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Tras
multitudinaria movilización popular, Evo termina dando
concesiones a la derecha
La nueva Constitución no dará satisfacción a
las
necesidades populares
Por Martín Camacho, 22 de octubre del 2008
Desde La Paz para Socialismo o Barbarie
Socialismo
o Barbarie, periódico, 23/10/08
“Quiero
comunicar que hoy, las cuatro fuerzas políticas (MAS,
PODEMOS, MNR Y UN) han logrado un acuerdo decisivo que
completa la estructura del texto constitucional”
(Vicepresidente Álvaro García Linera, 20/10/08).
La
Paz, 22/10/08.– El
lunes 19 de octubre arribó a La Paz una de las
movilizaciones populares más multitudinarias de los últimos
años. La misma fue convocada por la oficialista CONALCAM
(“Coordinadora nacional por el cambio”). Con un
recorrido de 200 kilómetros, los movimientos populares
expresaron cuánto valoran el reclamo de que el país se
dote de un nuevo texto constitucional que satisfaga sus
reivindicaciones democráticas. Los “marchistas”:
campesinos, originarios y demás sectores populares,
caminaron entre 25 y 30 kilómetros diarios, siendo nutridos
el lunes 19/10 por amplios sectores de masas de la ciudad de
El Alto. Se estima que ese día bajaron a la “ollada”
paceña no menos de 200.000 personas.
El objetivo principal fue presionar a la derecha
parlamentaria para aprobar por ley el llamado a dos referéndum:
constitucional y dirimitorio de la tierra, cuestión que
finalmente se acordó para el próximo 25 de enero del 2009.
Se llegó a esta instancia luego del tan anunciado –con
bombos y platillos– como fallido “diálogo” con los
prefectos de la Media Luna. Diálogo que –a la postre– sólo
sirvió para sacar a las masas de las calles cuando
comenzaba a crecer la movilización popular en repudio a la
masacre campesina en Pando a mediados de septiembre pasado.
Como es habitual, el gobierno de Morales y Linera buscó
evitar que la sangre llegara al río; sangre que, sin
embargo, ya había sido derramada por los campesinos en
Pando... Por eso buscó meter presión a la derecha
parlamentaria mediante una demostración controlada de
fuerzas. Esta demostración, al mismo tiempo, fue clara
expresión de cómo la coyuntura política boliviana se ha dado
vuelta a partir del fracaso del levantamiento
secesionista y también el cambio en la coyuntura
internacional con el crack de Wall Street.
Convocan a una movilización multitudinaria...
Ante la negativa de los prefectos a comprometerse con la
convocatoria a referéndum constitucional, el gobierno pasó
a buscar la instancia de un acuerdo con la oposición
parlamentaria en el Congreso (tener en cuenta que
parlamentarios y prefectos no siempre acuerdan en las mismas
“tácticas”).
Esto tenía que ser acompañando de la presión de los
movimientos sociales. Por un lado, para “obligar” a esta
misma oposición a llegar a un acuerdo. Por ejemplo, desde
la marcha se pronunciaban los dirigentes acerca de que
“sería mejor que los senadores y diputados acuerden antes
que la marcha llegue a La Paz”. Por el otro, para dar una canalización
a unos movimientos sociales que semanas atrás habían
esbozado marchar hacia Santa Cruz para escarmentar a los
fascistas del Oriente. Esta marcha fue parada por orden
expresa del gobierno y ahí que se ideó la idea de que a
cambio se hiciera una movilización a las aguas más
seguras y controladas de La Paz.
Claramente la marcha fue convocada y controlado por fuerzas
que responden al gobierno. Sin embargo, no dejó –al mismo tiempo– de tener su importancia como
demostración de fuerzas del movimiento de masas frente a la
derecha. Esto más aún cuando había grupos de
participantes más o menos radicalizados. Por ejemplo, en la
Plaza Murillo, se podían escuchar exigencias de “cerrar
el congreso”. Días antes se había vivido un clima de
“psicosis” en La Paz por medio de la prensa y del mismo
gobierno diciendo que “los dirigentes no podían asegurar
controlar a sus bases”.
Las
organizaciones que estuvieron presentes eran de todos los
puntos del país: desde los pueblos de las tierras bajas,
pasando por pobladores del populoso barrio Plan 3000 en
Santa Cruz, mineros cooperativistas y, por su puesto,
campesinos de todos los rincones del país sin contar de
delegaciones originarias del extranjero como las de
Argentina y Ecuador. También confluyeron organizaciones que
no necesariamente participaron de toda la caminata desde
Caracollo–Oruro como el caso de los cocaleros de la zona
de las yungas, los ponchos rojos de la provincia de Omasuyos
o pobladores de Río Abajo.
Cuando llega la marcha las estimaciones determinan que tenía
una extensión de unos 15 kilómetros de largo y una
concurrencia de más de 200.000 personas. Mientras los
primeros ya estaban arribando a la sede de gobierno... los
últimos todavía estaban en la Ceja de El Alto.
... para terminar pactando con la derecha
Lamentablemente, a pesar de semejante fuerza social
movilizada, una vez más el gobierno terminó pactando y
entregando incluso puntos fundamentales de su ya limitado,
reformista y burgués texto constitucional. El analista
oficialista Pablo Stefanoni, en un pequeño artículo, se
vanagloria que finalmente “ganó la salida pactada” de
Morales y Linera. Se puede dudar que esto sea estratégicamente
así ya que habrá que seguir la evolución de los
departamentos de la Media Luna, donde más temprano que
tarde van a estallar nuevos enfrentamientos. Pero aún dándole
de verdad uno podría preguntarse ¿pero a qué costo salió
esta vía pactada?
