La
nueva Constitución pactada legaliza el saqueo
Econoticiasbolivia,
31/10/08
El
Estado reconocerá todos los derechos y privilegios que las
transnacionales y empresarios hubiesen adquirido en el país,
sin importar si éstos son lesivos a la patria o hubiesen
sido adquiridos ilegalmente
La
Paz.– La nueva Constitución Política del Estado, pactada
entre el gobierno de Evo Morales y la derecha parlamentaria,
preserva todos los privilegios y ventajas conquistadas por
las transnacionales, las compañías privadas nacionales y
los empresarios que explotan los recursos naturales y
saquean Bolivia.
El
artículo octavo de las “Disposiciones Transitorias”,
incluido al final del texto constitucional señala que el
Estado boliviano garantizará a las transnacionales y
empresarios nacionales y extranjeros todos los derechos que
hubieran adquirido hasta ahora, sin importar si éstos
fueron concedidos por los gobiernos neoliberales o
dictaduras militares que rifaron a vil precio las riquezas
naturales del país y sin importar si estos beneficios se
concedieron legal o ilegalmente.
El
citado artículo señala textualmente que “en el plazo de
un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano
Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales,
electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán
adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de
las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún
caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos”.
Este
artículo fue redactado de común acuerdo entre los
parlamentarios del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS)
del presidente Morales y los senadores y diputados
derechistas.
Todos
ellos aprobaron eliminar de este texto constitucional la
mención que establecía que el reconocimiento de los
derechos adquiridos de las transnacionales y empresarios sólo
regía para quienes hubiesen obtenido estos privilegios de
manera legal y de acuerdo a la Constitución Política del
Estado.
La
defección gubernamental
En
el anterior texto constitucional aprobado en diciembre del
2007 por la Asamblea Constituyente en Oruro se establecía,
al igual que en el texto aprobado por el Congreso en octubre
de 2008, que “las concesiones sobre recursos naturales,
electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán
adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico”. Sin embargo,
el texto aprobado en Oruro advertía sobre estas
concesiones, a diferencia del actual texto del Congreso, que
“El Estado revisará y, en su caso, resolverá (anulará,
NdR) aquellas (concesiones, NdR) que contravengan a la
presente Constitución”.
Así,
el artículo octavo oficialmente aprobado por el Congreso,
reemplaza la frase “El Estado revisará y, en su caso,
resolverá aquellas que contravengan a la presente
Constitución”, por
la frase “La migración de las concesiones a un nuevo régimen
jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de
derechos adquiridos”. En esta última frase se eliminó
incluso la palabra “legalmente”, reemplazando los
“derechos adquiridos legalmente”
por “derechos adquiridos”.
Despojo
e impunidad
Con
esta disposición, y otras que protegen la inversión
privada nacional y extranjera, todos los concesionarios de
minas, campos petroleros, yacimientos gasíferos, tierras
agrícolas y forestales, concesiones para generación y
comercialización de electricidad, distribución de agua,
transporte y otros, tienen aseguradas sus millonarias
ganancias.
Así,
por ejemplo, el Estado boliviano, con su nueva Constitución,
no podrá desconocer los “derechos adquiridos” de las
transnacionales mineras y compañías privadas nacionales
que explotan sin piedad los yacimientos de oro, plata, zinc,
hierro, estaño y otros, y que les permite exportar
anualmente por encima de los 2 mil millones de dólares,
pagando solamente un impuesto que oscila entre el 3 y 5 por
ciento del valor bruto producido y exportado.
Este
también es el caso de los “derechos adquiridos” por las
explotaciones forestales y agroexportadoras que permiten
millonarias ventas al exterior que benefician a los
consorcios privados, los que pagan migajas al Estado y dejan
tierras desoladas y sin capacidad productiva.
Beneficios
transnacionales
Las
disposiciones transitorias de la nueva Constitución
consolidan, además, los onerosos privilegios y millonarias
ganancias de los grandes consorcios petroleros, dejando en
el limbo las “auditorías” que, de tanto en tanto, el
gobierno de Morales intenta reactivar para sancionar a las
transnacionales que inflaron sus costos e inversiones para
pagar menos impuestos, que defraudaron tributos, violaron
las leyes, incurrieron en delitos de contrabando y
recibieron concesiones y reservas en condiciones ilegales e
inconstitucionales.
