La COB le da 45 días de tregua al gobierno

Econoticiasbolivia, 13/08/08

La Paz.– El ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) aprobó la noche de este martes una tregua de 45 días en su lucha por conquistar una nueva ley de pensiones solidaria, pero advirtió que retomarán las movilizaciones en caso de no lograr la aceptación del Gobierno de Evo Morales.

La reunión laboral, celebrada en La Paz, determinó también respaldar a los dirigentes Pedro Montes de la COB, Guido Mitma de la Federación de Mineros y Jaime Solares de la Central Obrera de Oruro, acusados por el Gobierno de impulsar las movilizaciones para favorecer a la derecha y de empujar a los mineros al enfrentamiento con las fuerzas represivas.

El dirigente de la COB, Octavio Urquizo, aseguró que los sindicalistas “no permitirán ningún avasallamiento de parte del Gobierno ni otro sectores por su legitimidad sindical”.

De este modo, el ampliado aprobó al acuerdo alcanzado el sábado 9 de agosto con el Gobierno para concertar en 45 días una nueva Ley de Pensiones, pero advirtieron con reiniciar protestas si en ese lapso de tiempo no se cumple con la demanda laboral.

Cuestionamientos

El secretario ejecutivo de la Central Obrera de Potosí, Gerardo Coro, el dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de Caminos, José Luis Pacheco, el dirigente Jaime Solares, entre otros, sostuvieron que las bases no deben desmovilizarse en caso de un resultado adverso para iniciar la lucha hasta conseguir el triunfo de la clase trabajadora.

Solares aseguró que la política conciliadora del presidente Evo Morales ha llevado a “reanimar a la derecha” por no seguir el mandato del pueblo en la agenda de octubre y que se sintitiza en minas, gas y petróleo para el Estado, tierras para los campesinos y mejor salario y jubilación digna para los trabajadores.

Durante el ampliado, los sindicalistas rindieron homenaje a Luís Hernán Montero Claros de 26 años y Roberto Cáceres Fábrica de 24 años, trabajadores mineros que fallecieron el pasado martes, con impactos de bala, durante los enfrentamientos con efectivos policiales en Caihuasi.

Divisionismo

En este escenario, el ejecutivo de la Federación de Mineros, Guido Mitma, acusó al Gobierno de Morales de intentar descabezar la dirigencia sindical de los trabajadores mineros y de otros sectores sociales a fin de evitar nuevas movilizaciones.

“Por el momento pareciera que el Gobierno está jugando un papel bastante sucio, porque está descabezando al movimiento obrero y Huanuni se ha caracterizado por ser la vanguardia en las luchas sindicales, por esa razón no se debe ingresar al juego del Gobierno”, señaló.

Dolidos por la muerte a bala de los dos mineros y con una cincuenta de heridos entre sus filas, la última asamblea de los mineros de Huanuni había determinado desconocer a los tres principales dirigentes de ese sindicato, Isidora Vargas, Fernando Chávez y Juan Flores, además del ejecutivo de la COB, Pedro Montes, el ejecutivo de la Federación de Mineros Guido Mitma y el secretario ejecutivo de la Central Obrera de Oruro, Jaime Solares, todos mineros de Huanuni.

“Yo entiendo a los compañeros que se encuentran dolidos por la muerte de nuestros compañeros mineros en Caihuasi que fue por culpa del Gobierno, pero no se tiene que poner a un lado a nuestras entes matrices, a nuestros dirigentes, porque eso es lo que quiere el Gobierno, es decir dividir al movimiento obrero para reinar”, había dicho Mitma.

“En Huanuni se hará la sucesión de cargos para que no se debilite este valeroso sindicato, por lo que no existe crisis sindical y quienes estarán al frente del Sindicato de los Mineros de Huanuni delinearán la lucha de los trabajadores por los intereses de los movimiento obrero”, agregó.

Pliego laboral

La COB había decretado la huelga general, los bloqueos de caminos y la marcha hacia La Paz para lograr la atención de su pliego petitorio, que incluye una nueva ley de pensiones, la nacionalización efectiva del gas, el petróleo y las minas, la expropiación de los inmensos latifundios del oriente, la distribución de tierras para los campesinos, el aumento de salarios, la nacionalización de las agroempresas que lucran con el hambre del pueblo y el control sobre los precios de los alimentos.

El eje central del pliego de la COB es la abrogación de la ley neoliberal de pensiones para sustituirla por un sistema solidario, donde los trabajadores activos, el Estado y los empresarios financien el pago de las jubilaciones.

El actual sistema privado de pensiones es administrado por las AFPs Zurich Financial Services y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y sólo brinda posibilidades reales de jubilación al 10 por ciento de la fuerza laboral boliviana, quedando el restante 90 por ciento sin derecho a recibir en el futuro rentas de jubilación, debiendo por tanto trabajar hasta la muerte.

Este sistema privatista se basa en la capitalización individual, donde cada trabajador realiza una contribución mensual del 12,5 por ciento de su salario con destino a su propia cuenta individual, de la cual se beneficiará con una pensión de vejez cuando se jubile. En este sistema, que permite que las AFPs obtengan millonarias utilidades al manejar 3.200 millones de dólares aportados por los trabajadores, no hay aportes de los empresarios ni del Estado.

Este sistema intenta ser preservado tal como está por la oligarquía, los partidos de derecha, las asociaciones y gremios empresariales y los grandes medios de comunicación.

El Gobierno del presidente Morales intenta, en lo esencial, mantener el sistema de capitalización individual, con la principal salvedad de que los 3.200 millones de dólares ya no sean administrados por las AFPs, si no por el Estado.

La COB, en cambio plantea, en lo fundamental: i) reducir la edad de jubilación de 65 años a 55 para los trabajadores, ii) volver al sistema solidario para que los trabajadores activos aporten en una bolsa común para la jubilación de los viejos, iii) eliminar la administración privada de los fondos de jubilación, hoy en manos de las AFPs Zurich Financial Services y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, para que estos recursos sean administrados bajo control directo de las organizaciones de los trabajadores, y iv) que el Estado, las transnacionales y las empresas privadas aporten obligatoriamente a los fondos de jubilación en una cuantía que garantice la sostenibilidad del sistema.