Bolivia

El MAS, la COB, el campesinado y la clase obrera

Entre la contención y la radicalización

Por José Luis Rojo y Martín Camacho
Desde La Paz, Bolivia
Socialismo o Barbarie, periódico, 25/09/08

Uno de los aspectos suicidas del gobierno de Morales es su política de “contención” del movimiento de masas. Porque puede ocurrir que éste finalmente termine sacando la conclusión de que “siempre caen de nuestro lado y no del de ellos” y al ver que el gobierno siempre ofrece “la otra mejilla”… termine desmoralizándose.

El tercer aspecto suicida del gobierno de Morales es su política de “contención” del movimiento de masas. Porque puede ocurrir que éste finalmente termine sacando la conclusión de que “siempre caen de nuestro lado y no del de ellos” y al ver que el gobierno siempre ofrece “la otra mejilla”… termine desmoralizándose.

No es casual que producto del repudio nacional a la masacre pandina se viera obligado el gobierno a avanzar en el encarcelamiento de Leopoldo Fernández. Pero la política sistemática del gobierno no ha sido ésta: ha sido siempre dejar pasar impunemente hechos y vejámenes brutales al tiempo que contener lo más posible la movilización originaria, campesina, popular y obrera[1].

Para colmo de colmos, al gobierno no le tembló la mano cuando se trató de reprimir a los mineros en lucha por la Ley de Pensiones, cobrándose dos vidas en Caihuasi, Oruro.

Las masas populares meten presión por la izquierda

Sin embargo, en las semanas de la sedición golpista y, sobre todo, a partir de la masacre de Pando, se empezaron a esbozar cuestionamientos por la izquierda al gobierno. Que se entienda bien: es claramente visible cómo en la mayoría campesina, originaria y popular (pero no tanto entre los trabajadores asalariados) hay confianza y apoyo al gobierno de Morales.

Además, claro está, funciona el mecanismo de la polarización: el país está dividido entre el propio gobierno y la fascista y racista oligarquía del Oriente, con lo cual, es muy difícil en estas circunstancias, y contra la corriente, afirmarse (como, por otra parte, es absolutamente imprescindible) con un curso independiente del gobierno reformista.

Pero a pesar de los señalado, en los días pico de la crisis, con sólo prender la radio, se puede tener un ejemplo contundente de lo a la izquierda del gobierno que se mostró todo un sector amplísimo de las masas.

Y no sólo en sus expresiones y exigencias verbales. También –como ya hemos señalado– en lo que hace a unos primeros pasos en el sentido de la autodefensa en determinados movimientos sociales; de armamento en algunos casos (sobre todo, de campesinos en el Oriente); de las intenciones que se esbozaron (y siguen hasta ahora) de movilizarse hacia Santa Cruz para aplastar a los sediciosos. Esto podría volver a repetirse en oportunidad de un nuevo fracaso y/o escalada de los enfrentamientos.

A esto hay que apostar, buscando la creación de organismos independientes de lucha y la independencia de las organizaciones de masas respecto del gobierno masista, al tiempo que la organización de su autodefensa y armamento.

La COB no acierta el rumbo

Esto, en primer lugar, sería necesario al interior de la misma COB; aunque, lamentablemente, su Ejecutiva acaba de dar un paso en sentido exactamente contrario firmando una “alianza” con el gobierno de Morales que sólo puede servir para quitarle independencia.

Precisamente, respecto del rol de la clase obrera en todo el proceso en curso desde el 2003, no deja de ser compleja la situación. La clase obrera minera fue el vértice de los explotados y oprimidos del país a lo largo de medio siglo.

Pero, lamentablemente, con la crisis del estaño y la ley privatista 21.060 (que cerró los principales centros mineros), se le propinó una derrota física y política de la cual –hasta ahora– sólo muy parcialmente se ha podido recuperar; en este sentido, es de importancia estratégica el centro principal de acumulación de la clase obrera minera que representa hoy Huanuni.

Pero también es verdad, y así lo hemos defendido desde nuestra corriente, que radicaciones populares inmensas como El Alto (o lo propio podría ser Plan 3000 en Santa Cruz) son ámbitos de acumulación y emergencia de una nueva clase obrera, de nuevos sectores de trabajadores asalariados y/o precarizados que podrían jugar un papel de cierto “relevo” de los mineros. En este sentido, es sabido el peso creciente de sindicatos como los Fabriles (lamentablemente en manos del MAS) de El Alto.

Sin embargo aquí hay otro problema a superar, que no es “estructural” o “material” sino mas bien político e ideológico: las nuevas generaciones de trabajadores parecen venir con prácticamente nula experiencia anterior. Y, además, ante el retroceso de la clase obrera minera, lo que apareció como identidad de interpelación de las mayorías explotadas y oprimidas es una justa, pero unilateral, identidad “originaria”.

En estas condiciones, la clase trabajadora no está pudiendo todavía cumplir un rol central en el proceso, excepción hecha por contingentes como los propios mineros de Huanuni o los sindicatos docentes urbanos de La Paz (también de gran peso y tradición de lucha).

