|
Los mineros entran a La Paz por las ocho horas
Econoticiasbolivia, 25/05/09
La Paz.– Tras una semana de caminata por el altiplano de Bolivia, más de
cuatro mil mineros proletarios de las tierras de Potosí y
Oruro ingresaron a la ciudad de la Paz para imponer el
respeto a la jornada laboral de ocho horas, que las
transnacionales intentar prolongar a 10 e incluso 12 horas,
aprovechando la pasiva actitud del gobierno indígena de Evo
Morales.
En la mañana de este lunes, tras caminar más de 100 kilómetros, nutridas
columnas de proletarios del subsuelo descendían desde la
ciudad de El Alto, a casi cuatro mil metros de altura, hasta
el centro de la sede de gobierno, haciendo estallar
dinamitas y petardos. A su paso eran recibidos con aplausos
y alimentos por los vecinos de los barrios populares, que
siempre han cobijado y respaldado la lucha de los mineros.
Hasta ahora, todos los intentos del gobierno de Morales y de la
transnacional Glencore/Sinchi Wayra para detener la marcha
de los trabajadores y lograr que éstos vuelvan al trabajo
han chocado con la decisión enérgica de los sindicatos
mineros, que han resuelto frenar la superexplotación
laboral que hacen estos capitalistas vinculados al
millonario ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de
Lozada, acusado por la justicia boliviana por el genocidio
de octubre del 2003 (67 civiles asesinados y más de 400
heridos a bala).
Los dirigentes de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia y de los
sindicatos de las minas controladas por la Glencore han
advertido que no se moverán de La Paz hasta conseguir sus
objetivos y frenar los abusos transnacionales. “Los
trabajadores mineros sufren el amedrentamiento de los
empresarios, que les obligan a aceptar situaciones en contra
de la Ley del Trabajo para ser contratados”, dijo Guido
Mitma, secretario general de la Federación proletaria.
Explotación
y corrupción
El pasado lunes, cerca de dos mil trabajadores habían partido de la mina
Porco y de otras que son explotadas por la Glencore
International y su filial nacional Sinchi Wayra, que se ha
apoderado dolosamente de importantes minas de zinc, oro,
plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, en las que ganan
a manos llenas, pagan migajas en impuestos al Estado y
pretenden hacer trabajar a sus obreros hasta 12 horas
diarias. En el camino hacia La Paz, otras centenas de
trabajadores de otras minas se han sumado a la protesta.
En el 2005, esta decena de propiedades mineras (las minas Bolívar, Poopó,
Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la
planta concentradora de minerales Don Diego y la central
termoeléctrica de Aroifilia) fueron transferidas por el ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a la Glencore, en una
oscura e ilegal operación.
Sánchez de Lozada, el millonario presidente neoliberal, era propietario de
estas minas hasta el 2003, cuando fue derrocado por una
insurrección popular en octubre, que lo obligó a huir a
los Estados Unidos. Allí, dos años después, cuando ya era
considerado como un prófugo de la justicia y sus bienes
sujetos a embargo judicial por el genocidio que cometió en
el 2003 en Bolivia, Sánchez de Lozada transfirió sus minas
y la empresa metalúrgica de Vinto a la Glencore, que comenzó
a operar en el país ilegalmente con la venia de los
gobiernos neoliberales sucesores de Sánchez de Lozada.
Irregularidades
e impunidad
En el 2007, el gobierno de Morales, que conoce todas estas irregularidades
recuperó para el Estado la metalúrgica de Vinto, expropiándola,
sin pagar ni un centavo; pero dejó todas las otras minas y
propiedades de Sánchez de Lozada en manos de la Glencore/Sinchi
Wayra, la que ha obtenido millonarias ganancias
extraordinarias con el auge de precios de los minerales, al
igual que la decena de poderosas transnacionales que
controlan las tres cuartas partes de toda la producción
minera nacional.
No contentos con obtener entre cuatro y ocho mil millones de dólares en los
últimos tres años, pagando impuestos por apenas 220
millones (ver www.econoticiasbolivia.com), estas
transnacionales intentan ahora, cuando hay una caída
relativa en la cotización internacional de los minerales,
mantener los mismos niveles de ganancia, acrecentando la
explotación laboral y el saqueo de los minerales.
