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La
tierra, el telón de fondo del movimiento
autonómico cruceño
Por
Miguel Lora Fuentes
Bolpress, 07/12/07
El 6 de
diciembre, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz,
Branco Marinkovic Jovicevic, envió una carta al Presidente
Evo Morales para informarle que se sumaba a la huelga de
hambre “por la democracia y la libertad y contra la
dictadura”, iniciada cuatro días antes en la plaza
central de Santa Cruz. En la misiva, el empresario le dice a
Evo que su referéndum revocatorio es solo una
“aventura” política para solucionar sus problemas políticos
personales y para aferrarse al poder. Marinkovic anuncia que
Santa Cruz hará un referéndum para aprobar su Estatuto
Autonómico “que será una ley boliviana para organizar la
autonomía en la cual queremos vivir; una autonomía de
unidad, de solidaridad, de progreso y de empleo (…).
Marinkovic
es duro con el Presidente: “Con respecto le digo lo
siguiente: desde hace 15 años, usted vive de la política;
vive de hacer campañas, elecciones y promesas. Y por eso,
hoy usted quiere hacer un Referéndum.
Quiere hacer más política… El único boliviano
que tiene un problema político grave y que intenta
solucionarlo con un Referéndum es usted Presidente. Su
problema político, Presidente, es que usted quiere gobernar
violando la ley y para beneficiar sólo a unos sectores”.
El Referéndum autonómico departamental no será “para
atender los problemas políticos y personales de ningún
personaje”, enfatiza Marinkovic en su carta, aunque el
origen y la naturaleza del movimiento cívico empresarial
del oriente tienen mucho que ver con un asunto que atañe a
un reducido grupo de personas: la tierra.
La oligarquía
cruceña con rasgos feudales tiene su razón de ser en la
tenencia de grandes extensiones de tierra. Adquirió cada
vez más poder desde que el ex dictador Hugo Banzer dio gran
impulso a la agroindustria vinculada a la producción de
arroz y azúcar.
La
concentración de la tierra es más notoria en el
departamento de Santa Cruz, el más extenso del país. Una
buena parte de los latifundios cruceños se construyó con
la ayuda de funcionarios y políticos corruptos de viejos
partidos políticos extinguidos como ADN y MIR, y en proceso
de desaparición como el MNR, después de que se aprobó la
“segunda reforma agraria” en 1996.
Las
sucesivas alianzas de partidos políticos neoliberales
emitieron varios decretos para sanear haciendas
improductivas y convertir concesiones forestales en
latifundios con derecho propietario perpetuo. La tristemente
célebre megacoalición (MIR, MNR, NFR) promulgó en 2003 la
ley 2493 que permitió a los latifundistas consolidar
grandes propiedades sin necesidad de demostrar sus derechos
en pericias de campo. Con esa ley, el saneamiento perdió su
eficacia para identificar tierras ociosas. [1]
Un informe
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de
2005 concluyó que no más de cien familias de poderosos
terratenientes, con fuertes lazos con el poder político y
económico, acumulaban predios en el oriente y disponían de
cinco veces más tierra que los campesinos pobres. Hace tres
años, el INRA calculó que en las provincias cruceñas de
Guarayos, Chiquitos y Cordillera existían 800 mil hectáreas
de tierras reversibles en manos de no más de 500 personas.
[2]
En la
historia reciente, los terratenientes de esta región
demostraron estar dispuestos a defender sus predios con las
armas si es necesario. En los últimos años estallaron
enfrentamientos en las provincias Ichilo, Guarayos, Obispo
Santiestéban y Velasco. Uno de los conflictos más sonados
ocurrió en la hacienda Yuquises, donde los hacendados
abandonaron las vías judiciales para defender sus
propiedades formando grupos irregulares armados.
Cuando
asumió la presidencia Evo Morales, el Comité Cívico de
Santa Cruz propuso crear un Instituto Departamental de
Tierras con autonomía de gestión y pidió que las
autoridades y los sectores productivos de Santa Cruz sean
parte de la elaboración y definición de la política
redistributiva de la tierra. El nuevo gobierno les respondió
que la instancia llamada por ley a cumplir esa misión era
la Comisión Agraria Nacional, mientras que el viceministro
de Tierras Alejandro Almaraz no descartó usar la fuerza
para desalojar a los latifundistas improductivos.
El
Presidente Evo Morales anunció que el Estado recuperaría
algo más del 10% de la tierra (entre 11 y 14 millones de
hectáreas), y prometió que no intervendría los
latifundios saneados y productivos. Sólo los empresarios
que obtuvieron tierras ilegalmente o que acumularon predios
de “engorde” debían preocuparse por la inminente
expropiación, principalmente en Santa Cruz, Beni y Pando.
La reacción
de las entidades empresariales fue inmediata y contundente.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se declaró en
emergencia y los latifundistas comenzaron a organizar un sólido
bloque con la burguesía agroindustrial, que hizo de la
reivindicación autonómica la bandera perfecta para retener
al menos el poder el poder regional tras la pérdida de
influencia política en el aparato estatal.
