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Los dueños de Pando no quieren ver más
indios
Econoticiasbolivia, 14/07/09
La rancia oligarquía
boliviana, que amasa grandes fortunas con el latifundio y el
tráfico de tierras, inició una dura campaña contra la
migración de campesinos altiplánicos que pueden poner en
peligro su inmenso poder en el oriente.
La Paz.– Alarmados ante la
posibilidad cada vez más cierta de perder el poder político,
que han acumulado y usado a discreción por más de un
siglo, los poderosos clanes latifundistas que son dueños de
vidas y haciendas en la región tropical de Pando,[1] en el
norte boliviano fronterizo con Brasil, intentan frenar la
migración de cuatro mil empobrecidas familias campesinas
del altiplano.
Los clanes, que son dueños de la
tierra y manejan los principales negocios locales,
productivos, financieros y comerciales, están seguros que
con la llegada de los migrantes indígenas perderán el
control que aún mantienen en el gobierno regional y en todo
el aparato político–administrativo de la zona en la que
viven casi 50 mil personas.
Su temor radica que en las elecciones
del 6 de diciembre, el voto de estos indígenas altiplánicos
como nuevos ciudadanos de Pando (8.000 aproximadamente)
inclinará la balanza electoral a favor de los partidarios
del presidente indígena Evo Morales, modificando la
correlación de fuerzas en el Senado de la República.
De darse esta situación en esta pequeña
pero vital región electoral de Bolivia, la oposición
derechista perdería el precario control que tiene sobre el
Senado, posibilitando una mayor gobernabilidad al régimen
de Morales que impulsa el denominado “capitalismo
andino–amazónico”, el que propugna el desarrollo
capitalista sin la brutal sobreexplotación de la fuerza de
trabajo y sin el saqueo de los recursos naturales que paga
poco o nada de impuestos, postulados que colisionar
directamente con los millonarios intereses de los clanes que
son visceralmente racistas y que, como en los tiempos del
esclavismo, creen que los indígenas valen menos que una
vaca, mientras que ellos, por derecho divino, son amos y señores
de todas las ingentes riquezas de la región.
Hay también el temor, casi
certidumbre, de que el voto de los nuevos ciudadanos de
Pando también sea vital para que en la elección del
prefecto (gobernador) y alcaldes municipales, prevista para
abril del 2010, la balanza también se incline para los
representantes de centro izquierda, alejando en la propia
región de Pando a los clanes latifundistas de las
estructurales formales del poder político, que han usado
desde siempre para acrecentar su riqueza y fortuna.
Por ello, los clanes latifundistas han
decidido usar todas sus fuerzas y torpedear, como sea y a
cualquier precio, el proyecto migratorio gubernamental, que
también sabe lo que se juega en este ámbito.
El gubernamental plan de asentamientos
humanos, que arranca desde el 2006, además de los objetivos
políticos específicos para desplazar a la burguesía
agrofinanciera y especuladora de tierras de Pando, pretende
lograr un equilibrio entre territorio y población, resolver
el problema de la pobreza, la conflictividad social y la
presión demográfica sobre la tierra. Otros objetivos son
impedir la incursión de súbditos extranjeros que lleguen a
explotar de forma ilegal los recursos naturales, así como
fomentar una nueva estructura económica y sentar la soberanía
territorial en lugares despoblados, principalmente en las
fronteras.
El poder de los clanes
latifundistas
Los clanes están temerosos de perder
sus inmensos privilegios, construidos desde antaño en las
selvas y los ubérrimos llanos del oriente norte de Bolivia,
al amparo de las dictaduras militares y los regímenes
nacionalistas y neoliberales. Esta región ha sido
virtualmente loteada entre los ganaderos, comerciantes y
aventureros, pocos de ellos con oficio conocido, aunque casi
todos con la suficiente habilidad para arrimarse y servir a
los gobernantes de turno y así lograr, gratuitamente del
Estado, inmensas concesiones de tierras y el dominio sobre
bosques, lagunas y los recursos naturales en flora y fauna y
los no renovables.
Así, en las selvas tropicales de Pando
se forjó el reino de los racistas clanes familiares de los
Sonnenschein, Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda,
Barbery Paz, Claure, Villavicencio Amuruz, que explotan la
región y gobiernan a látigo y con la venia de las
autoridades regionales, abogados, curas y policías, tal
como se desprende de los informes oficiales recopilados por
Econoticiasbolivia (ver: “La rebelión de los 100
clanes” en www.econoticiasbolivia.com).
Es tal el poder de estas ocho familias
que, en conjunto, concentran cerca de un millón de hectáreas
de tierras fértiles, que equivalen a dos mil veces la
extensión de la ciudad de Cobija, la capital del
departamento de Pando. La fuente de su riqueza está en los
inmensos latifundios que han construido, traficando con
tierras que han recibido gratis e ilegalmente del Estado,
depredando sin piedad los bosques amazónicos y explotando
los recursos naturales de la región (goma, castaña,
madera, piedras semipreciosas).
Los clanes latifundistas lo controlan
todo. Allí, el poder político y económico se reparte
entre padres, hermanos e hijos. Unos son autoridades
regionales, otros diputados y concejales, otros son jefes
militares y dueños de empresas, bancos y canales de
televisión, hay también jueces, fiscales y curas. Hoy,
todos ellos han sido movilizados para frenar el
ingreso–migración de los cuatro mil indios altiplánicos.
Unos conspiran contra los indígenas en el Parlamento, otros
se mueven en los grandes medios de comunicación y los más
activan en las organizaciones cívicas, en las
institucionales regionales e incluso en los sindicatos y
organizaciones campesinas.