Huelga
y movilización
En las minas de la Glencore/Sinchi Wayra, por ejemplo, los trabajadores,
pese a las debilidades y limitaciones de varios de sus
dirigentes sindicales ligados a la patronal, con
movilizaciones y huelgas habían logrado frenar parcialmente
los abusos de esta compañía que intentó en el último
trimestre del 2008 echar a la calle a 1.277 trabajadores y
reducir el 15 por ciento del salario al resto de sus 3.500
operarios, a los que quiso hacer trabajar en turnos de hasta
12 horas diarias.
Los mineros en lucha firmaron con la empresa un precario acuerdo a
principios del 2009, que se logró bajo la amenaza
proletaria de ocupar todas las minas de Sinchi Wayra/Glencore,
que establecía que no habría despidos, ni ampliación de
la jornada laboral ni aumento salarial. Pese a ello, los
herederos de Marc Rich y de Sánchez de Lozada han vuelto a
la carga y presionan para ampliar la explotación de sus
trabajadores de las actuales 8 horas diarias a 10, lo que ha
empujado a los mineros a la huelga y a una gran movilización.
Oportunismo
y otras demandas
La lucha contra las transnacionales por la defensa de los derechos laborales
y la jornada laboral de ocho horas intentaba, a último
momento, ser aprovechada por las empresas mineras que tienen
problemas en desarrollar sus actividades por el rechazo que
la actividad minera genera en las comunidades y pueblos indígenas.
"Marchamos por reivindicaciones sociales que hemos conquistado hace
mucho tiempo, como las ocho horas de trabajo, la estabilidad
laboral y contra de avasallamientos que los comunarios están
haciendo a los centros mineros de forma ilegal", dijo
el también dirigente de la minería privada, César Lugo,
que se ha caracterizado desde hace tiempo por defender más
los intereses empresariales que los sindicales.
Hace dos semanas, las comunidades indígenas quechuas del sur de Bolivia habían
conminado a la transnacional canadiense Vista Gold
Corporation para que abandone la zona y olvide sus intentos
de hacerse de una gran fortuna con la explotación de oro de
la mina Amayapampa. Los comunarios echaron a la
transnacional canadiense, que intentaba operar la concesión
aurífera empleando a casi 250 trabajadores, en el
convencimiento de que la explotación capitalista de las
minas sólo deja socavones vacíos, contaminación ambiental
y tierras y ríos envenados con mercurio.
Mineros de Bolivia:
“Hay que frenar el saqueo y la explotación”
Econoticiasbolivia, 25/05/09
La Paz.– La marcha de los proletarios mineros en defensa de las ocho
horas, que ha ingresado este lunes a la ciudad de La Paz, ha
conmovido este lunes a los barrios más pobres y populosos y
ha radicalizado a los sindicalistas.
“Las empresas transnacionales están saqueando nuestros recursos naturales
y están explotando a nuestros hermanos como esclavos. Ya no
podemos permitir tanta explotación, tanto saqueo”, dice
el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia, Venancio Taquichiri.
Instalado en las oficinas de la Federación, en pleno centro de la ciudad, y
rodeado de cientos de trabajadores, que tras la dura
caminata de una semana toman improvisado descanso en los
pisos y gradas, Taquichiri, que ha compartido la marcha y el
quemante sol del altiplano con sus compañeros, dice que los
mineros “nunca hemos conseguido nada con el diálogo,
siempre lo hemos hecho con nuestra lucha”.
“Los mineros somos la vanguardia revolucionaria de los trabajadores y el
pueblo, y no nos vamos a mover de La Paz hasta conseguir
nuestros objetivos”, recalca al reflejar la lucha y la
decisión de un poco más de cuatro mil mineros que están
en la sede de gobierno para lograr el respeto de la jornada
laboral de ocho diarias, mejores precios para los contratos
de producción y un incremento salarial de por lo menos el
12 por ciento.
Según Taquichiri, secretario de Conflictos de la Federación, el convenio
suscrito a principios de año entre los trabajadores mineros
y la transnacional Glencore/Sinchi Wayra que establecía
cero despidos, ocho horas de trabajo y cero aumento
salarial, había sido roto por los empresarios al intentar
aumentar la jornada laboral a 10 horas, por lo que ahora los
trabajadores iban por más, por aumento salarial incluido.
“Venceremos, venceremos / mil cadenas habrá que romper / venceremos,
venceremos / los mineros sabremos vencer”, han cantado por
la mañana los mineros a su ingreso a la ciudad, donde han
recibido el cariño de los vecinos, además de solidarias
botellas de agua y bollos de pan.
