|
Cómo
la oligarquía de Santa Cruz fue alimentada desde La Paz
Agroindustriales
autonomistas en deuda con
el Estado “andinocentrista”
Bolpress,
07/08/08
La burguesía
agroindustrial incubada por el Estado comanda hoy el
movimiento autonomista de Santa Cruz; profieren los alaridos
independistas más radicales algunas familias de inmigrantes
que prosperaron a la sombra del “centralismo”.
(UPIC-Tierra).-
Dirigentes cívicos, líderes empresariales y connotados
intelectuales cruceños quieren crear en Santa Cruz un
gobierno autónomo con facultades ejecutivas, legislativas y
jurídicas plenas más que federales fundamentalmente porque
los ha “defraudado” el Estado “burocrático y
andinocentrista” que marginó y abandonó a su región.
El
despreciable centralismo “altoperuano, colla, indio, feo,
dictador e ineficiente” tiene la culpa de casi todos los
males nacionales y regionales, coinciden el prefecto Rubén
Costas, el presidente del Comité Cívico Branco Marinkovic,
el director de Autonomías de la Prefectura Carlos Dabdoub,
el máximo asesor legal Juan Carlos Urenda, el alcalde Percy
Fernandez, el ex alcalde Sergio Antelo y la historiadora
Paula Peña, entre otros dirigentes del movimiento
autonomista cruceño.
La burguesía
agroindustrial, los “intelectuales orgánicos” y el
aparato mediático regional sugieren que Santa Cruz es el
departamento más grande, pujante y desarrollado de Bolivia
gracias a la laboriosa y emprendedora cultura “camba”.
Deliberadamente
ocultan que después de la revolución nacionalista de 1952
el Estado incubó una burguesía agroindustrial en Santa
Cruz como pivote del desarrollo capitalista en Bolivia, la
cual se enriqueció a la sombra de los sucesivos gobiernos
en el último medio siglo.
Las nuevas
generaciones de cruceños autonomistas ignoran que muchos
empresarios recibieron gran cantidad de fondos y ayudas públicas
que jamás llegaron a los pequeños productores y al pueblo
en general.
Las
obras del Estado en Santa Cruz
Por
recomendación del gobierno de Estados Unidos, [1] la
“marcha al oriente” y el desarrollo agroindustrial fue
una de las principales políticas económicas que llevó
adelante el régimen del MNR luego de la revolución
protagonizada por indios y obreros del occidente del país
en 1952.
El Estado
nacionalista repartió tierras, créditos, maquinaria y
ejecutó políticas públicas explícitas para apoyar a los
empresarios agropecuarios, especialmente del departamento de
Santa Cruz.
La reforma
agraria no perjudicó a los gamonales que ya existían en el
oriente, al tiempo que regaló enormes predios a los
allegados del régimen con la esperanza de que los antiguos
y los nuevos latifundios se conviertan pronto en “empresas
agrícolas” productivas. [2]
Además de
dotar tierras y mano de obra con agresivos planes de
colonización, el Estado multiplicó la inversión pública
en la construcción de ingenios, complejos agroindustriales
y vías de vinculación nacionales e internacionales.
El Estado
central construyó las carreteras La Paz – Cochabamba –
Santa Cruz que integraron al oriente con el occidente del país.
Se edificaron caminos desde Santa Cruz hacia Portachuelo –
Buena Vista – Puerto Grether con más de 1.000 kilómetros
de extensión. Se tendieron las líneas férreas Santa Cruz
- Argentina (531 kilómetros) y Santa Cruz -Brasil (615 kilómetros).
En la década
de los 50, la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) amplió
el ingenio La Esperanza, construyó el ingenio La Bélgica y
estableció las plantas azucareras de Guabirá y San Aurelio
con inversiones superiores a los 25 millones de dólares. El
núcleo inicial de la inversión agroindustrial en el
oriente fue el ingenio Guabirá en el norte cruceño.
En 1960 se
creó la Comisión Nacional para la comercialización del
arroz (CONCA), sustituida en 1968 por la Comisión Nacional
del Arroz (CONAR). Se fundaron estaciones experimentales
para investigación agrícola en Saavedra y Belén,
Tamborada, Riberalta, Reyes, Trinidad y Villamontes. El
Estado importó al menos 1.300 tractores, 5.000 arados de
vertedero y 2.500 arados de hierro.
