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La
oligarquía da un paso atrás y tres adelante
Econoticiasbolivia,
15/05/08
El prefecto
de Santa Cruz asume funciones de Presidente y crea su propio
Parlamento en abierto desacato al gobierno de Evo, que sólo
atina a protestar. La oligarquía y la izquierda indigenista
ya trabajan para el referéndum revocatorio del 10 de
agosto, mientras la COB convoca a una huelga general para
junio contra la oligarquía y para que el "indio
presidente" deje de conciliar con la derecha y cumpla
con la agenda de octubre
La Paz.–
El gobierno paralelo de Santa Cruz, controlado por la
oligarquía y los 100 clanes dueños de la tierra y los
negocios, dio un paso atrás en su disputa con el gobierno
central de Evo Morales sobre las exportaciones, pero avanzó
otros tres al conformar de facto un Parlamento regional, al
crear un mini Ministerio de Comercio y Exportaciones y
anunciar que retendrá el pago de impuestos y regalías
regionales, además de duplicar el salario mínimo para los
trabajadores.
En abierto
desacato a las leyes de la República, el prefecto de Santa
Cruz, el derechista Rubén Costas, se proclamó este jueves
como gobernador, con atribuciones propias de un Presidente y
convirtió a un grupo de consejeros en miembros de un
Parlamento provisional regional con capacidad para dictar
leyes por encima de las nacionales.
Con estas
medidas, Costas, que gobierna de la mano del presidente del
Comité Cívico, Branco Marinkovic, y que son el núcleo
duro de la oligarquía y de la oposición política que
conspira para derribar al "indio presidente",
intenta profundizar la dualidad de poderes que existe en
Bolivia y llevar a la práctica los estatutos autonómicos
separatistas aprobados en el ilegal e inconstitucional referéndum
del 4 de mayo.
El propósito
declarado de Costas y Marinkovic, que operan con la
cobertura de la Embajada de Estados Unidos, según la
reiterada acusación gubernamental, es lograr avanzar con el
proceso autonómico "lo más que se pueda" hasta
el próximo 10 de agosto, fecha en la que se realizará el
referéndum revocatorio a nivel nacional para definir si el
presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García
Linera y los ocho prefectos se mantienen o no en sus cargos.
Como es
altamente probable que tanto Evo como Costas sean
ratificados en sus cargos, ambos quieren acumular fuerzas y
mejorar sus posiciones con miras a una futura negociación
entre la izquierda indigenista que gobierna en el altiplano
y la oligarquía que tiene todo el poder en el oriente y los
valles del país (ver: ¿Quién gana con el referéndum
revocatorio?).
Rechazo
desde La Paz
Desde La
Paz, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana,
calificó de "inconstitucional" las decisiones y
acciones del prefecto Costas.
"Las
decisiones de naturaleza ilegal son volátiles, son
castillos de arena que se pueden derrumbar fácilmente",
advirtió Quintana, en tanto que el senador Félix Rojas,
jefe de la bancada del oficialista Movimiento al Socialismo
(MAS) calificó como una "locura" lo que hacía
Costas.
"El
Prefecto no tiene ninguna atribución para asumir esas
medidas, es una locura lo que hace (...) sólo continúa con
un "show" político que va en contra de la
legalidad y la Constitución", dijo al lamentar las
acciones de Costas y de los prefectos de Beni, Pando y
Tarija que también se preparan para realizar referéndums
autonómicos con los mismos propósitos y proyecciones que
los de Santa Cruz.
Primero
los negocios
Tras
recibir oficialmente los resultados del referéndum del 4 de
mayo, donde hubo una abstención cercana al 40 por ciento y
un apoyo de casi medio millón de votantes a favor de la
autonomía (85% de votos por el SI), la primera preocupación
de Costas y los 100 clanes fue cuidar la salud de los
negocios de los grandes exportadores de aceite y soya, que
están prohibidos por el gobierno de Morales de vender en el
mercado externo si es que antes no abastecen el mercado
interno a precios razonables
Reconociendo
sus limitaciones para reestablecer estas ventas al exterior,
que significan un ingreso anual para los exportadores
privados por encima de los 200 millones de dólares, el
prefecto Costas pidió este miércoles al sector
agroindustrial acatar "coyunturalmente" las normas
emitidas por el Gobierno de Evo para que puedan exportar
aceite de soya y girasol refinado y crudo.
"Por
el bien de toda la cadena productiva, por el bien de nuestro
transporte (les pido) que puedan sujetarse coyunturalmente a
esas normativas impuestas por este Gobierno (de
Morales)", indicó Costas.