Es una
lucha nacional
Y es que la lucha de los mineros por defender la jornada de ocho horas ha
comenzado a recibir el apoyo de otras organizaciones
laborales, que también afrontan el mismo problema. “Este
es un problema nacional. En todo el país, los empresarios
privados se están dando el lujo de vulnerar los derechos de
los trabajadores y las leyes bolivianas”, dice el
principal dirigente de la Federación, Guido Mitma, que
también ha caminado con sus hermanos de clase.
“Esta marcha es para que todas las empresas respeten las ocho horas, no sólo
en las minas privadas. Los empresarios abusan en todos los
sectores, en las fábricas, en las empresas de la
agroindustria. Están abusando de los mineros, están
abusando de los fabriles, están abusando de los
trabajadores en el comercio, en las construcciones, en todo
lado. Esta lucha es para todos. El gobierno tiene que asumir
su responsabilidad y hacer cumplir las leyes laborales”,
agrega el minero Mitma.
“En el oriente, añade Taquichiri, trabajan hasta 12 horas seguidas, y
para el colmo ni siquiera les pagan. Están explotando a
todos los trabajadores”.
Reunión
con el gobierno
En horas de la tarde, los principales dirigentes de los marchistas se han
reunido con los ministros del presidente indígena Evo
Morales, los que hasta ahora se han limitado a expresar su
“solidaridad” con los mineros, pero que no mueven un
dedo para frenar la explotación laboral y menos el saqueo
minero de Bolivia.
“Creo que los ministros no le están informando bien al Presidente, o de
repente lo están asesorando mal (…) ojalá que entiendan
que los mineros vamos a luchar por nuestras demandas hasta
las últimas consecuencias”, advierte Taquichiri.
Otro tema en la mesa de discusión, aunque de menor relevancia, es el
virtual veto que han extendido las comunidades indígenas
sobre algunas operaciones mineras que degradan el medio
ambiente y destruyen los medios de vida de los campesinos.
Días atrás, la Federación de Mineros, por boca de Mitma, había conminado
al Gobierno de Morales para que se decida si estaba a favor
de la demandas de los trabajadores o de los abusos y
privilegios de la empresa transnacional.
Evo,
la Glencore y Sánchez de Lozada
Hasta ahora, la actitud de Morales con la Glencore/Sinchi Wayra ha sido
contradictoria. En febrero de 2007, en Oruro, el propio
presidente Morales había dirigido la expropiación sin
indemnización de la empresa metalúrgica de Vinto que
estaba siendo operada por la Glencore/ Sinchi Wayra y que la
había adquirido de forma ilegal e irregular de manos del
millonario empresario minero y ex presidente Gonzalo Sánchez
de Lozada.
En esa ocasión, Morales anunció públicamente que serían revertidas al
Estado todas las empresas que estaban siendo operadas por la
Glencore/Sinchi Wayra y que habían sido transferidas por Sánchez
de Lozada, que había fugado de Bolivia en el 2003 tras el
genocidio de octubre (67 civiles asesinados y más de 400
heridos a bala). Sin embargo, nada de ello ocurrió y las
minas del genocida Sánchez de Lozada de zinc, oro, plata,
plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar, Poopó,
Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la
planta concentradora de minerales Don Diego y la central
termoeléctrica de Aroifilia, siguieron en manos de la
Glencore/Sinchi Wayra, la que acumula millonarias ganancias,
paga una miseria en impuestos y sobreexplota la mano de obra
local.
Desde el 2006, Glencore/Sinchi Wayra ha obtenido millonarias ganancias
extraordinarias con el auge de precios de los minerales, al
igual que la decena de poderosas transnacionales que
controlan las tres cuartas partes de toda la producción
minera nacional.
Durante el gobierno de Morales, en el trienio 2006–2008, según los datos
oficiales del Ministerio de Minería procesados por
Econoticiasbolivia, los acaudalados consorcios mineros
declararon en las aduanas bolivianas la exportación de
minerales y metales por un valor de 4.405,9 millones de dólares,
pagando al Estado y las regiones un tributo casi simbólico
de apenas 220 millones de dólares. Todo un saqueo, que sin
embargo podría ser mucho mayor, tal como lo asegura el
propio ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, quien
demostró a principios del 2008, con documentos en mano, que
cada año las compañías mineras estaban exportando el
doble de lo que declaraban en las aduanas bolivianas.
