantengan relativamente bajos.
Esta ventaja podría esfumarse si la cotización del real
contra el dólar se corrigiera: “La fortaleza del real fue
hasta ahora la clave de que los productos argentinos
mantuvieran su competitividad frente a sus pares del país
vecino. Por efecto de la inflación –que erosiona el poder
adquisitivo del peso–, el tipo de cambio real de la
Argentina ya es casi de 1 a 1 con respecto a Estados Unidos,
pero sigue siendo favorable al país cuando se lo mide con
Brasil, de 2 a 1” (La Nación, 28–08–11).
En definitiva: inflación, salarios y tipo de cambio
deberían ser sometidos a correcciones
para enfrentar las dificultades señaladas.
Segundo
problema: el altísimo
nivel de subsidios a las empresas de servicios públicos.
Es que como subproducto del estallido del 2001, el gobierno
ha mantenido relativamente bajas las tarifas, transporte
incluido. Los subsidios a las empresas que prestan estos
servicios han alcanzado cifras varias veces millonarias (la
friolera de unos 70.000 millones de pesos para este año)
difíciles de sostener en unas condiciones donde, a la vez,
prácticamente han desaparecido los superávits gemelos
(fiscal y comercial) de años atrás. Pero el problema está
en que reducir estos subsidios significaría, lisa y
llanamente, un enorme aumento de las tarifas; tarifas
subsidiadas que han contribuido, en cierta medida, a la
relativa recuperación –o sostenimiento– del salario en
los últimos años y, obviamente, su eliminación, no caería
nada bien entre la población trabajadora, amén
de multiplicar exponencialmente la escalada inflacionaria.
Un
tercer problema ligado al anterior: la
deficitaria provisión de energía. El país viene
atravesado por una creciente crisis energética. Entre los
productos energéticos que el país exporta y los que
importa se ha llegado, por primera vez, al déficit, y este
déficit amenaza con seguir creciendo. Las bajas tarifas han
conspirado contra las inversiones en petróleo y gas, y una
cantidad creciente de sus derivados han debido ser
importados a precios internacionales, lo que también
configura un creciente problema para el fisco y la balanza
de pagos.
Cuarto
problema, más general: la inversión no es suficiente para
mantener el actual nivel de producción y demanda, aun
cuando se haya recuperado desde una bajísima tasa a
comienzos de los años 2000 al 22.5% del PBI actual. La
utilización de la capacidad instalada de las empresas –más
allá de desigualdades por rama de actividad– se está
acercando al tope, y también conspira contra la
competitividad el hecho que la ausencia de inversiones
suficientes hacen que la dotación de capital fijo (máquinas
y equipos), en muchos casos, tenga un atraso respecto de la
tónica mundial, de 20 ó 30 años.
Los
empresarios justifican el déficit inversor en que “el
clima de negocios no es el más favorable”, en que sigue
habiendo “temores” por un posible nuevo “manotazo”
de “alguna caja”. A esto hay que agregarle el
persistente fenómeno de la fuga de divisas: los
capitalistas se embolsan inmensas ganancias en dólares,
pero sacan estos dólares al exterior en la búsqueda de
“refugios” más seguros en vez de invertirlos en el país.
En los últimos cuatro años la fuga de capitales ha
alcanzado la nada reducida cifra de 70.000 millones de dólares
mientras que las reservas del BCRA están clavadas –ya
hace tiempo– en los 50.000
millones.
Quinto
problema. A los inconvenientes anteriores se le agrega uno
bien “macro”. El economista estrella del gobierno,
Joseph Stiglitz, recientemente ha puesto el dedo en la
llaga. Ha señalado que la Argentina tiene una “debilidad
estructural” que podría afectarla fuertemente ante una
recaída económica mundial: su excesiva dependencia de la producción de materias primas. Ha señalado
que no puede haber país sólido con ese nivel de
dependencia de las exportaciones de commodities: “Hay un
riesgo de una desaceleración en China, lo cual desacelerará
el precio de las materias primas, del cual la Argentina es
muy dependiente. Por lo tanto, debería diversificar su
economía, algo que no se hace de la noche a la mañana”
(La Nación, 27–08–11).