A lo que venimos señalando se le agrega el evidente debilitamiento de la COB como tal. Un debilitamiento que las sucesivas direcciones, entre la adaptación al gobierno masista y desvíos “ultra izquierdistas” y con frases altisonantes que no logran tender un puente hacia las poblaciones originaria y campesina, no atinan a resolver.

Desde ya que el desafío no es nada fácil. En contra de esto también pesa el hecho del estrecho “reivindicacionismo” de la tradición lechinista[2] (aunque se rodeara siempre de frases “ultra revolucionarias”) que aun sigue pesando entre los cuadros dirigentes de la COB.

Parte de esto es la ceguera extrema a la hora de dar un paso hacia la independencia política de los trabajadores poniendo en pie un IPT. Por lo menos, se podría aprender de los cocaleros del Chapare, que montaron un instrumento político, el que derivó en el actual MAS…

El desprecio del MAS hacia la clase obrera

A todo lo anterior se le suma la política de desprecio hacia la clase obrera de parte del gobierno masista. Esto tiene dos componentes: un taparrabos ideológico que tiende, lisa y llanamente, a “borrar” la existencia misma de la clase obrera como tal, detrás de un discurso más o menos “indigenista”, encarnado esto en las elaboraciones de intelectuales de importancia del país como es el propio vice, Álvaro García Linera.

Pero, además, de ninguna manera se puede perder de vista que Morales y Linera defienden un “modelo” de capitalismo de Estado “andino–amazónico” para el país[3]. Es decir, su estrategia se queda en los límites del sistema desafiando sólo determinados aspectos del “neoliberalismo” de los ’90; desafío –como está dicho– en muchos terrenos más verbal que real; pero nunca, nunca cuestionando a la propiedad privada como tal!

Y más allá del hecho que –como sector social– nunca se debe olvidar de que el campesinado es defensor de la propiedad privada…, está el hecho que el no cuestionamiento al capitalismo significa que en la cabeza de Morales y Linera finalmente “alguien tiene que trabajar y generar las rentas” que pretendidamente se buscan “redistribuir”.

De ahí que la política hacia la clase obrera no haya dejado de ser extremadamente conservadora, por decir poco. El propio gobierno parece no tener vergüenza en reconocer esto como “la agenda pendiente del gobierno del MAS”. Como señalara meses atrás la agencia noticiosa Bolpress: “La protesta fabril en Cochabamba adquiere gran trascendencia política en este momento de transición. El obrero y el asalariado de clase media se han distanciado del gobierno de Morales porque sus condiciones de vida no han mejorado, a diferencia de otros sectores sociales campesinos e indígenas que han sido beneficiados con bonos y programas de asistencia estatal. En una reciente reunión nacional, los maestros rurales, una de las bases sociales más importantes del MAS explosionaron al constatar que Morales no ha cumplido ninguna de sus promesas y niega categóricamente cualquier posibilidad de reajustar los sueldos en función a la inflación [cualquier similitud con otros países de la región es pura “coincidencia”, J.L.R. y M.C.]. En la transición política en Bolivia, es un problema sin resolver, ‘una deuda pendiente del gobierno’, como reconoce el vicepresidente García Linera en referencia al núcleo asalariado con salario fijo”[4].

Hay que poner en pie una Asamblea Popular

El gobierno de Morales y Linera es un gobierno reformista de frente popular donde las organizaciones de masas gestionan el Estado burgués. Pero, además, con la particularidad de que no es una dirección reformista de la clase obrera la que está al frente del Estado, sino una campesina originaria y representante de sectores medios intelectualizados.

En estas condiciones, la clase obrera, debe –sí o sí– construir su propio camino para poder aspirar a cumplir un rol independiente en la crisis nacional que desborde y supere los límites reformistas (y cada vez más suicidas) de la experiencia del MAS.

En este camino, y cómo ámbito para afirmar su hegemonía dentro de una alianza obrera, originaria, campesina y popular deberá dar pasos en la puesta en pie de una “institucionalidad” alternativa a la del Estado burgués: una Asamblea Popular Nacional, Obrera, Originaria y Campesina como la que se empezó a esbozar en El Alto en las jornadas de mayo–junio del 2005.


[1] Econoticias de Bolivia denunciaba, semanas atrás, declaraciones de García Linera ante uno de los tantos hechos de ataque racial: “cómo ya es de rigor en estos casos, el gobierno indígena se limitó a lamentar los sucesos: ‘nos avergüenza como país, a la región y a los bolivianos. Ante eso, junto con la sanción moral que está expresando la propia ciudadanía, se debe hacer una investigación”… Las palabras sobran.

[2] Juan Lechín Oquendo fue el dirigente histórico de los mineros y la COB a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Una figura burocrática que tuvo un tremendo y muy negativo peso entre las filas de la clase obrera del país y que no podía no dejar su impronta, incluso, hasta el día de hoy.

[3] En este sentido ver la nota ya citada “Referéndum constitucional, propiedad privada y reparto de la tierra”.

[4] Bolpress, 07–08–08.