Se agrava la batalla de los precios

Econoticiasbolivia, 20/12/07

La Paz.–  El gobierno de la izquierda indigenista y la oligarquía agroindustrial se acusan mutuamente de ser los causantes del alza de precios de los alimentos que hacen gemir a la población. En una Bolivia escindida en dos, el Estado aumenta sus ingresos, los empresarios acrecientan sus ganancias y los pobres comen menos

La economía popular y el bolsillo ciudadano se han convertido en otro gran frente de batalla entre la oligarquía agro empresarial que controla el oriente de Bolivia y la izquierda indigenista que gobierna en el altiplano.

Y no es para menos. A poco de cerrar el 2007, las cifras oficiales apuntan a un serio deterioro de la capacidad de compra de los bolivianos, y en especial de los más pobres. Entre enero y noviembre, el precio de los alimentos subió en 20 por ciento, un alza demasiado grande para el bolsillo ciudadano, reducido casi siempre a pocas monedas y mucha amargura.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que gran parte de los hogares más pobres (un tercio pasa hambre y otro tercio apenas tiene lo suficiente para la alimentación) destinan cerca de la mitad de sus ingresos para cubrir sus gastos de alimentación, por lo que el alza de los precios en 20 por ciento produjo una reducción del consumo alimentario de las familias y/o el reemplazo de alimentos más nutritivos y caros por otros más baratos y de menor calidad.

El alza del costo de vida (12 a 14 por ciento de inflación anual) está generando molestias y protestas especialmente entre las amas de casa y sectores de bajos ingresos que ya no saben cómo estirar el dinero para llegar a fin de mes. Los salarios e ingresos de los más pobres virtualmente se esfuman en las dos o tres primeras semanas del mes. El ingreso promedio mensual de los obreros bolivianos es de 130 dólares, de los informales de 90 dólares y de los empleados de 220 dólares. Son, sin eufemismos, ingresos miserables, aunque ello no es ninguna novedad en Bolivia.

Grandes desigualdades

Lo que llama la atención, sin embargo, es que este deterioro de la economía popular se da en paralelo mientras aumentan significativamente los ingresos del Estado y crecen como nunca las ganancias empresariales. El Ministerio de Hacienda apunta que, a mediados del 2007, los ingresos tributarios del Estado rompieron un nuevo récord histórico ya establecido en el 2006 y aumentaron en otro 11,2 por ciento, mientras que las ganancias de las empresas, declaradas por los mismos empresarios, crecían en 20,1 por ciento. En los dos últimos años, los ingresos tributarios del Gobierno aumentaron en 1.200 millones de dólares, en tanto que las ganancias empresariales virtualmente se duplicaron, según los reportes del Ministerio.

Estas cifras oficiales reflejan que en los casi dos años de la autodenominada “revolución democrática y cultural”, encabezada por el primer presidente indígena, Evo Morales, la economía boliviana volvió a mostrar sus grandes paradojas y asimetrías, con empresarios que ganan a manos llenas, un Estado que fortalece como nunca las finanzas públicas y una economía popular cada vez más deteriorada y pobre (ver: “La economía en tiempos de Evo”).

Protesta social

En este escenario, la protesta popular comenzó a tomar las calles ante la evidencia de que, entre enero y noviembre, según el INE, el precio de los cereales se elevó en 36%, la carne en 20%, los aceites y leche en 23%, las leguminosas en 41%, la fruta en 30% y los tubérculos en 16%. Esta protesta sirvió, por ahora, para que tanto el Gobierno de Morales como los líderes empresariales opositores se acusaran mutuamente de afectar a los más pobres.

Según las agrupaciones agroempresariales, que concentran gran parte de la provisión de alimentos de primera necesidad, el responsable de la elevación de precios y el aumento de la inflación sería el Gobierno de Morales, por su política “errática” y “equivocada”, por gastar más de lo necesario, por no apoyar la producción agropecuaria, por desalentar la inversión en el agro y, sobre todo, por intentar estrangular las actividades productivas de los sectores opositores asentados en el oriente del país.

Desde la trinchera gubernamental, el juicio también es categórico: los responsables del aumento del precio de los alimentos serían los empresarios que estarían especulando con los productos para alcanzar, con igual avidez, un doble objetivo, como son lograr ganancias extraordinarias con el hambre de la gente y desgastar políticamente al Gobierno nacional.

En esta batalla, unos como otros apuntan a descalificar al contrario, unos como otros intentan que la población, que es la mayor afectada con la inflación, vuelque su ira y descontento contra los culpables.

Guerra económica

En las ciudades del oriente y sur del país, donde la oligarquía ya gobierna de facto (ver: “En Bolivia hay dos gobiernos”), los líderes agroempresariales y cívicos movilizan al pueblo contra el “ataque económico” de Morales. Allí, la mayor parte de los dirigentes de los sindicatos y organizaciones sociales urbanas se han pasado al lado empresarial.

En las ciudades del altiplano, en cambio, las protestas laborales y vecinales acusan a la oligarquía de ser la causante del alza del costo de vida y muchos piden la expropiación y estatización de las fábricas y empresas privadas que están en guerra económica contra el pueblo.

Un spot gubernamental alienta esta presión, aunque sólo como amenaza. El spot televisivo, que se difunde mañana, tarde y noche en casi todas las radioemisoras locales y canales de televisión, resume machaconamente el pensamiento oficial de que los empresarios cruceños, que son a su vez los más connotados representantes del movimiento cívico oriental separatista y conspirador, son los principales causantes de la inflación que castiga al pueblo.