Hasta
ahora, sólo la empresa ADM–SAO, de propiedad de la
transnacional estadounidense Archer Daniels Midland, se
comprometió a abastecer al mercado interno y por ello fue
autorizada por la administración de Evo a volver a
exportar.
Mientras
tanto, las otras dos grandes empresas productoras de
aceites, Fino del Grupo Romero del Perú y Rico de la
Industria de Oleaginosas Sociedad Anónima (IOL.SA) de
propiedad de Branco Marinkovic, se resistían a cumplir esta
exigencia y exigían que, en el marco de la "autonomía",
Costas les autorice a exportar (ver: Guerra del aceite y la
soya).
Miniministerio
de exportaciones
Es en este
marco, y para no volverse a doblegar ante Morales, que el
prefecto Costas determinó la conformación del Concejo de
Industria y Comercio Exterior, que funcionará como un pequeño
Ministerio de la pujante economía regional.
La resolución
emitida ayer le faculta a elegir al Delegado de Comercio
Exterior y Exportación, tras presentar al Consejo
Departamental en este rubro (conformado por dirigentes políticos
y empresariales), que estará encargado de fomentar y
promover las exportaciones que se realizarán por cuenta del
departamento de Santa Cruz, sin autorización del Gobierno
nacional.
La misión
de esta delegación será revertir las medidas que asumió
Morales en contra de las exportaciones de aceite comestible
y otros productos.
"Tiene
que quedarle claro al Gobierno (de Morales) que a partir del
4 de mayo no tiene más relación con los sectores
(productivos), sino que de ahora en adelante todo será de
Gobierno nacional a Gobierno departamental", sostuvo el
presidente de la empresarial Cámara Agropecuaria del
Oriente (CAO), Mauricio Roca.
Parlamento
regional y gobernador
Estas
acciones se complementaron este jueves con dos medidas
institucionales, ilegales y subversivas, como la
transformación del Consejo Departamental en una Asamblea
Legislativa Provisional y la coronación de Costas como
gobernador.
El
Parlamento cruceño está conformado por 23 consejeros que
se convertirán en parlamentarios, a pesar de que no han
sido elegidos por voto popular, y por otros 5 representantes
indígenas, reclutados en las filas de los sectores opuestos
a Morales. Este Parlamento tendrá atribuciones para dictar
"leyes departamentales" con facultades similares a
las del Congreso Nacional en 43 "materias
exclusivas".
Está
definido, en los Estatutos votados el 4 de mayo, que estas
"leyes" prevalecerán por encima de cualquier otra
norma nacional o municipal, lo que incluye impuestos y la
firma de acuerdos con empresas extranjeras y otros países.
Del mismo
modo, la transición de prefecto a gobernador, le dará
potestad a Costas, por lo menos en lo formal, para que pueda
promulgar leyes departamentales y firmar acuerdos
internacionales.
"Es
preciso que demos por inaugurado un período de transición
para implementar a plenitud, con serenidad, responsabilidad
y humildad el Gobierno del departamento autónomo de Santa
Cruz que hoy se inicia", dijo durante la posesión el
prefecto Costas.
Control
de los recursos
Todas estas
acciones apuntalan el interés de Costas y los 100 clanes
para controlar los recursos de la región más próspera de
Bolivia y que aporta con la cuarta parte del Producto
Interno Bruto nacional. Según anunció el asesor de
Hidrocarburos y Minería de la Prefectura de Santa Cruz,
Juan Padilla, "ya no se permitirá que las regalías
petroleras sean enviadas a la administración central
ubicada en La Paz y que la región cobrará directamente a
las empresas por la explotación del gas y petróleo en el
territorio de Santa Cruz".
"Antes,
el Gobierno central recibía las regalías petroleras y
luego las distribuía a los departamentos. Ahora, vamos a
hacer a la inversa, primero las recibirá el departamento
que genera los recursos y luego se pasarán a la
administración central (...) Las regalías, por derecho,
son un tema netamente de los departamentos productores. Esa
plata se queda en Santa Cruz", agregó el funcionario,
según refleja el matutino La Prensa.
Más
salario para los obreros
En otra
acción orientada a lograr la adhesión de los trabajadores
hacia el Gobierno paralelo de Costas y Marinkovic se anunció
también el aumento del salario mínimo mensual hasta 1.000
bolivianos, según confirmaron por separado el
vicepresidente de la Federación de Empresarios Privados de
Santa Cruz, José Céspedes, y el dirigente de la fracción
derechista de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz,
Edwin Fernández.