Porque la realidad es que el gobierno terminó entregándole
a la derecha algunos de los pocos aspectos “progresivos”
del texto constitucional (ni hablar del conjunto de la
“agenda de octubre” que sintetiza hoy los reclamos
populares en el país).
Primero y principal, se tuvo que aprobar una “ley
interpretativa” para que se pueda reformular el proyecto
constitucional. La ley interpretativa del artículo 233 de
la Constitución vigente habilita al Congreso para que
realice “ajustes” a la nueva CPE que fue aprobada por la
Asamblea Constituyente. Rara nueva Constitución es ésta
donde un congreso poseedor de una soberanía anterior puede
modificar a “gusto y piacere” lo resuelto en una
constituyente proclamada como “originaria y soberana”...
Mediante
la negociación, el presidente Evo Morales decidió
renunciar a una eventual segunda reelección sucesiva para
facilitar el acuerdo del Congreso. Habrá elecciones a
finales del 2009 y Morales sólo se podrá quedar en el
cargo hasta el 2014 sin posibilidad de nueva reelección.
Pero la verdadera estafa está en otro lugar: en el tema de
la propiedad de la tierra. Porque lo que se acordó es que
cualquiera sea finalmente lo que quede fijado en la nueva
Constitución en materia de tierras (y ya hay múltiples
interpretaciones al respecto), tendrá fuerza legal hacia
delante, no hacia atrás. Es decir, se acordó que ninguna
de las obligaciones establecidas en la nueva Constitución
tengan retroactividad. Pero entonces, los latifundistas
podrán estar felices de la vida porque su propiedad quedará
así intangible y en todo caso se tendrán que cuidar en cómo
hacer las cosas hacia delante en esta materia. Insistimos:
si uno tiene las tierras que tenga y puede demostrar que
tienen la “función económica y social” no serán
tocadas ni un centímetro.
Rifando la independencia de clase
Capítulo
aparte merece la posición de la COB en la movilización y
los recientes acontecimientos. Está claro que la marcha
tuvo su costado “progresista” al darle un duro golpe a
la derecha y ser legítimo que los explotados y oprimidos
hagan valer su derecho democrático a aprobar la Constitución
que ellos quieran.
También es verdad que la marcha tenía por debajo sus
propias reivindicaciones sectoriales o más coyunturales.
Por ejemplo, se pedía la cabeza de los prefectos.
Por el otro lado, luchar por la unidad del país; lo que
determina que lo que pasó hace más de un mes está
bastante presente en la gente y demuestra con bronca cuando
ve a los que usan corbata como símbolos de opresión del
pueblo. Muchos de los hombres que se los encontró en el
camino tuvieron que sacársela con la amenaza de ser
linchados si no lo hacían.
Pero
nada de esto justifica la posición seguidista de la COB en
ser parte de la CONALCAM y participar y no tener una posición
independiente de clase, lo que determina que –en los
hechos– no haya alternativa con esta dirección. Se vuelve
a repetir así lo ocurrido en las viajas épocas con Lechín,
que acompañaba a cuanto gobierno estuviera en el poder con
tal de conseguir un lugar “bajo el sol”.
Porque con ser un derecho el que las masas explotadas
puedan resolver sobre el texto constitucional que ellas
consideran, no por esto deja de ser cierto que el proyecto
constitucional deja sin tocar la propiedad privada
capitalista en Bolivia, y, en este marco, menos que menos
contiene prácticamente ninguna de las reivindicaciones
específicamente de la clase obrera boliviana (¿dónde quedó
el reclamo por la ley de jubilaciones?); clase obrera que
seguirá siendo explotada y oprimida como hasta ahora.
La propiedad privada: se mira y no se toca
Finalmente, después de esta primera aprobación por parte
del Congreso, se desprende que habrá nuevas elecciones para
el 25 de enero de 2009 para la aprobación de la carta magna
y elecciones presidenciales para diciembre de 2009. Con
esto, el actual presidente Evo Morales estaría en el poder
hasta el 2014.
¿Qué
es entonces esta nueva Constitución? Primero y principal,
la nueva Constitución no puede traspasar los marcos de una
Constitución burguesa. Por supuesto tendrá algún tinte
menos reaccionario y con integración de elementos simbólicos
y democráticos originarios. Pero nada se traducirán en
el reparto de las riquezas y mucho menos en lo que hace a
mejoras para la economía de los explotados y oprimidos.
Como prueba de lo que decimos, es muy aleccionador escuchar
unos de los más grandes representantes de la oligarquía,
como es el caso de Tuto Quiroga, decir que “sin estos
cambios que se hicieron la constituyente era retrógrada
pero ahora con los cambios y, especialmente en el tema de
las autonomías, las cosas pueden cambiar para bien”...
Entonces decimos: ninguna confianza en la nueva
Constitución que es aprobada con las demás fuerzas
de la derecha, y que lamentablemente no cambiará en
lo más mínimo la forma de vida y de explotación de la
población.
Mientras que la propiedad privada de los grandes
terratenientes siga intacta, no habrá ningún progreso para
los explotados y oprimidos y las desigualdades seguirán
acrecentándose.
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