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Evo y mil millones de dólares más para la Enron
Econoticiasbolivia, 09/07/09
Salen a luz las millonarias y secretas concesiones
otorgadas por el gobierno indígena de Bolivia al consorcio
Enron–Ashmore–Shell, que sin invertir ni un centavo, se
apoderó de la red de ductos de Bolivia y lucró con ella
por 12 años.
La Paz.– Cada vez que abre la boca el ex presidente de
la estatal boliviana de transporte petrolero, Gildo Angulo,
crece el escándalo por la forma en la que el gobierno de
Evo Morales "nacionalizó" esta empresa, que por más
de una década fue controlada y saqueada por el consorcio
transnacional Enron–Ashmore–Shell.
Hasta ahora, según la última denuncia de Angulo,
presentada a media semana al Senado de la República y no
desmentida por las autoridades, el Estado boliviano habría
desembolsado y pagado sin justificación valedera casi mil
millones de dólares a estas petroleras que, sin invertir ni
un centavo, se habían apoderado en la década de los 90 de
toda la red de ductos de comercialización interna y
exportación de hidrocarburos, en lo que constituye el mayor
fraude transnacional realizado en Bolivia en los tiempos del
neoliberalismo.
La primera vez que Angulo, ––un ex militar que sirvió
con igual lealtad a los gobiernos neoliberales del pasado y
al actual de Evo Morales––, abrió la boca a mediados de
junio, provocó un terremoto, que precipitó su expulsión
de la dirección de Transredes, empresa que había sido
"nacionalizada" con pompa y sonaja en octubre del
2008 por el gobierno indigenista de Morales.
Acuerdos secretos
En junio del 2009, Angulo, en medio de una dura disputa
con otros directivos de la estatal petrolera, denunció que
altos funcionarios del gobierno, posiblemente a espaldas del
Presidente Morales, habían otorgado en secreto millonarias
e indebidas concesiones a las petroleras Enron–Ashmore–Shell.
Hasta esa fecha, oficialmente sólo se conocía que el
consorcio Enron–Ashmore–Shell había recibido en
efectivo 241 millones de dólares por la compra–venta
forzosa de las acciones que poseían en Transredes, según
establecía el decreto 29586 firmado por Morales.
Este mismo Decreto instruía a las autoridades bolivianas
que, antes de pagar ese monto a las petroleras, se deduzcan
los pasivos (deudas, tributos y otras obligaciones
pendientes).
Pero ello no ocurrió. El Decreto 29586 se tiró al
canasto y se reemplazó con otro Decreto presidencial, que
obligaba al Estado a pagar sin descuentos los 241 millones a
las petroleras, cargando a las arcas fiscales, además,
todas sus obligaciones y deudas, lo que se mantuvo en
estricta reserva hasta que Angulo abrió la boca.
Así, por medio de la denuncia, se conoció públicamente
que el Estado boliviano se había hecho cargo de una deuda
de 286 millones de dólares que el consorcio petrolero tenía
con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Corporación
Andina de Fomento y que también estaba asumiendo el pago de
otros 34 millones de dólares que la transnacional adeudaba
por tributos e impuestos, así como los gastos demandados
para remediar el daño ambiental de cerca de 100 millones de
dólares provocado por un gran derrame de petróleo en el
2000.
De patriotas y traidores
Tras la denuncia, Angulo fue destituido del cargo el 16 de
junio y acusado por las autoridades gubernamentales de
servir a los grupos neoliberales que conspiraban contra
Morales. Curiosamente, un mes antes, en un encuentro con los
periodistas, el propio Morales había destacado la labor de
Angulo al que calificó como "militar patriota",
señalando que "servía a la Patria, pese a su
edad".
Pese a ello, las autoridades confirmaron que efectivamente
se habían hecho esas concesiones a las petroleras para
evitar un posible juicio y arbitraje internacional, según
declaró el presidente Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), la empresa matriz estatal, Carlos
Villegas.
Hasta esa fecha, la aritmética petrolera del gobierno
boliviano mostraba que se había "nacionalizado"
(compra forzosa de acciones) pagando en efectivo 241
millones de dólares y asumiendo deudas por más de 400
millones de dólares, beneficiando a la Enron–Ashmore–Shell
que, sin invertir ni un centavo, tomaron la red de ductos de
Bolivia y lucraron impunemente con ella por 12 años.
De mal en peor
El negocio en contra de los intereses de Bolivia parecía
escandaloso, hasta que Angulo abrió otra vez la boca, esta
vez en el Senado controlado por las fuerzas opositoras de
derecha, y denunció otras y más gravosas concesiones
otorgadas a las petroleras, a las que se habría pagado
incluso por las ganancias que no habían recibido en
periodos anteriores.
Así, el Estado boliviano también se habría hecho cargo
de pagar otros 155 millones de dólares que las petroleras
habían emitido como "bonos" para pagarse
dividendos en el periodo 1997–2001 y también habría
pagado otros 207 millones de dólares para cubrir los
dividendos que la transnacional había programado repartirse
en el periodo 2006–2008 y que por falta de efectivo no lo
había hecho. Otro pago adicional de 60 millones de dólares
se deriva del "incumplimiento de compromiso de
inversiones".
