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Evo
trabaja un difícil pacto con la oligarquía
Redacción
de Econoticiasbolivia, 13/08/08
Todos
listos para iniciar el “diálogo de sordos”. El Gobierno
de Morales anuncia su disposición a ceder sobre la nueva
Constitución y las autonomías, pero los prefectos de la
derecha se mantienen irreductibles. Comienza otro show.
La
Paz.– El Gobierno del presidente Evo Morales comenzó a
usar el notable apoyo electoral que obtuvo en las urnas, y
que alcanza al 66 por ciento, para gestionar un difícil
como complicado pacto con sus principales opositores, los
prefectos (gobernadores) de la oligarquía que fueron
ratificados con un apoyo similar y que han forjado gobiernos
regionales en virtual rebeldía y desacato.
Al
anochecer de este martes, Morales invitó, a través de una
carta, a “las autoridades ratificadas a un diálogo
nacional que permita abordar todos aquellos temas dirigidos
a lograr un gran acuerdo nacional que el pueblo boliviano
aguarda de sus autoridades electas y ratificadas democráticamente”.
La
cita estaba prevista para este miércoles a las 10 de la mañana
en La Paz, pero los prefectos derechistas de Santa Cruz,
Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, declinaron inicialmente la
invitación y optaron por reunirse junto a los movimientos cívicos
y empresariales para definir una estrategia conjunta para
enfrentar a Morales. Horas después, al mediodía, los
prefectos, reunidos en Santa Cruz, anunciaron su disposición
al diálogo con agenda abierta y sin condicionamientos.
"Le
comunicamos (al presidente Morales) que estamos dispuestos a
trasladarnos a Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz el
día de hoy en horas de la tarde", señala un
comunicado leído por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
En
Palacio de Gobierno, en La Paz, eran intensos los
preparativos para instalar la primera reunión entre Morales
y los prefectos al cerrar la tarde.
Votos
para el pacto
El
ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que
el apoyo electoral obliga, tanto al Gobierno como a los
opositores, a dialogar. “El apoyo que han recibido los
prefectos traduce un mensaje: que los prefectos con su
proyecto autonómico y el Gobierno con la nueva Constitución
Política del Estado, tenemos que construir ese pacto de
unidad nacional”.
Horas
antes el presidente Morales había señalado que el
resultado de la consulta revocatoria del domingo se
constituye en una conminatoria para que los actores políticos
se sienten a dialogar, por lo que demandó a los prefectos
que "entiendan el pedido del pueblo boliviano" y
asistan a su invitación.
“Tenemos
que buscar soluciones en el diálogo (...) Queremos
constitucionalizar las autonomías”, dijo Morales en horas
de la mañana.
Resultados
oficiales
En
las primeras horas de este miércoles, el conteo oficial de
votos, que alcanzaba ya al 88 por ciento, daba cuenta que
Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, obtenían
el 66 por ciento de apoyo en todo el país. Los resultados
de la Corte Nacional Electoral también mostraban que
Morales y García Linera recibían apoyo mayoritario en La
Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Pando,
mientras que el rechazo hacia ellos era mayor en Santa Cruz,
Beni y Tarija.
Las
cifras oficiales también confirmaban el masivo apoyo a los
prefectos derechistas como Rubén Costa de Santa Cruz (68%),
Ernesto Suárez de Beni (65%), Mario Cossío de Tarija (58%)
y Leopoldo Fernández de Pando (55%). Ellos, junto a la
prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, que recientemente
ganó las elecciones, son los principales opositores a
Morales.
Asimismo
se confirmaba que fue ratificado el prefecto Mario Virreira
de Potosí (76%), que es leal a Morales, y que fueron
revocados en sus mandatos los prefectos derechistas José
Luis Paredes de La Paz y Manfred Reyes Villa de Cochabamba.
En
el caso de Oruro, Los resultados oficiales entregados por la
Corte Departamental señalan que el prefecto oficialista
Alberto Luis Aguilar tiene una votación del Sí que alcanza
al 50,74 por ciento, mientras que el No alcanza a 49,26 por
ciento, sobre el 99,16 por ciento de las mesas computadas.
