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Racismo,
discriminación e impunidad
Econoticiasbolivia,
30/09/08
La
Paz.– El racismo está actuando en Bolivia con total
impunidad, a vista y paciencia de las autoridades, denunció
una misión de la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH).
La
misión investigadora, que desarrolló su trabajo en Bolivia
entre el 20 al 29 de septiembre, tras la masacre de
campesinos a manos de bandas de sicarios y fascistas
vinculados a la prefectura de Pando, denunció el clima de
terror e inermidad en la que se encuentran los campesinos e
indígenas.
Lamentamos
que “se haya impuesto la impunidad al renunciar las
autoridades – a las que constitucionalmente compete la
salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos
– a su deber de prevenir, reprimir, investigar y sancionar
los actos delictivos que se han cometido contra estos
derechos”, señala el informe preliminar de la FIDH.
La
misión califica de de muy grave la “falta de asunción de
sus responsabilidades por parte de la Policía Nacional,
tanto en sus labores preventivas como de persecución de los
delitos de motivación racista, lo que puede generar una
sensación de impunidad y afecta gravemente a las
posibilidades de persecución penal, perdiéndose en muchos
casos lo posibilidad de recogida y preservación de pruebas
esenciales para la efectividad de la persecución penal”.
Racismo
y violencia
Según
el informe de la FIDH, “Bolivia atraviesa actualmente una
aguda crisis política y social en la que el racismo no sólo
se expresa de manera muy notoria, sino que se manifiesta, al
mismo tiempo, en forma cada vez más violenta”.
“La
FIDH ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación
por el recrudecimiento de los actos violentos fundados en la
intolerancia, la discriminación y el racismo en Bolivia y
ha denunciado también los ataques, actos de hostigamientos,
amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos y
dirigentes campesinos que luchan contra la impunidad, o por
una repartición más equitativa de la tierra, perpetrados
por actores radicales, entre los cuales aparece la Unión
Juvenil Cruceñista, grupo paramilitar que no es sino el
brazo armado del Comité Cívico de Santa Cruz”.
Para
examinar esta situación en detalle y con profundidad, la
FIDH comisionó a Javier Mujica (abogado peruano,
representante de la misma ante los órganos de la OEA), a
José Ricardo de Prada (magistrado de la Audiencia Nacional
de España y miembro de Tribunales Penales Internacionales)
y Anantonia Reyes Prado (antropóloga guatemalteca y
Presidenta del Centro para la Acción Legal en Derechos
Humanos –CALDH–) a llevar cabo una misión de
investigación en Bolivia entre los días 20 y 29 de
septiembre de 2008.
Vejámenes
y agresiones
Como
parte de su misión, los representantes de la FIDH se
entrevistaron en la capital y los Departamentos de La Paz,
Chuquisaca y Santa Cruz con los más altos representantes de
los poderes del Estado, miembros de las Prefecturas y Comités
Cívico e Interinstitucional de los Departamentos de Santa
Cruz y Sucre, respectivamente, la Defensoría del Pueblo, víctimas
y familiares de víctimas, representantes de organizaciones
campesinas, indígenas y de derechos humanos, entidades
internacionales y de la Unión Juvenil Cruceñista.
La
FIDH recibió numerosos testimonios acerca de una larga
cadena de sucesos ocurridos durante el mes de noviembre de
2007 en el Departamento de Chuquisaca, con ocasión de la
realización de la Asamblea Constituyente, cuando fueron
atacadas las instalaciones del Liceo Militar, agredidos
varios Constituyentes y asesinadas tres personas; así como,
en mayo de 2008, con ocasión del acto de entrega de
ambulancias en el Estadio Patria, que devino en una violenta
protesta alentada por el Comité Interinstitucional de
Sucre, según testimonios recibidos, en el que fueron
atacados y sometidos a múltiples vejámenes un importante número
de campesinos e indígenas, en el camino entre el estadio y
el centro de Sucre, en cuya plaza principal fueron golpeados
y vejados por su condición étnica.
