Bolivia entre choques, rupturas y nuevos pactos
Al borde de la partición
Por
José Luis Rojo
Socialismo
o Barbarie, periódico, 27/12/07
“Arde,
Chola Arde” (consigna cantada por
manifestantes reaccionarios en Sucre, contra la presidenta
de la Constituyente, la masista y originaria Silvia
Lazarte).
En el último mes, Bolivia ha vuelto al centro
de la coyuntura regional. En realidad, nunca se había ido.
Pero el salto en la crisis del país andino ha sido de tal magnitud
y profundidad que ha encendido las más variadas señales
de alarma. Si en estos días la situación aparece algo
más “tranquila” –a partir de la “tregua” pedida
por Morales para las fiestas y el llamado diálogo “sin
condiciones y a agenda abierta”–, esto
no debería confundir sobre de la inusitada gravedad de los
acontecimientos recientes. La quema de la vivienda de un
constituyente del MAS en Santa Cruz el pasado sábado 22 y,
sobre todo, la bomba colocada en el edificio centra de la
COB en La Paz anteayer lunes 24, son elocuentes de que la
crisis sigue ahí, al acecho. Más aún: la misma podría
tener una “vuelta de tuerca”
con el despuntar del nuevo año produciendo –en ese caso– un vuelco
dramático en
toda la situación latinoamericana.
Salto en la crisis del
Estado-nación
“En Bolivia hay dos
gobiernos. Uno, el legal del presidente Evo Morales, tiene
masivo apoyo campesino y el control del altiplano (La Paz,
Oruro y Potosí). El ejército y la policía responden aún
a su mando. Los sindicatos y las clases medias lo apoyan,
aunque sin mucho entusiasmo. En
los valles y llaneras del oriente y sur del país, pesa más,
en cambio, la oligarquía latifundista y la burguesía
financiera-comercial, que cuenta con la adhesión
militante de las clases medidas y la sumisión de los
sindicatos y organizaciones civiles y populares. Ellos
conspiran y quieren escindir
al ejército para derrocar al «indio presidente». Bolivia
está partida en dos. En seis de las 10 más grandes
ciudades bolivianas gobierna de facto la oligarquía.
Allí nadie respeta a Evo y emerge con fuerza el racismo, el
separatismo y las bandas fascistas. Allí, la izquierda
indigenista, no tiene discurso ni consignas y esta
arrinconada y perseguida”.
En las últimas semanas, efectivamente, Bolivia quedó
–en los hechos– al borde de la partición nacional.
Sin que se pueda hablar ya –de manera literal– acerca de la existencia de “dos
gobiernos” o de que el país esté ya, realmente,
“partido en dos”, es un hecho que se ha quedado muy
cerca de ese
escenario; lo más cerca que se puede concebir en
toda su historia nacional.
Es que dos ordenamientos “legales”
contradictorios han quedado superpuestos. Por un lado, la
Asamblea Constituyente terminó días atrás (7 y 8 de
diciembre) aprobando “en particular” el proyecto de
nueva Constitución Política del Estado (en lo sucesivo,
CPE) para ser llevada a Referéndum. Por el otro, un
organismo por fuera del ordenamiento constitucional
(tanto de la nueva como de la vieja CPE), la autodenominada
“Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz”, terminó
aprobado –el pasado sábado 15/12– un proyecto de “Estatuto Autonómico”,
el cual también sería llevado a Referéndum regional. Sí
es un hecho que –en estos momentos– rige una “tregua” convocada por el
gobierno de Evo Morales para “pasar las fiestas en paz”,
está claro que con el comienzo del 2008 inevitablemente se
volverá adonde habían quedado las cosas solo días atrás.
Es decir, a la eventualidad de que se abra un período de durísimo
forcejeo-negociación-pacto alrededor de toda la serie
de Referéndum cruzados anunciados... o el retorno de los
“tambores de guerra” que preanuncien un salto aún más
agudo de la crisis.
Marco normativo contrapuesto
Pero profundicemos en la interpretación de los
hechos de las últimas semanas. Porque el rumbo
de colisión que ha venido “in crescendo” (hasta
cierto punto, incluso independientemente de la voluntad de
algunos de los actores principales de este drama), está
inscripto en el hecho de que el marco normativo enarbolado
por el gobierno masista y la oposición oligárquica (CPE y
Estatuto Autonómico) son altamente contradictorios.
A decir verdad, ninguno de los dos cuestiona el carácter
capitalista del país y la “intangibilidad” de la
propiedad privada.
Pero sí hay una durísima disputa alrededor de las atribuciones
de los poderes nacional y regional y del reparto de la renta
hidrocarburífera, minera y agraria.
