Los ricos cantan victoria

Econoticiasbolivia, 30/04/08

La oligarquía festeja por anticipado el referéndum que le dará la legitimidad popular para preservar todos sus privilegios. Abrumado, Evo pide diálogo para concertar con los sediciosos, mientras los trabajadores no aceptan la derrota y se movilizan para expropiar a los latifundistas y a las transnacionales

La Paz.- Los jóvenes fascistas que respaldan el ilegal e inconstitucional referéndum separatista del 4 de mayo están eufóricos. Ayer han movilizado una multitud por las calles de Santa Cruz y hoy, a la cabeza de los universitarios y estudiantes de secundaria, han comenzado a organizar a más de 20 mil jóvenes  para defender el referéndum autonómico y sus resultados que darán carta blanca para que 100 poderosos clanes familiares se mantengan como dueños de la economía, las tierras y la vida en el oriente boliviano.

Los grandes diarios, la radio y la televisión aseguran que más del 70 por ciento de los cruceños darán este domingo su voto en favor de la autonomía y en contra de Evo Morales, legitimando al gobierno paralelo que ya de facto ejerce el poder en Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia.

Hay euforia también en los 100 clanes, que son dueños de 25 millones de hectáreas, cinco veces más que la que tienen en conjunto dos millones de campesinos pobres. Favorecidos por la defección del presidente Morales, que ha levantado las manos ante el poder de la oligarquía y ha instruido a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a las organizaciones sociales de campesinos e indígenas para que no hagan frente a la ilegal consulta, los prefectos (gobernadores) y dirigentes de las organizaciones cívicas y empresariales ya cantan victoria.

"Hay un cruceñismo enfervorizado, hay mucho racismo y mucho fascismo", dice desde Santa Cruz una periodista de la red radial Erbol que da cuenta de la exacerbación del odio racial contra los altiplánicos, de la persecución política e ideológica contra los que piensan diferente y de las palizas y amedrentamiento contra los que se oponen a las logias y a los 100 clanes de los burgueses latifundistas.

Los dueños de Santa Cruz

Al frente de la conjura, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, la cabeza visible de los poderosos 100 clanes familiares que virtualmente son dueños de los valles y el oriente del país, cuentan las horas que restan para el domingo, fecha en la que el "soberano" aprobará los estatutos autonómicos que los facultan para construir su propio Parlamento, su propia Policía, definir el destino de las tierras y los recursos naturales.

En las últimas horas, Costas y Marinkovic han rechazado por enésima vez las gestiones de la OEA y de los gobiernos extranjeros para detener el referéndum autonómico, que en los hechos constituye la peor derrota para el gobierno de Evo Morales, que ahora ya sólo atina a esperar los resultados de la consulta para intentar negociar con los sediciosos.

Sin embargo, envalentonados cada vez más con la capitulación del "indio presidente", los clanes más radicalizados y racistas, constituidos por terratenientes y especuladores de tierras, quieren comenzar aplicar los estatutos separatistas a votarse el domingo, una vez que se realicen similares referéndums en Beni, Pando, Tarija y posiblemente Chuquisaca y Cochabamba hasta mediados de junio. Con ello, los oligarcas separatistas habrían obtenido el apoyo de seis de las nueve regiones de Bolivia, dejando a Morales encerrado en las montañas de La Paz, Oruro y Potosí.

Los otros clanes, más vinculados al comercio exterior, a la banca y a los agronegocios, postulan en cambio iniciar negociaciones con Morales, para legalizar el poder que ejerce ya de facto la oligarquía en el oriente y los valles, dejando gobernar a Evo en el altiplano.

Poder oligárquico

Unos y otros creen que, con el voto popular y el poder que tienen en la calle, ya han derrotado todas las pretensiones de Morales sobre las tierras, los recursos naturales y el funcionamiento de la economía, creen que ya han frenado y enterrado la rebelión de los pobres que echó abajo a los gobiernos neoliberales en el 2003 y 2005 y que amenazó el poder de las transnacionales y la vigencia del neoliberalismo, por lo que debaten cómo prolongar el desgaste político de Morales, para propiciar su posterior caída.

En el oriente y los valles la población urbana respalda masivamente a los prefectos y comités cívicos derechistas porque ellos han levantado la bandera de la autonomía, que demagógicamente muestran como la única vía para mejorar la calidad de vida de la gente, sumida en la pobreza y siempre olvidada por los gobiernos nacionales.

