Ante
la rebelión oligárquica
Evo
ya no sabe qué hacer
Econoticiasbolivia,
08/04/08
Fracasadas
todas sus iniciativas para frenar el referéndum separatista
del 4 de mayo que impulsa la oligarquía, el gobierno de la
izquierda indigenista duda entre dejar hacer a los
sediciosos o usar la fuerza y las tropas o seguir pegado a
las sotanas de la Iglesia.
La Paz.-
Una multitudinaria manifestación ratificó el pasado miércoles
en la oriental y próspera ciudad de Santa Cruz que la
rebelión oligárquica cuenta con masivo apoyo popular y
tiene el control de la calle, quedando el presidente Evo
Morales recluido en las montañas del occidente, sin saber cómo
detener el avance de la derecha separatista, sin saber cómo
sentar a la rancia burguesía agroexportadora en la mesa del
diálogo y armar con ella un gran acuerdo nacional.
Hasta
ahora, todo le ha salido mal al primer presidente indígena
de Bolivia en su intento por disuadir a los prefectos
(gobernadores) del trópico y los valles para que no lleven
adelante su inconstitucional e ilegal referéndum autonómico
desde el primer domingo de mayo, con el que quieren
legitimar, con el voto popular, el doble poder que de facto
se da en Bolivia, con Evo gobernando en el altiplano (La
Paz, Oruro y Potosí) y la oligarquía manejando el resto
del país (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y parcialmente
Chuquisaca y Cochabamba).
Hasta
ahora, Evo no ha podido frenar la sedición separatista ni
con las leyes del Parlamento, ni con los decretos
presidenciales, ni con las decisiones de la Corte Nacional
Electoral, ni con las advertencias del Tribunal
Constitucional, ni con la ayuda de la Iglesia Católica, los
organismos internacionales y la intervención de la OEA y
las delegaciones de los países vecinos (ver: Ni la ley
frena a la oligarquía).
Rebelión
oriental
“Ni con
20 decretos nos van a detener, este 4 de mayo vamos a ser
autónomos”, dijo Rubén Costas, el prefecto de Santa
Cruz, uno de los líderes de la revuelta que aseguró en la
masiva concentración del miércoles que “este 4 de mayo
vamos hacerlos polvo, este 4 de mayo empieza la verdadera
revolución”.
Otro de los
cabecillas, Branko Marinkovic, el fascista y millonario
presidente del Comité Cívico de Santa Cruz e ícono de los
100 clanes familiares que dirigen la conjura y manejan la
tierra, la economía y el poder regional, también ratificó
la convocatoria al referéndum y prometió aumento de
salarios y mejores condiciones de vida para los cruceños.
"El 4
de mayo no se negocia, el 4 de mayo es de todos ustedes, es
la verdadera revolución en este país y será el verdadero
cambio, el cambio del trabajo, de una canasta básica que
alcance a todos (…) de que sus sueldos van a ser dignos,
esa es la autonomía", dijo en el acto de masas que
dio, además, respaldo a los empresarios del aceite y la
soya que intentan quebrar la prohibición de exportación
implementada por el presidente Morales.
Sin
banderas
En esta
misma jornada, la oligarquía, al ofrecer al pueblo mejores
salarios, seguro gratuito de salud para todos, viviendas y
agua potable para los indígenas, arrebató a la izquierda
indigenista la última bandera con la que podía quebrar la
adhesión/sumisión de las organizaciones sindicales,
sociales, populares y vecinales hacia las logias que dirigen
la rebelión secesionista. Y es que en los dos años de
gobierno de la izquierda indigenista, Morales se negó a
mejorar, en términos reales, los magros salarios que
reciben los bolivianos (110 dólares como promedio mensual),
no pudo entregar tierras a los campesinos pobres, ni detener
la extrema explotación laboral, por lo que empeoró la
situación de los trabajadores y las clases medias en todo
país, por el alza del costo de vida y las precarias
condiciones de trabajo en el sector privado empresarial e
informal.