La
FIDH fue informada, de igual forma, que en Santa Cruz, en
septiembre, fueron destruidas las oficinas de ENTEL y del
IDH, así como saqueados los de organizaciones sociales que
trabajan con éstas, en el marco de reiterados hechos de
vandalismo y amenazas contra las personas y entidades críticas
frente a la posición de las autoridades del Departamento.
La
masacre de Pando
“La
FIDH fue informada de que en Pando, y específicamente en la
comunidad “El Porvenir”, fue detenida violentamente la
marcha de un grupo multitudinario de campesinos que se dirigía
a un Ampliado Departamental convocado por la Federación
Departamental de Campesinos de Pando, registrándose la
muerte de al menos 18 personas, incluyendo tres estudiantes
normalistas; la retención temporal de otras 15, que fueron
llevadas a las instalaciones del Comité Cívico de Pando,
donde sufrieron vejámenes; y la desaparición de no menos
de 24 personas, por los cuales se encuentra privado de
libertad actualmente el Prefecto del Departamento de Pando,
Leopoldo Fernández, a quien se imputa la responsabilidad de
estos hechos”.
“La
FIDH también recibió información de que organizaciones
sociales que se dedican a la defensa y promoción de los
derechos humanos y las organizaciones indígenas y
campesinas en Riberalta, Beni, Sucre y Santa Cruz trabajan
en condiciones de gran riesgo, de lo cual son muestra la
destrucción de las sedes de la Coordinadora de Pueblos Étnicos
de Santa Cruz (CPES), del Centro de Estudios Jurídicos e
Investigación Social (CEJIS), y la Confederación Indígena
del Oriente de Bolivia –CIDOB–, cuyos integrantes no
pueden realizar su trabajo con las garantías que establece
la Declaración de Defensores de 1998, en tanto otras
organizaciones encuentran serias dificultades para la
obtención de la personalidad jurídica”.
Principales
motivos de preocupación
Estas
son las principales preocupaciones de la FIDH:
1.
Que las dificultades que encara la lucha contra el racismo
histórico y estructural que ha atravesado, y atraviesa, el
conjunto de la sociedad boliviana puedan significar que la
mayoría de indígenas, campesinos y sectores populares del
país tenga que seguir siendo afectada por los más altos índices
de pobreza y pobreza extrema, y por las escalas más bajas
del desarrollo humano.
2.
Que, como ha señalado la Defensoría del Pueblo1, el
conflicto político y regional boliviano se haya
transformado en un conflicto racial, en el que grandes
sectores de bolivianos hayan sido convertidos – por otros
bolivianos – en enemigos internos.
3.
Que la extrema debilidad institucional y ausencia del Estado
en las regiones del país comprometidas por los sucesos
violentos de los últimos meses no permita afrontar con
efectividad la conflictividad social desatada en éstas.
4.
Que se haya impuesto la impunidad al renunciar las
autoridades – a las que constitucionalmente compete la
salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos
– a su deber de prevenir, reprimir, investigar y sancionar
los actos delictivos que se han cometido contra estos
derechos, subrayando la gravísima falta de asunción de sus
responsabilidades por parte de la Policía Nacional, tanto
en sus labores preventivas como de persecución de los
delitos de motivación racista, lo que puede generar una
sensación de impunidad y afecta gravemente a las
posibilidades de persecución penal, perdiéndose en muchos
casos lo posibilidad de recogida y preservación de pruebas
esenciales para la efectividad de la persecución penal.
5.
Que la impunidad se ve favorecida por la posición altamente
politizada de algunos miembros de la judicatura, que actúan
en forma sesgada a favor de una de las partes del conflicto,
con clara desatención de las prácticas racistas y la
persecución de sus autores; y, a la vez, por la actuación
indulgente e inhibida de muchos representantes del
Ministerio Fiscal, que en muchos casos no agotan todas las
posibilidades de investigación.