El Banco
Agrícola Boliviano (BAB) repartió créditos de fomento a
manos llenas hasta que quebró en 1992. Se estima que entre
1955 y 1983 el BAB entregó 12 mil millones de pesos
bolivianos en créditos para capital de inversión y de
operación, 44 por ciento de los cuales fue a parar al
departamento de Santa Cruz. Otras investigaciones estiman
que el 42% de los 21,8 millones de dólares de créditos agrícolas
del BAB distribuidos entre 1955 y 1969 benefició a
productores cruceños. A partir de 1967, los grandes
propietarios algodoneros comenzaron a recibir financiamiento
del Banco del Estado. [3]
Sin duda,
el vilipendiado Estado centralista hizo el mayor esfuerzo de
la historia republicana para diversificar la economía
nacional, sustituir importaciones e integrar al país. Además,
la desproporcionada asignación de recursos fiscales, una
dudosa repartición de tierras y una poco transparente política
de concesión y pago de créditos enriqueció a la mimada
agroindustria cruceña en menos de dos décadas.
La nueva
burguesía cruceña se fortaleció aún más cuando comenzó
a recibir los excedentes de la producción hidrocarburífera
en las dictaduras. La elite regional ganó influencia política,
acumuló créditos y tierras en el régimen de facto de Hugo
Banzer.
En el período
1971-1978 la dictadura militar utilizó la tierra y los créditos
basados en la tierra para consolidar su base social y económica.
Algunos empresarios se gastaron el dinero en automóviles,
viajes, mansiones o invirtieron en minas y concesiones
forestales. Muchos no pudieron pagar y Banzer terminó
condonando 60 millones de dólares a menos de mil
productores de algodón y soya.
Entre 1970
y 1974 la participación cruceña en las exportaciones
nacionales aumentó de 7% a 37%, principalmente petróleo,
gas y algodón. En la segunda mitad de la década del 70,
Santa Cruz se convirtió en un importante centro de producción
y exportación de cocaína.
La
jauja neoliberal
Los
privilegiados agroindustriales cruceños aprovecharon bien
las políticas estatales que facilitaron las importaciones
de bienes de capital a comienzos de la década del 80,
cuando estalló la hiperinflación. Sus ganancias se
multiplicaron tras la instauración del neoliberalismo a
mediados de la década.
Con la
premisa de “exportar o morir”, el Estado neoliberal
invirtió grandes cantidades de dinero para fortalecer al
empresariado agroexportador y aprobó decenas de políticas
estatales de fomento, entre ellas la devolución de
impuestos a los exportadores, subsidios indirectos a través
de empresas estatales de transporte y la ley de Inversiones
de 1990. Proliferaron los proyectos financiados por USAID y
se concretó el gran proyecto de las Tierras Bajas del Este
costeado por el Banco Mundial.
El Estado
negoció un acuerdo de libre comercio con los países de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) para que los
agroindustriales de Santa Cruz exporten soya con
preferencias arancelarias.
Los
agroindustriales que se apoderaron ilegalmente de tierras fértiles
entre fines de los 70 y mediados de los 80 “legalizaron”
sus latifundios y comenzaron a recibir créditos del BID y
de la CAF para desmontar áreas y ampliar de manera
irrestricta los cultivos de soya.
La Ley INRA
dio inicio a una reforma agraria asistida por el mercado en
1996, la cual aceleró la titulación, el registro y el
catastro de propiedades con el objetivo principal de dar
“seguridad jurídica” a los propietarios y atraer
“inversiones”.
El nuevo
modelo mercantilizó y concentró las tierras de Santa Cruz,
y también “consolidó” los derechos de latifundistas
que se adueñaron de miles de predios “de engorde” en
los últimos 40 años.
Entre 1953
y 2002 se distribuyeron casi 36 millones de hectáreas en el
departamento de Santa Cruz. Los medianos y grandes
empresarios obtuvieron el 73 por ciento de la tierra y los
pequeños productores recibieron apenas el 6%. El reparto
fue particularmente intenso en los períodos 1974-1978
(20,7% de la tierra) y 1989-1993 (16,2%). [4]
Familias de
latifundistas como los Petricevic obtenían auto préstamos
del Banco Unión (del cual eran los mayores accionistas)
hipotecando sus latifundios “de engorde”. El Banco Unión
quebró y el Estado tuvo que asumir las millonarias deudas.