Veamos, el proyecto de CPE define a los recursos
naturales como de “competencia exclusiva del Estado
nacional”; el Estatuto autonómico atribuye amplios
poderes en esa materia “al gobierno prefectural”; en
materia de tierras, se da lo propio, habiendo una disputa de
soberanía sobre el ordenamiento de las mismas; en lo que
hace al poder de policía, el proyecto autonómico reconoce
el carácter centralizado nacional de las fuerzas armadas…
pero plantea la “creación de una policía regional”,
cosa que el gobierno del MAS rechaza taxativamente; muy
ilustrativo es también en lo que hace al reparto de las
regalías: porque en abierta contradicción con el proyecto
de CPE, el Estatuto Autonómico pretende que sean las
prefecturas las que recauden las regalías y… luego las
giren al Estado nacional. Como si esto fuera poco, el
Estatuto Autonómico pretende crear una “ciudadanía
prefectural” como forma de imponer un reaccionario
“control migratorio interno”.
El hecho es, entonces, que una cantidad enorme de
atribuciones habitualmente propias de un Estado nacional...
quedarían en manos de las Prefecturas cuestionándose
-en los hechos- la autoridad misma del Estado central.
El gran interrogante es entonces ¿cómo se hará para
compatibilizar marcos normativos tan contrapuestos?
Porque con ambos proyectos normativos, lo que emerge,
es una formalización de lo que desde estas páginas hemos
venido definiendo como “una crisis de Estado”. Es
decir, el hecho que la inusitada gravedad de la crisis del
país, lo que ha terminado por poner en cuestión, no es una
mera una crisis a nivel del régimen político, sino
–lisa y llanamente– la misma
unidad nacional del país.
Es precisamente en el sentido anterior, que la nueva
CPE y el Estatuto autonómico, no ha hecho más que agravar
las cosas más allá de que –al mismo tiempo– no se
puede descartar que una vez más se intente –y
eventualmente se logre por una serie de consideraciones
nacionales, regionales e internacionales– llegar a algún tipo de pacto en vista de la
–reiteramos– gravedad
inusitada que podría significar que el país se deslice,
efectivamente y no sólo verborrágicamente, a la
circunstancia de una guerra civil.
Una eventualidad que produciría tal vuelco en
la situación política latinoamericana, que no creemos que
sea concientemente querida hoy por hoy por ninguno de los
gobiernos de la región (ni siquiera por el imperialismo
yanqui) pero a la que, igualmente, se podría arribar por el
expediente de
una mecánica de “golpes y
contragolpes” como subproducto del conjunto total de
determinaciones de la situación.
Referéndum cruzados y la
eventualidad de nuevos pactos
En medio de toda la situación que venimos
describiendo, el pasado domingo 15/12 –en oportunidad de sus reuniones con Lula y Bachelet– Evo Morales pedía una “tregua navideña”
y anunciaba que había “llegado la hora del diálogo”
convocando a una amplia discusión a “agenda abierta” de
todos los problemas junto con la oposición.
Estas declaraciones habían sido precedidas por la
convocatoria a toda una serie de referéndum tanto
desde el gobierno central como desde los departamentos.
Desde La Paz, se anunció la convocatoria a un “referéndum
revocatorio” tanto de Morales como de todos los Prefectos,
referéndum que en principio podría ser aceptado por estos.
Lo mismo que ha sido convocado –sin fecha cierta todavía– un “referéndum dirimidor” para precisar los
alcances de una propiedad agrícola para ser considerada
“latifundio”. Al tiempo, en un tercer referéndum, el
“Constitucional” se debe para aprobar la nueva CPE. Por
su parte, desde Santa Cruz, pero también Tarija, Beni,
Pando y –eventualmente–
Cochabamba y Chuquisaca, se anuncian sendos referéndum para
la ratificación o no de estatutos autonómicos a imagen y
semejanza del cruceño.
Es decir, eventualmente se viene un “festival” de
referéndum que tienen básicamente dos objetivos. Desde el
punto de vista del gobierno de Morales, llevar toda la
crisis al terreno donde se siente más fuerte: el
electoral.
Es decir, evitar la eventualidad de que la pugna con
la derecha abra el camino a la irrupción independiente de
las masas desde abajo que lo desborde; masas que han
sido mayormente sacadas de escena desde las jornadas de
mayo-junio del 2005.
Al mismo tiempo, este mismo mecanismo de los referéndum
podría ser –aunque esto no es mecánico– el escenario de una negociación para buscar
la vía de “compatibilizar” los distintos marcos
normativos de manera tal de evitar que “la sangre llegue
al río” y se parta el país.
Sin embargo, el escenario no se presenta fácil al
gobierno del MAS. Por un lado, porque los cruceños pueden
hacer valer –bastante fácilmente– su
propia legitimidad en los departamentos de la Media Luna.
