Maestros,
trabajadores en salud, mineros y otros sectores asalariados
exigen un sistema de pensiones solidario
El
gobierno enfrenta la movilización obrera
más importante del período
Bolpress,
01/08/08
Persistentes
movilizaciones callejeras convocadas por la Central Obrera
Boliviana (COB) han puesto de cabeza a la sede de gobierno
en los últimos días. Maestros, trabajadores en salud,
mineros y otros sectores obreros bloquean calles y toman
edificios públicos exigiendo la aprobación inmediata de un
sistema de jubilaciones basado en la solidaridad social y no
en la capitalización individual. El gobierno rechazó el
proyecto de ley de pensiones de la COB y propuso un sistema
jubilatorio “mixto”.
Centenares
de trabajadores mineros se movilizan en La Paz y bloquean
rutas troncales en el occidente del país, en tanto que el
sistema educativo fiscal se encuentra semi paralizado. Las
fuerzas del orden han sido bastante duras con los
manifestantes, tanto que el líder de la COB Pedro Montes
denunció que algunos efectivos de la policía obligaron a
comer tierra a bloqueadores de caminos.
Los
movilizados reciben palo de la policía y también de
algunos sectores ciudadanos simpatizantes del gobierno. En
la marcha cobista de este jueves en La Paz los maestros
fueron rechiflados y hasta agredidos. Los defensores del
gobierno acusan a los marchistas de haberse “vendido” a
la derecha de Santa Cruz que también organiza
movilizaciones callejeras para sabotear el referéndum
revocatorio.
En fondo de
la discusión entre la COB y el gobierno es la denominada
“capitalización individual” del régimen de pensiones
vigente, el cual fue impuesto por organismos financieros
internacionales durante el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez
de Lozada. Este sistema jubilatorio privatizado mató al
antiguo régimen solidario.
El proyecto
de la COB expresa las aspiraciones de los trabajadores en
cuanto a los beneficios de un régimen de pensiones
solidario (edad de jubilación 55 años, 240 aportes, cálculo
de rentas con el promedio de los últimos doce sueldos,
etc.), pero fue rechazado por el gobierno porque no es
sostenible y no toma en cuenta a la enorme masa de
trabajadores informales que no cotizan en un fondo de
pensiones.
Para
algunos gremios trotskistas, como el magisterio paceño, el
proyecto cobista supone un total abandono de la concepción
proletaria de la seguridad social porque elimina la obligación
del empleador privado y del Estado a financiar las rentas de
sus dependientes.
Esta grave
concesión en esta etapa de crisis estructural del
capitalismo, explican los líderes trotskystas, significa
cargar todo el peso de las rentas por invalidez, vejez y
muerte sobre el miserable ahorro del trabajador. No otra
cosa significa que el proyecto sólo contemple como fuente
de financiamiento del régimen solidario el 10% del sueldo
del trabajador.
En la
concepción obrera, la jubilación debe ser íntegramente
sustentada por el empresario privado y el Estado después de
haber exprimido plusvalía durante toda la vida útil del
obrero. La renta no es otra cosa que una parte del salario o
sueldo diferido en su pago para cuando ya no puede seguir
produciendo en condiciones normales, por vejez, invalidez,
accidente común o profesional y para llenar las necesidades
vitales de la viuda y de los hijos menores de edad después
de su muerte.
No hay que
olvidar que el salario es el pago que hace el patrón por el
uso de la fuerza de trabajo. En esta medida, el salario
diferido que debe acumularse en un “fondo solidario o común”
debe ser responsabilidad exclusiva del patrón.
Las luchas
sociales del pasado, del presente y del futuro son por el
tamaño del salario diferido y por un sueldo actual que
cubra las necesidades vitales del trabajador durante su vida
productiva y en su tercera edad. Planteado el problema de
esa manera, los “aportes” patronal y estatal no son una
concesión del patrón y del Estado para garantizar al
trabajador una vejez digna.
Los
maestros critican a los dirigentes sindicales, “en proceso
de total capitulación
ante la patronal y el Estado burgués”, por
abandonar totalmente la concepción proletaria
del salario y de las rentas, y por convertirse en
francos enemigos del salario mínimo vital con escala móvil.
La
propuesta gubernamental
El proyecto
de ley de pensiones enviado al Congreso por el Ejecutivo el
29 de julio de 2008 consta de nueve títulos, 29 capítulos
y 168 artículos. Propone que la Seguridad de Largo Plazo
esté conformada por un Sistema Mixto de Pensiones y un
Sistema No Contributivo, tomando en cuenta los principios
constitucionales de universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y eficiencia.
Contempla
un Sistema Integrado de Pensiones y los Beneficios que
comprenden los Regímenes Contributivo y Semicontributivo
para la otorgación de prestaciones de vejez, invalidez,
muerte, riesgos laborales y gastos funerarios a favor de los
asegurados y cuando corresponda de los derechohabientes.
