La coyuntura nacional después del temporal

Un profundo descontento que se cocina a fuego lento

Editorial de Socialismo o Barbarie, periódico, 12/04/2012

“No tenemos luz ni agua y encima nos roban. A mi amiga le robaron las chapas del techo de la casa. Nadie nos dio una solución. No nos atienden en Edesur ni en la Municipalidad de Quilmes. No tengo agua para tomar ni para bañarme. Acá hay vecinos que están durmiendo a la intemperie, mucha gente se quedó sin casa” (Noelia Soto, La Nación, sábado 7 de abril 2012).

Las consecuencias del temporal fueron otra vuelta de tuerca en la caldera del descontento popular que se viene cocinando desde comienzos del año y que se ha transformando en el factor más dinámico de la realidad nacional. Tan dramática fue (y es todavía) la situación en algunas localidades del Gran Buenos Aires, que aunque de manera dispersa y sin centralización, por momentos parecieron revivirse imágenes similares al estallido del 2001.

A este creciente malestar ya venía contribuyendo la brutal escalada de los precios, la que tiene ahora un nuevo capítulo con el sideral aumento de la yerba mate. También contribuyó la tragedia ferroviaria de Once, que sin embargo, a falta de un verdadero movimiento popular que motorizara el reclamo, parece haber quedado en el limbo, maniobras del gobierno mediante.

Las circunstancias anteriores, junto con la anunciada política de “sintonía fina” (ajuste ahora en parte postergado), vienen siendo las causas centrales de la fuerte caída de la popularidad del gobierno observada en las últimas semanas.

Este creciente descontento popular es, sin embargo, sólo el elemento más destacable de un cuadro de conjunto que explica ese deterioro. Porque a esos desarrollos se le han sumado un conjunto de circunstancias, siendo la más relevante últimamente la crisis política desatada en el gobierno alrededor del escándalo de tráfico de influencias que se está ventilando en torno al vicepresidente Boudou. Vicepresidente que, como se acaba de demostrar, es sostenido a pie juntillas por Cristina, incluso a costa de “prohombres” del peronismo como el ex procurador de la Nación y ex ministro del Interior del gobierno de Cámpora, Esteban Righi.

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que la realidad sea “lineal” o que estemos a las puertas de “un derrumbe del gobierno”, como le gusta definir a las corrientes de la izquierda autoproclamatoria[1]. El deterioro que se está viviendo es todavía “a fuego lento”, por así decirlo.

Porque no deja de ser cierto que estos elementos de crisis que han golpeado duramente la imagen gubernamental no acaban todavía de decantar en un salto en calidad en la situación política. Es que simultáneamente con esa caída en la popularidad, se está viviendo una suerte de impasse donde esa incipiente crisis gubernamental todavía no cristaliza en nada categóricamente nuevo, de ahí que el gobierno mantenga amplios márgenes de maniobra.

Aspecto fundamental de esto es la ausencia, por el momento, de grandes luchas de los trabajadores; esto más allá de que existen importantes peleas en la amplia vanguardia, como son la de los compañeros de la línea 60, los judiciales bonaerenses o los docentes de la Capital Federal.

Esta “mediatización” ocurre sobre la base de que el gobierno viene intentando reubicarse poniéndole paños fríos al ajuste mediante la agitación de un discurso “nacionalista” en torno a Malvinas e YPF (ver artículo en esta edición), así como producto de que, como es habitual, la burocracia sindical no ha pasado de las palabras a los hechos: la cacareada “jornada de lucha” anunciada por Moyano en Plaza de Mayo para finales de abril acaba de morir sin pena ni gloria.

Todo lo anterior nos lleva al próximo 1° de Mayo. El mismo debe servir para levantar una tribuna unitaria de lucha contra el gobierno K con las banderas de la independencia de clase y no para la reedición de iniciativas electoralistas que no sirven para nada más que para hacer “autobombo” y dejan el terreno expedito al reformismo.

El temporal como radiografía de la Argentina K

El reciente temporal, como la tragedia ferroviaria de dos meses atrás, entregó una nueva radiografía de lo que es la Argentina capitalista semicolonial del kirchnerismo. Una Argentina en la cual nada estructural cambió en estos casi diez años de gestión, salvo el hecho de que los ricos son mucho más ricos y los trabajadores, aunque tienen más trabajo (súper explotado), siguen siendo, en definitiva, igual o más pobres aún. Conclusión: la Argentina continúa siendo una sociedad dividida entre explotados y explotadores y los K gobiernan, sin lugar a dudas, para los primeros.

