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La
derecha gana las calles, Evo cuenta sus votos
Econoticiasbolivia,
19/08/08
Las
bandas fascistas toman el control de cinco de las 10 grandes
ciudades de Bolivia e imponen su ley, ante la pasividad del
presidente Morales que se lamenta y pide diálogo y
concertación con los sediciosos
La
Paz.– La racista oligarquía boliviana, los prefectos
(gobernadores) derechistas y los 100 poderosos clanes, que
manejan la tierra y los grandes negocios, desataron una
nueva escalada subversiva para consolidar su dominio y poder
sobre cinco de las nueve regiones de Bolivia y poner a raya
al presidente indígena, Evo Morales, que, en el extremo del
democratismo, aún cree que el voto popular basta y sobra
para lograr que el fascismo arríe banderas y apoye a su
administración.
Este
martes, las fuerzas de la derecha, que ejercen un férreo
control sobre el oriente y parte de los valles de Bolivia
(Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca) desarrollaban
un contundente paro cívico en contra de Morales, exigiéndole
la devolución de recursos generados por la explotación del
gas y el reconocimiento de sus ilegales e inconstitucionales
autonomías separatistas.
En
las cinco principales ciudades de estas regiones el paro se
cumplía en horas de la mañana sin incidentes mayores.
Muchos cumplían la huelga de 24 horas, apoyando a sus
dirigentes cívicos, políticos y empresarios de derecha,
mientras otros tantos acataban la medida para evitar
represalias y la violencia de los grupos fascistas, que
tienen el control de los puntos estratégicos de las
ciudades.
En
estas regiones del oriente y los valles, desde hace un año,
el poder real está en manos de los prefectos derechistas y
de las bandas fascistas, que actúan con total impunidad y
que, incluso, atacan y vejan a la Policía y a sus
comandantes, que son leales a Evo Morales.
El
fascismo alza cabeza
En
Santa Cruz, en la madrugada de este martes, las bandas
fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista, con escudos,
palos y armas cortas, golpeaban a los vecinos que se resistían
a acatar el paro, agredían y pateaban policías, quemaban
vehículos policiales y arrasaban con los comercios que
osaban abrir sus puertas. Lo mismo hicieron, aunque en mayor
escala, el pasado viernes y sábado, cuando intentaron tomar
el Comando de la Policía. Allí no hay más ley ni orden
que la impuesta por la fuerza por la ultraderecha fascista.
Allí, Evo Morales es una persona “non grata”.
Más
al norte, en Cobija, la capital de Pando, hay bloqueos
organizados por las bandas fascistas que han armado
“columnas cívicas” que amedrentan y golpean a los
disidentes. Los grupos violentos han
cerrado los puentes, no dejan ni siquiera caminar a
la gente y todos los comercios están cerrados. Hay
provocaciones e insultos.
En
Sucre, la racista capital de Chuquisaca, no hay transporte,
no hay clases en las escuelas, no funcionan las entidades públicas
y hay muy poco comercio. Sólo funcionan los mercados
campesinos.
En
Tarija, en el sur, los grupos juveniles de choque han tomado
oficinas públicas, no hay comercio ni transporte.
En
Trinidad, la capital del Beni, el paro también es
contundente, no hay reportes de incidentes y nadie se atreve
a enfrentar a los derechistas.
En
todas estas ciudades y regiones, las fuerzas que respaldan
al presidente Morales están arrinconadas. Allí no sirve,
ni siquiera de consuelo, que el pasado 10 de agosto unas 400
mil personas hubiesen votado a favor de Evo y contra una
oligarquía, que hace y deshace a placer.
Lamento
andino
Frente
a esta arremetida fascista, el gobierno de Morales hizo lo
de siempre, lamentó los sucesos y condenó verbalmente a la
derecha, pero siguió recontando su montaña de votos (un
poco más de dos millones) que cree suficiente para doblegar
pacíficamente la conjura en su contra.
“El
Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, está en un proceso
de franca conspiración y desestabilización de la
democracia en el país, es algo así como un prefecto de la
violencia y del insulto", denunció el portavoz de
Gobierno, Iván Canelas. "Es un prefecto que no ha
entendido el resultado del referéndum revocatorio del
domingo y que no quiere ingresar en un proceso de concertación
y de diálogo", añadió.