Estos
resultados crearon el primer conflicto en la lectura de
resultados, pues, según la resolución de las cortes
departamentales del 31 de julio, Aguilar ha sido ratificado,
pero según la Ley 3850 la autoridad departamental necesita
59 por ciento para quedarse.
Un
pacto complicado
Con
estos resultados, tanto Morales como los prefectos
derechistas tienen motivos para cantar victoria, aunque en
rigor ninguno de ellos ha logrado debilitar seriamente a su
rival. Morales no pudo derribar a ninguno de los prefectos
que han forjado gobiernos “autónomos” y en rebeldía en
los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija,
regiones en las que virtualmente ya no puede entrar el
Presidente. Del mismo modo, la oligarquía no pudo mermar el
apoyo electoral hacia Morales, especialmente en el altiplano
y los valles.
Por
ello, unos como otros apuntan a iniciar negociaciones. Por
ahora, todos quieren mostrar que están dispuestos al diálogo,
aunque son los prefectos opositores los menos interesados en
lograr un acuerdo, ya que han logrado grandes réditos políticos
impulsando la confrontación contra el Gobierno de Morales.
Aprovechando
la política conciliadora de Morales, la oligarquía tomó
el control de cinco de los nueve departamentos de Bolivia
levantando la bandera de la autonomía regional, mediante la
cual están preservando sus millonarias ganancias que
obtienen al explotar los recursos naturales, adueñarse de
las tierras más fértiles y lucrar con los grandes negocios
de la agroexportación, la industria, el transporte, el
comercio y la banca.
Todos
ellos están bloqueando la nueva Constitución Política del
Estado promovida por Evo para garantizar, por lo menos en el
papel, los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y
para viabilizar la reelección de Morales por los dos
siguientes periodos hasta el 2020.
En
los hechos, la oligarquía no quiere llegar a un acuerdo con
Morales y por ello exige un pliego de demandas que sólo
podría cumplirse si Evo se rinde totalmente. Así demandan
que el Gobierno les devuelva los recursos de los impuestos a
los hidrocarburos (cerca de 200 millones de dólares al año),
anule los avances de la nueva Constitución y reconozca sus
estatutos autonómicos (que les permite tener su propio
Parlamento, dictar leyes por encima de las nacionales,
cobrar impuestos y crear su propia Policía).
Presión
por el diálogo
Con
el avance del conteo oficial de votos, crecían también las
demandas para que el Gobierno de Morales y los prefectos
armen un gran pacto nacional y armonicen las
reivindicaciones populares con las de la oligarquía. A este
pedido se sumaron la Iglesia católica, los organismos
internacionales, los grandes medios de comunicación y las
organizaciones empresariales, cívicas, profesionales y
populares.
El
Gobierno de Estados Unidos también hizo suyo este llamado e
instó al Gobierno boliviano y a la oposición a que
aprovechen la oportunidad que se les ha abierto después del
referéndum revocatorio para "comenzar un diálogo
franco" y resolver sus diferencias.
"Urgimos
a todas las partes a que aprovechen esta oportunidad para
comenzar un diálogo franco para resolver temas pendientes y
definir un camino hacia adelante que una a todos los
bolivianos", dijo el portavoz adjunto interino del
Departamento de Estado, Robert Wood.
Todas
estos sectores quieren que el presidente Morales frene sus
reformas y mantenga en pie el neoliberalismo y los
millonarios intereses de la oligarquía, precisamente todo
lo contrario de lo que quiere la masiva votación emitida
este domingo a favor de Morales para que profundice los
cambios en la perspectiva de la agenda de octubre
(nacionalización real del gas, petróleo y minas,
expropiación de latifundios y entrega de tierras a los
campesinos, y mejor salario, más empleo y digna jubilación
para los trabajadores).