Mineros:
“Que Evo decida si está con los obreros o
con las transnacionales”
Econoticiasbolivia, 22/05/09
Más
de tres mil mineros proletarios recorren por quinto día la
altiplanicie rumbo a La Paz. No quieren más promesas ni
demagogia oficial, tampoco la superexplotación empresarial
que quiere hacerlos trabajar en interior mina por 10 horas
La Paz.– La proletaria Federación Sindical de Trabajadores Mineros de
Bolivia conminó al gobierno del presidente indígena Evo
Morales a decidir si está a favor de los trabajadores que
reclaman sus derechos o está del lado de la transnacional
Glencore/Sinchi Wayra que vulnera las leyes y quiere imponer
una jornada laboral de 10 horas.
A la cabeza de más de 2.000 trabajadores mineros que vienen desde las
tierras del famoso Potosí y de casi otro millar de
trabajadores que provienen de la región andina de Oruro y
que marchan desde el lunes a pie rumbo a La Paz para
defender la jornada de ocho horas, el dirigente de la
Federación Minera, Guido Mitma, cuestionó la pasiva
actitud del gobierno de Morales que permite que las
transnacionales mineras pisoteen impunemente las leyes
laborales de Bolivia y sobreexploten a los obreros.
Mitma demandó también que la comisión gubernamental, encabezada por el
ministro de Trabajo, Calixto Chipana, y enviada a la punta
del camino para tratar de detener la marcha, deje su
ambivalencia y cumpla con su deber de hacer respetar las
leyes bolivianas.
“El Ministro de Minería tiene que definir si está al lado de los
trabajadores mineros o está de lado del empresario, porque
no se puede permitir que se intente obligar al trabajo de
las 10 horas”, dijo el sindicalista, que calificó como
"demagógicas y estériles" las declaraciones
oficiales de respeto a las demandas laborales.
Cumplido el cuarto día de una penosa caminata a más de cuatro mil metros
de altura, bajo el calcinante sol del altiplano en el día y
con al menos 5 grados bajo cero por las noches, los mineros
partieron este viernes de la localidad de kalamarka y se
acercan a la sede de gobierno, donde intentarán, a punta de
dinamita, que la jornada laboral se mantenga en ocho horas y
que se respeten los contratos de producción en condiciones
favorables para los trabajadores.
Con la marcha de más de 100 kilómetros hacia La Paz, los mineros
proletarios quieren frenar los excesos de la transnacional
Glencore, y su filial boliviana de Sinchi Wayra, que adquirió
ilegalmente en el 2005 las empresas y propiedades mineras
del ex presidente Gonzalo Sánchez Lozada, que fue derrocado
por una insurrección popular en octubre del 2003 y desde
entonces era considerado como prófugo de la justicia, por
lo que no podía transferir legalmente sus bienes que ya
estaban sujetos a embargo por parte del Estado boliviano
como forma de resarcir los daños económicos y crímenes de
lesa humanidad que cometió en el país (muerte de 67
civiles y más de 400 heridos a bala).
El gobierno de Morales conoce las ilegalidades y abusos que ha cometido esta
transnacional. En febrero de 2007, en Oruro, el presidente
Morales recuperó la empresa metalúrgica de Vinto que Sánchez
de Lozada había entregado a la Glencore. Esta expropiación
se hizo sin pagar ni un centavo a la transnacional y el
propio Morales anunció públicamente que todas las empresas
de Sánchez de Lozada serían revertidas al Estado, incluso
a pesar de que éste acuda al arbitraje internacional.
"Quiero decir y advertir que esas empresas de Gonzalo Sánchez de
Lozada tienen que volver a manos del Estado boliviano. Si
quieren hacer demandas a nivel internacional, estamos
dispuestos a enfrentarla. Y que venga más bien aquí, a
defender sus bienes, y que no se escape cobardemente a
Estados Unidos", había anunciado el Presidente.
Pero, después de lo de Vinto, nada ocurrió. La Glencore/Sinchi Wayra mantiene la propiedad y el control
absoluto de los ricos yacimientos de zinc, oro, plata, plomo
y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar, Poopó, Porco,
Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la planta
concentradora de minerales Don Diego y la central termoeléctrica
de Aroifilia. Allí, pese a la resistencia de sus obreros,
Glencore/Sinchi Wayra continúa con sus intentos de ampliar
la explotación de sus trabajadores de las actuales 8 horas
diarias a 10 y 12 horas.
