Convocatoria a referéndum provoca tensión política

Por Igor Ojeda (*)
ALAI, América Latina en Movimiento, 06/03/08

El clima de crisis política y de polarización en Bolivia se profundizó aún más a partir del pasado 28 de febrero, cuando el Congreso Nacional, en medio del un cerco de una parte de los principales movimientos sociales del país, aprobó la ley de convocatoria de dos referendos nacionales, previstos para el próximo 4 de mayo: uno para aprobar la nueva Constitución y otro para que la población decida sobre un artículo del texto referido al latifundio.

La expectativa es que la tensión continúe durante todo el año. Calificando al gobierno del presidente Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), como “totalitario” y “antidemocrático”, la oposición anuncia el desacato al Ejecutivo y continúa en su tarea de convocar a referendos autonómicos en la llamada “media luna” (formada por los departamentos opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando). Según la oposición, el cerco de los movimientos al Congreso y el hecho de que algunos congresistas hayan sido impedidos de entrar a la sesión significaron uno “atropello a la democracia”.

Durante la plenaria, el legislativo aprobó también una ley interpretativa sobre un párrafo de la Ley de Referendos, quedando determinado que la facultad de convocar a consultas departamentales es exclusiva del Congreso. Las autonomías están previstas en la nueva Constitución. Sin embargo, para el gobierno, los estatutos autonómicos propuestos por la “media luna” son ilegales.

Enfrentamientos

La consulta de Santa Cruz se realizaría exactamente el 4 de mayo. Como respuesta a la estrategia del gobierno, la oposición planea anticipar sus referendos. A la vez, algunos sectores de estudiantes, y de clase media y clase media alta preparan actos “por la democracia”, inclusive en La Paz, fuerte reducto de Evo Morales.

El sociólogo Eduardo Paz Rada, docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de la capital boliviana, opina que, justamente debido a la creciente tensión política, los referendos constitucionales podrían no llevarse a efecto. “Para que se realice un referéndum, hay ciertas condiciones mínimas, que no están dadas. Por ejemplo, entre los sectores sociales de Santa Cruz, hay fuertes peleas entre dos bandos. Eso se va a agudizar en otras regiones del país, inclusive en Potosí y La Paz. Hasta el 4 de mayo, los grupos de poder del oriente y el gobierno intentarán impedir que la otra parte se consolide. La realización o no de los referendos estará vinculada a esa lucha político social, a enfrentamientos en las instancias informales, como las calles”, analiza.

Para César Navarro, jefe de la bancada de diputados del MAS en la Cámara de Diputados, la profundidad de la polarización se dará, sobre todo, porque la oposición está ganando fuerza regionalmente, “con un discurso excesivamente autonómico, democrático, y que consiguió posicionar ideas negativas en relación a nuestro gobierno, como de que Evo sería dictador, antidemocrático, fascista, totalitario, indigenista etc.”.

Crecimiento de la derecha

Según Rada, hay un claro crecimiento de la derecha y un correspondiente debilitamiento del MAS desde la victoria electoral de Evo Morales, en diciembre de 2005, que, para él, se dio por la incapacidad del partido para emplear la fuerza social para imponer su proyecto al país.

Isaac Ávalos, secretario-ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), denuncia que las fuerzas oposicionistas temen perder sus latifundios en caso de que la nueva Constitución sea aprobada. “Ellos pelean por razones económicas y la tierra”. Según Ávalos, la aprobación de los referendos fue fundamental, pues, en caso de que la nueva Carta Magna sea ratificada, los pueblos indígenas serán incluidos. “Queremos que se acabe la discriminación, las masacres, los maltratos”. Por eso, los movimientos sociales ya iniciado la socialización del texto constitucional.

Para Navarro, que considera la actual crisis política como la más importante desde la fundación de la República en Bolivia, el objetivo de los sectores opositores es derrocar al gobierno, mediante su desestabilización política.

Frente a la aprobación de los referendos por el Congreso, la oposición pasó a denunciar internacionalmente el “atropello a la democracia” presuntamente llevado a cabo por el MAS. En cambio, el Ejecutivo denunció al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la existencia de sectores políticos y regionales que estarían conspirando contra la gestión de Evo Morales y que tendrían aspiraciones separatistas.

