Ya en su tramo final, ¿qué
marca definirá el mandato de Hu Jintao? Las arcas chinas están repletas,
reconocía el pasado 1 de julio el Renmin Ribao, órgano del PCCh. Los
ingresos fiscales del gobierno en el primer semestre han seguido batiendo récords,
incrementándose en un 30 por ciento interanual, acercándose a los cuatro
billones de yuanes. De 2003 a hoy, dichos ingresos se han multiplicado por
cuatro.
Las cifras de la riqueza
china son tan grandiosas como elocuentes, certificándolo ese anuncio de que
ya ha superado a Japón en términos de PIB para situarse como segunda economía
mundial. No obstante, su renta por habitante (2.800 euros) le sitúa entre los
países pobres del planeta, al igual que con profundas disparidades de
riqueza. Las tres últimas décadas de crecimiento han convertido a China en
uno de los estados con mayor nivel de inequidad del mundo. Esa dicotomía está
en la raíz de los disturbios sociales que se registran en el país, agravados
en los últimos meses.
Sin mejorar las rentas y las
prestaciones sociales, aumentando la significación del gobierno central en
estos programas y mejorando las dotaciones y el control de las agendas de las
administraciones locales a estos efectos, supervisando la administración de
la tierra y la subsiguiente y pérfida asociación de promotores inmobiliarios
y dirigentes locales, todo ello a una velocidad mayor de lo conocido hasta
hoy, será difícil atisbar una gestión democrática de estas tensiones.
En una carta abierta al
presidente Hu Jintao, el profesor de economía del Instituto Tecnológico de
Beijing, Hu Xingdou, aseguraba que “el retroceso de la justicia es el más
grave fracaso de la actual administración”. El coeficiente Gini de China,
según el Banco Mundial, fue de 0,47 en 2009 (oscilando entre el 0,21 y el
0,27 hace tres décadas).
Pese a las declaraciones
oficiales, China aún mantiene, por ejemplo, un gasto social en educación por
debajo del 4 por ciento del PIB (fue del 3,48 por ciento en 2008 frente al 4,5
por ciento de media mundial). El plan de reforma educativa, aprobado
recientemente, se fija el compromiso de llegar al 4 por ciento en 2012.
A pesar del crecimiento del
PIB en estos años, los gastos en educación han descendido porcentualmente,
siendo superiores, paradójicamente, en la década 90. Otro tanto podríamos
decir de la salud. La bonanza económica, tan saludable en períodos de
crisis, contrasta con esa debilidad del compromiso social.
El gobierno anuncia
millonarias inversiones en el centro y oeste del país con el objeto de
reducir los desequilibrios territoriales y alentar una nueva ola de
crecimiento. Se han aprobado 23 grandes proyectos de inversión (en comunicación,
obras hidráulicas, energía, construcción social, etc.) que suponen un
incremento del 300% en el volumen de inversión respecto a años precedentes.
Un esfuerzo ingente que contrasta con la parcialidad e insuficiencia de
algunas medidas recientes adoptadas en el orden social.
Una reforma de la ley
criminal se encamina a proteger el salario de los trabajadores cuyos patrones
incumplan el pago. Otras propuestas se orientan a garantizar un minimo de
independencia de la Federación de Sindicatos, mejorando los procesos de
elección (en Honda, en Foshan, con huelgas en mayo pasado, el propio director
de la fábrica ejercía como representante sindical) y de negociación. El
Consejo de Estado ha instado a elevar los salarios mínimos de los
trabajadores de bajos ingresos. Las noticias de falta de personal en las fábricas
de Shanghai, Guangzhou, Shenzhen y otras regiones costeras han generado
preocupación y explican, en cierta media, estos aumentos. Pero no solo se
trata de mejorar los salarios, sino de abrir camino a un nuevo modelo de
relaciones laborales en el que los trabajadores, con el apoyo de los
sindicatos, puedan negociar algo tan elemental como un convenio.
La ley de contratación
laboral que entró en vigor en enero de 2008 ha dado pie a un claro aumento de
los conflictos laborales. Las recientes huelgas han evidenciado la
intensificación de las contradicciones sociales. El propio Wen Jiabao ha
felicitado a los obreros de Honda por su conducta durante la huelga, dándose
la paradoja de que los huelguistas elgiieron directamente a sus
representantes, al margen de los sindicatos oficiales. A finales de julio,
estos anunciaban que el derecho de negociación colectiva podría aplicarse en
diez provincias de forma inminente, una vieja propuesta que fue aparcada pero
que repunta ante las huelgas.
Según la Academia de
Ciencias Sociales, el XII plan quinquenal (2011–2015), tendrá un fuerte
contenido social, con especial atención a la vivienda, propugnando cambios en
la política de natalidad o en el hukou (permiso de residencia), en la reducción
de la distancia que separa a campo y ciudad, además del reajuste de la
estructura económica. Mejorar la renta media y las prestaciones sociales
resulta de extrema urgencia.
El Estado no dedica a gastos
sociales más del 12% del PNB. Así se explica que la segunda economía del
mundo ocupe la posición 92 en términos de desarrollo humano. Esa es la grave
dicotomía que debiera resolver Hu Jintao con una acción más decidida que
asociara su mandato (2002–2012) a un giro auténticamente social en el
proceso de desarrollo chino. Hasta el momento, su esfuerzo es claramente
insuficiente.
(*)
Director del Observatorio de la Política China.