En ese
mismo periodo, las cuentas del Estado y la bolsa de los
empresarios crecieron como nunca, como resultado de los
elevados precios de las materias primas, mientras que los
pobres redujeron su consumo alimentario, por lo que, por lo
menos en el oriente, engrosaron las filas de la derecha,
atraídos por la demagogia de los oligarcas, decepcionados
por la defección del gobierno y sin poder avanzar hacia
posiciones revolucionarias por la extrema debilidad de las
organizaciones políticas y laborales situadas a la
izquierda del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Entre
dos aguas
A menos de
un mes del referéndum secesionista, en el gobierno de
Morales se agitan dos grandes tendencias: una que ha
levantando las manos, que cree que ya no es posible detener
la consulta popular de los secesionistas y que plantea
negociar después del 5 de mayo, una vez que la oligarquía
haya legitimado su poder en las urnas. La otra propugna, en
cambio, usar la fuerza del Estado y mandar al Ejército y la
Policía a detener la votación y cortar en seco la sedición.
En ambos
casos, son muchos los peligros para la administración de
Morales. Muchos creen que de llevarse adelante el referéndum
cruceño, sería seguido de inmediato por otros similares en
Beni, Pando y Tarija, y más tarde en Cochabamba y
Chuquisaca, con lo que la mayor parte del país habría dado
su respaldo explícito a sus gobernadores derechistas y habría
retirado su confianza al “indio presidente”.
Con este
aval popular en su favor, la oligarquía estaría en
inmejorable situación para imponer sus condiciones a la
administración gubernamental, con lo que se legalizaría la
existencia de dos gobiernos en Bolivia.
Por ello,
los más duros del gabinete de Morales insisten en detener
el referéndum del 4 de mayo usando al Ejército y la Policía,
decretando un “estado de sitio” que permita detener a
los conspiradores. En este escenario, sin embargo, los
oficialistas temen que la población rebase a los
uniformados o que se produzca un “baño de sangre”, que
haría imposible que Morales logre su objetivo de alcanzar
un gran acuerdo nacional con la oligarquía, por lo menos en
los términos que él desea.
¿Estado
de sitio?
Por ahora,
el propio Presidente Morales descartó la posibilidad de
decretar un estado de sitio o militarizar la ciudad de Santa
Cruz para evitar la realización del referéndum sobre el
estatuto autonómico cruceño y afirmó que no existe división
al interior de las Fuerzas Armadas ni de la Policía
Nacional.
"He
escuchado en estos últimos días sobre la militarización
de Santa Cruz, sobre el estado de sitio, totalmente falso,
yo recuerdo que en diciembre del año pasado se hablaba de
exilios, de confinamientos, sólo me informo por ustedes (la
prensa), jamás se me pasó por la cabeza ni había pensado
sobre un estado de sitio, igualmente ahora", dijo este
lunes.
Impotencia
y consuelo
En apoyo a
su posición, los partidarios de la primera tendencia
minimizan el impacto de la previsible victoria electoral de
la oligarquía, con el que legalizarían sus Estatutos autonómicos
que dan a la administración regional la potestad para crear
su propio Parlamento, su Policía y el control sobre la
tierra, los recursos naturales y los impuestos.
"Creemos
que aquellos que están en el terreno de la ilegalidad tendrán
muchas dificultades a la hora de tratar de aplicar los
resultados de un acto ilegal”, dijo el ministro de
Gobierno, Alfredo Rada, que calificó al referéndum cruceño
como “una simple encuesta institucionalizada” al
no haber sido convocado de acuerdo a la ley.
En este
mismo sentido, el presidente de la Corte Nacional Electoral,
José Luis Exeni, aseguró "que la Corte Electoral no
se pronunciará sobre los resultados del referéndum en
Santa Cruz, ni los avalará a nivel nacional e
internacional”.
Pero eso le
tiene sin cuidado a los oligarcas, que ya preparan un
cronograma de actividades, luego del referéndum. Carlos
Dabdoub, dirigente cívico y secretario de autonomías de
Santa Cruz, dijo que, luego del 4 de mayo, tendrán un
periodo de transición de 90 días para alistar la elección
directa de su gobernador, consejeros departamentales y
subprefectos. Luego de esto, buscarán iniciar un proceso de
concertación con el Gobierno de Morales para el traspaso de
competencias exclusivas, y la coordinación para las
atribuciones compartidas y de ejecución.
Y eso es,
precisamente, lo que temen los partidarios de la segunda
tendencia al interior del gobierno: que la negociación
después del 4 de mayo se haga sobre la base de las
competencias que exigen los prefectos opositores en base a
sus Estatutos Autonómicos y ya no sobre la nueva Constitución
Política del Estado.