Se
trata, ni qué decirlo, de un problema estructural
que el kirchnerismo –y su bendito “modelo”–
no han modificado un ápice en sus ocho años de
gobierno: la inserción dependiente y subordinada de una
argentina relativamente primarizada en la economía mundial,
eterno problema que refleja una cuestión de fondo que no
podrá revolver ninguno de los relatos “épicos” del
progresismo K: la
ausencia de una burguesía nacional con vocación real de
desarrollo integral de las fuerzas productivas nacionales.
Como señalara León Trotsky siete décadas atrás (y ha
sido confirmado por toda la experiencia histórica), en las
naciones dependientes como la nuestra, esa tarea corresponde
a la clase obrera y a nadie más.
El ajuste que viene
Como
venimos señalando, acerca de los problemas acumulados por
el modelo K hay bastante consenso entre todos los
economistas, sean del color que sean. También hay consenso
acerca de que el 2012 va a ser un año más difícil para la
economía argentina. La gran pregunta es: ¿qué
curso tomará el gobierno frente a esta realidad?
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Las
tareas inmediatas de la izquierda
Con
las luchas, y diciendo la
verdad acerca del gobierno
Es
en el contexto que venimos desarrollando en nuestras notas
editoriales, donde se instala la importancia de un conflicto
como el de los petroleros de Santa Cruz. No ha sido un año
de grandes luchas. Pero dentro del mismo, el de los
petroleros del sur del país, ha estado sin duda alguna
entre los más importantes, sin olvidarnos de la lucha durísima
de los docentes de esa misma provincia, o los conflictos por
la tierra a finales del año pasado cuando la ocupación del
Parque Indoamericano o, semanas atrás, en la provincia de
Jujuy.
Volviendo
a los petroleros, no se trata de un conflicto meramente
“económico”: los compañeros están en lucha reclamando
que el sindicato y los gobiernos nacional y de Peralta en
Santa Cruz están desconociendo
el compromiso de llamar a elecciones para elegir una nueva
directiva de su gremio luego de la histórica lucha de meses
atrás, que comandada por 120 compañeros del cuerpo de
delegados, echara a patadas a la burocracia de Segovia.
Es
decir, la lucha de los petroleros vuelve a instalar que en
el país se vive un estratégico proceso de recomposición
de la clase trabajadora, proceso que en las condiciones del
festival electoral de este año 2011 sigue haciéndose
presente.
De
ahí que en el actual momento no haya tarea más importante
para la izquierda que ponerse a disposición de esta pelea
(y de otras como la que podría despuntar en el Teatro Colón).
Esto más aún en las condiciones donde, casi explícitamente,
Peralta está amenazando a los compañeros con reprimirlos.
No habría que descartar un escenario como el de Jujuy de
semanas atrás, o incluso que el gobierno quiera tomar una
nueva medida ejemplificadora con ellos (aunque, quizás,
prefiera evitar mostrarse “duro” antes del 23/10).
En
todo caso, esto coloca un problema para la izquierda: no
puede ser que algunas de sus organizaciones –como las
nucleadas hoy en el FIT– no hablen palabra del gobierno K:
no puede haber política
electoral revolucionaria si no se hace explícita la
responsabilidad del gobierno kirchnerista en tratar de
reventar los procesos obreros independientes como
el de los petroleros del sur en defensa de la podrida
burocracia petrolera (y, en el mismo sentido, aunque sea
otro terreno, subrayando que Cristina termina su mandato sin que se sepa palabra de qué ocurrió con Julio López,
primer desaparecido en “democracia”).
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A
decir verdad, Cristina ha hablado poco y nada durante la
campaña de esta crucial cuestión (es decir, acerca de qué
medidas tomará luego del 23). Solamente se ha dedicado a
resaltar las “bondades” de la economía argentina en
relación al derrumbe mundial. Es ese contraste lo que le ha
permitido encaramarse en el 50% más uno de los votos.
Pero
luego del 23 llegará la
hora de la verdad. Es ahí donde se coloca el problema
de qué rumbo tomará el gobierno. De entre la nebulosa en
que se han dejado –conscientemente– las cosas, hay una
pista de importancia que se acaba de revelar en oportunidad
de la negociación para fijar el nuevo piso del salario mínimo:
el gobierno pretende
que en el 2012 la negociación salarial sea a la baja.