El masivo apoyo a los oligarcas se da en la misma medida en que se repudia la política de Evo que rechaza la autonomía, recorta los recursos a las regiones y no mejora en nada la economía ni la vida de los trabajadores y las empobrecidas clases medias. En rigor, todos ellos, los de abajo, están peor que antes como resultado del alza del costo de vida y los salarios miserables que pagan el Estado y los empresarios, a pesar de que estos últimos están logrando millonarios ingresos adicionales por el alza del precio de las materias primas exportadas.

Evo sólo quiere concertar

Mientras tanto, en La Paz, el presidente Morales convoca a la movilización popular de indígenas, campesinos y trabajadores para que lo ayuden a presionar a la rebelde burguesía agrofinanciera a sentarse a la mesa de negociaciones para intentar lograr un gran pacto nacional, con el objetivo de que Bolivia sea gobernada por la izquierda indigenista y la rancia oligarquía derechista, cristalizando el sueño trazado hace más de dos años por el vicepresidente Alvaro García Linera.

La estrategia de Evo de buscar "socios y no patrones" entre las transnacionales y la burguesía criolla  ha sido graficada públicamente por García Linera como la lucha para que las élites indígenas y blancoides compartan el poder.

Hace un año, el vicepresidente admitía que "los indígenas no quieren arrebatarle el poder a la oligarquía, no quieren desplazarla, y lo que intentan es compartir el poder, quieren manejar Bolivia con los que hasta ahora siguen siendo los dueños de vidas, haciendas y las mayores riquezas del país".

"Desde que llegamos al Gobierno hemos definido una estrategia de distribución pactada del poder. Lo que Bolivia está atravesando hoy es, en esencia, un proceso de amplia y generalizada lucha y redistribución del poder. Es algo que va más allá de un gobierno. Y la historia nos enseña que la lucha por el poder puede tener tres desenlaces clásicos".

"1) Que el sector emergente (indígena-campesino) desplace directamente, mediante cualquier medio posible, al bloque anterior (oligarquía). 2) Que este bloque de poder antiguo logre derrotar, contener, cooptar o aplastar al bloque emergente. 3) O que entre ambos se logre redistribuir el poder. Como Gobierno hemos optado por la tercera opción. Apostamos a un proceso de redistribución pactada del poder con un nuevo núcleo articulador: el movimiento indígena".

Dicho en estos términos, el Gobierno de Morales apostó hasta ahora por la tercera vía, logrando sin embargo como resultado que se imponga, en los hechos, la segunda alternativa.

La estrategia de los ricos

En respuesta a esta estrategia, la rancia oligarquía boliviana, que tiene un visceral y profundo odio contra los indios, contra los pobres, dejó hacer a Morales durante gran parte del 2006 para que hiciera lo que ella no podía hacer: desvirtuar las luchas populares por la nacionalización del gas y el petróleo, legalizar los contratos con todas las transnacionales que el pueblo quería expulsar del país y armar una Asamblea Constituyente entre los representantes del MAS y los de la oligarquía, sin la participación directa de las organizaciones que derrocaron a los ex presidentes neoliberales Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.

De ahí en más, oleados y sacramentados los contratos petroleros, puestas a salvo y acrecentadas las millonarias ganancias de los pulpos transnacionales del gas y el petróleo, la oligarquía, con el apoyo y cobertura de la Embajada de Estados Unidos, frenó, bloqueó y ganó las calles, enarbolando la bandera de la autonomía, fortaleciéndose con cada error de Morales, ganando fuerza con cada concesión de Morales.

Ahora, a horas del referéndum autonómico, la derecha está lista para asestar un duro golpe a la administración gubernamental, frenando el proceso de cambio iniciado en las jornadas del 2003 y 2005, cuando el pueblo derrocó a dos regímenes neoliberales.

Evo deja hacer, deja pasar

En el último año a Evo todo le ha salido mal y no ha podido frenar la consulta ni con amenazas ni con auxilio de la OEA, de la Iglesia y gobiernos de los países vecinos ni con el apoyo del Congreso y de la Corte Nacional Electoral que la han declarado fuera de la ley.

Evo ha instruido al Ejército y a la Policía para que no intervengan contra los separatistas y los ha obligado a hacerse de la "vista gorda" ante la fragante violación de las leyes y de la propia Constitución y para que no cumplan su misión constitucional de defender la integridad y unidad nacional. También ha persuadido para que los cocaleros, campesinos, indígenas, mineros y estudiantes no activen ni enfrenten la sedición oligárquica y ha ordenado la rendición política y social ante el referéndum.

