A estas horas está en curso la mayor rebelión policial que se tenga memoria en el país. Es una buena oportunidad, entonces, para referirnos a algunos de los problemas políticos y estratégicos que están planteados para los revolucionarios frente a estas situaciones. Más aun cuando sectores de la izquierda tienen una posición favorable a los “planteos” policiales. Esto es así, incluso, como en el caso de algunos de los integrantes del FIT (Frente de Izquierda y los Trabajadores), el que, como tal, no ha sido capaz de sacar una posición al respecto luego de varios días de rebelión de las fuerzas de seguridad.

Presentaremos entonces una versión levemente actualizada de un artículo publicado el año pasado en oportunidad del levantamiento de la Gendarmería.

No son trabajadores sino un cuerpo especial burocrático

La primera cuestión es establecer el carácter social de los integrantes de la policía y las fuerzas de seguridad (así como de las fuerzas armadas profesionales en las cuales no hay conscripción o “leva de masas”).

Muchos sectores de la izquierda consideran que como obtienen un salario por su actividad (a la que llaman, erróneamente, “trabajo”), se los debe considerar “trabajadores”. A partir de aquí se ponen en marcha toda una serie de falsas analogías respecto de la verdadera clase obrera, que hay que despejar.

Lo primero a señalar es que cuando hablamos de la policía y las fuerzas de seguridad, no hablamos de trabajadores. Trabajador es aquél que directa o indirectamente sirve a la acumulación, a la producción de valor y plusvalor, a la producción de riqueza para los capitalistas, y que solidariamente integran las filas de la propia clase trabajadora. También existen trabajadores improductivos (cumplen una serie de servicios para los capitalistas que no implican acumulación de valor sino gastos), que sin embargo mantienen sus relaciones de solidaridad con el conjunto de la clase obrera y están caracterizados por analogías con los demás trabajadores.

Pero cuando hablamos de las fuerzas de seguridad nos referimos a otra cosa; a otra categoría social que la de un trabajador Arranquemos señalando que existen otros ejemplos en los cuales una casa social recibe ingresos parecidos a los salarios obreros, y que sin embargo no son tales. Por ejemplo, amplias capas de la gerencia de las empresas modernas obtienen un ingreso sin ser patrones o accionistas.

Ocurre que bajo la forma de un “salario”, los ingresos de los gerentes o de los funcionarios jerárquicos son tan elevados, que no pueden estar reflejando sólo su trabajo (por más calificado que sea), sino una cuota parte de la plusvalía extraída a los trabajadores. Si viven de la explotación de la clase obrera por más “salario” que reciban no son trabajadores, sino por el contrario son parte de la clase capitalista.

Veamos el caso de gendarmes y prefectos. Sostenemos que es un error considerarlos como trabajadores: se trata de un conjunto de “funcionarios” cuya actividad (no trabajo) es actuar como perros guardianes de la propiedad y de la autoridad del Estado capitalista: un policía burgués, no un obrero, como dice Trotsky.

Es decir: entran en otra categoría social que no es la de trabajadores sino la de burocracia (funcionarios de la seguridad del Estado). En la sociedad capitalista hay un conjunto de estratificaciones entre las dos clases sociales fundamentales (capitalistas y obreros). Estas capas intermedias incluyen a los comerciantes y a las distintas actividades profesionales (como los abogados y demás) que son llamadas “clases medias”.

Con estas clases medias, ocurrió históricamente que bajo el capitalismo han tendido a confluir en la clase trabajadora vía la proletarización de la profesiones (el caso de los médicos, por ejemplo) o a desaparecer (los comerciantes frente a los grandes shoppings).

Pero las que no han desaparecido y no tienen que ver con la economía sino con la administración de las relaciones de poder, son las burocracias. Aclaremos: en general, cuando hablamos de los empleados del estado, sí hablamos de trabajadores.

En el caso de los docentes, aunque sea el Estado el que les pague su salario, cumplen una función productiva (la formación de la fuerza de trabajo), aunque esto ocurra indirectamente. En el caso de los empleados estatales, depende en qué ministerio trabajen; si lo hacen en “Economía”, podrían ser caracterizados también como directa o indirectamente productivos. Pero si trabajan en “Acción Social” o ministerios por el estilo, aun cuando su función no fuera directa ni indirectamente productiva, por su salario, por su función, por sus relaciones de solidaridad social, etcétera, son trabajadores y no burocracia.