Este
aumento hasta 1.000 bolivianos (136 dólares), que duplica
el mínimo aprobado para todo el país por el gobierno de
Morales que es de 577 bolivianos (78 dólares), sería
oficializado el próximo 26 de mayo.
"Ahora
que se alcanzó un acuerdo lo vamos a dejar establecido en
un documento. Esto es producto de una mesa de trabajo entre
empresarios desprendidos y conscientes de la situación, y
de obreros y fabriles que se merecen un salario digno",
dijo Costas.
De
concretarse esta acción, Costas y los 100 clanes estarían
tratando de mostrar que su política salarial es mucho más
beneficiosa para los trabajadores que la ejecutada por el
gobierno indígena–campesino de Morales, que en la
elecciones del 2005 había prometido triplicar el salario mínimo
mensual de 500 bolivianos a 1.500, lo que no cumplió para
no herir los intereses empresariales. Según los cálculos
de la Central Obrera Boliviana, un obrero necesita un
ingreso de 7.000 bolivianos al mes para mantener en
condiciones dignas a su familia.
Rumbo
al revocatorio
Durante
estos actos, Costas urgió a los cruceños a profundizar la
autonomía y a revocar el mandato constitucional a Evo
Morales en el referéndum del próximo 10 de agosto.
Pese a las
diferencias que provocó la vigente Ley de Referéndum
Revocatorio de Mandato Popular, la oposición política y
regional derechista decidió cohesionarse en torno a esa
consulta popular, con el objetivo de revocar el mandato al
presidente Evo Morales. Para ello, anunciaron el inicio de
la campaña por el "No" a la continuidad del
Primer Mandatario.
"Hemos
llegado a un acuerdo, y es que el país no necesita una
oposición política dividida. Necesitamos cerrar filas para
enfrentar este proceso que se viene y cerrar filas alrededor
del referéndum revocatorio. Vamos a ganar este referéndum,
porque eso lo que necesita este país", anunció en
conferencia de prensa en La Paz el senador derechista
Roberto Ruiz.
Desde la
trinchera gubernamental también se alistan para que
ratificar a Evo y revocar el mandato de los prefectos
derechistas, aunque, en rigor, exceptuando a los más
radicales, unos y otros, sólo quieren acumular más fuerzas
para doblar el brazo al contrario en la mesa de
negociaciones, tanto para moderar los alcances de las
autonomías regionales como para atenuar la aplicación de
reformas y cambios a favor de la población. Unos como otros
apuntan, en lo esencial, a mantener esa dualidad de poderes,
con Evo gobernando en el altiplano y la oligarquía en el
oriente y los valles (ver: En Bolivia hay dos gobiernos).
No es
casual, por ello, que el ampliado de la Central Obrera
Boliviana (COB), celebrado este martes en La Paz, haya
calificado el referéndum revocatorio como
"distraccionista".
Huelga
de la COB
"El
Referéndum Revocatorio que se dará en el país, no es más
que una distracción hacia el pueblo boliviano porque el
gobierno (de Morales) no tiene ninguna intención de
liquidar el poder de los ricachones, de esos oligarcas, y no
tiene intención de superar la crisis en que se encuentra el
país, donde hay hambre, miseria y desempleo (...) quieren
hacer pelear entre los pobres", dijo tras la reunión
el dirigente de la Central Obrera de Oruro, el minero Jaime
Solares.
El ampliado
de los trabajadores determinó iniciar el 5 de junio una
huelga general indefinida para obligar a Evo Morales a
cumplir con la agenda de octubre (nacionalización real de
todos los recursos naturales, fin del neoliberalismo y
aumento de salarios) y para detener la conjura de la
oligarquía, expropiando a los latifundistas.
De este
modo, la reunión de la COB instruyó a la Central de Oruro
postergar la huelga general que debía iniciarse este 20 de
mayo, que había sido convocada para lograr la expropiación
de todos los latifundios del oriente, la nacionalización de
las agroempresas que trafican con el hambre del pueblo, la
verdadera nacionalización del gas, el petróleo y las minas
y el aumento general de sueldos y salarios.
"Para
el 20 de este mes –había dicho Solares hace una
semana–el pueblo debe prepararse para una huelga general
indefinida con el bloqueo general de caminos, para que estos
cuatro individuos (los 100 clanes familiares de la burguesía
agrofinanciera, NdR) que se vayan de Santa Cruz. De aquí a
15 días debemos proveernos de todo, charque, chuño, harina
para aguantar la huelga y desde aquí, estoy seguro que
Potosí, La Paz, Cochabamba, Sucre, los pobres estamos
dispuestos a todo, para acabar esta situación de tanta
inclemencia de los ricachones de este país" (ver:
Central Obrera: Ni Evo ni la oligarquía).