Desde el 2006, Glencore/Sinchi Wayra ha obtenido millonarias ganancias
extraordinarias con el auge de precios de los minerales, al
igual que la decena de poderosas transnacionales que
controlan las tres cuartas partes de toda la producción
minera nacional.
Durante el gobierno de Morales, en el trienio 2006–2008, según los datos
oficiales del Ministerio de Minería procesados por
Econoticiasbolivia, los acaudalados consorcios mineros
declararon en las aduanas bolivianas la exportación de
minerales y metales por un valor de 4.405,9 millones
de dólares, pagando al Estado y las regiones un tributo
casi simbólico de apenas 220 millones de dólares. Todo un
saqueo, que sin embargo podría ser mucho mayor, tal como lo
asegura el propio ministro de Minería, Luis Alberto Echazú,
quien demostró a principios del 2008, con documentos en
mano, que cada año las compañías mineras estaban
exportando el doble de lo que declaraban en las aduanas
bolivianas. Esto equivale a decir, en cifras redondas, que
las transnacionales mineras se llevaron 8.000 mil millones
de dólares, declararon con fines impositivas haber extraído
minerales y metales por sólo 4.000 millones de dólares y
terminaron pagando al Estado boliviano 220 millones de dólares.
En suma, la Bolivia de Evo es un paraíso para las
transnacionales mineras.
Ni Evo ni la Glencore logran frenar la marcha minera
Econoticiasbolivia, 20/05/09
Dos
mil mineros van rumbo a La Paz para acabar con la
superexplotación que hace de ellos la transnacional que
opera de forma ilegal las minas del millonario ex presidente
y prófugo de la justicia boliviana, Gonzalo Sánchez de
Lozada
La Paz.– Ni las apresuradas gestiones del gobierno del presidente indígena
Evo Morales, ni las insinuaciones de la transnacional
Glencore International han detenido el paso firme de casi
dos mil mineros proletarios que han iniciado la caminata de
100 kilómetros por el altiplano de Bolivia para defender la
jornada laboral de ocho horas. Tampoco el quemante sol que
pega muy duro en los casi 4.000 metros de altura, ni el frío
que baja hasta 5 grados bajo cero por las noches.
Este miércoles, los mineros han reanudado la marcha rumbo a La Paz, tras
fracasar la reunión celebrada anoche en medio de la
carretera. Los pedidos de la comisión gubernamental enviada
por Morales y de la transnacional minera para detener la
caminata y volver al trabajo no han sido aceptados, dijo el
principal dirigente de la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros, Guido Mitma, que está al frente de la
movilización.
“La compañía reiteró su intención de aumentar las horas de trabajo a
10 horas y reducir los montos de los contratos laborales”,
informó Mitma, quien aseguró que “la marcha llegará a
La Paz para exigir al Gobierno que haga respetar Ley del
Trabajo, que establece sólo ocho horas de trabajo y sus
contratos laborales”.
En La Paz, el viceministro Farfán, dijo que la comisión gubernamental,
integrada por los Ministerios de Trabajo, Minería y
Gobierno, continuarán en sus esfuerzos
para detener la marcha y lograr un acuerdo entre
trabajadores y empresarios.
Explotación
y corrupción
Este lunes, cerca de dos mil trabajadores habían partido de las tierras del
Potosí, de la mina Porco y de otras que son explotadas por
la siniestra transnacional Glencore International y su
filial nacional Sinchi Wayra, que se ha apoderado
dolosamente de importantes minas de zinc, oro, plata, plomo
y estaño de Oruro y Potosí, en las que ganan a manos
llenas, pagan migajas en impuestos al Estado y pretenden
hacer trabajar a sus obreros hasta 12 horas diarias.
En el 2005, esta decena de propiedades mineras (las minas Bolívar, Poopó,
Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la
planta concentradora de minerales Don Diego y la central
termoeléctrica de Aroifilia) fueron transferidas por el ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a la Glencore, en una
oscura e ilegal operación.
Sánchez de Lozada, el millonario presidente neoliberal, era propietario de
estas minas hasta el 2003, cuando fue derrocado por una
insurrección popular en octubre, que lo obligó a huir a
los Estados Unidos. Allí, dos años después, cuando ya era
considerado como un prófugo de la justicia y sus bienes
sujetos a embargo judicial por el genocidio que cometió en
el 2003 en Bolivia (67 civiles muertos y más de 400 heridos
de bala), Sánchez de Lozada transfirió sus minas y la
empresa metalúrgica de Vinto a la Glencore, que comenzó a
operar en el país con la venia de los gobiernos
neoliberales sucesores de Sánchez de Lozada.