Algo muy distinto ocurre con las fuerzas de seguridad: Policía, Gendarmería, Prefectura y Fuerzas Armadas. En este caso está clarísimo, por función y por historia, que se trata de una capa o casta burocrática que está puesta en función de mantener el orden de la explotación patronal y la autoridad del Estado capitalista. No se puede hablar de “trabajadores” o de un sector que pueda tener algún vínculo de solidaridad con ellos, sino de una capa social cuya especialidad es la represión y el control social de los explotados y oprimidos.

En nada menoscaba esto el origen social de los integrantes de estas fuerzas. Es evidente que su base y muchos de sus mandos medios provienen de sectores humildes o, incluso, familias trabajadoras. Sin embargo, cuando entran en servicio este origen social es “borrado”. Se trata de instituciones que “lavan la cabeza”, que forman a sus integrantes en otro tipo de relaciones sociales; instituciones de “clausura” que suprimen las relaciones solidarias anteriores y estableces una nueva: ser perros guardianes del capital. De ahí provienen sus identificaciones, cantos, valores, relaciones de solidaridad, etcétera.

Un planteo y no una “huelga”

Una segunda cuestión se plantea a propósito de la medida de fuerza tomada por las fuerzas policiales, presentada como una “huelga” más. La caracterización proviene de muchas fuerzas de la izquierda e, incluso, de sectores sindicales como el sector Micheli de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina).

Pero considerar su planteo como “huelga” es un grave error. Una huelga es una medida de fuerza de un sector de trabajadores en virtud de un reclamo contra la explotación. Pero un “planteo” como el que estamos viviendo constituye una circunstancia objetiva más allá de la supuesta “voluntad” de sus autores. El “hecho económico” (que tampoco es un reclamo salarial tradicional, sino que fortalece su accionar represivo) queda subordinado a una acción de fuerza (no olvidar que se trata de personal armado) que quiérase o no, lo manifiesten o no, se coloca desde la derecha cuestionando las libertades democráticas (dependiendo en cada caso el grado de esto).

Es cierto que el planteo de gendarmes y prefectos el año pasado y el policial ahora, no llega a escalar cimas como, por ejemplo, el levantamiento de Rico y los militares en 1988. Pero cualquier planteo de las fuerzas de seguridad tiene inscripta en su propia lógica esa posibilidad. ¿Hasta dónde puede llegar la “solidaridad” entre las fuerzas de seguridad? Los grados varían: se puede estar ante un planteo económico meramente corporativo (como es el caso actual), o más cerca de un planteo “golpista” o “destituyente” que cuestione las libertades democráticas desde la derecha.

En cualquier caso, la lógica que venimos describiendo es de hierro, evidente por sí misma e incuestionable por más manifestación de “vocación democrática” y de planteo “puramente salarial” que hagan sus integrantes. De ahí que sea tan necesario repudiar el apoyo que desde sectores de la izquierda se les da a las fuerzas represivas y sus reclamos “salariales”.

Una posición reformista

Veamos ahora la posición de “sindicalización” que hacen sectores de la CTA como Lozano y en la misma izquierda, como el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) y dos de los integrantes del FIT: IS (Izquierda Socialista) y PO (Partido Obrero). Nos parece totalmente equivocado por reformista.

Que se nos entienda bien. Respecto de la CTA, que es reformista hecha y derecha, y confía en la posibilidad de “atenuar” las contradicciones del sistema, es coherente que considere que se pueda “democratizar” las instituciones represivas de esta manera.

Pero que corrientes de la “izquierda revolucionaria” crean que se puede tener una política de “mejoras” y cambio gradual en el carácter antiobrero de las instituciones represivas y del Estado mismo (que es producto de las irreconciliables contradicciones de clase, como decía Lenin), por intermedio de estas u otras medidas, es ya un escándalo.

