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Nuevo
frente de lucha entre la izquierda indigenista y los 100
clanes separatistas
La
batalla del aceite
Econoticiasbolivia,
24/03/08
La Paz.- El
gobierno del presidente Evo Morales y los 100 poderosos
clanes, que controlan la tierra, el poder y la economía de
gran parte de Bolivia, abrieron un nuevo frente de batalla
en torno a la producción y venta de
aceites y soya, profundizando la dualidad de poderes
existente entre la izquierda indigenista asentada en el
altiplano y la rancia oligarquía que tiene el control de
los valles y los llanos.
Un decreto
de Morales que prohíbe temporalmente las exportaciones de
aceites de soya y girasol desató la ira de los 100 clanes
de la burguesía agroexportadora del oriente, que llamó a
la resistencia civil y al desacato. Esta convocatoria tuvo
eco de inmediato entre los transportistas y los pequeños y
medianos productores de soya.
El decreto
presidencial, según explicó, la controvertida ministra de
Desarrollo Rural, Susana Rivero, se orienta a frenar la
especulación y desabastecimiento de aceites, provocadas por
tres mega empresas agroexportadoras, que buscan obtener
crecientes y millonarias ganancias y, simultáneamente, dañar
la gestión del presidente Morales, elevando los precios que
castigan a la economía popular y a los más pobres.
"No es
correcto, no es aceptable que el sector exportador venda al
consumidor nacional al precio más alto que el que se
registra en Chicago que es donde se sitúa el precio
internacional", dijo Rivero, quien denunció que la
tonelada de soya se cotiza actualmente en 1.290 dólares en
el mercado de Chicago, mientras que en Bolivia, donde se
produce el grano, esa misma tonelada se vende a 1.690 dólares.
Entre los
empresarios, en cambio, la acción gubernamental es
calificada como una guerra económica desatada desde el
Gobierno contra los productores y agroexportadores del
oriente, que anualmente exportan cerca de 400 millones de dólares
en soya y sus derivados (aceites, tortas y grano) a los
mercados de Colombia, Perú y Venezuela.
Pulseta
política
La
prohibición gubernamental y el desacato empresarial son
parte de la batalla que el Gobierno de Morales y los 100
clanes libran por el control político de Bolivia (ver “La
rebelión de los 100 clanes”). No es de extrañar, por
ello, que uno de los principales protagonistas de estas
escaramuzas sea Branko Marinkovic, el fascista presidente
del Comité Civico de Santa Cruz y líder visible de los
poderosos clanes familiares que pugnan, por todos lo medios,
por legalizar de facto su autonomía regional en un referéndum
inconstitucional e ilegal previsto para el 4 de mayo.
El clan
Marinkovic, junto a transnacional del grupo peruano Romero
ligado al Banco de Crédito y la transnacional
estadounidense Archer Daniels Midland (ADM), son los tres
consorcios que monopolizan la producción y exportación de
aceites. Los norteamericanos exportan el aceite SAO, el
grupo Romero el aceite Fino y los Marinkovic, dueños de
Industrias Oleaginosas (Iol), el aceite Rico.
Negocio
multinacional
Detrás de
ellos están los grandes exportadores de soya. La producción
y exportación de soya, uno de los grandes pilares que
sostiene a la agroexportadora economía cruceña, está en
manos de grandes empresas que funcionan con capital
extranjero y que aprovechan con mucha eficiencia las
ventajas que ofrece la región oriental, según detectó una
investigación de Econoticiasbolivia.
En el rubro
de la soya, el grano de oro y producto estrella de la
agropecuaria comercial de Santa cruz, la voz cantante la
llevan un puñado de grandes empresarios brasileños y otros
inversionistas asentados en las colonias japonesas y de
menonitas. Todos ellos producen y comercializan cerca de dos
terceras partes de toda la producción de soya (harina,
torta y aceites) destinados al mercado internacional. El
tercio restante es generado por productores nacionales,
grandes y pequeños.
Desde la última
década, la agropecuaria oriental vivió una etapa
floreciente, con el denominado “boom de la soya”,
acrecentando las millonarias y extraordinarias ganancias
generadas por el alza internacional de precios, una
millonaria subvención estatal y el uso intensivo de los
acuerdos comerciales que garantizan un acceso privilegiado a
los mercados de Colombia, Venezuela y Perú
Internamente,
el boom de la soya se sustenta en el fácil y barato acceso
a la tierra por parte de los grandes empresarios, al bajo
nivel de impuestos que se paga al Estado, a los reducidos
salarios que se entrega a la fuerza laboral y a la
existencia de grandes vacíos legales que permiten la
expansión de esta actividad sin el debido control ambiental
que impida el deterioro de las tierras.
Presiones,
diálogo y concertación
En el
gobierno de Morales
se sospecha que una parte de estas millonarias ganancias,
especialmente las manejadas por el clan Marinkovic, estarían
siendo utilizadas en el proceso de desestabilización y
conspiración (ver: Branko, el fascista que quiere derrocar
a Evo”).