La cuestión es que la lluvia y el viento arrasaron zonas enteras del Gran Buenos Aires y la Capital Federal. Del sur al norte: Quilmes, Lomas de Zamora, Sarandí, Avellaneda, la zona sur de la Capital, Ituzaingó, Merlo y Moreno, y un largo etcétera. Se estima que hasta un millón de usuarios quedaron sin luz, muchos de ellos simultáneamente sin agua, una enorme cantidad con sus techos y casas literalmente destruidos, lo que se agravó por la dramática remarcación de los precios cuando fueron a los comercios a recuperar las provisiones perdidas.

Si es verdad que el temporal fue inusitado (De Vido quiso escudarse caracterizándolo de “huracán”), no lo es menos que reveló el extremo deterioro en materia de infraestructura que arrastra el país, así como las precarias condiciones de alojamiento a las cuales siguen sometidas millones de familias de trabajadores a pesar de tanto populismo y cháchara “progresista”. 

En todo caso, la situación se transformó directamente en odio ante la increíble tardanza del gobierno y las empresas (Edenor y Edesur, más las de agua) en responder a la circunstancia. Cristina, como siempre, jugó a las escondidas para que la cuestión no tome estado público nacional; mientras tanto, Scioli en la provincia y Macri en la Capital, demostraron una diletancia increíble en tomar cartas en el asunto, casi seguramente de vacaciones por el fin de semana largo[2] (como reflejo del carácter de clase de sus gobiernos, había funcionarios de su gestión en Punta del Este y otros en Miami).

Lo propio ocurrió con los intendentes del Gran Buenos Aires, más preocupados por evitar “desbordes” que por dar respuestas a la situación, como se pudo observar con Raúl Othacehé en Merlo, que aun reconociendo que en su municipio había la friolera de 150.000 afectados, se dedicó a llevar adelante una escandalosa represión con gases lacrimógenos y balas de goma contra vecinos que se movilizaban por sus reclamos.    

El hecho cierto es que la situación terminó generando algunas imágenes similares a las del 2001. Aunque de manera todavía muy fragmentaria, los vecinos afectados se organizaron, llevaron adelante cortes de ruta y calles, así como guardias y fogatas nocturnas en los barrios. Algunos movimientos de trabajadores desocupados se movilizaron también en las zonas afectadas y comenzaron negociaciones con las autoridades, configurándose de conjunto un cuadro de situación que pudo estar más o menos cerca de un estallido social de ciertas proporciones. 

En todo caso, lo que se observó al menos en los primeros días, es un gobierno y un Estado completamente de espaldas a las necesidades creadas por el temporal. Un verdadero escándalo que se justificó por la circunstancia del feriado largo de Semana Santa y que un periodista caracterizó agudamente como la “ausencia del Estado”: “Aunque el tornado no distinguió clases sociales, la mayor parte de las víctimas murieron por su condición de pobres: [entre ellas], tres personas en la Villa 21-24, en el sur porteño; una de Villa Tranquila, en Avellaneda, y otra en La Matanza, murieron electrocutadas o aplastadas por las paredes de su propia casilla. Casi una década de crecimiento económico no había logrado sacarlas de una situación de vulnerabilidad no apta para ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros hora” (José Crettaz, La Nación, 9 de abril del 2012). 

Pero si atender a los damnificados no fue el primer reflejo gubernamental, si lo fue el intentar ocultar la situación, incluso escondiendo el verdadero número de muertos por la tragedia. Es evidente que el gobierno montó un verdadero operativo para evitar que la cuestión se traslade al plano político nacional o que terminase generando un estallido social. El dato de que solo en Merlo los muertos contabilizados llegarían a 20 personas, es una muestra de esta estafa.

El gobierno, de la mano del flamante secretario de Seguridad, el ex carapintada Berni, puso en marcha un doble operativo. Por un lado diciendo “nosotros no tenemos la culpa” y pidiendo “paciencia que en poco tiempo se arregla”. Y por el otro mandando a la Gendarmería y al propio Ejército, que no solo no hicieron prácticamente nada para socorrer a los damnificados, sino que junto con la policía de la provincia montaron un impresionante operativo de seguridad para evitar que las justas protestas de los afectados crecieran y se extendieran a más barrios.

