En
Sucre, la culta: “De rodillas indios de mierda”
Fascismo
racista
Por
Alex Contreras Baspineiro
ALAI, América Latina en Movimiento, 26/05/08
“De
rodillas indios de mierda, griten viva la capitalidad”,
“Sucre se respeta carajo”, “Llamas, pidan
disculpas”, fueron las consignas impuestas por un grupo de
jóvenes chuquisaqueños que mediante patadas y puñetes
obligaron a cerca de 50 campesinos quechuas a quitarse las
camisas, ponerse de rodillas y quemar la bandera del MAS y
la wiphala (símbolo de las naciones originarias) en pleno
frontis de la Casa de la Libertad ubicada en la plaza
principal de Sucre.
Hace
199 años, un 25 de mayo, en ese mismo lugar, se
protagonizaba el primer grito libertario del continente y,
en 2008, contradictoriamente se produjo un grito lleno de
racismo, odio y discriminación contra representantes de las
mayorías nacionales, justo contra quienes liberaron a esta
patria del yugo español.
"Hay
que matarlo a ese indio decían ellos, todo esto sucedió en
presencia del presidente del Concejo Municipal de Sucre,
Fidel Herrera, y la alcaldesa Aidée Nava; ellos aplaudían
todo lo que nos hacían esos grupos violentos", denunció
el alcalde de Mojocoya, Ángel Vallejos, quien también fue
golpeado brutalmente y obligado a andar de rodillas.
El
24 de mayo, el Presidente de la República, Evo Morales
Ayma, debería arribar a Sucre para entregar una serie de
proyectos y dos ambulancias a cada uno de los municipios del
departamento de Chuquisaca; sin embargo, grupos de choque
violentos frenaron esa actividad.
A
pesar de la intervención policial y militar, cuyos
componentes son también en su mayoría de raíz indígena,
la fuerza y organización de los grupos de jóvenes que
estaban armados no sólo de palos y piedras sino de gases
lacrimógenos y dinamita, ocasionaron los atropellos a los
derechos humanos.
Las
imágenes de violencia registradas en diferentes barrios de
Sucre sencillamente fueron desgarradoras: los jóvenes,
varios en estado de ebriedad, arremetieron con palos y
piedras, a la integridad de campesinos que caían al suelo.
No se salvaron mujeres campesinas ni niños.
Reportes
médicos aseguran que 35 personas resultaron heridas, pero
además los campesinos sufrieron el robo de sus documentos,
relojes y el poco dinero que tenían.
Un
golpe a la libertad de expresión
“Me
empujaban, sentía golpes, patadas, puñetes, jalones y me
rociaron con alcohol. Me acerqué a una ambulancia pidiéndoles
que me sacaran de ahí. Las piedras entraron al auto, porque
la ventana estaba abierta y no dejaban que salga, se pararon
al frente”, fue el relato de la periodista Marianela Paco
Durán, de radio Aclo–Sucre, miembro de la red Erbol,
quien también fue golpeada e insultada por los grupos de
choque.
Esta
periodista se encontraba realizando sus actividades periodísticas
y, en el momento de la agresión, relataba en vivo el ataque
a un grupo de campesinos.
“Fui
a cubrir a la zona de Atabi (zona rural), me imagino que
alguien logró identificarme como trabajadora de Aclo y
empezaron a señalarme. Escuché insultos muy fuertes y vi
una turba que se me vino encima. Alguien, que no identifiqué,
fue a sacarme de ahí, después la gente empujó a quien me
estaba ayudando”, relató la periodista agredida.
En
un comunicado público, Educación Radiofónica de Bolivia
(Erbol) responsabilizó de este hecho “a Aydée Nava,
Tommy Durán, Jaime Barrón y Fidel Herrera por haber
convocado a grupos violentos con el fin de agredir y
destilar odio contra personas que no comparten su línea
ideológica”.
Las
personas sindicadas, junto a Jhon Cava son los
representantes del Comité Interinstitucional de Chuquisaca
que bajo la demanda de la “capitalidad plena” intentó
hacer fracasar las actividades de la Asamblea Constituyente
y ahora pretende llevar adelante la autonomía departamental
para ese departamento.
El
atentado que sufrió la periodista de Acción Cultural
Loyola (Aclo) no es el único que se registró en este
proceso chuquisaqueño que, data exactamente un año, y que
lamentablemente no existe ningún procesado, menos
sancionado.
La
otrora ciudad de los cuatro nombres: Charcas, La Plata,
Sucre y Chuquisaca, la “ciudad culta” quedó sólo para
el recuerdo.
El
que no salta es llama
De
acuerdo a los datos del último censo de población y
vivienda, en Bolivia el 63.3 por ciento es considerado como
indígena.
Sin
embargo, esta realidad no es aceptada por los pequeños
grupos que detentaron el poder en los últimos gobiernos
neoliberales y que se beneficiaron a través de la corrupción
y los negociados.
Los
vejámenes y humillaciones de los últimos días no son
nuevos. Durante las sesiones de la Asamblea Constituyente,
los representantes indígenas que son el rostro de la
Bolivia pluricultural y multilingüe fueron agredidos e
insultados en varias oportunidades.
“El
que no salta es llama”, "Fuera de aquí, collas de
mierda”, “Cruce de llamas con adobes” y otros
adjetivos acompañados de agresiones físicas son parte de
la historia, pero también de la impunidad.
Así
como quedó en la impunidad la muerte de tres chuquisaqueños,
ocurrida en noviembre de 2007.
Lamentablemente,
desde el año pasado a la fecha, ningún ciudadano o
autoridad fue sancionada por la justicia boliviana, aunque
de acuerdo a imágenes, testimonios y denuncias se puede
identificar a los responsables directos pero también a los
autores intelectuales.