En total, el Estado boliviano habría pagado indebidamente
casi mil millones de dólares por la empresa transportadora
de Transredes, un monto que equivale a casi la mitad de la
deuda externa del país y que representa casi la totalidad
de la inversión pública que se realiza anualmente en
Bolivia, un país que pese a sus inmensas riquezas naturales
tiene un tercio de su población pasando hambre y otro
tercio con apenas lo suficiente para comer y nada más.
Empresa sin recursos
Hoy, la estatal transportadora de hidrocarburos está
virtualmente exprimida. Casi todas las ganancias se destinan
al pago de las obligaciones de las petroleras extranjeras y
ya no hay dinero para nuevas inversiones de 1.000 millones
de dólares que se precisan con urgencia, dice Cyro Camacho,
el sucesor de Angulo.
El funcionario aseguró que la empresa no cuenta con esos
recursos para ampliar ductos y expandir la comercialización
de carburantes por lo que se verá obligada a recurrir al crédito
externo, acrecentando la deuda que tiene con entidades como
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación
Andina de Fomento (CAF).
Una historia de piratas
La historia reciente de los fraudes y latrocinios del
consorcio Enron–Ashmore–Shell arrancó en Bolivia en la
década de los 90, en pleno apogeo del neoliberalismo,
cuando las riquezas naturales del país altiplánico eran
entregadas sin pudor ni vergüenza a las transnacionales que
eran símbolo de la corrupción empresarial a nivel mundial.
El 8 de diciembre de 1994, el primer vicepresidente indígena
de Bolivia, el aymara Víctor Hugo Cárdenas, firmaba el
Decreto Supremo 23908 que avalaba y convertía en ley un
contrato entre el gobierno neoliberal y la Enron que sería
rubricado un día después en Miami entre el presidente de
Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y los directivos de la
petrolera. El Decreto y el contrato eran ilegales e
inconstitucionales, ya que no fueron refrendados por el
Congreso boliviano, pero igual entraron en vigencia porque
permitía que la Enron, a cambio de
"asesoramiento" y sin poner ni un centavo, tome el
control del gasoducto entre Bolivia y Brasil.
Ya en Bolivia, la Enron, junto a la Shell, a fines de 1996
se apoderó, otra vez sin invertir ni un centavo, de toda la
red de más de 6.000 kilómetros de ductos de petróleo y de
gas que atraviesan siete de los nueve departamentos de
Bolivia, logrando el monopolio de la distribución interna y
de exportación de hidrocarburos. Para ello bastó que la
Enron y la Shell prometieran a los gobernantes neoliberales,
con los que se habían asociado en Miami, invertir en el
desarrollo de ductos algo más de 200 millones de dólares.
Lucrando desde entonces con la red de gasoductos
bolivianos y obteniendo millonarios créditos del Banco
Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de
Fomento, el consorcio sacó las correas del mismo cuero y
cumplió con sus inversiones, apresurándose a repartir
millonarias utilidades entre sus accionistas y dejando en el
piadoso olvido el pago de estas deudas financieras y los
impuestos y tributos para el Estado. El consorcio llegó al
extremo de endeudarse y emitir bonos a fin de recaudar
dinero que era repartido como utilidades entre sus
accionistas.
Años después, en el 2006, y en plena bancarrota a nivel
mundial, la Enron transfirió sus acciones a la británica
Ashmore, compartiendo la mitad de las acciones con la Shell.
Esta acción le permitió, además, diluir la acción de los
sectores sociales que desde el levantamiento popular del
2003, que derrocó a los neoliberales que habían firmado
los leoninos contratos con las petroleras en Miami, habían
identificado a la Enron como el símbolo del latrocinio
neoliberal, por lo que buscaban enjuiciarla, hacerla pagar
por los daños cometidos en Bolivia y luego echarla del país.
A principios de la década, el ex delegado presidencial
Juan Carlos Virreira cuantificó en 120 millones de dólares
el daño inferido por la Enron al Estado boliviano, a lo que
se sumaron otras denuncias por contrabando de hidrocarburos,
evasión de tributos, falta de inversiones y conspiración
política para derrocar a Morales. Pese a ello, el juicio
contra la Enron, iniciado por Virreira, fue dejado de lado
por los gobiernos de la época, incluido el actual, al igual
que las demandas de expropiación y nacionalización de las
petroleras sin pagarles ninguna indemnización.
Por el contrario, el gobierno de Morales procedió a
legalizar y renegociar la mayor parte de los ilegales
contratos petroleros, procediendo en otros casos, como fue
con Transredes (Enron–Ashmore–Shell), a la compra
forzada de acciones, pagando millonarias sumas como
indemnización a las compañías petroleras tras intensos
procesos de negociaciones, ocultando a la población muchas
de las onerosas concesiones otorgadas al poder
transnacional. Y esto ocurrió hasta que Angulo abrió la
boca.
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