Tendencias en el campo popular

En el campo popular son visibles dos tendencias: una, la seguida por indígenas y campesinos que respaldan al presidente Morales y que apoyan con movilizaciones y marchas la decisión gubernamental de dialogar con los oligarcas sediciosos en busca de un acuerdo orientado a atenuar los resultados del referéndum autonómico, aunque a costa de ceder en sus demandas de acceso a las tierras de los latifundistas y postergando las  reformas sociales y económicas.

La otra, impulsada por los sindicatos de obreros y proletarios que han comenzado a zafarse del control gubernamental, plantea una lucha frontal contra la oligarquía, a los que se les expropiaría sus tierras, con movilización popular, la acción directa de masas y la fuerza del Estado y la ley (la mayor parte de los gigantescos latifundios ha sido entregada de forma dolosa por los gobiernos militares y neoliberales desde hace 30 años).

Los dirigentes campesinos e indígenas que apoyan a Evo apuntan a lograr un gran acuerdo nacional con la oligarquía latifundista, los dirigentes proletarios no quieren ningún pacto con ella y creen, por el contrario, que la política de conciliación y diálogo sólo fortalece y potencia a la oligarquía y el fascismo, tal como ocurrió en los dos últimos años.

Estas dos tendencias ganarán las calles este primero de mayo, unidos contra la oligarquía, pero divididos entre quienes quieren conciliar con ella y los que quieren destruirla, entre los que quieren olvidarse de las reformas y los que quieren ir hacia la revolución.

Central Obrera: Convocan a luchar por tierras para los indios, por gas, petróleo y minas para el Estado, y por salarios y trabajos dignos. Hay que expropiar ahora a los latifundistas y a las transnacionales, dicen en Oruro

Ni Evo ni la oligarquía

Econoticiasbolivia, 28/04/08

La Paz.- Zafándose del control gubernamental, el XIV Congreso de la Central Obrera de Oruro, dominada por los mineros proletarios, postuló la vía revolucionaria para superar el tibio reformismo del gobierno indígena de Evo Morales y para aplastar la rebelión de la oligarquía separatista del oriente.

“Los trabajadores no queremos ni los Estatutos autonómicos separatistas de la oligarquía ni la Constitución Política del (gobernante Movimiento al Socialismo) MAS”, proclamó el nuevo secretario ejecutivo de la Central Obrera, Jaime Solares, elegido por el cónclave laboral para retomar la lucha revolucionaria del 2003, recuperar la línea de independencia sindical frente al gobierno indigenista e impulsar una lucha frontal contra la burguesía, las transnacionales y el imperialismo.

El minero Solares, en su calidad de máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), había dirigido los levantamientos populares que culminaron con el derrocamiento de los gobiernos neoliberales en el periodo 2003-2005, y una vez concluido su periodo como dirigente volvió a trabajar durante dos años como minero de base en la mina de estaño de Huanuni.

El congreso laboral de Oruro, que marca el resurgimiento de la lucha revolucionaria de los trabajadores, cuestionó al Gobierno de Morales por abandonar la agenda de 2003-2005 y por buscar una concertación y alianza con la oligarquía, en vez de combatirla y derrotarla.

“Los trabajadores no estamos ni con Evo Morales ni con los fascistas de la oligarquía, los trabajadores estamos por la revolución”, dijo Solares al postular una “tercera vía” frente a la actual polarización que se da entre el gobierno de la izquierda indigenista y la extrema derecha que tiene el control político y económico de los valles y el oriente del país.

No más concertación con la derecha

Los sindicalistas cuestionaron la extrema “tolerancia y debilidad” del gobierno de Morales con los prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos y empresariales de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca que organizan referéndums ilegales e inconstitucionales para legitimar el poder de facto que ejercen en sus regiones, doblegando al Gobierno central y asestando al presidente Morales su mayor derrota política de los últimos dos años (ver: Evo alza las manos ante el poder de la oligarquía).

Vencida la resistencia gubernamental, para este domingo 4 de mayo está prevista la realización del referéndum en Santa Cruz bajo el patrocinio del prefecto Rubén Costas y del presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, la cabeza visible de los 100 poderosos clanes familiares que controlan la tierra, el poder político, la economía y las principales organizaciones cívicas, sociales y sindicales en la región (ver: La rebelión de los 100 clanes).