Es claro,
por ello, que el gobierno de Morales, además de tratar de
impedir el alza desmesurada de precios en contra de la
canasta familiar, apunta a herir los intereses de los
dirigentes de los clanes empresariales.
El objetivo
declarado del gobierno de la izquierda indigenista es tratar
de lograr un gran acuerdo nacional con la burguesía
agroexportadora, dejando
de lado tanto la nueva Constitución Política del Estado
aprobada por la oficialista Asamblea Constituyente como los
Estatutos autonómicos secesionistas impulsados por la
oligarquía en las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando,
Tarija, Cochabamba y Chuquisaca.
Con este
mismo propósito semanas atrás también había declarado al
margen de la ley, a través del Congreso Nacional y la Corte
Nacional Electoral, a los referéndums autonómicos que las
fuerzas leales a la oligarquía organizan en los valles y
los llanos del oriente (ver “Ni la ley frena la subversión
oligárquica”).
Ahora,
presiona con acciones económicas punitivas, e intenta
encontrar, con ayuda de la Iglesia Católica, la forma de
sentar a la oligarquía a la mesa del diálogo.
El ala más
dura de los oligarcas también quiere sentarse a dialogar
con Morales, pero sólo después de llevar adelante sus
referéndums, que les permitirán negociar desde una posición
de fuerza y con la legitimidad que otorga el voto popular.
Ellos están seguros que vencerán con amplitud en las
urnas.
Evo
no hace cumplir la ley
Los 100
clanes, que ejercen el poder político y económico a través
de los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando,
Tarija y Cochabamba, de los comités cívicos y
empresariales, que han logrado el apoyo de las
organizaciones sociales, populares, vecinales y juveniles,
especialmente en el área urbana en seis de los nueve
departamentos de Bolivia, avanzan en su proceso conspirativo
ante la evidencia de que Morales no tiene ni la fuerza ni la
decisión política para enfrentarlos en la calle ni menos
para aplicar la fuerza del Estado en cumplimiento de la ley.
En rigor,
en los valles y el oriente la única ley que está en
vigencia es la que sirve a la oligarquía. El garrote, las
bandas fascistas y la gran prensa también cumplen su rol en
defensa de los poderosos.
Los
subversivos cuentan con el apoyo, aval y financiamiento de
la Embajada de Estados Unidos, denuncia constantemente el
Gobierno, que intenta, a su vez, lograr el respaldo activo y
sin condicionamientos de los sindicatos y organizaciones
laborales, que han comenzado tímidamente a recobrar su
independencia política y sindical, enarbolando las banderas
que abandonó Morales: nacionalización real del gas,
liquidar el latifundio y guerra frontal contra los 100
clanes (ver: Los mineros apuntan a los 100 clanes).
Subvención
a los ricos
En sus dos
primeros años de gobierno, la administración de Morales ha
sido en extremo generosa con la oligarquía que no deja de
potenciarse y conspirar contra el indio presidente.
La propia
ministra de Desarrollo Rural explicó que la rebelde burguesía
agroexportadora del oriente se está beneficiando con
millonarias subvenciones en el precio del diesel y con la
devolución de impuestos. Los empresarios obtienen el barril
de diesel a 27 dólares (en el mercado internacional el
barril cuesta 110 dólares), por lo que la subvención anual
concedida a los empresarios alcanza a casi 200 millones de dólares.
"Todos
los bolivianos estamos subvencionando el precio del diesel
para la producción del aceite, además gobiernos anteriores
han ido entregando una serie de beneficios al sector
exportador. Es uno de lo pocos países que regula la
devolución impositiva a través del Cedeim; es el único país
en todo el continente que les devuelve un impuesto especial
que se llama GAC. Entonces es un abuso por parte de los
empresarios la subida exorbitante del precio del
aceite", dijo.
Aseguró
que existe un tratamiento muy favorable y condescendiente
con el sector empresarial ya que, según la ministra, al
Gobierno le interesa exportar para potenciar a los sectores
productivos, pero que "no pueden seguir trabajando con
este tipo de empresarios que solamente piensan en sus
bolsillos, en perjuicio de toda la población
boliviana".
Una
rebelión imparable
En la otra
vereda, los agroempresarios anunciaron una reunión de
emergencia para este martes en Santa Cruz, seguros de que
podrán movilizar al conjunto de la población en defensa de
sus intereses y para preservar su pleno derecho sobre la
tierra, que monopolizan y usan hasta degradarla, con el único
fin de aumentar sus millonarias ganancias, a costa del
hambre del pueblo y de un gobierno central, atrapado en sus
montañas, y que hasta ahora no es capaz de hacer cumplir la
ley ni sus decretos.
La rebelión
de los 100 clanes familiares, que tienen en sus manos 25
millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de
campesinos, y que además controlan la agroindustria, el
comercio exterior, la banca y los grandes medios de
comunicación, sigue adelante.
