Luto
y bronca por la matanza de campesinos
Por
Sebastián Ochoa
Corresponsal en Bolivia
Página 12, 13/09/08
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Philip
Goldberg, experto en cortocircuitos
El
hombre de la foto con un “para”
La
expulsión del embajador Philip Goldberg marca el
punto de máxima tensión de una etapa en la que la
desconfianza y las acusaciones de conspiración por
parte de La Paz fueron moneda corriente. “Espero que
Goldberg no vuelva para unificar a la oposición, de
cara al revocatorio, y ser articulador político de
una oposición que no sabe qué hacer”, había dicho
el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, tan sólo un
mes atrás.
Formado
en la carrera del Servicio Exterior estadounidense,
Philip Goldberg presentó sus credenciales al
presidente boliviano el 13 de octubre de 2006. Hasta
entonces se había desempeñado como jefe de misión
estadounidense en Pristina, Kosovo, cargo que llevó
adelante desde 2004. Pero su llegada a La Paz no era
su primera experiencia sudamericana. Entre 2001 y 2004
había sido consejero de la Embajada de EE.UU. en
Chile.
El
primer cortocircuito entre el diplomático y el
gobierno del presidente Evo Morales llegó en
noviembre de 2007. El ministro de Gobierno, Alfredo
Rada, brindó una conferencia de prensa para divulgar
una fotografía en la que Goldberg posaba junto a un
delincuente colombiano. El diplomático se excusó
asegurando que se trató de una foto casual, durante
un evento social en Santa Cruz de la Sierra. Morales
insistió con que el hombre de la foto era un
paramilitar, pero el hecho no pasó a mayores.
Tres
meses después Rada citó a Goldberg a su despacho,
esta vez para pedirle explicaciones sobre un caso de
espionaje. Durante más de tres horas el diplomático
aclaró las de revelaciones de un becario
estadounidense que había denunciado que Vincent
Cooper, un empleado de la embajada, le había exigido
que recopilara información sobre las actividades de
los cubanos y venezolanos que trabajaban en el país
andino en tareas de asistencia médica y campañas
educativas. “El gobierno boliviano acepta las
disculpas del embajador”, dijo entonces el canciller
David Choquehuanca, aunque las sospechas de
conspiración se mantuvieron presentes.
El
9 de junio, tras la revelación del ex presidente
Sánchez de Lozada –acusado de genocidio– de que
el gobierno estadounidense le había otorgado asilo,
miles de vecinos de la ciudad de El Alto se
manifestaron con piedras, palos y petardos ante la
Embajada de EE.UU. en La Paz. Tras los hechos de
violencia, desde Washington llamaron a su embajador a
consultas, a modo de queja del apoyo de Morales a la
protesta. Goldberg regresó dos semanas después. Rada
manifestó su inquietud por el hecho de que, ante su
vuelta, los opositores se reunieran con funcionarios
de la embajada. (Sebastián Ochoa) |
Ayer
aparecieron seis cadáveres flotando en un río de la
prefectura de Pando, que se suman a los nueve campesinos
masacrados por fuerzas parapoliciales que responden a los
movimientos autonómicos.
Santa
Cruz.– El presidente Evo Morales y el prefecto de Tarija,
como representante de los departamentos de la Media Luna, se
reunieron ayer en La Paz para tratar de calmar la violencia
generalizada en el oriente boliviano. Cuando el prefecto
Mario Cossío aceptó volar a la cita con Morales, el
gobierno le adelantó en una carta que el diálogo sería
amargo: “Lamentamos que para este cambio de actitud haya
tenido que suceder tanta desgracia, daños irreparables y
dolor”. Mientras empezaba la reunión, el gabinete de
ministros firmó el Decreto Supremo Nº 29705, que dicta el
estado de sitio en Pando. Se calcula que 15 personas, casi
todos campesinos, fueron asesinadas hasta ahora por grupos
paramilitares en este departamento de la Amazonia boliviana.
Ayer, declarado día de luto nacional, Morales dijo en
Cochabamba: “Tal vez el culpable sea yo al decirles a las
Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que no usen armas
contra el pueblo. Tal vez por eso algunos grupos se
aprovechan de eso para ofender y humillar a las FF.AA. y a
la Policía”.
Ayer a la
madrugada, el presidente Morales ordenó al ejército salir
a las rutas de sudeste y desbloquear todas las rutas que
conectan a los campos petroleros, para evitar nuevas tomas.