–Ciudadana: Maestro, qué le parece esto de la inflación? Todo está subiendo, la carne, el aceite, seguro el azúcar va a subir.

– Chofer: Pero, ¿usted sabe quién controla producción de aceite?, ¿quién controla la producción de carne? Mire, Branco Marinkovic (el presidente del fascista Comité Cívico, NdE) es el dueño de la fábrica de aceites más grande que hay, Saavedra Bruno, Monasterios, Kuljis, Náyar son los ganaderos más grandes. Los parientes del prefecto (de Santa Cruz, NdE) Rubén Costas son los dueños del ingenio azucarero Guabirá. Entonces, ¿no cree usted que ellos tienen directa responsabilidad en la subida de precios?, o ¿cómo la ve?

–Ciudadana: ¿Por qué no sabemos nosotros eso?, ¿por qué no dicen eso en la televisión?

– Chofer: ¡Qué van a decir! Si los canales de televisión, la red Uno, la red Unitel y otros más son de ellos mismos, nunca van a decir nada

– Ciudadana: Hay que ser sinvergüenzas, o sea que encima que nos roban, nos mienten

– Chofer: A usted le mentirán, señorita, porque a mí no me la charlan ellos.

Entre la lucha y la conciliación

En esta guerra contra la oligarquía, el gobierno de Morales lanza la piedra, pero esconde la mano. Ha señalado que garantiza el respeto a la propiedad y la actividad privada, tras que se hicieran públicas las demandas de algunos dirigentes sindicales que quieren que el Estado tome el control de las factorías agroindustriales orientales, manejadas por la burguesía agroexportadora cruceña y desde la que se ataca a la economía popular.

Las demandas también apuntan a liquidar los gigantescos latifundios, tanto los productivos e improductivos, que son la base material sobre la que se levanta el poder de la oligarquía que conspira abiertamente contra Morales y que avanza impunemente en la escisión de Bolivia.

Los sindicatos más radicales, como los mineros y los agrupados en torno a la Central Obrera de Oruro, quieren una guerra frontal y definitiva contra el poder de la burguesía latifundista y financiera. Evo, en cambio, quiere negociar con ella, aunque desde una posición de fuerza (intenta recortar parte de los recursos regionales para financiar una renta universal de vejez y avanza en el proceso de aprobación de una nueva Constitución, ambos aspectos rechazados por el poder empresarial secesionista).

Aumento salarial

Los sindicatos, agrupados en torno a la Central Obrera Boliviana (COB), también reclaman por un incremento salarial de por lo menos 25 por ciento para reponer la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Hay, en el sector laboral, un claro rechazo a la propuesta del Gobierno de Morales de aumentar el salario mínimo en 10 por ciento y el sueldo de maestros y salubristas en apenas 6 por ciento.

La dirigencia de la COB, por lo menos aquellos que no han sido cooptados por el oficialismo, reclaman que Morales cumpla su compromiso electoral de triplicar el salario mínimo hasta llegar a 1.800 bolivianos al mes (233 dólares). La oferta gubernamental es fijar el mínimo en  578 bolivianos (75 dólares). Según la COB, una familia tipo, de cinco miembros, necesita de 7.200 bolivianos (935 dólares) al mes para vivir en condiciones dignas. Hoy los bolivianos, en promedio, ganan sólo la octava parte de ese monto.

Las diferencias son notables y explican, en parte, la abrupta suspensión de una reunión que este miércoles debían celebrar los sindicalistas de la COB con Morales para evaluar el proyecto de reforma de la ley de pensiones. Allí, los cobistas tenían previsto exigir al Presidente un mayor y sustancial incremento salarial para que tanto el Estado como los empresarios compartan su situación de bonanza con los trabajadores. Los sindicalistas ya habían amenazado con realizar movilizaciones a partir de enero contra ambos sectores.

Escaramuzas alimenticias

En la batalla de los precios, el Gobierno está apostando por incrementar la oferta de alimentos, abaratando la importación de productos como arroz, maíz, trigo, carne y aceites, lo que ha sido rechazado por los productores locales que ven en ello una desleal competencia contra sus productos y sus ganancias extraordinarias.

Con esta acción, el Gobierno también cree que frenará la “inflación importada”, que se estaría dando como resultado de la acción de algunos empresarios y comercializadores que estarían sacando la producción agrícola hacia el exterior en busca de mayor rentabilidad y obligando por vía indirecta al mercado interno a subir precios para no quedar desabastecido.

En la percepción gubernamental, “el mercado nacional, como consecuencia de los fenómenos climáticos, está experimentando deficiencias en el abastecimiento de arroz, maíz, indispensables para la canasta familiar, que presionan al alza de los precios en los centros de abastecimiento, lo que atenta contra la economía de las familias de escasos recursos”.

Según los datos oficiales disponibles, el aumento general de precios registrado hasta noviembre es producto de la caída en la producción agrícola y pecuaria interna (1,61 por ciento al concluir el primer semestre) bajo el embate de los fenómenos climatológicos adversos (lluvias y sequía), la especulación de los comercializadores, el afán de más lucro de los sectores empresariales y la ausencia de un adecuado control de precios.

Todo ello, exacerbado por la guerra de precios que libran Gobierno y opositores y que agrava el clima de incertidumbre que se apodera de las clases medias y consumidores. No es casual, por ello, que muchos en las ciudades busquen aprovisionarse de más alimentos de los habituales, ampliando artificialmente la demanda y el consiguiente aumento de precios, dada la reducida oferta de productos.