La nueva CPE y el Estatuto Autonómico cruceño
Legalidades contrapuestas
Por José Luis Rojo
Socialismo o Barbarie, periódico,
27/12/07
“Éstos que se hicieron ricos
con el dinero de los pobres no tienen razones para atacar
una CPE que hoy da posibilidad que los pobres, un día no
muy lejano, sean ricos por la vía
constitucional” (declaraciones del ministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana).
Conviene detenernos para analizar más en profundidad
los aspectos sustanciales de los marcos normativos
contrapuestos que se han terminado originado en la Asamblea
Constituyente y en la autodenominada “Asamblea Provisional
Autonómica de Santa Cruz”.
Constitución a la medida del MAS
Respecto del texto constitucional, no se ve cómo,
por esa vía, “los pobres un día se harían ricos”,
como dice el ministro Quijano. Porque, en lo esencial, es un
texto que deja intactas las bases estructurales de la
Bolivia capitalista semicolonial, que sus explotados y
oprimidos siguen padeciendo hoy a pesar de la actual bonanza
económica.
Si siquiera se han terminado de desmontar aspectos sustanciales
del neoliberalismo impuesto a partir del mega decreto
privatizador 21.060 (1985), al que, a todos los efectos prácticos,
se ha dejado en pie.
Esto no quiere decir que no se
introduzcan cambios en el “modelo de país”. Ya varias
veces hemos señalado que el gobierno de Morales pretende
introducir modificaciones en la vía de una suerte de
“capitalismo de Estado” aunque sin llegar realmente a
serlo. La misma prédica que ha sido reiterada por el vice
García Linera bajo la figura de un utópico y romántico
modelo de “capitalismo andino-amazónico”. ¿Qué
expresión tiene todo esto en el texto constitucional? La
clave está en las formas de propiedad que consagra y
en el rol que se plantea para el Estado en materia
económico-social.
“El modelo económico boliviano
es plural, constituido por tres formas de organización económica
(privada, estatal y comunitaria) con igualdad jurídica ante
la ley (...). La nueva constitución reconoce que toda
persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o
colectiva, siempre que esta cumpla una función social. Se
respetará y garantizará la propiedad individual y
colectiva sobre la tierra. Se respeta el derecho a la sucesión
hereditaria. Se respetará la iniciativa empresarial y la
seguridad jurídica. Se garantiza la libertad de empresa y
el pleno ejercicio de las actividades empresariales. El
Estado reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación
empresarial y a la personalidad jurídica de estas
asociaciones empresarias, cuyo patrimonio, tangible e
intangible, es inviolable e inembargable”.[2]
Es decir, lo que se plantea es la supuesta
“convivencia” de tres formas de propiedad: la
privada, la estatal y la comunitaria; esto, bajo la demagógica
figura de respetar los derechos de “todos los
propietarios” (no olvidar que la base social del MAS no
son los trabajadores asalariados –carentes de toda
propiedad– sino los pequeños propietarios rurales y
urbanos), “priorizando el sostenimiento a los pequeños”.
Pero esta declamada “convivencia” nunca podría
serlo en términos efectivos
e igualitarios cuando de lo que se trata es una
propiedad privada que atañe a los principales medios
de producción; es decir, a la gran propiedad agraria,
minera, a las principales industrias; incluso, a la falsa
“nacionalización” del gas, que ha dejado en manos de
las multinacionales la operación del negocio y sólo ha
ampliado la renta que ingresa al Estado en materia de
hidrocarburos (multiplicada, hay que decirlo, por el altísimo
precio internacional del petróleo y gas)
En esas condiciones, las formas
de pequeña propiedad cooperativa, urbana y agrarias,
mayormente familiares, nunca podrían competir en pie de
igualdad con la gran propiedad (a pesar de todo el
“sostenimiento” que el Estado pretenda darles). Pero
precisamente ahí es donde viene a intervenir el Estado:
con su renta ampliada por los ingresos de hidrocarburos, la
pretensión no es la apuesta a la expropiación –bajo
control de los trabajadores– de los grandes medios de
producción y el pasaje al desarrollo de las fuerzas
productivas por esa vía, sino la idea reformista y utópica
de alentar y “sostener” la producción cooperativa, las
micro y pequeña empresas para que puedan “competir en
igualdad de condiciones”.[4]
Como dice el periodista Lora Fuentes: “El MAS nunca
planteó un cambio revolucionario en el sentido
estricto del termino. Morales ha repetido hasta el cansancio
que respetará la propiedad privada –inclusive, los
grandes latifundios ‘productivos’– y garantizara la seguridad
jurídica para las transnacionales, con las cuales no ha
roto. Las reformas nacionalistas de Morales respetan y hasta
garantizan los intereses de la burguesía nacional. Promueve
el reconocimiento de las culturas y formas de producción y
de propiedad comunitarias no para que reemplacen sino para
que ‘convivan’ con la economía capitalista”.