6.
Que la inexistencia de una legislación adecuada en materia
de racismo, especialmente por la falta de leyes penales
especificas que sancionen tanto la comisión de actos de carácter
xenófobo o racista, así como la propaganda o incitación a
cometer esta clase de actos, vulnere las obligaciones que en
tal sentido impone la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas la Formas de Discriminación Racial
que el Estado Boliviano tiene ratificada y hace parte de su
derechos interno.
7.
Que las organizaciones sociales y los defensores de derechos
humanos realicen su trabajo en un contexto de alto riesgo.
8.
Que los medios de comunicación social se alejen de su función
social de informar y orientar con veracidad e independencia
a la ciudadanía; y que traicionen, al mimo tiempo, la misión
que les es propia, desconociendo las disposiciones expresas
establecidas en el artículo 4° de la Convención
internacional sobre la Eliminación de Todas la Formas de
Discriminación Racial (1965) que proscriben toda forma de
propaganda racista o tendente a promover el odio y la
discriminación racial, emitiendo informaciones que
desatienden dichas prohibiciones y que, en algunos casos,
han tenido como
consecuencia directa o indirecta, o han coadyuvado a la
realización de dichos actos de violencia racista o de
ataque contra organizaciones indígenas o de defensa de los
derechos humanos.
9.
Que la existencia de organizaciones armadas, que practican
violencia racista y ataques contra instituciones de un
Estado que ellas mismas no asumen como propio, en gran
medida por consideraciones de tipo racista y que, en no
pocas ocasiones, se encuentran también vinculadas a
entidades públicas que pertenecen a la estructura regional
del Estado boliviano, es generadora de conflictividad
social.
10.
Que la inacción de los aparatos judiciales y policiales
sirva de justificación para el progresivo empleo de una
justicia por mano propia
Recomendaciones
La
FIDH considera urgente la necesidad de encarar la problemática
del racismo que ofende a Bolivia, en particular, sobre la
base de un Plan Integral fundado en cinco lineamientos
estratégicos: Medidas de prevención del racismo; medidas
de represión de éste; fortalecimiento institucional de la
policía, el Ministerio Público y la Judicatura; la mejora
de la eficacia de estos órganos del poder público; medidas
dirigidas hacia el cumplimiento de la obligación de
asegurar el derecho de los ciudadanos a recibir una
información veraz y no manipuladora. Estas son sus
recomendaciones:
La
elaboración de un Plan Integral Contra el Racismo
y la Violencia Racista; bien sea en forma autónoma o – en
el marco de los compromisos asumidos por Bolivia en el marco
de la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre Mundial de
Derechos Humanos de Viena de 1993 – dentro de un Plan
Nacional de Acción por los Derechos Humanos.
La
impostergable y urgente promulgación de una ley
contra la discriminación y el racismo, incluyendo
en ella obligaciones positivas y claras de trato igualitario
en todos los aspectos relativos a la participación en la
vida pública, económica, social y cultural del país;
incluso mediante la inclusión de razonables normas y
medidas de discriminación positiva que aseguren una
igualdad de participación igual, real, efectiva y no
discriminatoria, teniendo en cuenta tanto las cuestiones de
género como étnicas.
La
creación de una red de agentes y mediadores sociales,
altamente capacitados, que se ocupen especialmente del
dialogo intercultural, de la integración de todos los
sectores que componen la Nación Boliviana, además de
atender a las patologías constatadas, especialmente las
manifestaciones racistas y de violencia de genero, con
capacidad incluso de denunciar las situaciones ante la policía
y la fiscalía.