Separatismo

Se calcula que, en caso de que el referendo constitucional sea ejecutado, aunque el “sí” salga victorioso, el “no” ganaría en los departamentos de la “media luna”. Eso generaría una polarización fuertemente regional. Ahí, nuevamente, volverá a estar presente la posibilidad del separatismo, del autonomismo, que serán acelerados”, prevé el sociólogo Eduardo Paz Rada.

De acuerdo con el diputado César Navarro, los sectores de la “media luna” que quieren el separatismo poseen “un alto nivel de influencia política, no por el liderazgo que ejercen, sino por el hecho de que controlan y dirigen los medios privados de comunicación”.

En ese contexto, Rada llama la atención sobre un grave riesgo que podrá venir de las fuerzas de seguridad del Estado. “Las instancias que tienen la posibilidad de evitar cualquier exceso de separatismo son las Fuerzas Armadas y la policía. Y tengo la impresión que, dentro de ellas, están empezando a surgir tendencias divisionistas, que pueden llevar a una situación mucho más caótica e inestable en Bolivia”.

Aprobación fue la “única decisión posible”, afirma diputado del MAS.

La decisión del MAS, partido en el gobierno, de aprobar los referendos constitucionales en medio de un cerco al Congreso por parte de las organizaciones sociales era la única salida posible en el contexto político actual en que vive Bolivia, manifiesta César Navarro, jefe de la bancada del partido en la Cámara de Diputados.

El 15 de febrero, el gobierno y la oposición habían iniciado, en el ámbito del Congreso, una discusión sobre la compatibilización de la nueva Carta Magna con los estatutos autonómicos, lanzados en diciembre por la “media luna”, en respuesta a la aprobación de la Constitución.

Sin embargo, el diálogo avanzó poco, y, el día 26, se inició el cerco de los movimientos sociales al Parlamento, que exigían la aprobación de las consultas. “Había un discurso más de bloqueo político que una propuesta de viabilizar una nueva Constitución por parte de la oposición. Fue una de las realidades que percibimos en el transcurso de los días”, cuenta Navarro.

En ese contexto, según el diputado, el gobierno decidió, en conjunto con los movimientos, someter el texto constitucional a consulta popular. “Más que una decisión de imponer algo, la opción que tomamos fue en el sentido de proporcionar un nuevo mecanismo democrático de consulta. Es una medida de carácter fundamentalmente político-estatal, que delega la responsabilidad de la solución de la crisis a la sociedad boliviana”, explica.

Equilibrio

En opinión del sociólogo Eduardo Paz Rada, docente de la UMSA, de La Paz, la aprobación de los referendos fue una medida estratégica para el MAS y el presidente Evo Morales. “Los referendos autonómicos estaban posicionados como el tema central y más importante y, además, avanzaban mucho rápidamente, sin que existiese una contraposición por parte del gobierno. Entonces, hubo un intento del ejecutivo de equilibrar la iniciativa con los sectores de la “media luna”. Era imprescindible que el MAS tomase decisiones para que el tema de la Constitución se posicionase por encima, o, al menos, en el mismo nivel que los estatutos autonómicos”, analiza.

En cuánto a las acusaciones de la oposición de “atropello a la democracia”, César Navarro enfatiza: “Somos la mayoría política, la primera de la historia del país, pero estamos condicionados a una minoría política y electoral. Quieren impedir que haya transformaciones estructurales en el país. Ellos quieren que la minoría tenga la capacidad de veto y de resolver la crisis a favor de ellos mismos. Es un desconocimiento implícito de la mayoría política emergente tras el resultado de las elecciones de 2005”.

En relación al cerco de los movimientos sociales al Congreso, Isaac Ávalos, de la CSUTCB, explica que, sin presión, el Parlamento no funciona. “Fuimos obligados a tomar esa medida. No hicimos el cerco al Congreso el año entero. Bloqueamos cuando ellos no trabajaron”.

(*) Igor Ojeda es corresponsal de Brasil de Fato en La Paz.