Departamentos donde actualmente los reclamos autonómicos
son sustentados por sectores de masas.
Pero a la vez, la derecha y los cívicos saben que lo
que no les conviene es el escenario de los referéndum
nacionales donde el MAS impone su mayoría. Al mismo tiempo,
no hay acuerdo acerca de cuantos votos tendría que sacar
Evo para no ser revocado.
En estas condiciones, acerca del éxito de
esta movida masista, todavía es muy difícil para hacer
claras previsiones salvo señalar que en la medida que se
dejó ir las cosas demasiado lejos, cualquier escenario de
concertación se va a encontrar con dificultades de gran
magnitud; lo que igualmente no puede descartarse ante
el “vértigo” que puede dar a todos los contendientes
profundizar la confrontación.
Una
oposición “venezolanizada”
“Paradójicamente, de tanto obsesionarse con
Venezuela, la derecha se «venezolanizó» más que el
propio gobierno y tomó como propia una estrategia que en el
país caribeño fracasó en toda la línea: el repliegue
y la desestabilización. Así, al igual que la derecha
venezolana, cuya abstención dejó el 100% del parlamento en
manos del chavismo, nuestra derecha se retiró de la
Constituyente y estos días del parlamento, a la hora de
votar la renta Dignidad. Y, al igual que los antichavistas
hasta el golpe del 2002, algunos sueñan con echar
anticipadamente del poder a Morales. Los grupos más
radicales de la oposición harían bien en leer con calma lo
ocurrido en Venezuela: el respeto a las reglas democráticas
de más réditos que el golpismo ciego”.
Más allá del hecho que el autor no señala que si
la oposición oligárquica se ha venido fortaleciendo en
Bolivia no ha sido más que por la propia política de
concesiones permanentes del gobierno de Morales, hay algo de
lo que dice que parece agudo: efectivamente, es verdad que
la oposición de derecha en Bolivia (por lo menos,
importantes sectores de la misma) aparece –de alguna
manera– “venezolanizada”
(2002). Es decir, avanzando
por vías de hecho de las cuales puede no haber claro
retorno.
Porque no todos los días se puede decir que la
constitución política del Estado “vale menos que papel
higiénico usado”! Y si una característica de la
idiosincrasia política del país es una verborrea que
excede con mucho los verdaderos hechos, el actual marco
normativo “dual” que ha emergido de la crisis, no
aparece tan fácil de compatibilizar.
Bolivia es un país
“acostumbrado” al desarrollo de graves y dramáticas
crisis políticas. Pero esto no quiere decir que palabras
como las pronunciadas por Quiroga no dejen de tener
importancia: son algo menos –pero no mucho– que una
cuasi abierta invitación a la secesión del país;
aunque insistimos, una y mil veces, que no necesariamente
esto sea lo que vaya a ocurrir.
Pero a lo anterior se le debe
sumar un componente “particular” y/o específicamente
“boliviano”: el racismo de la oposición. Es
decir, el hecho que en la búsqueda de hacerse de una base
social de masas, se ha venido atizando cada vez más
elementos de un “revanchismo social” que le da
una connotación aún más dramática y aguda a toda la
situación.
Ya en otros materiales hemos señalado
que el Estado boliviano no es solo un típico estado
capitalista semicolonial: a la vez, es uno de efectiva opresión
nacional sobre la población originaria. Porque etnia y
clase aparecen superpuestos a la hora de la explotación
y opresión de las grandes mayorías. Y sí está claro que
el gobierno reformista del MAS no podrá resolver este
problema solo por el expediente de declarar el carácter
“multiétnico” en la CPE, la oligarquía del Oriente lo
que busca es remachar con mil clavos no solo las
relaciones de explotación capitalista y semicolonización,
sino también las de opresión nacional sobre la mayoría
originaria del país.
¿Cómo derrotar a la oligarquía?
El mismo hecho que se haya dejado emerger una oposición
a lo “venezolana” ilustra los límites y fantasías
de la “vía pactada” que siempre pregonó García Linera
y que ha sido la política oficial del gobierno del MAS.
La realidad es que si bien el gobierno de
Morales conserva un amplio apoyo popular –sobre todo,
originario y campesino– en el Altiplano, el avance de la
ultrareccionaria oligarquía del Oriente, ha sido de enorme
importancia.
Es que de una situación de
derrota prácticamente “total” (cuando en octubre del
2003 las masas en las calles echaron a González Sánchez de
Losada), actualmente la derecha controla no solo la
prefectura de los cuatro departamentos de la Media Luna
(Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) sino que hasta Manfred
Reyes Villa (al que el MAS le perdonó la vida en enero
pasado) se da el lujo de lanzar un proyecto de referéndum
autonómico en Cochabamba, al tiempo que el ex prefecto
masista de Chuquisaca... se ha dado a la fuga pidiendo
“asilo político” en el Perú.
