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En
Bolivia hay dos gobiernos
Redacción
de Econoticiasbolivia, 04/12/07
La Paz.- En
Bolivia hay dos gobiernos. Uno, el legal, del presidente indígena
Evo Morales, tiene masivo apoyo campesino y el control del
altiplano (La Paz, Oruro y Potosí). El Ejército y la Policía
responden aún a su mando. Los sindicatos y las clases
medias lo apoyan, aunque sin mucho entusiasmo. En los valles
y llanuras del oriente y sur del país, pesa más, en
cambio, la oligarquía latifundista y la burguesía
financiera-comercial, que cuenta con la adhesión militante
de las clases medias y la sumisión de los sindicatos y
organizaciones cívicas y populares. Ellos conspiran y
quieren escindir al Ejército para derrocar al “indio
presidente”.
Bolivia está
partida en dos. En seis de las 10 más grandes ciudades
bolivianas gobierna de facto la oligarquía. Allí, nadie
respeta a Evo Morales y emerge con fuerza el racismo, el
separatismo y las bandas fascistas. Allí, la izquierda
indigenista no tiene discurso ni consignas y está
arrinconada y perseguida.
Esta división
se hizo más patente tras que en La Paz, y con el apoyo de
cuatro mil campesinos que cercaron el Congreso, el Gobierno
de Evo Morales logró la medianoche del martes 27 de
noviembre que el Parlamento aprobara una ley para recortar
los recursos de todos los gobiernos regionales para
financiar con 200 millones de dólares el pago de un
beneficio anual y vitalicio para todos los mayores de 60 años.
Este beneficio, sin algunas mejoras introducidas por
Morales, era pagado hasta ahora con recursos de la petrolera
estatal de YPFB para que los ancianos tengan 25 dólares al
mes para comprar un plato de comida, un vaso de leche y dos
marraquetas (panes).
Otra
medida, aprobada también por los parlamentarios del
Movimiento al Socialismo (MAS) leales a Morales y sin la
participación de los congresales opositores, amedrentados
por los grupos campesinos, fue la autorización para que la
directiva de la Asamblea Constituyente pueda sesionar en
cualquier ciudad para formular la nueva propuesta de
Constitución Política del Estado. Hasta ahora, estas
sesiones estaban recluidas en la ciudad de Sucre, controlada
por las fuerzas ligadas a la oligarquía y que habían
logrado movilizar a los sectores ciudadanos para impedir la
continuidad de las sesiones. Allí, grupos fascistas dirigían
las acciones de acoso e intimidación contra los asambleístas
oficialistas y azuzaban el creciente odio racial contra los
altiplánicos.
Diálogo
bajo presión
Con estas
medidas, el gobierno de Morales busca presionar al máximo a
los opositores para obligarlos, desde una posición de
fuerza, a negociar sobre la nueva Constitución, que debe
decidir sobre el alcance de las autonomías regionales, la
reelección presidencial y la concesión de derechos iguales
a los indígenas y pueblos originarios, entre sus temas
centrales.
Sin
embargo, en lo inmediato, la aprobación de ambas medidas,
una que les resta recursos a los gobiernos regionales y otra
que les arrebata el veto que tenían sobre la Constituyente,
exacerbó la oposición política regional que realizó una
masiva huelga de 24 horas el miércoles 28 de noviembre,
paralizando casi en su totalidad a seis de las nueve
regiones de Bolivia. Allí se produjeron movilizaciones
populares, golpizas a los grupos leales al presidente
Morales y acoso a los migrantes llegados del altiplano.
Tras
cumplir el paro, los departamentos de Santa Cruz, Beni,
Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca anunciaron estar
listos, como lo dijo el presidente del fascista Comité Cívico
cruceño, Branko Marinkovic, para “pasar al estado de
resistencia civil movilizada ante el quiebre de la
democracia”.
En franca
rebeldía, los prefectos (gobernadores), dirigentes cívicos,
empresariales y populares de los valles, el oriente y sur
del país se declararon en virtual desacato, comenzaron una
huelga de hambre desde el 3 de diciembre y anunciaron la
resistencia civil a las medidas gubernamentales, junto a la
denuncia internacional contra Morales. Los alzados, como era
de esperar, ya viajaron a Washington. En la agenda también
están la toma de las oficinas públicas, el control de la
Policía y la fractura del Ejército. Los prefectos de Pando
y Cochabamba ya convocaron al desacato militar.
