Bolivia

El gobierno de Evo Morales lanza a las tropas para desbloquear los caminos y detener la lucha de la COB. Los mineros no se rinden

Balean a los mineros

Econoticiasbolivia, 05/08/08

La Paz.– Un minero muerto con una bala en el corazón y al menos una veintena de trabajadores heridos con gases y balines son el saldo de una incursión que la policía desató la madrugada de este martes para tratar de quebrar el bloqueo que realiza la Central obrera Boliviana (COB) en la carretera que une Oruro con Cochabamba en demanda de una nueva ley de pensiones solidaria.

“Nos han rodeado, nos han metido balines y balas. Ha fallecido Hernán Montero con un disparo al corazón. Era minero de Huanuni (…) La policía ha metido gases, balas y balines”, dijo uno de los testigos, que también fue herido, cuando era atendido en horas de la mañana en el Hospital Obrero de Oruro.

Los reportes de la zona de Caihuasi dan cuenta que los aguerridos mineros de Huanuni, la mayor mina de estaño estatal de Bolivia y que están en huelga indefinida desde la pasada semana, hacían frente a las tropas enviadas por el Gobierno del presidente indígena Evo Morales, que defiende el actual sistema neoliberal de pensiones.

Raúl Guevara, dirigente del sindicato minero de Huanuni acusó al gobierno de Evo Morales de “meter bala a los que piden salario, a los que piden una jubilación más justa”.

“Hernán era un joven minero de 22 a 23 años. Nos han metido bala a las 7 de la mañana”, dijo, tras advertir que la represión no detendrá la lucha de los mineros y de la COB para liquidar el sistema neoliberal de  pensiones, defendido por Evo Morales y la oligarquía.

Vuelve la represión

La pasada semana la policía también desbloqueó las carreteras cortadas por los trabajadores usando la represión indiscriminada.

En esa ocasión, el dirigente de la COB, Felipe Machaca, denunció los atropellos. “El Gobierno está haciendo la práctica de los gobiernos neoliberales: detenernos, masacrarnos, hacernos comer tierra, pisotearnos. La policía nos hizo en Caracollo (en la represión del bloqueo del lunes 28 de julio de la COB sobre la carretera entre Oruro y La Paz, NdR), nos pisotearon, bailaron sobre nuestras espaldas, nos hicieron perder nuestros documentos, nuestros celulares y posteriormente nos llevaron a patadas a un bus y nos metieron a la maletera y allí nos metieron gas. Muchos compañeros casi se asfixian, golpeamos el portón y ahí nos hemos recordado de los gobiernos neoliberales”.

“Esas son las acciones neoliberales. Esas cosas las ordena el Ministro de Gobierno, porque la Policía está al mando del Ministerio y del Poder Ejecutivo”, agregó.

La lucha sigue

La COB ha decretado la huelga general, los bloqueos de caminos y la marcha hacia La Paz para lograr la atención de su pliego petitorio, que incluye una nueva ley de pensiones, la nacionalización efectiva del gas, el petróleo y las minas, la expropiación de los inmensos latifundios del oriente, la distribución de tierras para los campesinos, el aumento de salarios, la nacionalización de las agroempresas que lucran con el hambre del pueblo y el control sobre los precios de los alimentos.

La lucha de la COB crece a cinco días del referéndum que definirá si el Presidente indígena de Bolivia y los prefectos de derecha se mantienen o no en sus cargos, aunque todos los pronósticos señalan que tanto Evo como sus principales opositores serán ratificados en sus cargos, manteniéndose, por tanto, la actual crisis política y la existencia de dos gobiernos paralelos.

En los hechos, los obreros bolivianos están recuperando paulatinamente su independencia de clase y están proclamando que no están ni con el pusilánime gobierno indígena–campesino de Evo Morales (que defiende la propiedad privada, los inmensos latifundios en el oriente y los negocios transnacionales y se niega a mejorar el salario real y las pensiones de los trabajadores) ni menos con la oligarquía y los 100 clanes familiares, que son dueños de la tierra y de los grandes negocios, explotando sin medida ni clemencia a los trabajadores.

El eje del pliego

El eje central del pliego de la COB está ahora en la abrogación de la ley neoliberal de pensiones para sustituirla por un sistema solidario, donde los trabajadores activos, el Estado y los empresarios financien el pago de las jubilaciones.

El actual sistema privado de pensiones es administrado por las AFPs Zurich Financial Services y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y sólo brinda posibilidades reales de jubilación al 10 por ciento de la fuerza laboral boliviana, quedando el restante 90 por ciento sin derecho a recibir en el futuro rentas de jubilación, debiendo por tanto trabajar hasta la muerte.

Este sistema privatista se basa en la capitalización individual, donde cada trabajador realiza una contribución mensual del 12,5 por ciento de su salario con destino a su propia cuenta individual, de la cual se beneficiará con una pensión de vejez cuando se jubile. En este sistema, que permite que las AFPs obtengan millonarias utilidades al manejar 3.200 millones de dólares aportados por los trabajadores, no hay aportes de los empresarios ni del Estado.

Este sistema intenta ser preservado tal como está por la oligarquía, los partidos de derecha, las asociaciones y gremios empresariales y los grandes medios de comunicación.

El gobierno del presidente Morales intenta, en lo esencial, mantener el sistema de capitalización individual, con la principal salvedad de que los 3.200 millones de dólares ya no sean administrados por las AFPs, si no por el Estado.

La COB, en cambio plantea, en lo fundamental: i) reducir la edad de jubilación de 65 años a 55 para los trabajadores, ii) volver al sistema solidario para que los trabajadores activos aporten en una bolsa común para la jubilación de los viejos, iii) eliminar la administración privada de los fondos de jubilación, hoy en manos de las AFPs Zurich Financial Services y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, para que estos recursos sean administrados bajo control directo de las organizaciones de los trabajadores, y iv) que el Estado, las transnacionales y las empresas privadas aporten obligatoriamente a los fondos de jubilación en una cuantía que garantice la sostenibilidad del sistema.