Los clanes
familiares ya se han apoderado de las tierras más fértiles
de Bolivia y han levantando gigantescos latifundios, sobre
los que han edificado un creciente poder económico y político,
manejando a su antojo las principales organizaciones
empresariales, cívicas e incluso populares de las regiones
orientales y del sur del país (Santa Cruz, Beni, Pando y
Tarija), desde donde conspiran para echar abajo al “indio
presidente” e intentan armar su propio Estado, con su
Parlamento y Policía propia y con el control absoluto sobre
la tierras, los impuestos, la educación y los impuestos
(ver “La oligarquía arma su propio Estado” en
www.socialismo-o-barbarie.org/bolivia_arde/071216_b_oligarquia_arma_propio_estado.htm
)
Convocan
a organizar la lucha contra la oligarquía y el capitalismo
Los
mineros apuntan a los 100 clanes
Econoticiasbolivia,
10/03/08
La Paz.- La
combativa Federación Sindical de Trabajadores Mineros
convocó a todos los trabajadores del campo y las ciudades a
unificar la lucha revolucionaria en contra de los 100 clanes
familiares que detentan la tierra, los recursos naturales y
el poder político y económico en el oriente y los valles
de Bolivia.
Hay que
unificar la lucha revolucionaria del pueblo en contra de los
Estatutos autonómicos ilegales y separatistas, dice la
vanguardia proletaria que cree, además, que ha llegado la
hora de acabar con el neoliberalismo y el capitalismo que
hacen hambrear al pueblo.
Según los
mineros bolivianos, los prefectos (gobernadores) opositores
y las logias de poder están impulsando estos Estatutos para
proteger sus millonarios beneficios.
“La reunión
del día domingo 2 de marzo de 2008 del mal llamado Consejo
Nacional de Defensa de la Democracia (CONALDE, que reúne a
los prefectos opositores y líderes cívicos de la derecha,
NdE) tiende a mostrar una aferrada protección sobre los
beneficios que exprimieron a la patria por medio de
Gobiernos neoliberales”, dice el pronunciamiento.
En esa
reunión, los representantes políticos y empresariales de
los 100 clanes acordaron seguir adelante con sus referéndums
separatistas, a pesar que el Parlamento nacional les quitó
toda legalidad, avanzando en la creación de sus propios
Estados.
Citando
datos de una investigación de la agencia
Econoticiasbolivia, la Federación de Mineros convoca al
combate contra estos gamonales que concentran las riquezas
del país, dejando en la extrema pobreza a dos tercios de la
población de casi 10 millones de habitantes.
“La
familia Monasterios controla una superficie de tierras tres
veces mayor a la mancha urbana de la ciudad de Santa Cruz.
Los clanes de los Guiteras, Monasterios, Leigue, Yañez,
Majluf, Antelo, Asbún y Salas Abularach se han apoderado de
3,1 millones de hectáreas en Santa Cruz y Beni, y qué
decir de las demás familias de oligarcas: Saavedra Bruno,
Monasterio Nieme, Justiniano Ruiz, Roig Pacheco, Rapp Martínez,
Antelo Urdininea, Keller Ramos, Candia Mejía, Castro Villazón,
Ovando, Fracaro, Sánchez Peña, Nielsen, Bauer y Elsner y
el principal Branco Marinkovic (dueño de aceite Rico)”
(ver el informe completo en: La rebelión de los 100
clanes).
“Son
estos clanes que tienden a la protección de autonomías
regionales para seguir usufructuando de las bondades de
nuestras riquezas naturales, para ello vienen a tender una
especie de red sistemática que pretende ahogar a la población
con la subida excesiva de precios de la canasta familiar
incidiendo en todos los hogares bolivianos con una inflación
cada vez más insostenible, utilizando a Comités Cívicos y
Prefecturas como punta de lanza y pasar de un centralismo
nacional a un centralismo departamental, que no solo
determinará el enriquecimiento personal de estos lacayos,
sino también agudizará la pobreza de las mayorías del
pueblo boliviano”, agrega la Federación de Mineros.
“Por todo
lo indicado, los trabajadores mineros, organizados en su
gloriosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de
Bolivia, debemos hacer frente a estos abusivos atropellos
dirigiendo nuestras acciones a neutralizar a estos
detentadores del poder económico”.
“Corresponde
a los proletarios y el pueblo en general hacer frente a
estos desafíos, el de aniquilar el modelo neoliberal
imperante. Es tarea fundamental anular el sistema
capitalista decadente explotador y de unificar a todos los
pobres del país para aplastar de una vez por todas a estas
logias”, agrega la proclama.
Según los
mineros, por “nuestra madurez política y la
responsabilidad histórica, convocamos a todo el pueblo en
general que luchó por un cambio estructural en octubre de
2003 a organizar la defensa en todo el país y estar atentos
a cualquier arremetida de estos testaferros hasta alcanzar
un modelo social sin explotados ni explotadores”.
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