La
oligarquía rechaza la propuesta del presidente Morales y
amenaza con radicalizar sus protestas y la autonomía
separatista
Los
fascistas no quieren pactar con Evo, pero él insiste
Econoticiasbolivia,
14/08/08
La
Paz.– Los prefectos (gobernadores) de la oligarquía
cerraron en la madrugada de este jueves con un portazo las
negociaciones que por horas abrió el presidente indígena
de Bolivia, Evo Morales, en su complicado intento de forjar
un gran pacto nacional que una las demandas de los más
pobres y de los más ricos.
El
diálogo, instalado en La Paz en horas de la noche de este
miércoles, quedó suspendido, sin fecha ni agenda, en las
primeras horas de hoy por los prefectos opositores, que
acusaron al Gobierno de Morales de no querer atender sus
principales demandas (devolución de recursos del impuesto a
los hidrocarburos y reconocimiento de sus autonomías).
“No
hay acuerdos en los temas, pero estamos siempre dispuestos
al diálogo. El documento que nos propone el Gobierno es
exactamente el que nos propusieron en enero. Queríamos un
poco más de generosidad. El tema del IDH pudo resolverse
pero no se lo ha hecho”, dijo el prefecto de Tarija, Mario
Cossío.
“Estamos
igual que en enero (…) No hay acuerdo”, dijo Cossío,
que ofició de portavoz de los prefectos de Santa Cruz,
Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, que han levantado en sus
regiones, con apoyo de organizaciones empresariales y
fascistas, cinco gobiernos paralelos y en rebeldía al de Morales.
Tras
abandonar la reunión, celebrada en el Palacio de Gobierno
en La Paz, todos estos prefectos, ratificados el domingo en
las urnas con amplio margen, rechazaron la triple propuesta
de Morales de incluir las autonomías en la nueva Constitución
Política del Estado, hacer un pacto fiscal para definir el
destino de los recursos de los impuestos petroleras y hacer
un pacto constitucional para elegir autoridades en el Poder
Judicial y Electoral.
Evo
se lamenta
“Lamento
mucho que los prefectos tengan poca voluntad de diálogo
(…) Queremos hacer gestión conjunta entre el Presidente y
los prefectos en bien del país, pero siento que ellos (los
prefectos) sólo quieren la plata (del IDH)”, dijo
Morales, que se mostró fortalecido tras obtener en las
urnas el 68 por ciento de apoyo electoral en todo el país.
“La
obligación del Presidente y los prefectos es juntar la
nueva Constitución y las autonomías, en el marco de la
legalidad y la constitucionalidad”, dijo al cuestionar la
actitud de los prefectos que “no quieren un nuevo pacto
fiscal, no quieren la participación de los alcaldes”.
Pese
al desplante, Morales aseguró que continuará con sus
esfuerzos para lograr un pacto de unidad con los prefectos.
“Un Gobierno que tiene un 68 por ciento de apoyo puede
imponer las cosas, pero preferimos pactar”, agregó el
ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
Amenazas
Menos
conciliador, el viceministro de Descentralización, Fabián
Yaksic, advirtió a los prefectos opositores con la
convocatoria a un nuevo referéndum para que el pueblo
decida si va o no la nueva Constitución aprobada con muchos
tropiezos por el oficialismo en la Asamblea Constituyente.
“Hay
que darle viabilidad a la nueva Constitución mediante un
referéndum, que el pueblo defina con su voto”, dijo como
respuesta a las declaraciones de los prefectos que
rechazaron las propuestas de Morales.
Yaksic
también denunció la actitud del prefecto de Santa Cruz,
Rubén Costas, que lidera una huelga de hambre para lograr
la devolución del impuesto a los hidrocarburos y que
intenta avanzar, de facto, con su autonomía separatista.
“Anoche
se puso en riesgo este escenario de diálogo, porque el
prefecto de Santa Cruz promulgó una ilegal y arbitraria
convocatoria a elecciones para asambleístas
departamentales, subgobernadores y corregidores”, agregó.