El Gobierno de Morales confía en que, una vez realizado el referéndum que intenta minimizar como una consulta sin poder decisorio, pueda sentarse en una mesa de negociaciones, con aval de la Iglesia Católica, para intentar alcanzar un gran acuerdo nacional y pacto social con los oligarcas sediciosos, en el marco del cumplimiento de la ley, del respeto a la propiedad privada y de la plena vigencia de los derechos humanos de la población y en especial de los indígenas.

Una parte de los oligarcas también aspira negociar con Morales, aunque desde una posición de fuerza, para congelar todas las reformas que intenten modificar la actual distribución de tierras, preservando todos los privilegios y el poder político y económico que ejerce la burguesía agroexportadora y financiera, cerrando de este modo el ciclo abierto en la insurrección popular del 2003.

Tierra para los indios

Y esto es precisamente lo que no quiere la radical Central Obrera de Oruro, que postula, por el contrario, la profundización de las reformas para que el Estado expulse a las transnacionales y nacionalice el gas, el petróleo y las minas, anule los grandes latifundios, acabe con el neoliberalismo y mejore las condiciones de vida y de trabajo de la empobrecida población boliviana.

Para ello, el Congreso sindical enarboló las banderas para liquidar el poder económico y político de la oligarquía, con medidas que van mucho más allá del tibio reformismo gubernamental que tiene como límite la defensa de la propiedad y la inversión privadas.

Así, la Central Obrera plantea la inmediata “expropiación de la tierra de los latifundistas” y la “creación de milicias armadas para autodefensa frente a la represión estatal y el fascismo”. Con ello, los trabajadores de Oruro apuntan a liquidar el poder de los 100 poderosos clanes familiares que son dueños de 25 millones de hectáreas de las tierras más fértiles de oriente y los valles, cinco veces más que la que poseen en conjunto dos millones de campesinos pobres. Estos clanes dirigen la revuelta contra Morales, manejan la economía, controlan la tierra y que, al levantar la bandera de la autonomía y ofrecer mejores condiciones de vida y de trabajo, han logrado captar  el masivo apoyo de la población civil y las organizaciones cívicas, vecinales, sindicales y empresariales en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y parcialmente en Cochabamba y Chuquisaca.

Banderas revolucionarias

Expropiando las tierras a los latifundistas y entregándola a los campesinos pobres, los sindicalistas creen que podrán mermar el poder de la oligarquía. Junto a ello, otro instrumento para lograr que los trabajadores en el oriente y los valles dejen de apoyar a la burguesía agroexportadora es la vigencia del salario mínimo vital con escala móvil que significaría que los empresarios eleven en siete u ocho veces el salario que pagan a sus obreros (en promedio el salario mensual vigente es de 100 dólares y lo que se necesita para sostener en condiciones dignas a una familia es de casi 800 dólares).

Estas medidas, sin embargo, no son aceptadas por el Gobierno de Morales y menos por la burguesía agrofinanciera, por lo que su exigencia significa una lucha contra las limitaciones del primero y los millonarios intereses de los otros.

Unidad sindical

El congreso, celebrado la pasada semana, convocó “a la unidad de los trabajadores para luchar contra las oligarquías, partidos de derecha y empresas transnacionales” e “iniciar la lucha para el cumplimiento de las agendas de octubre del 2003, mayo y junio del 2005, buscar la abrogatoria del Decreto 21060 (que pone en vigencia el neoliberalismo) y las leyes neoliberales”.

Los trabajadores resolvieron luchar por un incremento salarial de acuerdo al costo de vida e inflación, por una nueva Ley de Pensiones y luchar por la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos”.

En el plano sindical, los trabajadores resolvieron fortalecer la unidad de la clase laboral en torno a la COB (a pesar que esta última está controlada parcialmente por el Gobierno), preservar la independencia política de los proletarios y sus organizaciones sindicales. Imponer el control social, rechazar el sindicalismo amarillo y consolidar el sindicalismo revolucionario de acuerdo a los estatutos de la COD, COB.

También se decidió impulsar la “formación política y sindical de los trabajadores para generar cambios y renovación cualitativa y revolucionaria que destierre el prorroguismo y dualidades que distorsionan el accionar del sindicalismo boliviano”.

“Todo el país se está fijando que la dirección política es Oruro, que ha sido y es la vanguardia de la lucha sindical”, dijo Pedro Montes, secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), la central nacional que aún se mantiene bajo la orientación política del Gobierno de Morales, pero que ya siente el peso de los radicales de Oruro y sus banderas revolucionarias.