Un
alto a la conspiración
La decisión
del gobierno de Morales para recortar por ley los recursos
de los gobiernos regionales y aprobar la reinstalación en
otra ciudad de la Asamblea Constituyente, que había logrado
aprobar en grande, en la primera de tres etapas la nueva
Constitución en Sucre, en un recinto militar y ante el
acoso de la población (los enfrentamientos ocasionaron la
muerte de tres civiles y más de 200 heridos), se da ante la
evidencia de que la oligarquía y la oposición de derecha
están saboteando la Asamblea y que mediante la constante
confrontación están fortaleciéndose cada vez más.
Por ello,
la oligarquía y la oposición derechista intenta ahora
revertir las medidas aprobadas por Morales, pero sobre todo
acrecentar su poder, que ha crecido como la espuma por los
desaciertos de la política conciliadora, contradictoria y
demagógica de Morales, que ha rifado la enorme popularidad
y expectativa que había logrado obtener con las elecciones
de diciembre de 2005 cuando logró el 54 por ciento de los
votos.
Conciliación,
demagogia y violencia
En su
intento por lograr un gran acuerdo nacional --que le permita
desarrollar el capitalismo andino sobre la base de la gran
propiedad privada burguesa, el respeto a la inversión
extranjera que paga impuestos, el impulso a la pequeña
producción campesina, urbana e informal y el retorno
parcial y limitado de las empresas públicas a la economía—el
gobierno de Morales había entregado a la oligarquía en el
2006 un poder de veto para definir el alcance de la nueva
Constitución Política del Estado, a través de la elección
de los congresales y la definición de los temas con el voto
de los dos tercios.
Allí, el
gobierno del MAS y los opositores acordaron que la nueva
Constitución sería fruto del pacto y la conciliación. Sin
embargo, la fracción indigenista del MAS intentó
desconocer el acuerdo y logró romper el pacto de los dos
tercios, lo que obligó a la oligarquía a lanzarse a la
calle en busca de apoyo popular en contra de Morales y la
Constituyente.
Desde ahí,
y en medio de la pugna al interior del Gobierno, entre el
ala indigenista y la fracción dialoguista y concertadora de
las clases medias e intelectuales timoneados por el
vicepresidente Alvaro García Linera, la Asamblea transitó
entre acercamientos y rupturas con las fuerzas de la
oligarquía, que tras estar arrinconadas desde el 2003, se
reactivaron en el 2006 y cobraron gran fuerza y poder en el
2007.
Así, cada
victoria del ala dialoguista, cada concesión de Morales y
el MAS se convertía en un aliciente para que la derecha y
la oligarquía puedan endurecerse más; en tanto que cada
avance del ala indigenista y campesina, cada ataque de
Morales les servía para potenciarse, para levantar nuevas
banderas.
La
derecha dirige a las masas
Hoy, en
seis de las 10 más grandes ciudades del país, la derecha más
reaccionaria ha logrado arrastrar a las masas, enarbolando
las banderas de la democracia, de libertad, de la autonomía.
Ha tomado, incluso, la bandera de la defensa de la economía
popular, ante el virtual silencio de las organizaciones
sindicales que han sido cooptadas y neutralizadas por el
MAS, y ante la oposición gubernamental que no supo ni pudo
quebrar el bloque enemigo.
Por ahora,
la intención del vicepresidente García Linera para que las
viejas élites compartan el poder con las nuevas élites
emergentes de indígenas y campesinos, no ha podido
cristalizarse, a pesar de las enormes concesiones que hizo
el gobierno.
Concesiones
del MAS
El proyecto
de nueva Constitución, elaborada por el MAS, garantiza la
vigencia de todas las formas de propiedad (tanto estatal
como privada y comunitaria), el respeto a los inmensos
latifundios productivos que son la fuente de la pobreza
campesina y el minifundio, el respeto a la inversión
extranjera y a las transnacionales que siguen saqueando
Bolivia, reconoce los derechos de los pueblos indígenas,
autoriza autonomías regionales limitadas y da paso a la
reelección de Morales.
En este
texto constitucional, que debe ser aún aprobado en su etapa
de detalle y revisión por la Constituyente, antes de ser
sometido a un referéndum, no hay lugar para la revolución
agraria ni para la estatización de la minería ni los
hidrocarburos.
La nueva
Constitución apuntala, en el fondo, la perspectiva
gubernamental de impulsar el capitalismo andino, en la visión
de Morales de convertir a Bolivia en un socio confiable de
las transnacionales. En la concepción gubernamental, la
industria petrolera, minera, agroindustria, banca, servicios
de telecomunicaciones, energía, industrias seguirán en
manos de las grandes compañías privadas transnacionales,
algunas de ellas con fuertes lazos con el capital boliviano.