Autonomía
de facto
La
convocatoria del derechista Costas vulnera abiertamente la
actual Constitución Política del Estado, que establece que
el único poder encargado de hacer leyes en el país es el
Legislativo y que ninguna otra entidad puede atribuirse ese
derecho, menos una prefectura que depende del Presidente de
la República, a través del Ministro de la Presidencia.
Pero
ello le tiene sin cuidado a la oligarquía cruceña y la
derecha fascista, que tras lograr la aprobación en urnas de
su Estatuto autonómico, intenta crear su propio Parlamento,
su propia Policía y mantener el total control sobre las
tierras, impuestos y recursos naturales.
Según
Vladimir Peña, Secretario de Justicia de la Prefectura
cruceña, son 120 autoridades que se elegirán el 25 de
enero de 2009 y su mandato se prolongaría por cinco años.
Todos
los prefectos opositores amenazaron con avanzar de facto con
la puesta en marcha de sus Estatutos Autonómicos
separatistas, si el Gobierno de Morales no atendía sus
demandas.
Un
pacto complicado
“La
reunión (con Evo) quedó en nada. No se avanzó nada”,
dijo el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, que acusó
al Gobierno de chantajearlos.
“Usan
el IDH (Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos) como un
chantaje. Si aceptamos lo que ellos quieren para aprobar su
Constitución, nos devuelven el IDH; pero si no la
aceptamos, no nos devuelven los recursos”, dijo al
sostener que Morales los había engañado con su
convocatoria a la reunión en La Paz.
En
los hechos, la oligarquía no quiere llegar a un acuerdo con
Morales y por ello exige un pliego de demandas que sólo
podría cumplirse si Evo se rinde totalmente.
Así
demandan que el Gobierno les devuelva los recursos de los
impuestos a los hidrocarburos (cerca de 200 millones de dólares
al año), anule los avances de la nueva Constitución y
reconozca sus estatutos autonómicos (que les permite tener
su propio Parlamento, dictar leyes por encima de las
nacionales, cobrar impuestos y crear su propia Policía).
Por
ahora, sin embargo, estos prefectos quieren mostrar a la
población que sí tienen intenciones de dialogar y llegar a
un acuerdo, poniéndose a tono con los resultados del referéndum
del domingo.
Estos
resultados permiten que tanto Morales como los prefectos
derechistas tengan motivos para cantar victoria, aunque en
rigor ninguno de ellos ha logrado debilitar seriamente a su
rival. Morales no pudo derribar a ninguno de los prefectos
que han forjado gobiernos “autónomos” y en rebeldía en
los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija,
regiones en las que virtualmente ya no puede entrar el
Presidente. Del mismo modo, la oligarquía no pudo mermar el
apoyo electoral hacia Morales, especialmente en el altiplano
y los valles.
Presión
sobre Morales
Por
ello, todos quieren mostrar que están dispuestos al diálogo,
aunque son los prefectos opositores los menos interesados en
lograr un acuerdo, ya que han logrado grandes réditos políticos
impulsando la confrontación contra el Gobierno de Morales.
Luego
de conocerse el virtual fracaso del diálogo inicial, los
sectores más conservadores de la sociedad como la Iglesia
Católica, los gremios empresariales, las organizaciones cívicas
y grandes medios de comunicación acentuaron su campaña
para que el Gobierno de Morales deje su “radicalismo” y
ofrezca un “diálogo sincero” a los prefectos.
"Urgimos
a todas las partes a que aprovechen esta oportunidad para
comenzar un diálogo franco para resolver temas pendientes y
definir un camino hacia adelante que una a todos los
bolivianos", había dicho días atrás el portavoz
adjunto interino del Departamento de Estado, Robert Wood,
que pugna, como los otros, para que Morales abandone en la
mesa de negociones el mandato que el pueblo le entregó en
las urnas para que profundice los cambios en la perspectiva
de la agenda de octubre (nacionalización real del gas, petróleo
y minas, expropiación de latifundios y entrega de tierras a
los campesinos, y mejor salario, más empleo y digna
jubilación para los trabajadores).
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