Dentro del Régimen No Contributivo están la Renta Dignidad
y los Gastos funerarios.
El proyecto
de ley cubre prestaciones por vejez y pensión solidaria,
compensación de cotizaciones, invalidez por riesgo no
laboral, invalidez por riesgo laboral, riesgo laboral para
independientes, muerte por riesgo no laboral y muerte por
riesgo laboral.El proyecto establece que la afiliación a la
Seguridad Social a Largo Plazo es personalísima, vitalicia
e imprescriptible, y que las personas que inicien relaciones
de dependencia laboral quedan aseguradas al Sistema Mixto de
Pensiones desde el inicio de dicha relación. Las personas
sin relación de
dependencia laboral podrán asegurarse mediante el pago de
su primera Cotización Mensual, Primas y Comisión.
Para
muchos, este sistema “mixto” de pensiones perpetúa la
capitalización individual actualmente combatida. El
gobierno y la burocracia sindical intentan mostrar que la
abolición de las AFPs llena las aspiraciones de los
trabajadores. Pero no se trata sólo de abolir las AFPs para
que los ahorros individuales sean administrados por una
entidad “estatal autónoma”, sino de abolir la
capitalización individual que es el fondo del problema.
El
“sistema mixto” da paso a la creación de un “fondo
solidario” o previsional con las siguientes fuentes de
financiamiento: 20% del aporte laboral para riesgo común
(1.71% de su sueldo); 20% del aporte patronal para riego
profesional (1.71% del sueldo del trabajador); un descuento
del 10 % para los sectores que ganan más de 34.650
bolivianos; y un aporte adicional del 1 o 1.5 % que se
gravaría a la patronal.
Este fondo
solidario serviría sólo para mejorar las rentas muy bajas
de aquellos sectores que ganan el mínimo nacional de 578
bolivianos; de aquellos otros sectores que no hubieran
tenido un trabajo permanente o de sectores muy pobres que
nunca han contribuido para el seguro (campesinos, por
ejemplo).
Es decir
que este fondo no beneficiaría a los sectores que ganan por
encima del mínimo nacional y por tanto no cambiaría para
nada la situación de los maestros, los trabajadores en
salud, los empleados públicos y el grueso de los
trabajadores dependientes de la empresa privada.
Los
maestros trotskystas aseguran que la propuesta del gobierno
sigue siendo “capitalización individual” mejorada para
los que menos ganan, con la variante de que será
administrada por una entidad estatal.
El gobierno
quiere incorporar al sistema de seguridad social a los
campesinos, gremialistas, artesanos y a todos los que no
mantienen una relación obrero patronal sin que le cueste un
centavo al Estado. ¿Quién financiaría las jubilaciones de
estos sectores cuando ellos mismos no generan excedentes
para aportar al seguro social, cuando se trata de sectores
casi indigentes que no pueden producir para su propia
autosubsistencia?
Pareciera
que la propuesta del gobierno tiene una sola finalidad:
volcar a la impresionante mayoría de trabajadores
informales contra los trabajadores “excluyentes” y
“enemigos” del derecho que tienen todos al beneficio de
la jubilación. Si los trabajadores exigen un régimen
universal de pensiones totalmente financiado por el Estado
desenmascararían al gobierno desesperado de capitalizar
votos para el referéndum revocatorio de mandato.
¿Postergar
el debate?
A último
momento el gobierno anunció que se suspendería el
tratamiento de la ley de pensiones en el Parlamento hasta
después del referéndum revocatorio, y propuso a los
dirigentes obreros suspender las negociaciones sobre el
tema. De esta manera se pretende cortar en seco las
movilizaciones de los trabajadores que día a día tienden a
generalizarse.
Los
maestros paceños observan que el gobierno, como ninguno
otro, penaliza la huelga imponiendo descuentos; inventa
procesos de institucionalización para que junto a sus
aliados (los dirigentes) copen los cargos de la administración
escolar, de la Normal “Simón Rodríguez”, etc. Algunos
ex dirigentes del magisterio ahora fungen como ministros,
vice ministros y autoridades educativas de alto rango,
comprometiendo la independencia sindical del magisterio.
La
dirigencia del magisterio paceño que comanda el sector
social más radicalizado cree que este es el momento de
radicalizar las medidas de presión y desenmascarar la
naturaleza “antiobrera” del gobierno masista. Estos
grupos proponen evitar por todos los medios que la
burocracia sindical oficialista traicione la lucha que las
bases vienen articulando dificultosamente.
Los mineros
de Huanuni se sumaron a los bloqueos de caminos; los
maestros y sectores laborales de Potosí han resuelto
marchar a La Paz para potenciar las movilizaciones; en Sucre
maestros fiscales y privados han decidido apoyar la huelga
general indefinida.
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