Los
directos beneficiados con esta nueva concesión
constitucional son los pulpos de Repsol, Total, Petrobras,
Shell, Enron, Vintage, British Gas y British Petroleum,
Canadian Energy y Pluspetrol, que siguen ganando a manos
llenas en la producción y compra – venta del gas como
materia prima a un precio dos o tres veces por debajo del
internacional.
En
la minería, el gran beneficiado es el consorcio
transnacional de Glencore del magnate petrolero suizo israelí
Marc Rich, a quien la revista Time calificó en el 2001 como
“el ejecutivo más corrupto del planeta”. En el 2005, la
Glencore se convirtió dolosa y fraudulentamente en uno de
los mayores operadores de la minería boliviana al recibir
grandes yacimientos mineros de manos del ex presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta operación se produjo
cuando Sánchez de Lozada, derrocado por una insurrección
popular en octubre del 2003, fugó a los Estados Unidos y
sus bienes eran requeridos por el pueblo y la justicia
boliviana.
Otra
dádiva para los 100 clanes
El
artículo octavo también consolida, junto a otras
disposiciones, los privilegios y derechos conquistados por
los 100 clanes de latifundistas que se han apoderado de las
mejores y más fértiles tierras de Bolivia. Estos 100
clanes son propietarios de más de 25 millones de hectáreas,
muchas de ellas conseguidas fratuita y dolosamente del
Estado al amparo del favor político, la corrupción y la
ilegalidad en los gobiernos neoliberales y dictaduras
militares.
Todos
estos inmensos latifundios no serán tocados por el Estado,
que intervendrá sólo en aquellos casos que estas tierras
no cumplan una función económica y social. Con ello, el
agro boliviano consolidará su doble cara: con inmensos
latifundios en manos de pocos clanes familiares asentados en
el oriente y los valles, y millones de campesinos atrapados
en los minifundios y en la pobreza. Los datos oficiales
revelan que los 100 clanes de latifundistas concentran cinco
veces más tierras que dos millones de campesinos.
La
derecha canta victoria
El
reconocimiento constitucional de todos los “derechos
adquiridos” por las transnacionales y empresarios, sin
importar la legalidad o ilegalidad de éstos, ha generado
una ola de entusiasmo en las fracciones de la oligarquía y
el empresariado.
"Hemos
ganado, no hay tal empate”, dice el prefecto fascista de
Santa Cruz, Rubén Costas que destaca el nuevo texto
constitucional, reelaborado en el Congreso tras que el
presidente Morales accediera a eliminar todas las reformas
que pudieran parecer radicales a los ojos de la burguesía a
fin de lograr la venia de ésta a su reelección.
En
el Congreso se reescribieron cerca de 150 artículos de los
400 existentes, abandonando todas las reformas que herían,
aunque sea parcialmente, los intereses económicos de la
burguesía agrofinanciera y frenaban (o no impulsaban
abiertamente) el desarrollo del capitalismo y la expansión
de la propiedad privada, la inversión extranjera y la
ganancia empresarial.
El
nuevo texto constitucional deja intocados los inmensos
latifundios, preserva la gran propiedad privada y la inversión
extranjera, y mantiene en pie casi todos los privilegios de
los terratenientes y oligarcas que explotan sin límite los
recursos naturales. Por ello, su aprobación ha sido
calificada como una “traición” por los sectores
radicales del indigenismo y de los sindicatos
revolucionarios.
En
la derecha, en cambio, hay sectores que creen que la
reformulada Constitución tiene la virtud de garantizar
plenamente sus derechos y privilegios sobre la tierra y los
recursos naturales, aunque mantiene como su gran defecto que
viabiliza la reelección de Morales, que hoy por hoy es
imbatible en las urnas. Estos grupos creen que es aceptable
asegurar el poder económico, la bolsa y sus privilegios,
aunque a costa de tener que soportar al “indio
presidente” por lo menos hasta el 2014.
Así,
los grupos empresariales y sectores derechistas que siguen
al ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga están convencidos
de haber “castrado totalmente” el programa de reformas
de Morales, por lo que, incluso, ya han comenzado a hacer
campaña a favor de la nueva Constitución. “Sólo falta
que hagan campaña para que la gente vote por la reelección
de Evo Morales”, ironizó un comentarista de radio.
Otro
que festeja es el presidente de los empresarios privados de
Santa Cruz, Pedro Yovhio, quien pidió un aplauso por el
proyecto de Constitución modificado en el Congreso porque
“refleja la propuesta autonómica” y “respeta las
tierras productivas”.
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