¿Quién
gana con el referéndum revocatorio?
Redacción
de Econoticiasbolivia, 09/05/08
Evo
Morales, su vicepresidente y los prefectos derechistas
aceptan ir a un referéndum revocatorio. El primero tiene más
que perder que los otros, aunque todo apunta a que las urnas
ratificarán la existencia de dos gobiernos paralelos en
Bolivia.
La Paz.–
El presidente indígena Evo Morales, su vicepresidente Álvaro
García Linera y los prefectos (gobernadores) derechistas
aceptaron ir en 90 días a un referéndum revocatorio de sus
mandatos que apunta, en lo esencial, a mantener la dualidad
de poderes que se da en Bolivia desde mediados del 2007.
Ayer, a
mediodía, el Senado, controlado por representantes de la
derecha oligárquica, desempolvó un proyecto de ley
propiciado inicialmente por el propio gobierno de Morales y
aprobó la convocatoria para poner a votación del pueblo si
el Presidente, Vicepresidente y los nueve Prefectos
mantienen o no sus cargos.
La decisión
del Senado fue rechazada inicialmente por los parlamentarios
oficialistas, pero después el propio Morales anunció su
decisión de someterse al voto ciudadano.
Con fuerte
apoyo electoral en el Altiplano y el área rural para el
presidente Morales y un sólido respaldo en las regiones del
oriente y los valles para los prefectos derechistas, es
altamente probable que Evo y sus principales opositores en
Santa Cruz, Tarija y Pando sean ratificados en sus cargos,
con lo que se mantendría inalterable la existencia de dos
gobiernos en Bolivia, el de la izquierda indígena–campesino
y el de la derecha oligárquica y fascista.
El primero,
el legal, del presidente indígena Evo Morales, con masivo
apoyo campesino y el control del altiplano (La Paz, Oruro y
Potosí), con mando sobre el Ejército y la Policía y el
respaldo de los sindicatos y las clases medias. El segundo,
en los valles y llanuras del oriente y sur del país, donde
pesa más el poder de la oligarquía latifundista y la
burguesía financiera–comercial, que gobierna de facto y
cuenta con la adhesión militante de las clases medias y la
sumisión de los sindicatos y organizaciones cívicas y
populares.
Expectativas
Con el
referéndum revocatorio, la expectativa mayor del gobierno
de Morales es recibir a nivel nacional la ratificación del
apoyo ciudadano y lograr, en el mejor de los casos, derribar
a uno o dos prefectos opositores (La Paz y Cochabamba).
Queda fuera de la agenda gubernamental la posibilidad de
derrotar en las urnas a los prefectos de Santa Cruz y
Tarija, donde se concentra el poder de la oligarquía
autonomista y separatista.
Adicionalmente,
Morales intenta lograr un masivo apoyo electoral que le
permita alcanzar tres objetivos: i) recuperar la legitimitad
popular menoscabada por dos años de gestión en la que
prometió mucho y logró muy poco en beneficio de los más
pobres, que hoy están peor que antes por el alza de los
alimentos y la caída del ingreso real de los trabajadores,
ii) unificar a los sindicatos y organizaciones populares y
sociales en torno a su presidencia, aislando a quienes lo
cuestionan desde la izquierda por desarrollar una política
conciliadora con la burguesía, y iii) recuperarse de la
derrota política sufrida con el referéndum del 4 de mayo y
retomar la iniciativa política perdida frente a la
arremetida de la derecha.
Con un buen
caudal de votos, Evo cree que podrá negociar con la
oligarquía una salida a la crisis política, atenuando los
alcances de la autonomía regional y avanzando en la
construcción de un gran pacto nacional que una a la
izquierda indigenista con la derecha oligárquica, en el
marco del "capitalismo andino", el respeto a la
propiedad privada y el respoeto a los derechos de los
pueblos indígenas.
La
expectativa de los opositores derechistas es igual o mayor y
aspira a reducir el apoyo ciudadano a favor de Morales y, en
el mejor de los casos, a lograr su revocatoria. Ellos también
aspiran a unificar a todas las clases medias del país en
torno a la oligarquía, para poder organizar un fuerte
movimiento opositor nacional, con lo que su fuerza radicada
hasta ahora casi exclusivamente en el oriente y los valles
podría subir hasta el altiplano.
