Estrategia
opositora muestra dudas y fisuras
Análisis
de Franz Chávez
Inter
Press Service (IPS), 04/09/08
La Paz.–
Grandes diferencias surgieron entre los opositores al
presidente izquierdista de Bolivia, Evo Morales, tras 10
horas de debate del Consejo Nacional Democrático (Conalde)
para coordinar una estrategia de asfixia económica y energética
al gobierno.
La
coincidencia sólo alcanzó para acordar la resistencia al
referendo constitucional, convocado por Morales mediante
decreto para el 7 de diciembre.
La central
ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue el escenario del
encuentro de cinco prefectos (gobernadores), organizaciones
civiles y empresariales y legisladores del derechista
partido Poder Democrático y Social (Podemos) del ex
presidente Jorge Quiroga (2001–2002), que conforman el
bloque opositor expresado en el Conalde.
Después de
la victoria de Morales en las urnas el 10 de agosto, cuando
obtuvo 67 por ciento de los sufragios a favor de que continúe
su mandato hasta enero de 2011, la oposición intentó
imponer un cerco alimentario y el bloqueo de carreteras,
pero sus medidas se debilitaron por las pérdidas que
provocan a los empresarios exportadores.
La oposición
cuestiona que Morales haya convocado por decreto el
referendo sobre el texto aprobado por la Asamblea
Constituyente, cuando ese procedimiento está en manos del
parlamento, según manda la Constitución.
Esta
semana, la Corte Nacional Electoral consideró ilegal la
convocatoria por decreto, adoptada por Morales a fines de
agosto para decidir la suerte de un texto que había sido
aprobado por la Constituyente en diciembre de 2007, sin la
presencia de los asambleístas opositores.
Desde hace
10 días, pobladores afines al movimiento opositor y
autonomista, bloquean las vías del sur del país que
conectan a Bolivia con la vecina Argentina, y los primeros
efectos del desabastecimiento de combustibles afectan al
sureño departamento de Tarija.
El miércoles,
el Conalde anunció las resoluciones de una prolongada reunión
iniciada el martes por la noche, con una nueva convocatoria
al bloqueo de carreteras para obligar al gobierno a devolver
49 millones de dólares que retiró de la partida del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que perciben los
departamentos, para destinarlos a una renta mensual
vitalicia de 26 dólares para 676.000 personas mayores de 60
años.
Los
prefectos de Santa Cruz (este), Beni (noreste), Pando
(norte), Tarija y Chuquisaca (sur) convirtieron esta demanda
en una bandera política contra Morales, que a su vez se
defiende afirmando que esos recursos son insignificantes
frente a los 2.010 millones que se transfieren a las
prefecturas en el año en curso, una suma que duplica los
952 millones de dólares que se transferían en 2005.
Las medidas
del Conalde no conducirán a una solución del conflicto
porque la violación de la Constitución ejercida por
Morales no se puede combatir con otra medida que atenta
contra la carta magna, dijo el senador de Podemos, Luis Vásquez.
La opinión
reflejó las diferencias entre el movimiento opositor y su
representación parlamentaria expresada por los 56
legisladores de Podemos, algunos de los cuales fueron
echados de la sala de reuniones del Conalde en la madrugada
por discrepar con los métodos violentos adoptados de grupos
radicales de derecha.
Desde la
tarde del martes y hasta las primeras horas de la madrugada
del miércoles, grupos juveniles apoyados por el pro
empresarial Comité Cívico de Beni, atacaron las oficinas
de cobro de impuestos y del Instituto Nacional de reforma
Agraria (INRA) de Trinidad, capital de Beni, y se
enfrentaron con el ejército, que custodia el patrimonio
estatal.
Dirigentes
sindicales y sociales aseguraron que pasaban a la
clandestinidad por la amenaza de los grupos de choque del
Comité Cívico de la región y expresaron que temían por
sus vidas y las de sus familias.
Los líderes
de la oposición, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas y
el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el
empresario Branko Marinkovic, aparentemente buscan alejar el
escenario del conflicto de esa región por la inminente
apertura de la Feria Internacional Expocruz, que se celebrará
entre el 19 y el 28 de este mes y que genera anualmente
negocios por unos 120 millones de dólares.
La oposición
intentó forzar al gobierno con una huelga de hambre que,
antes del referendo del 10 de agosto, cumplían más de un
millar de personas, pero la medida quedó desvirtuada por el
poco rigor de los huelguistas en la privación de alimentos,
mostrado por las cámaras de la televisión.
Quedó además
en evidencia que los sectores exportadores están apostando
a alcanzar un récord en la venta de productos
industrializados y materias primas que, según el gobierno,
superará los 6.000 millones de dólares este año, mientras
en 2007 fue de 4.780 millones de dólares.
Un ambiente
favorable del comercio exterior, con gran demanda de
productos básicos como el gas, el petróleo, los minerales
y los bienes agroindustriales, acompañado de altas
cotizaciones han contribuido al incremento de los ingresos
de divisas, en un país cuyo producto interno bruto (PIB) es
de 14.715 millones de dólares.
La
actividad económica y las exportaciones han progresado
simultáneamente y coincidiendo con el ciclo gubernamental
de Morales.
Pero el
presidente de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia, Gabriel Dabdoub, cuestiona la gestión del
mandatario indígena en materia de atracción de inversiones
y estima que la falta de políticas para incentivar la
actividad privada ha desalentado la llegada de unos 400
millones de dólares de nuevos capitales por año.
La cúpula
opositora, concentrada en las prefecturas de la oriental
región de la Media Luna, los comités cívicos y los grupos
de choque, no ha logrado una adhesión plena de sectores
empresarios y gente común, que han preferido una salida
democrática al conflicto.
La balanza
a favor de Morales también está fortalecida por los
sectores populares de los departamentos gobernados por la
oposición, y por ello las lecturas sobre el número de
regiones contrarias al gobierno de izquierda tienen dos ángulos.
Muchos
analistas llegaron a la rápida conclusión de que cinco
regiones, dirigidas por prefectos opositores y autonomistas,
están contra Morales, pero también puede advertirse que
las poblaciones empobrecidas, rurales y marginadas
distribuidas en la extensa geografía de esos departamentos,
representan una silenciosa reserva social del gobierno
izquierdista.
Hasta
ahora, las voces de estos sectores postergados se
manifestaron pidiendo al gobierno una actitud drástica para
imponer el orden, asistida por el respaldo popular, pero
otra corriente prefiere evitar el uso de la fuerza pública
y los choques, pues un saldo de víctimas podría fortalecer
a los opositores.
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