Es decir, pretende poner un piso mucho menor a los
porcentajes que se vienen negociando en los últimos años.
La Presidenta “no quiere excesos en los aumentos, porque
hay que actuar con seriedad y responsabilidad’, dejó
trascender a los medios un alto funcionario, señalando que
se estaba hablando bien por debajo del 20%.
El
gobierno debe responder a la preocupación que viene
manifestándose desde las filas empresarias: la “pérdida
de competitividad” de la economía argentina. Para
resolverla, tiene un arsenal limitado
de alternativas, dadas las señaladas “inercias” que
viene acumulando la economía. Por ejemplo, en condiciones
de escalada inflacionaria, no quiere devaluar el dólar más
de la cuenta porque eso tiraría más para arriba los
precios alimentando la “puja distributiva” en vez de
aplacarla. Tampoco puede seguir confiando en que Brasil
mantendrá un real tan elevado porque las señales parecen
ser, ahora así, más o menos a la baja, lo que significaría
un deterioro ulterior de la competitividad argentina. Para
colmo, algo deberá hacer respecto de las tarifas: será difícil
continuar con el actual esquema, cada vez más oneroso para
las arcas del Estado.
Y,
además, está la preocupación por aumentar las
inversiones. Pero para hacerlo debe mejorar el “clima de
negocios” y esto difícilmente se podría lograr si se
tomaran nuevas medidas “heterodoxas”. No es que no se
tengan a mano alternativas de este tipo. Se podría avanzar,
por ejemplo, en la estatización del comercio de granos o,
por lo menos, volver a intentar tocar las retenciones. Pero
esto significaría declarar “una guerra civil” a las
patronales del campo luego de su derrota frente a ellas sólo
dos años atrás. También se podría pensar en algún tipo
de medida respecto de los depósitos, pero esto lo enfrentaría
a la “patria financiera”, la que, a decir verdad, ha
estado muy cómoda en los últimos años con los K.
En
todo caso, y sin excluir que pueda tomar alguna que otra
medida “progresista”, llevando a cabo algún tipo de
“arbitraje” como para “repartir” los costos del
ajuste [1] (y, sobre todo, seguir alimentando el relato “épico”
de su tropa), lo que parece más probable es que se esté ante la
posibilidad de que el gobierno se descuelgue ahora con una
combinación de medidas más “ortodoxas” que en la etapa
anterior, buscando hacerles pagar a los trabajadores –con
más o menos anestesia– al menos una parte de la crisis
que viene: ¡no hay que olvidar nunca que se trata de un
gobierno 100% capitalista!
La amarga verdad
Respecto
de los posibles giros conservadores de los gobiernos
“progresistas”, hay un ejemplo histórico muy
ilustrativo: “El 11 de noviembre de 1951 Juan Perón
consiguió la reelección por el 62.49% de los votos. Pero
el 19 de febrero de 1952 pronunciaba este discurso: ‘La
economía justicialista establece que de la producción del
país se satisface primero la necesidad de sus habitantes y
solamente se vende lo que sobra. Claro que aquí los
muchachos con esta teoría cada día comen más y, como
consecuencia, cada día sobra menos. Pero han estado
sumergidos, pobrecitos, durante cincuenta años; por eso yo
los he dejado que gastaran y que comieran y que derrocharan
durante cinco año todo lo que pudieran (…) Pero,
indudablemente, ahora
empezamos a reordenar para no derrochar más”… [2]
En
fin, el señalado escenario significaría una negociación a
la baja en las próximas paritarias, justificada en nombre
del “vendaval mundial”, y contando con los inestimables
servicios de la CGT y la CTA oficialista. Es
para este escenario que debe preparar la izquierda a la
clase trabajadora, independientemente de que esto signifique
una verdad amarga que le pinche el globo de las ilusiones a
tantos compañeros y compañeras que confían en Cristina.
Notas:
1.
Ahora mismo está en el Congreso el proyecto de nueva ley de
tierras que pretende definir –pero solamente hacia el
futuro– un tope del 20% de las tierras en manos de
extranjeros, proyecto de ley que en todo caso, todavía
tiene una redacción conscientemente muy imprecisa.
2.
Carlos Pagni, La Nación, 22–08-11.