La
legalización de los contratos petroleros (presentadas demagógicamente
como una nacionalización ficticia), el impulso al
latifundio agroexportador y productivo, el respeto a las
transnacionales mineras, incluida la Glencore, junto al leve
aumento de impuestos en el sector, forman parte de este
proyecto que intenta “normalizar” el funcionamiento de
un capitalismo que cumpla la ley, que explote pero que no
robe, que incentive los negocios y la ganancia, pero que
sancione a los especuladores de tierra, que promueva el
lucro empresarial pero que castigue al que no pague
impuestos o defraude al fisco.
Una
propuesta que no sirve, sin embargo, para resolver los
grandes problemas de la economía boliviana y de los
sectores empobrecidos que seguirán atados a sus cadenas
mientras la tierra siga en manos de los terratenientes,
mientras las minas, bancos, hidrocarburos y bosques sigan en
manos de las transnacionales.
Todo
o nada, por ahora
La
propuesta del MAS tampoco es aceptada por la oligarquía,
aunque no tanto por su impacto económico, sino por las
características de la rancia oligarquía boliviana,
que es extremadamente racista, profundamente odiadora de los
indios y los pobres, y que no quiere ceder en nada a
Morales, a pesar que las reformas no le afectan en lo
esencial.
La oligarquía
no quiere compartir el poder con Morales y por ello avanza
en la construcción de su propio poder político,
desgastando al “indio presidente”. Hasta hoy, la táctica
de la confrontación los ha potenciado, les ha dado poder
político en seis de los nueve departamentos de Bolivia.
Ahora están calculando los siguientes pasos, los más
reaccionarios quieren declarar ya la secesión y su
independencia, los más inteligentes siguen acumulando
fuerzas, esperando nuevos yerros del MAS y de Morales, en la
perspectiva de que vaya madurando el doble poder que hoy se
da en Bolivia.
La
ultraderecha quiere mediación internacional y a
la iglesia
Redacción
de Econoticiasbolivia, 04/12/07
La Paz.-
Los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Cochabamba,
Tarija y Pando aceptan dialogar con el Gobierno de Evo
Morales, pero ponen como condición la presencia de
representantes de organismos internacionales, como la Unión
Europea (UE) y la Iglesia Católica.
"Aceptamos
dialogar pero sólo en el marco del absoluto respeto a la
democracia, al estado de derecho y la legalidad (…), para
el mismo debe contar con la participación de garantes que
mutuamente acordemos y respetemos", expresa un
comunicado a la opinión pública.
Este
documento publicado en varios medios impresos del país está
firmado por los prefectos; de Santa Cruz, Rubén Costas; de
Beni, Ernesto Suárez; de Cochabamba, Manfred Reyes Villa,
de Pando, Leopoldo Fernández, y de Tarija, Mario Cossío.
Con excepción
de Fernández, los otros prefectos mencionados se encuentran
en Washington, Estados Unidos, para hacer conocer, desde su
propia óptica, ante la OEA y la ONU sobre la aparente
agresión a la democracia por parte del gobernante Evo
Morales.
Para
contrarrestar la campaña de desprestigio, el Gobierno envió
a dos viceministros, Sacha Llorenti y Héctor Arce, que
juntos al embajador boliviano en EEUU, Gustavo Guzmán,
explican a los organismos sobre la vocación democrática de
la administración de Morales Ayma, además de los excesos y
acciones antidemocráticas que llevan adelante los prefectos
opositores.
Diálogo
sincero
El
comunicado señala que para que el diálogo sea sincero,
efectivo y sustancial proponen que de forma inmediata se
constituyan comisiones de trabajo que busquen los consensos
necesarios de respeto de la democracia, la libertad y el
estado de derecho.
Dichas
comisiones deberán estar compuestas por representantes con
capacidad para encontrar acuerdos, con amplia participación
en forma pública y sin presiones externas.
"Esta
instancia de diálogo debe contar con la participación de
garantes de mutuo acuerdo, ya sean organismos
internacionales, la Unión Europea, países vecinos e
inclusive la participación de la Iglesia Católica",
señala el documento.
Asimismo,
se pide que el encuentro tenga la más amplia cobertura de
"todos los medios de comunicación" sin ningún
tipo de censura ni limitación.
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