Los opositores protestaron, pero finalmente liberaron las
rutas de forma pacífica. Hasta el cierre de esta edición,
el gobierno nacional no había informado si habían logrado
recuperar el control de las plantas de hidrocarburos de
Tarija.
Entre las
declaraciones de solidaridad de otros países hubo una que
incomodaría a cualquier gobierno. El venezolano Hugo Chávez
afirmó que intervendrá el ejército de su país si alguien
se atreve a derrocar a Morales. El comandante en jefe de las
FF.AA., Luis Trigo, le respondió con uniforme de combate:
“Al señor presidente de Venezuela y a la comunidad
internacional le decimos que las FF.AA. rechazan enfáticamente
intromisiones externas de cualquier índole, vengan de donde
vengan, y no permitirán que ningún militar o fuerza
extranjera pise el territorio nacional”.
Y pasó a
dirigirse a los grupos organizados por cívicos y
prefecturas del oriente: “Advertimos que no vamos a
tolerar más el accionar de grupos radicales violentos que sólo
están buscando el enfrentamiento entre bolivianos,
provocando dolor y luto”.
Finalmente,
el jefe militar aseguró: “Al pueblo boliviano, de quien
venimos y a quien nos debemos, le decimos que las acciones
de las FF.AA. están enmarcadas en el artículo 208 de la
Constitución y en cumplimiento a ello vamos a garantizar el
patrimonio de la Nación, el funcionamiento del aparato
estatal y de los servicios públicos, así como la
conservación de los recursos estratégicos. La ciudadanía
tiene que tener certeza de que todo el material y equipo no
será utilizado en contra del pueblo. Cualquier tipo de
movilización de tropa, material y equipos militares
obedecerá estrictamente a la ejecución de operaciones
militares que tienen el único propósito de garantizar el
imperio de la Carta Magna y el orden interno. Sólo en caso
extremo será empleada para garantizar el orden interno y
responder con tesón y patriotismo a cualquier amenaza de
esos grupos vandálicos y delincuentes que han venido a
subvertir el orden interno.” A pocas horas de su discurso
se dictó el estado de sitio.
La noche
anterior, cuando anunció el día de luto nacional, el
vicepresidente, Alvaro García Linera, había lanzado una
dura advertencia. “Exigimos el repliegue inmediato de cada
uno de los grupos de ladrones que ya están ocupando los
campos gasíferos y las instituciones. Tienen que saber que
tarde o temprano la fuerza de la Constitución va a
imponerse sobre ellos. Han atentado contra la vida de
bolivianos y tiene que haber responsabilidad penal”, señaló.
Anoche,
mientras el ministro de Defensa declamaba el decreto, un avión
militar aterrizó en Cobija, capital de Pando, y desalojó a
los autonomistas que ocupaban el aeropuerto. Acto seguido,
los 200 soldados salieron a patrullar la ciudad, a oscuras
porque los cívicos cortaron el servicio eléctrico. Al
parecer, el prefecto Leopoldo Fernández ya no estaba en la
ciudad.
“Teníamos
la esperanza de que hubiera un diálogo, pero el ejército
se metió en Pando para meter bala. Si ésta es la idea de
dialogar del presidente Morales, está muy equivocado”,
dijo el presidente de Comité Pro Santa Cruz, el empresario
agroindustrial y latifundista Branko Marinkovic. El
prefecto, Rubén Costas, acusó al MAS por la “violencia
asesina” reinante en su región. En los últimos días,
fueron tomados 30 edificios públicos y 140 puestos de peaje
en el oriente boliviano.
En la Media
Luna prevalece la noción de que el presidente Morales es
culpable de la violencia en el oriente. “Necesitamos que
las partes pongan todo el empeño posible para que, como
primer resultado, logremos la pacificación de Bolivia. Ocho
muertos y muchos heridos en Pando, las tomas de Santa Cruz
con acciones militares, los militares en Villamontes,
acciones militares que han sido planificadas y felizmente no
ejecutadas con una tensión profunda en Beni, Chuquisaca,
son suficientes ya para que Bolivia recupere la cordura”,
dijo Cossío antes de encontrarse con Morales.