Sin embargo, los piquetes, cortes y protestas continúan al momento del cierre de esta edición (una semana después del temporal), sencillamente porque las soluciones no llegan; en estos días no hubo clases en alrededor de 250 escuelas y miles de hogares siguen sin luz ni agua ni ayuda.

Desde nuestro partido repudiamos al gobierno K por la manipulación de la información, la militarización de los barrios y la mísera “ayuda” en manos de los punteros corruptos del PJ bonaerense, nos solidarizamos con los vecinos y familias trabajadoras que están protestando y apoyamos sin condiciones todas las medidas de lucha que decidan democráticamente en las asambleas de los barrios. 

Ajuste, giro “nacionalista” y crisis política

Como señalamos al comienzo de esta nota, luego de la tragedia ferroviaria el gobierno había tomado nota de que el ajuste, así como lo había concebido, no pasaba. Con solo anunciarse las primeras medidas, como las de la tarjeta SUBE y un próximo aumento en el boleto, el malestar popular había subido exponencialmente; lo propio ocurría cuando la población esperaba que le llegaran los aumentos de los servicios de luz y gas en las casas. Pero la situación se terminó desbordando con la catástrofe ferroviaria de Once, donde a pesar de que el gobierno maniobró para evitar que se desatara una gran movilización popular, a todo el mundo le quedó clarísimo que la responsabilidad no era otra que la del propio oficialismo, que convivió con los hermanos Cirigliano de TBA desde el primer día de gestión y que no introdujo cambio alguno estructural en el servicio ferroviario argentino; ¡total, si los que lo usan son los trabajadores y los pobres y no la clase media alta y los “yuppies” de La Cámpora!

Sin embargo, ese conjunto de elementos sonó a modo de alerta: como señalábamos, la popularidad ya había comenzado a caer, y en picada, a comienzos de marzo. Así las cosas, el gobierno giró –en cierto modo– en redondo: archivó en parte el ajuste, y salió a buscar otros recursos económicos y políticos. Como ya explicamos en otra edición, mediante un cambio en la Carta Orgánica del Banco Central se garantizó mayores recursos para su gestión así sea a costa de las reservas y mayor inflación. Por otra parte, puso en marcha un giro “nacionalista” discursivo alrededor de poner sobre la palestra el reclamo de Malvinas y, en una combinación económico-política, comenzó a estrechar el cerco sobre Repsol-YPF, responsabilizada de des-inversión y del déficit energético del país por cerca de 10.000 millones de dólares anuales (esto en una Argentina que pocos años atrás tenía garantizado el autoabastecimiento).

Estas medidas, y este giro, le han permitido a Cristina mediatizar un poco las tendencias a la caída de su popularidad, más allá de que ahora las consecuencias del temporal y el sistemático aumento de los precios sigan horadando su figura.  

Además, la novedad de las últimas semanas ha sido la lucha desatada en el seno del oficialismo por el tráfico de influencias verificado en torno a la ex Ciccone Calcográfica, empresa que habitualmente venía siendo la encargada de imprimir los billetes. Es evidente que esta circunstancia, que amenazaba la supervivencia de Boudou, terminó desatando una crisis política a la que se pretende ahora poner “paños fríos” mediante el apoyo de Cristina al ex hombre de la juventud de la UCD (partido liberal de los años 80) que se dedicó a tocar la guitarrita para llegar a la vicepresidencia.

En todo caso, lo que se está procesando es una experiencia política difusamente por la izquierda al gobierno, aunque esta experiencia no termina todavía de cristalizar en algo nuevo.

Esto por varias razones que van desde el intento de reubicación gubernamental, pasando por la debilidad de conjunto de la oposición, pasando por el rol que está comenzando a tener la centroizquierda de Binner y el michelismo (no hay que dejar de subrayar el cauto comportamiento del ex gobernador santafecino en las últimas semanas en beneficio de la “gobernabilidad”) y llegando hasta el hecho de que la izquierda independiente sigue siendo de amplia vanguardia, pero no una referencia de masas (a lo que se suma la completamente errónea orientación que viene llevando adelante el FIT).

En todo caso, la cristalización por la izquierda de estos sentimientos populares requeriría también de un salto en las luchas que todavía no se está verificando, así como ofrecer un canal que no sea un mero frente electoral en un año en el que no hay elecciones, tal como les planteamos recientemente a los compañeros del FIT[3].