El
establecimiento de normas penales de carácter
sustantivo en las que se tipifiquen los delitos de
discriminación y racismo, la propagada racista o tendente a
promover el odio y la discriminación racial; y que
sancionen, tanto la comisión de hechos de carácter xenófobo
o racistas, o con esta motivación. Dichas normas penales
deberán contemplar una punición agravada cuando tales
actos sean cometidos a través de la asociación de personas
cuya finalidad sea la comisión de actos racistas, y
especialmente cuando medie el porte y uso de armas en ese
contexto, con independencia de los resultados.
La
adopción de un paquete de medidas legislativas, de
tipo procesal y orgánico, para mejorar la eficacia de la
persecución penal en esta clase de delitos. Entre ellas,
estableciendo:
La
obligación de investigar de oficio estos delitos
por parte de la Fiscalía.
La
obligación de la policía de intervenir de forma
inmediata en casos de delincuencia con connotación racista
o xenófoba, para llevar a cabo las primeras investigaciones
y recogida de pruebas “in situ”,
El
establecimiento de instrucciones claras y precisas,
así como de protocolos claros dirigidos a la Policía
Nacional, para una intervención prioritaria en esta clase
de delitos. Creación de grupo policial especial enfocado en
la desarticulación de organizaciones cuya actuación tenga
connotaciones racistas.
El
establecimiento de una fiscalía especial para la
persecución de esta clase de delitos, con sede centralizada
y delegados en todos los departamentos.
Un
plan de formación especial para fiscales y jueces
con competencia en materia de racismo, xenofobia y
cuestiones de género.
La
adopción e implementación de normas competenciales
que permitan enjuiciar los hechos en lugar diferente de
donde fueron cometidos.
La
adopción e implementación de normas relativas a la protección
de testigos; incluso un sistema integral de
protección de testigos con posibilidades de reubicación en
otros lugares.
Promover
una campaña coordinada por las coaliciones de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos,
nacionales y locales y el Defensor del Pueblo sobre el hecho
de que defender los derechos es un derecho y un deber, para
respaldar el trabajo de los defensores derechos humanos, en
el marco de una concepción legítima de éstos, centrada en
la dignidad y de la convivencia pacífica
Proponer
y concertar con los medios de comunicación, y
otros actores involucrados, normas autoregulatorias,
incluyendo Códigos de Ética, que impidan el uso o la
difusión no veraz o manipuladora, así como el empleo
comunicacional de estereotipos discriminadores o racistas.
Apoyar
el trabajo de observación ciudadana de los medios
de comunicación.
Exhortar
al Gobierno a considerar la necesidad de invitar a
Bolivia al Relator de Libertad de Expresión y otros
relatores especiales del sistema universal y regional de
derechos humanos a fin de que se profundice en el monitoreo
de la situación general de los derechos humanos en Bolivia,
y la de los Pueblos Indígenas en particular.
La
Federación Internacional de Derechos Humanos
Creada
en 1922, la FIDH es una organización internacional no
gubernamental, con estatuto consultivo ante los organismos
de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de
Europa y la Organización de Estados Americanos (OEA). Reúne
actualmente a más de 155 organizaciones en cerca de 100 países.
La FIDH es apolítica, aconfesional e independiente de
cualquier gobierno. Su misión consiste en llevar a cabo
acciones concretas en favor del respeto de todos los
derechos proclamados por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; y, para ello, recurre a todos los
mecanismos existentes de lucha contra la impunidad, tanto
nacionales como internacionales, y proporciona su apoyo a
las víctimas de torturas, crímenes de guerra, crímenes
contra la humanidad y genocidio.
La
FIDH trabaja a favor de la paz, rechaza la violencia y el
racismo y en respuesta a las informaciones y demandas de sus
asociaciones miembro, ha organizado más de 1.000 misiones
en más de cien países en el transcurso de los últimos 25
años. (http://www.econoticiasbolivia.com/documentos/notadeldia/
- _ftnref1Defensoría del Pueblo. “Observando el Racismo.
Racismo y regionalismo en el proceso constituyente”. La
Paz, agosto 2008, pág. 58.)
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