El Consejo
Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a los dirigentes
de la Media Luna (Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y
Chuquisaca), lleva 20 días de protesta para que el gobierno
nacional restituya a las prefecturas el 30 por ciento que
les quitó de los recursos del impuesto a los hidrocarburos
(IDH), para financiar un bono de 30 dólares destinado a
mayores de 60 años. También se resisten a los intentos de
Morales por someter a referéndum la nueva Constitución.
“Los
acribillaron con ametralladoras”
Emboscada
en Pando
Por
Sebastián Ochoa
Corresponsal en Bolivia
Página 12, 13/09/08
“Estábamos
desarmados, no como dicen ellos. Nos detuvieron a unos siete
kilómetros antes de Porvenir y luego nos atacaron cuando
avanzamos a la altura del puente. Nos emboscaron y
comenzaron a disparar desde los árboles con ametralladoras
automáticas”, relató a la Red Erbol el campesino, que
perdió a más de diez compañeros en la llamada “Masacre
del Porvenir”. El gobierno nacional denunció que el
prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, entrena a
paramilitares desde hace dos años para acciones de este
tipo. La representante presidencial pandina, Nancy Texeira,
dijo que el prefecto también contrató a sicarios de Brasil
y Perú, lindante con este departamento de 70 mil
habitantes.
El diputado
de Unidad Nacional (UN) Abraham Cuéllar, cuya casa en
Cobija fue incendiada el año pasado por los cívicos, dijo
que “hay más muertos en el monte, la selva y orillas de
los ríos, porque los emboscadores ingresaron hasta las
poblaciones para seguir persiguiendo a los campesinos. Aquí
no tenemos ninguna garantía, a mí me amenazaron de muerte.
Esta mañana se encontraron seis fallecidos más en un playón
que está cerca de El Porvenir, pero esos cuerpos no
pudieron ser trasladados a Cobija por falta de seguridad, no
hay garantías para nadie, ni la Policía pudo pasar al
sector”.
Un vecino
de El Porvenir relató al diario El Deber cómo se asesinó
a estas personas: “Les dispararon como cazando troperos. A
esos cuerpos los llevó el río, están en el monte o en los
arroyos. Esas cifras que sacan en la tele no son ciertas,
por lo menos hay veinte muertos más. Es una pena lo que pasó,
pero ellos (los campesinos) tampoco eran cristianos”.
Karina
Escalante Guerra, profesora del municipio de Filadelfia,
afirmó que “nuestros hermanos campesinos fueron
acribillados con ametralladoras, revólveres y escopetas que
usaron las personas pagadas por el prefecto de Pando,
Leopoldo Fernández, quien incluso contrató a sicarios de
Brasil. Porvenir está a dos horas a pie de aquí,
Filadelfia. Los que escaparon llegaron por monte y por el
agua desesperados. Pedimos al gobierno de una vez actúe,
tenemos amenazas de que vienen a quemar la alcaldía,
quieren al alcalde, yo no sé qué hace este gobierno, por
qué no manda de una vez a las FF.AA.”.
El 1º de
junio pasado, cuando Pando votó por su estatuto autonómico,
los campesinos de Filadelfia habían quemado urnas, material
electoral y enfrentado a los autonomistas. “Hemos sido los
que más hemos apoyado a Evo en el Revocatorio, ahora que
demuestre que está de nuestro favor. De lo contrario nos
vamos a levantar contra el gobierno, porque hasta ahora
hemos demostrado que estamos peleando a favor del proceso de
cambio que impulsa el presidente, pero no estamos a favor
del cambio para que haga matar a nuestra gente.”
En
septiembre de 2006, la entonces ministra de Gobierno, Alicia
Muñoz, había denunciado que Fernández entrenaba en Cobija
al menos a un centenar de paramilitares que, supuestamente,
brindarían “seguridad ciudadana”.
Según el
decreto del estado de sitio, a los funcionarios pandinos que
hayan intervenido en actos de violencia “se aplicará el
Artículo 112 de la Constitución, que establece la detención
o confinamiento”. Tal vez por eso ayer Fernández estaba
difícil de ubicar.
El decreto
establece que “las FF.AA., la Policía Nacional y todos
los organismos de seguridad y de protección del Estado
realicen trabajos de emergencia, de protección y de dotación
de seguridad a la población del departamento de Pando”.
Anoche los medios de comunicación mencionaban que había
heridos y hasta un muerto en Cobija, pero el gobierno aún
no lo confirmó.
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