El
vocero de Morales anunció que, a pesar de la agresividad
del prefecto cruceño, "el Gobierno va a seguir tendiéndoles
la mano, va a seguir proponiendo un diálogo, una concertación
para resolver los problemas del país en el ámbito más pacífico
posible".
Diálogo
y apología
Esta
nueva invocatoria al diálogo se da tras que fracasara una
primera reunión, luego que la oligarquía y los prefectos
rechazaron la propuesta de Morales que ofreció un pacto
sobre las autonomías, la nueva Constitución y la
distribución de los recursos fiscales.
El
primer intento de Morales para lograr un pacto de largo
aliento con la oligarquía se dio a principios de la pasada
semana, tras el referéndum revocatorio del 10 de agosto que
ratificó en sus cargos a Evo, su vicepresidente Alvaro García
Linera y a sus principales opositores de derecha. En las
urnas, Evo obtuvo el 67 por ciento de los votos (2,1
millones), el prefecto Rubén Costas de Santa Cruz el 66 por
ciento (450 mil votos), Mario Cossío de Tarija el 58 por
ciento (78 mil), Ernesto Suárez del Beni el 64 por ciento
(64 mil votos) y Leopoldo Fernández de Pando el 56 por
ciento (15 mil votos).
Esta
votación ha sido considerada por todos los escribas y
apologistas de Morales, dentro y fuera del país, como un
“triunfo histórico nunca visto”,
“victoria histórica”, “una lección para el
imperio” y algunos serviles no han trepidado en loar a
“Evo el magnánimo”, todo ello para que en una mesa de
negociaciones el presidente indígena transforme esos dos
millones de votos en un pacto con la oligarquía y el
fascismo.
Conspiración
abierta
Sin
embargo, las élites blancoides no quieren saber nada del
“indio presidente” y avanzan en su afán por echarlo del
cargo y acabar con los sindicatos y organizaciones sociales
que son una amenaza para sus privilegios y millonarias
ganancias.
“El
objetivo político que están buscando es la desestabilización
del Gobierno y el derrocamiento del presidente Evo Morales,
lo intentaron el 10 de agosto y no lo lograron, por eso están
armando una estrategia para la división del país”, dijo
el diputado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS),
Jorge Silva.
Su
colega, Gustavo Torrico, aseguró que “lo que están
buscando (los prefectos derechistas) es una especie de
separatismo porque saben que sus privilegios se les acabaron
y esos privilegios que tenían están queriendo cuidar y harán
todo lo humanamente posible y hasta lo imposible por
preservarlos”.
Pese
a ello, el Gobierno aseguró que persistirá en el diálogo
con los fascistas y que no usará la fuerza para frenar la
subversión.
El
senador del MAS, Antonio Peredo, dijo –según reseña la
agencia Bolpres–, que los grupos violentos provocan al
Gobierno para que reaccione violentamente. "La solución
más simple es que el Presidente Evo Morales dé un
autogolpe, cierre el Congreso, despida jueces, nombre jueces
por decreto y se proclame autoridad suprema con el respaldo
de dos tercios de la población y vamos a la cárcel con
toda la gente que hace eso. Yo creo que esa es la imagen que
ellos quieren llevar adelante y que el Gobierno no va
aceptar ese reto".
Política
conciliadora
En
los hechos, Morales ha optado por tratar con guantes de seda
a la oligarquía, al fascismo y a los 100 clanes, que están
en abierta guerra y quieren destruir al Gobierno indígena,
a los sindicatos y organizaciones populares y
revolucionarias. Evo no quiere ni piensa destruir al
fascismo y a la oligarquía. Por el contrario, trabaja para
armar un pacto con ellos, para lograr que las minoritarias
élites blancoides compartan el poder con las emergentes élites
indígenas, tal como lo admitió claramente el
vicepresidente García Linera.