En todo
caso, por lo menos hasta que se realice el referéndum
revocatorio, queda claro que el poder dual que se da en
Bolivia se consolidará aún más, tanto por la previsible
lucha electoral como por las realización de referéndums
autonómicos revistos hasta fines de junio en Beni, Pando y
Tarija, donde la oligarquía tiene todas las de ganar.
Otros que
hacen previsiones son los dirigentes de los sindicatos y
organizaciones sociales que han comenzado a separarse del
gobierno y creen que "el revocatorio no resuelve
nada". Este es el caso, por ejemplo, de la Central
Obrera de Oruro que considera que sólo con la expropiación
de las tierras de los latifundistas y de las empresas de la
burguesía agrofinanciera del oriente se podrá liquidar con
la rebelión oligárquica separatista.
"Que
escuche el Presidente, queremos marchar a Santa Cruz para
derrotar definitivamente a la oligarquía (...) Para
aplastar a la oligarquía como en octubre (2003), tenemos
que trazar una senda para que se cumpla la agenda de octubre
y la recuperación total de todas las empresas para los
bolivianos", dijo hace cuatro días el dirigente Jaime
Solares de la Central de Oruro.
Confusión
y temores
Anoche el
presidente Morales aceptó someter su mandato a referéndum
en el que tiene más que perder que ganar y pidió al
Congreso le envíe "cuanto antes la ley para
promulgarla de inmediato". "Quiero reiterar mi
posición de someternos al pueblo, que nos diga quién sirve
y quién no para gobernar", dijo el mandatario, que no
pudo ocultar las serias discrepancias al interior de su
organización, el Movimiento al Socialismo (MAS).
Morales
presentó el 10 diciembre de 2007 el proyecto de ley sobre
el referendo ante el Congreso Nacional, cuando el país vivía
una tensa situación relacionada con el proceso
constituyente; luego de su aprobación en la Cámara de
Diputados (15 de diciembre) y remitida al Senado (17 de
diciembre), permaneció durante cinco meses bloqueada, hasta
que ayer, para sorpresa del oficialismo, fue tratada y
aprobada sin ninguna modificación en detalle y sancionada.
"Están
sitiando al presidente Evo Morales con una y otra maniobra.
Sólo quieren boicotear este proceso de cambio y de solución
de los problemas", manifestó ayer el vocero del
gobierno, Iván Canelas, bastante contrariado por la acción
de la oposición.
El senador
del MAS Antonio Peredo cuestionó a sus colegas por haber
"reflotado este asunto justo en este momento (...) Lo
que quieren es darle una "papa caliente" al
Presidente para que promulgue una ley que no tiene ahora razón
de ser", agregó.
El rechazo
al revocatorio también llegó a los dirigentes laborales
vinculados al gobierno de Morales. "Es un poco
delicado; nos estamos reuniendo en este momento (...) digo
que es muy delicado si pierde el Presidente y dónde nos
vamos, por eso digo que es delicado", dijo Pedro
Montes, de la Central Obrera Boliviana (COB), cooptada
parcialmente por el Gobierno.
Montes dijo
"no estar de acuerdo" con la determinación del
Senado y explicó que esta propuesta no puede ser
"impuesta dictatorialmente y nos imponga al
pueblo".
Otros
dirigentes sindicales más independientes advirtieron que el
referéndum era "distraccionista y que no resolvía
nada".
Voto
popular
Pese a
ello, el presidente Morales aseguró que "el referéndum
le devolverá al pueblo boliviano la facultad de
pronunciarse por el proceso de cambio y justicia que lleva
adelante su administración, o por el retorno al
pasado", según difundió la agencia gubernamental ABI.
"Hemos
recibido con enorme satisfacción la aprobación del Senado
Nacional para el Referéndum Revocatorio del mandato del
Presidente, Vicepresidente y prefectos de los nueve
departamentos", dijo.
Según la
norma aprobada por el Senado, en el caso de Morales y su
vicepresidente, quedarían revocados si el "no" a
su continuidad es superior al 53,7 por ciento de apoyo que
consiguieron en 2005 y a los 1.544.374 votos que cosecharon.
Sin
embargo, los prefectos tendrían que dejar su cargo de
inmediato si su mandato no obtiene el apoyo suficiente y ser
sustituidos por un gobernador interino designado por el
Presidente de la República.
Si el
Presidente y el Vicepresidente son revocados, el Presidente
convocará a nuevas elecciones en un plazo de 90 a 180 días
y para un nuevo periodo constitucional.
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