Impunidad
de los millonarios
En el 2006, estando ya de presidente el líder indígena Evo Morales, el
Gobierno procedió a recuperar para el Estado la metalúrgica
de Vinto, sin pagar ni un solo centavo a la Glencore/Sinchi
Wayra. "Llegó la hora de nacionalizar todos nuestros
recursos renovables y no renovables, metálicos y no metálicos;
empezamos a recuperar las empresas del Estado", había
dicho Morales el 10 de febrero de 2006 al confiscar la metalúrgica.
Sin embargo, el resto de las propiedades del genocida Sánchez
de Lozada no fueron tocadas y el propio Morales garantizó a
los ejecutivos de la Glencore/Sinchi Wayra sus operaciones y
sus millonarias utilidades, pese a las ilegalidades en su
transferencia y los negros antecedentes de la compañía.
La transnacional Glencore Internacional fue forjada por el
magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien
la revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más
corrupto del planeta”, perseguido por el FBI por los
delitos de fraude, tráfico de petróleo y evasión de
impuestos, condenado por la Corte Federal de Nueva York e
indultado dos veces por los presidentes de Estados Unidos
Bill Clinton y George W. Bush.
Paraíso
transnacional
En los últimos tres años, en el gobierno de Morales, la Glencore/Sinchi
Wayra ha obtenido millonarias ganancias extraordinarias con
el auge de precios de los minerales, al igual que la decena
de poderosas transnacionales que controlan las tres cuartas
partes de toda la producción minera nacional.
En el trienio 2006–2008, según los datos oficiales del Ministerio de
Minería procesados por Econoticiasbolivia, los acaudalados
consorcios mineros exportaron minerales y metales por un
total de 4.405,9 millones de dólares, pagando al Estado y
las regiones un tributo de apenas 220,0 millones de dólares.
Esto quiere decir que estas transnacionales por cada 100 dólares
que facturaron en el exterior, dejaron sólo 5 dólares en
impuestos y regalías para Bolivia, una nación con ricos
yacimientos de clase mundial de plata, hierro, oro, litio y
gas, pero con un tercio de su población de 10 millones de
habitantes pasando hambre y otro tercio con apenas lo
suficiente para comer y nada más.
Esta cruda realidad numérica, sin embargo, para mal de los más pobres,
podría ser mucho peor para Bolivia, según advirtió a
principios del 2008, Luis Alberto Echazú, el ministro de
Minería del presidente Morales. Esta autoridad aseguró,
con cifras en mano, que cada año las compañías mineras
estaban exportando el doble de lo que declaraban en las
aduanas bolivianas.
Una
gran movilización
No contentos con ello, estas transnacionales intentan ahora, cuando hay una
caída relativa en la cotización internacional de los
minerales, mantener los mismos niveles de ganancia,
acrecentando la explotación laboral y el saqueo de los
minerales.
En las minas de la Glencore/Sinchi Wayra, por ejemplo, los trabajadores,
pese a las debilidades y limitaciones de varios de sus
dirigentes sindicales ligados a la patronal, con
movilizaciones y huelgas han logrado frenar parcialmente los
abusos de esta compañía que intentó en el último
trimestre del 2008 echar a la calle a 1.277 trabajadores y
reducir el 15 por ciento del salario al resto de sus 3.500
operarios, a los que quiso hacer trabajar en turnos de hasta
12 horas diarias.
Los mineros en lucha firmaron con la empresa un precario acuerdo a
principios del 2009, que se logró bajo la amenaza
proletaria de ocupar todas las minas de Glencore/Sinchi
Wayra, que establecía que no habría despidos, ni ampliación
de la jornada laboral ni aumento salarial. Pese a ello, los
herederos de Marc Rich y de Sánchez de Lozada han vuelto a
la carga y presionan para ampliar la explotación de sus
trabajadores de las actuales 8 horas diarias a 10, lo que ha
empujado a los mineros a la huelga y a una gran movilización
que puede desembocar en una lucha que rebase el tema de la
jornada laboral y ponga en cuestión el destino de las minas
bolivianas.
|