No hay sindicalización ni compromiso de “no reprimir” que valga en condiciones normales: ¿Acaso la “sindicalización de la policía” en Francia sirvió para que sus demandas “confluyeran con las de otros trabajadores”? Por el contrario, sirvió para equipar de mejor armamento e instruir con nuevas técnicas represivas, fortaleciendo “el carácter irrevocablemente represivo del Estado capitalista” (Trotsky, ídem)

No hay forma de “democratizar” las fuerzas de seguridad mediante expedientes de este tipo.

Esto conecta con otro problema: el confundir sindicato con corporación, y creer que cualquier organización de “solidaridad” entre pares es un sindicato u algo “progresivo”.

En la Edad Media los que tenían igual oficio se organizaban en corporaciones rígidas que llegaban a prohibir, incluso con la muerte, que cualquiera que estuviera por fuera de esas corporaciones pudiera ejercer ese oficio. Bajo el capitalismo los empresarios de igual rama o, incluso, los empresarios de conjunto, se organizan en “carteles” o instituciones empresarias como la UIA (Unión Industrial Argentina) o la Asociación de Empresarios Católicos, o cualquier otra, bajo relaciones de solidaridad frente al conjunto de las otras clases sociales. Pero a nadie se le ocurriría decir que por eso son “sindicatos” como los de los trabajadores...

Lo propio ocurre con la policía: promover o admitir su sindicalización en épocas “normales” sólo les daría herramientas para llevar adelante –frente al resto de la sociedad– sus reclamos corporativos, que nada tienen que ver con los de los explotados y oprimidos.

Las situaciones revolucionarias

“La posibilidad eventual de un compromiso efectivo de una parte de la policía para no reprimir a los trabajadores e incluso rebelarse ante esa orden, sólo es posible en una situación de lucha de clases aguda (es decir revolucionaria) que produzca el quiebre y descomposición del Estado y de sus instituciones coercitivas y la radicalización política y social de las grandes masas. Sólo bajo esas condiciones la clase trabajadora podría establecer un acuerdo favorable a sus intereses en pos de quebrar la cadena de mandos, suprimiendo la disciplina vertical de la alta oficialidad, debilitando así el poder represivo del Estado burgués, lo que presupone la autoorganización y el armamento obrero y popular, un gran factor de ‘persuasión’ sobre las fuerzas represivas, mucho más realista que las campañas por la ‘sindicalización’ en momentos de relativa ‘normalidad’ de la lucha de clases.” (Trotsky, cit.)

Se nos dirá: ¿pero, entonces, desde el Nuevo MAS no se defiende una política de división de las fuerzas armadas en caso de situaciones radicalizadas, algo clásico del marxismo?

Es sabido que a partir de la Revolución Francesa se puso en marcha la “leva de masas” y los ejércitos de conscriptos, que por definición tenían base popular, y eso facilitaba –en los momentos críticos– trabajar por su división. Muchos “hijos del pueblo” estaban en sus filas, y en esos momentos críticos daban vuelta los fusiles.

La clásica película de Eisenstein, Acorazado Potemkin, retrataba la sublevación de la flota del Báltico en la Revolución de 1905 (algo que, de paso, no sólo ocurrió en la Rusia revolucionaria, sino incluso en el Brasil por esos mismos años y nuevamente en 1964 en la pelea frente al golpe contra João Goulart).

Pero a partir de la derrota yanqui en Vietnam (entre otros factores), los ejércitos capitalistas dejaron de tener base popular; se profesionalizaron e hicieron mucho más complejas estas relaciones.

Sin embargo, sigue siendo válido algo establecido clásicamente por León Trotsky. Señalaba que el factor más importante que conllevaba a la división del ejército y las fuerzas de seguridad no era ninguna “sindicalización” (ni el necesario trabajo político sobre las fuerzas armadas en condiciones revolucionarias), sino el temor y las relaciones de fuerza. Es decir, el hecho de que las fuerzas de seguridad entren en pánico ante la falta de garantías acerca de su futuro bajo la presión de los acontecimientos revolucionarios.

En esas condiciones, lo que procede es un trabajo de zapa material e ideológico para dividir esas fuerzas armadas (y de seguridad). Pero la orientación estratégica en ese trabajo es, y ha sido siempre para el marxismo revolucionario, la destrucción de las fuerzas armadas y de seguridad del estado capitalista, no su reforma.