El
gobierno de Evo Morales lanza a las tropas para desbloquear
los caminos y detener la lucha de la COB. Los mineros no se
rinden
Balean
a los mineros
Econoticiasbolivia,
05/08/08
La
Paz.– Un minero muerto con una bala en el corazón y al
menos una veintena de trabajadores heridos con gases y
balines son el saldo de una incursión que la policía desató
la madrugada de este martes para tratar de quebrar el
bloqueo que realiza la Central obrera Boliviana (COB) en la
carretera que une Oruro con Cochabamba en demanda de una
nueva ley de pensiones solidaria.
“Nos
han rodeado, nos han metido balines y balas. Ha fallecido
Hernán Montero con un disparo al corazón. Era minero de
Huanuni (…) La policía ha metido gases, balas y
balines”, dijo uno de los testigos, que también fue
herido, cuando era atendido en horas de la mañana en el
Hospital Obrero de Oruro.
Los
reportes de la zona de Caihuasi dan cuenta que los
aguerridos mineros de Huanuni, la mayor mina de estaño
estatal de Bolivia y que están en huelga indefinida desde
la pasada semana, hacían frente a las tropas enviadas por
el Gobierno del presidente indígena Evo Morales, que
defiende el actual sistema neoliberal de pensiones.
Raúl
Guevara, dirigente del sindicato minero de Huanuni acusó al
gobierno de Evo Morales de “meter bala a los que piden
salario, a los que piden una jubilación más justa”.
“Hernán
era un joven minero de 22 a 23 años. Nos han metido bala a
las 7 de la mañana”, dijo, tras advertir que la represión
no detendrá la lucha de los mineros y de la COB para
liquidar el sistema neoliberal de
pensiones, defendido por Evo Morales y la oligarquía.
Vuelve
la represión
La
pasada semana la policía también desbloqueó las
carreteras cortadas por los trabajadores usando la represión
indiscriminada.
En
esa ocasión, el dirigente de la COB, Felipe Machaca,
denunció los atropellos. “El Gobierno está haciendo la
práctica de los gobiernos neoliberales: detenernos,
masacrarnos, hacernos comer tierra, pisotearnos. La policía
nos hizo en Caracollo (en la represión del bloqueo del
lunes 28 de julio de la COB sobre la carretera entre Oruro y
La Paz, NdR), nos pisotearon, bailaron sobre nuestras
espaldas, nos hicieron perder nuestros documentos, nuestros
celulares y posteriormente nos llevaron a patadas a un bus y
nos metieron a la maletera y allí nos metieron gas. Muchos
compañeros casi se asfixian, golpeamos el portón y ahí
nos hemos recordado de los gobiernos neoliberales”.
“Esas
son las acciones neoliberales. Esas cosas las ordena el
Ministro de Gobierno, porque la Policía está al mando del
Ministerio y del Poder Ejecutivo”, agregó.
La
lucha sigue
La
COB ha decretado la huelga general, los bloqueos de caminos
y la marcha hacia La Paz para lograr la atención de su
pliego petitorio, que incluye una nueva ley de pensiones, la
nacionalización efectiva del gas, el petróleo y las minas,
la expropiación de los inmensos latifundios del oriente, la
distribución de tierras para los campesinos, el aumento de
salarios, la nacionalización de las agroempresas que lucran
con el hambre del pueblo y el control sobre los precios de
los alimentos.
La
lucha de la COB crece a cinco días del referéndum que
definirá si el Presidente indígena de Bolivia y los
prefectos de derecha se mantienen o no en sus cargos, aunque
todos los pronósticos señalan que tanto Evo como sus
principales opositores serán ratificados en sus cargos,
manteniéndose, por tanto, la actual crisis política y la
existencia de dos gobiernos paralelos.
En
los hechos, los obreros bolivianos están recuperando
paulatinamente su independencia de clase y están
proclamando que no están ni con el pusilánime gobierno indígena–campesino
de Evo Morales (que defiende la propiedad privada, los
inmensos latifundios en el oriente y los negocios
transnacionales y se niega a mejorar el salario real y las
pensiones de los trabajadores) ni menos con la oligarquía y
los 100 clanes familiares, que son dueños de la tierra y de
los grandes negocios, explotando sin medida ni clemencia a
los trabajadores.
El
eje del pliego
El
eje central del pliego de la COB está ahora en la abrogación
de la ley neoliberal de pensiones para sustituirla por un
sistema solidario, donde los trabajadores activos, el Estado
y los empresarios financien el pago de las jubilaciones.
El
actual sistema privado de pensiones es administrado por las
AFPs Zurich Financial Services y el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, y sólo brinda posibilidades reales de jubilación
al 10 por ciento de la fuerza laboral boliviana, quedando el
restante 90 por ciento sin derecho a recibir en el futuro
rentas de jubilación, debiendo por tanto trabajar hasta la
muerte.
Este
sistema privatista se basa en la capitalización individual,
donde cada trabajador realiza una contribución mensual del
12,5 por ciento de su salario con destino a su propia cuenta
individual, de la cual se beneficiará con una pensión de
vejez cuando se jubile. En este sistema, que permite que las
AFPs obtengan millonarias utilidades al manejar 3.200
millones de dólares aportados por los trabajadores, no hay
aportes de los empresarios ni del Estado.
Este
sistema intenta ser preservado tal como está por la
oligarquía, los partidos de derecha, las asociaciones y
gremios empresariales y los grandes medios de comunicación.
El
gobierno del presidente Morales intenta, en lo esencial,
mantener el sistema de capitalización individual, con la
principal salvedad de que los 3.200 millones de dólares ya
no sean administrados por las AFPs, si no por el Estado.
La
COB, en cambio plantea, en lo fundamental: i) reducir la
edad de jubilación de 65 años a 55 para los trabajadores,
ii) volver al sistema solidario para que los trabajadores
activos aporten en una bolsa común para la jubilación de
los viejos, iii) eliminar la administración privada de los
fondos de jubilación, hoy en manos de las AFPs Zurich
Financial Services y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
para que estos recursos sean administrados bajo control
directo de las organizaciones de los trabajadores, y iv) que
el Estado, las transnacionales y las empresas privadas
aporten obligatoriamente a los fondos de jubilación en una
cuantía que garantice la sostenibilidad del sistema.
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