El
proyecto político gubernamental es robustecer el
“capitalismo andino”, sustentado en la propiedad
privada, en el respeto a la inversión extranjera y en el
fortalecimiento de la burguesía nacional y de los pequeños
productores privados, con el aporte y participación
estatal.
Evo
quiere, en el fondo, asociarse con los oligarcas y las
transnacionales y pretende avanzar hacia una nueva
Constitución Política del Estado que preserve estos
intereses, pero que también reconozca todos los derechos de
las comunidades indígenas y campesinas, y que le permita
reelegirse en el cargo por los siguientes 10 años. Por
ello, ante cada ataque de la derecha, ofrece la otra mejilla
y desaira los insistentes pedidos de los sindicatos y
organizaciones populares que creen que no es posible
convivir con la oligarquía y el fascismo y que es necesario
destruirlas.
La
tercera vía
Por
ello, Evo no escucha a la Central Obrera Boliviana (COB) que
postula la destrucción del “enemigo principal” y lucha
por el cumplimiento de la “agenda de octubre” del 2003
(arrebatándole las tierras, las
minas, las agroempresas, el gas y el petróleo).
Al
interior de la COB, los sindicatos más radicales, como
mineros y maestros, están seguros que una montaña de votos
no es suficiente para liquidar a la oligarquía ni tampoco
para obligar a Morales a poner mano dura contra la derecha y
cumplir con la agenda de octubre (gas, petróleo y minas
para el Estado, tierras para los campesinos y buen salario,
empleo y jubilación digna para los trabajadores). Otros, en
cambio, tienen aún esperanzas en que Evo deje de ser tan
blando con la oligarquía y cumpla con las demandas
populares.
El
documento político del Congreso de la Central Obrera de
Oruro es elocuente al respecto. “Lamentablemente, el MAS,
fiel a su línea reformista, desconoce y no aplica las
demandas contenidas en las Agendas de lucha del pueblo
boliviano, manteniendo la política económica neoliberal y
ocasionando las crisis y problemas económicos que son
propias del modelo. La inflación, desempleo, el hambre y
miseria son flagelos de esa política económica que vivimos
durante décadas desde que se impone el neoliberalismo a
través del 21060”.
“Los
acuerdos, pactos y concesiones cedidas por el MAS a la minoría
oligárquica es parte de su política de conciliación y
entendimiento con el enemigo de clase utilizando el cuento
de convertir en socios a los patrones”.
“La
experiencia de la Asamblea Constituyente y de la
propagandizada Revolución Democrática Cultural, que es la
línea del gobierno, nos demuestra la imposibilidad material
de lograr la revolución de manera pacífica, alternativa
practicada una y otra vez por el reformismo logrando sólo
prolongar la agonía del capitalismo y mantener la explotación
cruel de millones de trabajadores, desocupación gigantesca
y pobreza desesperante”.
Lucha
frontal
Entre
los sindicatos más radicales de la COB hay la certeza que
la conciliación con la oligarquía y el fascismo no traerán
nada bueno a los trabajadores y al país. “No existe otra
opción que el de preparar las fuerzas del proletariado y
del pueblo para una confrontación final y violenta (contra
la oligarquía y el imperialismo, NdR), donde la victoria de
los trabajadores y pueblo harán posible la construcción de
una nueva y verdadera sociedad de las mayorías”, dice la
Central de Oruro.
En
esta perspectiva, estos sindicatos plantean “la unidad de
los trabajadores del campo y la ciudad, naciones
originarias, clase media empobrecida y pueblo todo de
Bolivia contra la minoría oligárquica y terrateniente que
pretende dividir el país a través de los comités cívicos
de la media luna, entidades empresariales y trasnacionales y
partidos políticos neoliberales reciclados como UN,
PODEMOS, MNR, MIR, NFR, etc”.
Su
norte es la “lucha decidida y organizada junto a nuestra
organización matriz, la COB, para imponer las Agendas de
lucha del 2003 y 2005 como única forma de profundizar el
proceso revolucionario del pueblo boliviano”.
Todo
ello, sin embargo, colisiona con la orientación
gubernamental, que sigue ufanándose de su triunfo en las
urnas, mientras la derecha fascista impone su ley en las
calles.
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