Sobrevivirán
al referéndum si sacan la mitad más uno de los votos
Alivio
para los prefectos
Por
Sebastián Ochoa
Desde Santa Cruz
Página 12, 02/08/08
Un fallo de
la Corte Electoral alivió a los prefectos que habían sido
elegidos con pocos votos, ya que con la ley del referéndum
se les hacía muy cuesta arriba conseguir los votos
necesarios para seguir en sus cargos.
El camino
hacia el próximo referéndum pasa por una guerra de papeles
entre los poderes del Estado, cívicos e indígenas que
quieren suspender la consulta, cambiar sus reglas o dejarla
así como está para revocar/ratificar a los prefectos, al
presidente y al vicepresidente. La noche del jueves, la
Corte Nacional Electoral (CNE) y las cortes departamentales
consensuaron una “modificación técnica” a la ley 3850:
“Si el voto por el No a las preguntas es igual o inferior
al 50 por ciento de los votos válidos emitidos, las
autoridades no serán revocadas”. La ley aprobada por el
Congreso en mayo establecía que para revocar un mandato era
necesario tener el 10 de agosto tantos votos negativos como
habían sido positivos en las elecciones de diciembre de
2005. Por ejemplo, el prefecto de La Paz, José Luis
“Pepelucho” Paredes, asumió con el 37 por ciento de
votos. Entonces, se lo podía revocar si el 37 por ciento
del electorado votaba No. Para mantenerse en su cargo, tenía
que obtener un utópico 63 por ciento de Sí. Pero la
resolución 124/08 de la CNE permitió a Pepelucho y a
varios más sacar la cabeza del agua. Por otro lado, la única
magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Silvia Salame,
volvió a decretar la suspensión del referéndum. Su
propuesta fue otra vez rechazada por la CNE y subió el
volumen al coro de opositores que exigen obedecer a Salame.
A los
legisladores no les hizo gracia la modificación a su ley.
La CNE “ha tomado una determinación que es contraria a la
Constitución. El Artículo 59 inciso 1 dice que es atribución
del Poder Legislativo dictar normas, abrogarlas, derogarlas,
modificarlas e interpretarlas”, dijo el senador Luis Vásquez
Villamor, del partido de derecha Poder Democrático Social
(Podemos) y presidente de la Comisión de Constitución.
“La
propuesta de la CNE es considerada como una sugerencia para
modificar los porcentajes. Sin embargo, está vigente una
ley y debe ser cumplida”, dijo el vicepresidente Alvaro
García Linera.
El proyecto
de ley, hecho por el MAS en 2007, estuvo cajoneado en el
Senado –donde predomina la oposición– hasta que en mayo
lo aprobaron sin mover una coma. Dijeron que así van a
terminar con el conflicto político, que puede derivar en
conflicto armado.
“Esto no
es una modificación de la ley del referéndum, que estamos
cumpliendo, sino que es un criterio técnico de aplicación
que está adoptando la CNE”, dijo el titular de la Corte
José Luis Exeni. “No existe ahora ninguna posibilidad de
confusión y de reclamo: son reglas justas e igualitarias
que no requieren interpretación ni duda”, opinó.
Salame, única
magistrada del TC, redactó un segundo decreto mediante el
cual la CNE “debería dejar de administrar el referéndum”.
Así respondió a un recurso incidental de
inconstitucionalidad presentado por el prefecto de
Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Un exultante Manfred –que
fue edecán del ex dictador Luis García Mesa– sostuvo que
“a la luz de este nuevo decreto, la Corte nacional y las
cortes departamentales están en la obligación de suspender
el revocatorio. Lo contrario sería declararse en rebeldía,
en flagrante desacato a la jurisprudencia constitucional”.
Y le dijo a Evo por TV: “Más allá de sus
amedrentamientos al Poder Judicial o a las autoridades,
presidente, aquí se tiene que cumplir la ley le guste o no
le guste a usted”.
Las
organizaciones indígenas tampoco están de acuerdo con la
modificación de los porcentajes del revocatorio. Ernesto Sánchez,
presidente de la Central de los Pueblos Mojeños de Beni
(Cepem–B), dijo a PáginaI12 que la CNE “no tiene por qué
tocar la ley y debería acatar las normas legales. Tampoco
tiene nada que decir la magistrada si está solita en el
tribunal. ¿Por qué no actuó así en los referéndum autonómicos?
Cuando les conviene, callan y actúan por intereses
personales. Cuando no les conviene, ya están con sus
lamentos”.
La Central
Obrera Boliviana (COB), que sigue en huelga para que el
Congreso apruebe su propuesta de ley de pensiones, aseguró
que si Evo no acepta este proyecto, el 10 de agosto le harán
“voto castigo”. Y el domingo, los cívicos del Oriente
comenzarán su “huelga de hambre” para que Evo restituya
a las prefecturas el 30 por ciento que les quitó del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con el fin de
crear la renta Dignidad, que entrega 200 bolivianos
mensuales (100 pesos) a todos los ancianos.
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