Más
allá del tradicional: “está en un proceso de investigación”
o “actuaremos con la ley en la mano” de algunos
representantes del gobierno, no se hizo nada concreto.
El
enfrentamiento entre el campo y la ciudad, los blancos y los
indios, los k’aras y los t’aras, los oligarcas y los indígenas
se acrecienta cada día más, aunque tanto autoridades del
gobierno como departamentales, niegan su autoría.
El
presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca,
Jaime Barrón, no descartó que hubiera infiltrados entre
los sucrenses que tomaron como rehenes a los campesinos y
los obligaron a despojarse de sus camisas y arrodillarse
frente a la Casa de la Libertad.
"No
debió haberse producido ese hecho. Los hermanos campesinos
merecen todo nuestro respeto. Cuando los vi arrodillados los
hice levantarse de inmediato, los llevé hasta la alcaldía
y los llevé hasta la salida a Tarabuco, porque estaban
completamente asustados", dijo.
Según
la candidata a prefecta de ACI–MPC (Alianza del Comité
Interinstitucional–Movimiento Poder Ciudadano), Sabina Cuéllar,
los indígenas fueron obligados a trasladarse a Sucre para
recibir al Presidente de la República bajo amenaza de ser
multados con 100 bolivianos.
La
Federación de Campesinos de Chuquisaca, al tiempo de
solicitar la expulsión de los representantes del Comité
Interinstitucional, amenazó con cerrar las válvulas en la
localidad de Turupampa y Villa Fernández que conecta con la
ciudad capital.
Desde
Cobija, el Jefe de Estado se refirió al tema pidiendo a
"algunos jóvenes" de "algunas
universidades" a recuperar el respeto, la ética y la
moral para con los indígenas, campesinos y los más pobres.
"Qué clase de universitarios tenemos, no son todos ni
en todas las universidades. Es importante mejorar esa ética,
esa moral de un joven solidario y respetuoso, que siempre
esté atento a los problemas sociales", manifestó.
Impunidad
peligrosa
Más
allá de las declaraciones no existe ninguna acción
concreta para frenar esta serie de atropellos. El gobierno
debe actual amparado en las leyes.
En
enero de 2007, en Cochabamba se produjeron violentos
enfrentamientos entre grupos de choque organizados por la
Prefectura y el Comité Cívico contra campesinos e indígenas,
pero no se castigó a ninguno.
Existen
evidencias de la participación de ciudadanos y autoridades.
En Santa Cruz, el vicepresidente del Comité Cívico cruceño,
Luis Núñez, pidió a los sectores contrarios a las autonomías
a "abandonar Santa Cruz o, de lo contrario, atenerse a
las consecuencias".
Ese
discurso racista además agregó: “Ellos (los bolivianos
del occidente) han venido aquí. Adáptense a nuestra forma
de vida que es paz, trabajo y tranquilidad, pero no nos
sigan provocando, insultando, denigrando como lo han hecho
ayer o aténganse a la consecuencias”, advirtió el cívico.
Miembros
de la Unión Juvenil Cruceñista en reiteradas ocasiones
agredieron a varias personas en Santa Cruz. La violencia física
también estuvo acompañada de atentados dinamiteros,
amenazas, persecuciones y otras acciones contrarias a los
derechos humanos, pero nadie hizo nada.
En
los últimos días en Sucre, el diputado Wilber Flores fue
agredido, lo mismo ocurrió con los parlamentarios potosinos
Carmen Flores y César Navarro o con la senadora
cochabambina Leonilda Zurita.
Si
en Sucre ocurren esos hechos de violencia, en poblaciones
rurales de Santa Cruz la situación es igual o peor.
Días
después del referéndum autonómico en San Ignacio de
Velasco, representantes cívicos y el principal dirigente
indígena chiquitano agredieron al sacerdote Adalid Vega
Veizaga a quien acusaron de ser militante del MAS y
contrario al proceso de las autonomías.
Al
religioso le exigieron que abandone la región y, ninguna
autoridad, impuso la ley.
Las
agresiones no sólo fueron para campesinos, indígenas o
gente común, sino también para ministros y el propio
Presidente y Vicepresidente de la República que
virtualmente no tienen pisada en algunas regiones del país.
¡Basta
ya !
En
este país, para nadie es desconocido que la “justicia”
boliviana está manejada por representantes del viejo modelo
neoliberal. El aparato de la justicia que fue “loteado”
por los partidos neoliberales está manejado por gente
ligada al anterior régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Aunque
la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca anticipó que
existiendo una denuncia interpuesta sobre los hechos del
pasado sábado, éstos serán investigados, no existe
ninguna confianza.
La
fiscal de Distrito de Chuquisaca, Ana María Lía, afirmó
que el Ministerio Público procederá a investigar conforme
establecen las leyes.
El
Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, pidió que una
Fiscalía de Distrito que no sea Chuquisaca investigue los
violentos hechos contra campesinos en Sucre, porque
considera que la justicia chuquisaqueña perdió
imparcialidad al estar sometido a sectores cívicos.
"Estos
hechos no sólo se tienen que censurar, sino deben ser
sancionados. (Pero) la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca
no tiene las condiciones para desarrollar una investigación
parcial, ni siquiera sus tribunales, porque en los últimos
meses demostraron su absoluta subordinación a la instancia
cívica", manifestó.
Ante
las acciones fascistas y racistas, desde diferentes puntos
del territorio nacional salió el clamor popular de decir
basta. También se demanda gobernabilidad.
En
el proceso de la Revolución Democrática y Cultural es hora
de hacer un alto a la violencia y al racismo, es hora de
buscar el diálogo y el consenso, es hora de consolidar el
cambio y la unidad.
(*)
Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor
boliviano.
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