Después de
20 años de democracia pactada, este es el primer gobierno
en el que los grupos de poder de Santa Cruz no administran
directamente el aparato estatal y el INRA. Por eso la tierra
se convierte en un fuerte elemento movilizador y
cohesionador.
El
comando autonomista
Empresarios,
políticos de partidos tradicionales y algunos profesionales
de clase media articularon un sólido bloque capaz de
movilizar a multitudes, con el apoyo decidido del Comité Cívico
Pro Santa Cruz y de la burguesía en pleno: la CAO, la Cámara
de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz
(Cainco), la Federación de Empresarios y la Federación de
Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).
En el
estado mayor del incipiente bloque de derechas destacaba
Oscar Ortiz, gerente de la Cainco en ese entonces y hoy
senador de Podemos, partido vástago del fascista ADN del ex
dictador Hugo Banzer; el presidente de Fegasacruz Antonio
Franco (actual legislador de Podemos) y Branco Marinkovic,
presidente de la Federación de Empresarios en ese entonces
y hoy presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz.
Franco
tiene propiedades en Guarayos y en la Chiquitanía, y está
vinculado al Banco Ganadero, el sector especulativo de la
burguesía cruceña. En su momento propuso encarcelar a los
responsables de ONGs que apoyan a los movimientos indígenas.
Marinkovic
dirige Industrias Oleaginosas Limitada (IOL). Es el ideólogo
del bloque de la "media luna" empresarial. Se
destacó por su incondicional defensa de los intereses de la
Cámara Boliviana de Hidrocarburos, gremio petrolero
afiliado a la Federación de Empresarios Privados de Santa
Cruz. Se lo conoce como el más lúcido del movimiento
empresarial.
En la
división ciudadana del naciente frente autonomista
descollaba el presidente del Comité Cívico Rubén Costas,
hoy prefecto del Departamento de Santa Cruz. El ex diputado
mirista Carlos Dabdoub figuraba como el ideólogo del
movimiento en gestación. En la actualidad, Dabdoub es
secretario de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz.
Dabdoub fue
vicepresidente y dos veces presidente del Comité Pro Santa
Cruz; formó parte del gobierno del MIR como diputado y
Ministro de Salud. Costas viene de sectores moderados de la
“izquierda” del MBL y saltó de la dirigencia
universitaria al civismo. Aunque no es representante directo
de los sectores burgueses, lidera a la clase media próspera
como un mediano empresario vinculado al comercio. Tiene
propiedades medianas en El Choré.
Desde el
principio, apoyaron al movimiento con su medios los
empresarios latifundistas y banquetos Ivo Kuljis (dueño de
la Red UNO) y Oswaldo "Pato" Monasterios
(propietario de UNITEL), que fue senador por el MNR. Kuljis
es empresario ganadero dedicado al sector del comercio a
través de las cadenas de supermercados Hipermaxi, de
capital chileno.
Los
intereses de Marinkovic
El líder cívico
Marinkovic, que asegura que la lucha autonómica de Santa
Cruz no tiene móviles políticos ni obedece a intereses
personales “de ningún personaje”, es el primer
latifundista que podría ser perjudicado por la Ley de
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
El
Viceministerio de Tierras y el INRA intentan revertir al
Estado las haciendas Yasminka (12.587 hectáreas) y Laguna
Corazón (14.364 hectáreas) ubicadas en la provincia
Guarayos del departamento de Santa Cruz. El predio Laguna
Corazón es propiedad de Branco y Yasminka pertenece a su
hermana Yasminka Catarina.
El
saneamiento irregular de ambas haciendas ejemplifica cómo
gente poderosa de Santa Cruz se apoderó de miles de hectáreas
en el oriente del país con la complicidad de ex autoridades
del INRA, jueces y dirigentes indígenas sobornados,
violentando leyes y alterando datos de sus expedientes
agrarios.
Una parte
de la hacienda Yasminka está dentro de la tierra
comunitaria de origen reclamada por el pueblo indígena
guarayo y el 100 por ciento del predio Laguna Corazón se
encuentra dentro de la Reserva Forestal de Guarayos creada
por decreto supremo 08660 de 1969, que prohíbe expresamente
asentamientos humanos.
Las
haciendas Laguna Corazón y Yasminka no son las únicas
propiedades de los Marinkovic en Santa Cruz. Según los
archivos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA),
la familia tiene al menos otros nueve predios en las
provincias de Guarayos, Chiquitos, Ñuflo Chávez, Sarah y
Obispo Santiestéban.
Notas:
[1]
El ex presidente Carlos Mesa aprobó el DS 28140 que crea la
propiedad forestal no reconocida por la ley; el DS 28148 que
descentraliza el INRA en nueve oficinas debilitando
severamente el control del saneamiento, y el DS 28160 que
mercantiliza la tierra. El ex presidente Eduardo Rodríguez
derogó varios de los decretos de Mesa, pero consolidó
grandes latifundios y legalizó la fragmentación de predios
para disimular la tenencia de grandes extensiones y evitar
el pago de tributos.
[2]
No pocos ex ministros y legisladores abusaron de su poder
para acaparar tierras como el ex presidente del Senado
Sandro Giordano y su esposa, o la familia de Luis Fernando
Saavedra Bruno.
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