Rendición
y realismo
Entre ambas
corrientes, entre los que quieren “dejar hacer y dejar
pasar” y los que quieren usar la fuerza, hay otros que
pugnan por seguir esperando que tenga éxito la mediación
de la Iglesia Católica y las gestiones de las delegaciones
extranjeras que tienen, como nunca, gran injerencia en los
asuntos internos de Bolivia. Ellos creen que es posible
lograr sentar a la mesa del diálogo a los prefectos
opositores si se anulan ahora los recortes presupuestarios a
las regiones (devolución del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos, 200 millones de dólares), se anula el
decreto contra la exportación de alimentos (aceite, soya,
maíz y otros) y se flexibiliza o elimina la propuesta
oficial de nueva Constitución Política del Estado, que en
este momento de la coyuntura política es apenas un simple
papel mojado con buenas intenciones y nada más.
“Algunos
dicen que eso es rendirse antes de pelear, pero no es
cierto, es simplemente comprender la actual correlación de
fuerzas”, dicen, intentando desbloquear el diálogo antes
del 4 de mayo.
Sin
embargo, esta perspectiva parece casi imposible de alcanzar.
En la última reunión de urgencia celebrada la noche de
este lunes a requerimiento de Morales, entre la Iglesia católica
y los cinco prefectos rebeldes, la jerarquía eclesial
escuchó de boca de los opositores que asistirán al diálogo
con el Gobierno luego del referendo cruceño del 4 de mayo,
cuando "estén dadas las condiciones".
Movilización
popular
En este
escenario, los sindicatos y sectores sociales que han
comenzado a desbordar por la izquierda al gobierno de
Morales, señalan la necesidad de retomar la acción directa
de masas para frenar la conspiración derechista y avanzar
hacia un real proceso de cambio en Bolivia, nacionalizando
el gas, el petróleo y la minas, mejorando las condiciones
de vida de la gente y tomando las tierras de los
latifundistas y así quebrar desde la raíz la rebelión
oligárquica.
Así, el
XXX Congreso nacional de lo mineros sindicalizados
convocaron a la unidad y movilización popular para retomar
las banderas revolucionarias y para enfrentar a la derecha
que avanza a paso firme hacia el referéndum separatista
(Ver: Los mineros en guerra contra los 100 clanes). Lo
propio demandaron los trabajadores fabriles, campesinos,
colonizadores y otros sindicatos.
Entre los
mineros, especialmente entre los de Huanuni, hay la certeza
que ha sido la política conciliadora de Morales con la
oligarquía la que ha permitido el potenciamiento de la
extrema derecha.
"El
gobierno nacional presidido por el Movimiento Al Socialismo
es también culpable de esta situación por haber permitido
que esta minoría de ricos se reorganice y levante
nuevamente la cabeza, quienes son poderosos porque tienen el
poder económico que le proporciona la explotación de
nuestros recursos naturales, como ser hidrocarburos, minería,
tierra", señaló este fin de semana el sindicato de
Huanuni en un pronunciamiento público.
Los
proletarios del estaño advirtieron que si el Gobierno de
Evo no recupera esos recursos para el Estado, “estos
vampiros seguirán siendo poderosos y se mantendrá la
desocupación, pobreza y la miseria en que hemos vivido en
todas estas últimas décadas”.
"Sólo
la aplicación de las agendas de 2003 y 2005 (nacionalización
del gas, minas y tierras, NdR) garantizará la desarticulación
y derrota de la oligarquía. Los mineros de Huanuni exigimos
al Gobierno asumir medidas más enérgicas para desmontar el
fraude del referendo autonómico y aplicar de una vez los
verdaderos cambios estructurales en el país", agrega.
La
vanguardia proletaria quiere derrotar a la oligarquía que
tiene un profundo y visceral odio contra los indios y los
pobres y que está en guerra contra Bolivia; en cambio,
Morales quiere concertar con ellos en el marco de un proceso
de cambio que normalice y profundice el funcionamiento del
capitalismo, con respeto a la propiedad privada y a la
inversión extranjera, con empresarios que paguen impuestos
y no eludan la ley, con mejor calidad de vida para la gente
y sin tantas discriminaciones sociales y raciales contra los
indígenas.
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