Beijing.– Cada vez son más
las personas que denuncian haber estado en centros de detención clandestinos
en varias localidades de China, sólo por haber denunciado los atropellos
sufridos por las autoridades provinciales y municipales.
Xu Cong Yang estuvo preso en
una de las llamadas “cárceles negras”, tras acusar a la empresa estatal
de seguros, que él había contratado, de robarle joyas y una rara colección
de sellos en 2003.
Como la aseguradora negó la
acusación, Xu decidió recurrir a un tribunal local, pero fue detenido y
golpeado, según él, por hombres contratados por la misma empresa.
En 2008 decidió recurrir a
la justicia de Beijing. Pero antes de los Juegos Olímpicos de 2008, fue otra
vez detenido y pasó tres meses en una pequeña celda.
“Me dejaban varios días
sin comer”, dijo a IPS en un café de la capital mientras mostraba fotografías
suyas ensangrentado y magullado, tras la golpiza de 2003. “Me tenían todo
el tiempo esposado”, añadió, mostrando las cicatrices aún visibles en sus
muñecas.
Las “cárceles negras”,
como se conoce los centros de detención improvisados y secretos, se usan para
evitar que la gente haga reclamos ante las autoridades de Beijing o de otras
ciudades.
Los querellantes en China
suelen ser encarcelados sin el debido proceso, sufrir golpizas y hasta ser
violados por sus captores, según un informe divulgado en noviembre de 2009
por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en
Nueva York.
Los sótanos de edificios de
apartamentos o de propiedades estatales en los suburbios suelen adaptarse como
prisión. También se usan cuartos de hoteles, de residencias para enfermos y
de centros psiquiátricos.
Las autoridades locales están
detrás de las detenciones ilegales, avergonzadas de que los ciudadanos
recurran a Beijing por reclamos locales, según el informe de HRW.
Las cárceles negras se
transformaron en una industria artesanal. Los funcionarios provinciales
reciben unos 44 dólares al día por mantener personas presas.
Unas 10.000 personas son
detenidas al año en esas prisiones, según HRW, y muchas de ellas varias
veces.
Las 38 personas entrevistadas
para el informe denunciaron que las dejaron sin comer y sin dormir y que
sufrieron amenazas y otros castigos físicos.
En 1949 se estableció una
agencia estatal para procesar demandas y, en 1954 se crearon dependencias
provinciales y locales para recibir cartas de protestas y reclamos personales.
Los ciudadanos interesados en
presentar una demanda no tienen apoyo y deben recurrir a Beijing, señaló
Wang Songlian, investigador de la organización no gubernamental Defensores de
Derechos Humanos de China.
Las cárceles negras llamaron
la atención de la población en octubre de 2009, cuando una mujer de 21 años
denunció a la policía haber sido violada por uno de los guardias. El
responsable fue condenado a ocho años de prisión.
Miles de personas han
desaparecido desde 2003, mientras las autoridades miran para otro lado, señala
HRW.
“Eso no existe en China”,
declaró a la prensa un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores en
abril, informó la organización.
“No hay cárceles negras”
en China, aseguró el gobierno en un documento enviado a las Naciones Unidas
en junio de 2009.
Finalmente, la revista
Outlook, publicada por la agencia de noticias estatal Xinhua, informó en
diciembre la existencia de 73 centros de detención clandestinos sólo en
Beijing.
Liu Jie es una activista que
estuvo detenida en una de las cárceles negras tras denunciar en Beijing que
un funcionario de la nororiental provincia de Heilongjiang había tratado de
sobornarla en 1997.
En 2007 la trasladaron a un
campo de trabajos forzados de Heilongjiang en represalia por distribuir cartas
reclamando una reforma estatal en la materia. En los 18 meses que estuvo
detenida pasó periodos incomunicada, fue golpeada y la dejaron hasta cinco días
sin comida ni agua.
A los 58 años, Liu sigue
luchando por los derechos de los querellantes, pese al sufrimiento que debió
soportar.
Además, sus actividades son
vigiladas. Incluso hay espías del gobierno entre los ciudadanos que demandan
al estado.
“Las autoridades prohíben
a los demandantes alquilar una habitación”, dijo Liu a IPS. “Los siguen a
todas partes. No tienen recursos ni dinero ni poder”, añadió.