En el mismo sentido: “los tres tipos de economía que
regirán continuarán siendo regenteados por la economía
privada que sustenta el modelo neoliberal a favor de las
empresas transnacionales y nacionales”.[6]
Es decir, se trata del proyecto reformista, “utópico”
y/o “romántico” de aliento a la pequeña propiedad por
la vía de una suerte de muy débil “capitalismo de
Estado”, mientras se deja en pie la gran propiedad
industrial y agraria capitalista e imperialista, lo que de
ninguna manera podrá garantizar un verdadero desarrollo
de las fuerzas productivas.[7]
Al mismo tiempo, ni siquiera respecto de las
cuestiones democráticas para la población originaria hay
cambios muy “revolucionarios” que digamos. Porque
realmente no hay mucho más que palabras que no pasan de
consagrar algunas formas de autonomía “originarias” y/o
municipales. Como señalara el analista simpatizante del
gobierno del MAS, Pablo Stefanoni, “se promueve un
‘Estado plurinacional’ que consiste en una ampliación
–bastante confusa aún– del multiculturalismo
promovido en los años noventa” y no mucho más.
El Estatuto cruceño
Precisamente por lo anterior, no es del orden
estrictamente económico-social la gran divisoria de
aguas con las oligarquías del Oriente. Más bien, lo que
está en juego, son las cuestiones del ordenamiento
estatal y del reparto de las regalías hidrocarburíferas
del gas y el petróleo, así como el manejo de la propiedad
agraria.
Ambos bandos en pugna coinciden
en la perspectiva capitalista de la economía del país,
pero se diferencian –con “matices” de importancia–
respecto del tipo de capitalismo que quieren para
Bolivia, así como del ordenamiento estatal y, más en
general, respecto del rol del Estado central en los terrenos
económicos y políticos.
Por esto mismo, no ha sido casual –como ya señalamos–
que el Estatuto cruceño reivindique para su prefectura los
poderes de policía, la declaración de una “ciudadanía
cruceña”, el control de las migraciones internas y el
monopolio de la administración de la propiedad de la
tierra, así como la novedosa cuestión de que en vez de ser
el Estado central el encargado de la recaudación de
las regalías petroleras y gasíferas y luego
coparticiparlas en proporciones variables, serían las prefecturas
las que recaudarían este impuesto y luego lo “girarían
al estado central”.
“Entre las facultades que la asamblea autonómica
concedió al gobierno departamental, destacan la elaboración
y aprobación de proyectos y concesiones para la construcción
y aprovechamientos hidráulicos, canales, regadíos, aguas
minerales y termales de interés departamental; la regulación
de la migración interna (‘en lo que respecta a los
movimientos migratorios masivos ínter departamentales’) y
la negociación de ‘empréstitos, enajenación de bienes y
celebración de contratos que comprometan las rentas
departamentales’. El Estatuto menciona que el gobierno
departamental tiene tuición directa en el manejo de la
tierra, una tarea que según la nueva CPE es privativa del
Estado nacional. Por otro lado, la carta autonómica
aprobada en grande dispone la regulación del régimen de la
policía departamental en lo que respecta a la protección
de las personas y bienes, así como en el mantenimiento del
orden público dentro del territorio del departamento autónomo.
El estatuto elaborado por el movimiento cívico-empresarial
encarga a la Prefectura de Santa Cruz el control directo de
la explotación y comercialización de los hidrocarburos en
todo el departamento. ‘El gobierno departamental (...),
controlará y fiscalizará la producción de hidrocarburos líquidos
y gaseosos que se realice en el departamento y velará por
una correcta aplicación del pago de regalías y de los
impuestos’ (...). Con el fin de propiciar y fomentar la
industrialización de los hidrocarburos de jurisdicción
departamental, el gobierno departamental podrá asociarse
con empresas públicas y privadas para la ejecución y
desarrollo de proyectos específicos”.[9]
En estas disposiciones abiertamente se contraría la
nueva CPE; particularmente, la expresa declaración
de que el suelo y subsuelo son dominio “directo,
inalienable e imprescriptible” del Estado nacional.