[5]
Y a pesar
de todos los programas de apoyo, el complejo soyero mantuvo
su naturaleza primaria poco competitiva y concentrada en
exportaciones a la CAN. A fines de los 90 los
“agronegocios” soyeros repitieron las taras de los
ciclos productivos del azúcar y el algodón: bajo
rendimiento y crecimiento sustentando en la expansión de la
frontera agrícola y en la especulación de tierras, no en
la modernización técnica.
Los
exportadores de soya y girasol obtuvieron ganancias
exorbitantes en los últimos años con el favor del
despreciado Estado “centralista”. Cuando el precio del
barril de petróleo trepó hasta los 100 dólares, los
agroindustriales de Santa Cruz acaparaban más de 100
millones de dólares de los 250 millones de dólares de
subvención estatal al diesel, estimó el ministro de
Hacienda Luis Arce.
Conclusiones
El Estado
“burocrático y andinocentrista” no marginó ni abandonó
al departamento de Santa Cruz en los últimos 50 años. Sin
embargo, los sucesivos gobiernos nacionalistas, los regímenes
de facto y el Estado neoliberal se olvidaron de las grandes
mayorías cruceñas y privilegiaron a un minúsculo grupo
empresarial.
La burguesía
agroindustrial históricamente beneficiada con políticas públicas
de fomento hoy comanda el movimiento autonomista de Santa
Cruz y exige al gobierno nacional un nuevo pacto político
para “democratizar” el poder. Lanzan los alaridos
independistas más radicales algunas familias de inmigrantes
que prosperaron a la sombra del Estado central.
Fuentes:
1.
“La ‘media luna’ sobre Bolivia: Nación, región,
etnia y clase social” (The «Half Moon» over Bolivia:
nation, region, ethnicity and class); Willem Assies; Leiden
University / w.j.assies@law.leidenuniv.nl
2.
“No todo grano que brilla es oro. Un análisis de la soya
en Bolivia”, Mamerto Pérez Luna, CEDLA, 2007.
3.
“Los barones de Oriente: El poder en Santa Cruz ayer y
hoy”, Ximena Soruco, Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros,
Fundación Tierra. 2008.
4.
“Agricultura en Santa Cruz: de la encomienda colonial a la
empresa modernizada (1559-1985)”, Mario Arrieta, ILDIS,
1990.
5.
“La cuestión agraria: Entre latifundistas y
avasalladores”, Carlos Romero B., Cejis, 2005.
6.
“Visión de país: Desde las naciones indígenas y
originarias, los movimientos sociales organizados y la
sociedad civil”; MAS Instrumento Político por la Soberanía
de los Pueblos; Asamblea Constituyente, 2007.
Notas:
[1]
En el marco del tratado de cooperación bilateral entre
Bolivia y Estados Unidos suscrito durante la Segunda Guerra
Mundial, una misión norteamericana presidida por Mervin
Bohan propuso en 1942 una agresiva y activa intervención
del Estado en el desarrollo agroindustrial de Bolivia a través
de la vertebración caminera; la modificación de políticas
impositivas sobre la tierra, la redistribución de tierras,
la redistribución de la población y la ocupación de
espacios geográficos insuficientemente habitados, entre
otras acciones.
[2]
En el quinquenio 1953-1958 se distribuyeron más de 95 mil
hectáreas de tierra en Santa Cruz entre un poco más de
1.000 beneficiarios. (INRA)
[3]
Los créditos agrícolas para Santa Cruz casi se duplicaron
en el período 1955–1975. Entre 1960 y 1965 los préstamos
del BAB representaban el 2% del PIB agropecuario, tendencia
que se mantuvo en el período 1966-1971. Entre 1978 y 1982
los créditos del BAB alcanzaban el 5% del PIB y en la década
de los 80 superaron el 16%.
[4]
Un informe preliminar del INRA indica que en todo el país
3.142 personas se beneficiaron con dobles dotaciones que
abarcan una superficie total de 8,6 millones de hectáreas.
482 personas accedieron a triples dotaciones (3.1 millones
de hectáreas); 174 personas recibieron cuádruples
dotaciones (1.6 millones de hectáreas) y 72 personas
obtuvieron cinco o más dotaciones que abarcan una
superficie de 844 mil hectáreas. La mayor cantidad de
dotaciones múltiples ilegales se concretaron en el
departamento de Santa Cruz.
[5]
De una cartera total aproximada de 3.084 millones de dólares
a diciembre de 1994, los préstamos destinados a la
agricultura representaban el 10.5% (324 millones de dólares).
Los préstamos agropecuarios en mora constituían el 86.3%
de la mora total a escala nacional a fines de ese año.
|