Es decir, desde el punto de vista
estrictamente geográfico-regional-territorial (no así numéricamente
sobre la población total), es como que el gobierno del MAS
hubiera quedado en minoría.
¿Cómo ha podido ocurrir esto?
Ha ocurrido como subproducto de la reformista política de concesión
tras concesión a la oligarquía. Desde las famosas cláusulas
“cerrojo” en la Constituyente (que la empantanaron a lo
largo de meses y meses), hasta una “nacionalización”
del gas que no ha pasado de ser una seudo nacionalización;
o el ejemplo de una “revolución agraria” que no pasa de
ser una bravuconada que no toca más que algunas tierras
fiscales. O el llamado ahora –nuevamente y después de la
gravedad de los hechos desatados– a una “tregua y
negociación a agenda abierta”... al tiempo que se llama a
confiar en que “las fuerzas armadas garantizarán la
unidad del país”.
El camino para derrotar a la
derecha solo puede ser el opuesto: de ninguna manera
seguir con más “treguas” y negociaciones a “agenda
abierta” y, menos que menos, la confianza en las Fuerzas
Armadas capitalistas; Fuerzas Armadas que no solo hicieron
un baño de sangre en octubre del 2003 (cobrándose casi 100
muertos), sino que es la misma institución de dictadores
como René Barrientos, Hugo Banzer Suárez, García Mesa y
tantos otros asesinos.
No señor: la derrota de la
derecha oligárquica y de la burguesía y el imperialismo,
solo puede pasar por la más amplia movilización de las
masas. Y esto solo puede llevarse a cabo enarbolando un
programa consecuente de verdaderas transformaciones
sociales; programa que el gobierno masista de ninguna
manera está dispuesto a llevar a cabo y que es el único
que podría arrancarle a la oligarquía del oriente
amplios
sectores de masas que tienen sometidos bajo el discurso
“regionalista”.
Esto pasa por acabar radicalmente
con el latifundio; imponer la expropiación bajo control de
los trabajadores de todas las multinacionales de los
hidrocarburos; lo mismo que la nacionalización de toda la
industria extractiva (incluida la llamada “minería
media”); esto, entre otras medidas radicales, como acabar
de una vez por todas con el privatizador decreto 21.060.
Esto mismo es lo que están planteando correctamente
algunos organismos obreros como la COD de Oruro, que le
exige al gobierno que “movilice a las amplias masas y que
no de más desmoralizantes treguas a los crueños”.
Junto con lo anterior, y ante agrupaciones
semifascistas como la Unión Juvenil Cruceñista, también
está al orden del día
la puesta en pie de organismos de autodefensa de los
trabajadores de la ciudad y el campo, organismos que le den
lecciones y escarmienten a esas agrupaciones dedicadas a
amedrentar campesinos y trabajadores en los departamentos
del Oriente. La bomba recientemente colocada en la sede
central de la COB ilustra acerca de la perentoria necesidad
de la autodefensa obrera.
Golpear juntos, marchar separados
Para todo lo anterior, la COB
debe dejar de andar a la rastra del gobierno de
Morales. Como está dicho, hay que “golpear juntos pero
marchar separados”. Las organizaciones de los
trabajadores deben afirmar su completa independencia política
del gobierno reformista desarrollando un camino independiente
de los dos “campos” patronales en que se está
dividiendo el país.
Porque para derrotar y aplastar a
la reacción oligárquica y burguesa no valen los caminos
“democratistas” y “electoraleros” del gobierno del
MAS. Solo vale la lucha obrera consecuente y la puesta en
pie de una auténtica Asamblea Originaria, Obrera y
Popular como la que se esbozó en oportunidad de las
jornadas de mayo-junio del 2005 y no llegó a concretarse.
Porque en definitiva, el camino
solo puede ser el de una Bolivia socialista, obrera,
originaria, campesina y popular. Y esto solo podrá venir de
la mano de la heroica clase obrera del país.
[1]
“Hay dos gobiernos”, Econoticias Bolivia, 4/12/07.
[2]
El proyecto de CPE tiene las habituales alusiones a la
“función social” de la propiedad (cuestión que
puede ser interpretada de manera muy amplia) y sobre la
“justa indemnización” en caso de expropiación por
razones de bien público.
[3]
Esta discusión no deja de tener importancia. Hay dos
interpretaciones: el gobierno dice que el sí a su
revocación debería alcanzar más del 53% que lo votó;
la oposición dice exactamente lo contrario: si el no a
la revocación obtiene menos de ese 53%... Morales
quedaría afuera!
[4]
Pablo Stefanoni, Bolpress, 04-12-07.
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