Entre el pactismo, la
“desconexión normativa” y un choque civil
Precisamente en el sentido que venimos señalando,
son de gran interés las declaraciones de un
“intelectual” de la Media Luna, el constitucionalista
Juan Carlos Urenda: “La Constituyente estaba obligada
–por el referéndum vinculante del 2006– a incluir la
autonomía de los cuatro departamentos. Pero puso competencias
irrisorias (…). Estamos volviendo al pueblo. Cómo
ensamblarlo con el marco constitucional (se refiere al
Estatuto Autonómico y su vinculación con la CPE. JLR), ése
es el punto más crítico
del proceso. Creo que tendrá que darse un pacto
entre las cuatro regiones y el gobierno. Si siguen pensando
que son sólo cuatro terratenientes, habrá menores márgenes
de negociación y se llegará a la desconexión
normativa (…). Ya confrontaciones de otro tipo escapan
a mi capacidad de análisis, pero va a ser una situación
muy difícil. Cada bando va a mostrar legitimidad en cada
mitad del país. El llamado empate sigue siendo catastrófico”.[10]
En estas declaraciones se puede observar cómo la
oligarquía cruceña apuesta a forzar una negociación –un
“pacto”– con el gobierno del MAS. Pero Urenda reconoce
que el “ensamble” de ambos marcos normativos “es el
punto más crítico del proceso” (lógico: si aparecen
como lisa y llanamente opuestos) y que se podría llegar a
una “desconexión normativa” frente a la cual se declara “incapaz”
de analizar sus consecuencias... sencillamente porque puede
significar, en un contexto en el que cualquier chispa puede
encender la mecha, una abierta confrontación civil.
Tanto los ingresos del Estado como las ganancias de los
empresarios privados y extranjeros vienen rompiendo récords
históricos bajo el gobierno de Evo Morales. Esto ha
sido subproducto del boom económico internacional en
materia de precios de los “commodities” (que
beneficia a toda la región), pero también de que el
gobierno del MAS, escrupulosamente, ha respetado
aspectos fundamentales del marco normativo neoliberal.
Desde ya que, al mismo tiempo, los trabajadores
asalariados penan con un salario mínimo miserable
de sólo 62,5 dólares al mes, al tiempo que las
unidades de producción familiares urbanas y rurales siguen
sumidas en su habitual atraso. Para más datos, ver
“La economía en tiempos de Evo”, de Gabriel Tabera,
www.socialismo-o-barbarie.org.
[3]
“El
Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo
económico y de sus procesos de planificación; y podrá
intervenir en la cadena productiva de los
sectores estratégicos. Una de las prioridades es la industrialización
para superar la dependencia de la exportación de
materias primas y lograr una economía de base
productiva en armonía con la naturaleza”. Proyecto de
CPE.
[4]
A este respecto, el texto
constitucional plantea el “apoyo
y priorizacion de las estructuras asociativas de pequeños
productores urbanos y rurales; el estado reconocerá,
respetará, protegerá y promoverá la organización
económica comunitaria. A través de su política
financiera, priorizará la demanda de servicios
financieros de los sectores de la micro y pequeña
empresa, de la artesanía, del comercio, de los
servicios, de las organizaciones comunitarias y de las
cooperativas de producción”. Pero, como ya hemos
señalado, no se puede llegar muy lejos por este camino
si no se expropian los grandes medios de producción y
explotación de la naturaleza a los capitalistas. Además,
una auténtica transformación y desarrollo de las
fuerzas productivas nunca podría venir del aliento a la
pequeña propiedad, sino de poner los grandes medios
de producción en manos de los explotados y oprimidos,
cosa que el MAS de ninguna manera pretende hacer.
“Al
límite de la revolución democrática-burguesa del
MAS”. Miguel Lora Fuentes, Bolpress.
Carlos Arze, CEDLA, Bolpress.
El investigador del CEDLA Lorgio Orellana Aillon decía
en el mismo sentido: “El nuevo gobierno (...)
interpela ideológicamente con su programa de reformas a
sectores más vastos que el de la pequeña burguesía
(...). Los sujetos sociales invocados son la
‘microempresa’ y la ‘pequeña producción’.
Tanto la composición social así como el programa (...)
se dirigen a esa inmensa masa de productores de las
pequeñas unidades de producción de la ciudad de El
Alto, las cooperativas mineras de Potosí y Oruro, los
campesinos, los gremiales y las comunidades indígenas
(...). Ideológicamente, la noción de desarrollar un
‘capitalismo andino-amazónico’, de industrializar
el país y, en consecuencia, de fomentar una ‘burguesía
andino-amazónica’ –lo que en Bolivia equivaldría a
decir una burguesía nacional–, se dirige hacia
aquellas fracciones de clase (pequeño propietarias,
RS). Tal consigna resignifica de modo capitalista,
‘nacional’ e ‘indígena’, las expectativas de
una heterogeneidad de sectores medios, campesinos
pobres, pequeño propietarios de las ciudades y
comunidades indígenas, a quienes se busca fortalecer
con la ayuda de un ‘Estado fuerte’ llamado a
redistribuir una mayor parte del excedente que hoy es
controlado por las empresas transnacionales. La tesis
del ‘capitalismo andino-amazónico’ actualiza
aquella antigua narrativa burguesa que promovía la
transformación del pequeño productor en capitalista y
la transformación de la sociedad de una de pequeño
productores en una sociedad capitalista (desarrollada,
RS)”. En www.cedla.org.bo
“Bolivia: entre la
revolución y la salida pactada”. Archipiélago, n°1,
octubre-diciembre 2007.
“Quieren policía propia
y control total de los recursos naturales y las
tierras”. En www.socialismo-o-barbarie.org
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