La brigada latifundista
Como punta de lanza contra la migración
de los indios altiplánicos están los tres senadores
latifundistas de Pando, José Villavicencio, Róger Pinto y
Paulo Bravo, todos ellos hombres de derecha y que han
trabajado estrechamente con el ex prefecto fascista Leopoldo
Fernández y la ex líder cívica Ana Melena de Suzuki, el
primero encarcelado por la masacre de campesinos en el
Porvenir en septiembre del 2008 y la segunda refugiada en
Brasil por el mismo delito y con parecida carga de
consciencia.
Estos cinco personajes, que son la
cabeza visible de la oposición a la migración campesina
altiplánica, son también un fiel reflejo de la estructura
de dominación familiar que se mantiene en la región
oriental.
Los clanes familiares de Villavicencio,
Pinto, Bravo, Fernández y Suzuki se han apoderado de 16.734
hectáreas de tierra en el departamento de Pando y las
sometieron a perniciosos procesos de deforestación y
explotación de los recursos naturales, ha denunciado el
ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
La denuncia señala que la familia del
senador de la derechista Unidad Nacional (UN) José
Villavicencio posee siete predios que suman una extensión
de 7.359 hectáreas.
La familia del senador Paulo Bravo del
ultraderechista Podemos tiene dos propiedades que suman una
superficie total de 222 hectáreas. El 60 por ciento está
deforestado.
La familia del ex prefecto de Pando
Leopoldo Fernández, hoy recluido en el penal de San Pedro
de La Paz, tiene seis propiedades, que suman 5.552 hectáreas.
La familia del senador Róger Pinto
(Podemos) tiene 3.269 hectáreas de tierra distribuidas en
dos predios: El Lago (2.205 hectáreas) y El Atajo (1.064
hectáreas).
El Ministro Quintana dijo que si el
senador Pinto cediera sus propiedades se podría fundar una
segunda ciudad de Cobija, que albergaría a 40 mil personas.
La ex presidenta del Comité Cívico de
Pando, Ana Melena de Suzuki, tiene una propiedad con una
superficie total de 330 hectáreas.
Denuncias y corrupción
En este marco, el ministro Quintana
denunció que “algunos sectores avalados por empresarios
de la región quieren obstaculizar el plan de dotación de
tierras a necesitados porque temen perder sus concesiones
forestales”.
Reveló que el senador Pinto y otros
parlamentarios impulsaron una ley que permitía la enajenación
del territorio boliviano mediante la venta de tierras a
extranjeros.
Quintana señaló, según consigna el
diario gubernamental “Cambio”, que estos políticos
saquearon los recursos naturales de Pando (depredación de
maderas preciosas), traficaron madera, combustibles y
cometieron contrabando.
“Es más, son socios de empresarios
privados extranjeros y de Santa Cruz, que son dueños de
extensas concesiones forestales, por ello se oponen a la
distribución de tierras porque perderán sus
privilegios”, agregó.
Movilización cívica y
campesina
En su “guerra contra los altiplánicos”,
los clanes también están movilizando a los empobrecidos
campesinos y zafreros del oriente, entre los que intentan
exacerbar la xenofobia y el racismo, mientras amenazan con
despidos y cesantía por la llegada de los “collas”. Los
campesinos orientales, que no reciben apoyo económico ni
ayuda del gobierno de Morales, ya han programado para este
miércoles una caminata desde el vecino departamento de Beni
hasta la capital Cobija, en rechazo al plan gubernamental de
asentamientos humanos.
La marcha terminaría en una
concentración en la que se plantearía, entre otras cosas,
“la remoción de los migrantes del altiplano, debido al daño
ecológico que provocan a la región”, dijo la dirigente
de los zafreros, Vivian Ortiz.
El secretario de Tierras y Territorio
de los zafreros de Pando, Saúl Fernández, advirtió que el
ingreso de los campesinos dejará sin trabajo a los
recolectores de castaña de la zona”, por lo que exigió
que los primeros beneficiarios de los planes del Gobierno
sean los campesinos de la región.
“No es que estemos en desacuerdo de
que vaya gente del interior a Pando y se les dote tierras,
pero siempre que primero se atienda a la gente de la región”,
matizó Fernández que cree que es prioritario defender la
paupérrima economía de los zafreros, que son
supereexplotados por los clanes familiares y que ahora los
utilizan como otra punta de lanza para defender sus
privilegios.
Pobres contra pobres
Pese a ello, el dirigente zafrero, los
campesinos orientales no se estarían movilizando en defensa
de los intereses empresariales, sino que “les preocupa que
con la llegada de los campesinos de La Paz y Cochabamba
aumente la oferta de la mano de obra para la recolección de
castaña, lo que hará que el pago por este trabajo
disminuya, afectando aún más la pobre economía que existe
en el lugar”.
“Son unas 20.000 familias de zafreros
de todo el departamento de Pando que se verán afectadas con
la llegada de las familias de campesinos”, dijo.
“Si (el Gobierno) quiere solucionar
el tema de soberanía, como dicen, que nos den las
condiciones a nosotros, a los oriundos de la región, que
nos den vivienda como les están dando a ellos”, agregó.
El plan gubernamental prevé la llegada
de 2.500 familias campesinas de La Paz y Cochabamba de las
4.000 previstas en el proyecto. A cada una les dotará entre
75 y 100 hectáreas de tierra en los municipios de Puerto
Rico, Bella Flor, Santa Rosa del Abuná, El Sena,
Filadelfia, Nueva Esperanza y Santos Mercado.
Se estima que la dotación de unidades
habitacionales y servicios básicos para las 2.500 familias
que se trasladarán en agosto próximo a Pando demorará por
lo menos seis meses.
Mucha riqueza para pocos
"En Pando existen por lo menos
medio millón de tierras fiscales que albergan riquezas
forestales, de goma, castaña y otros productos que han
servido hasta hoy mayormente a grandes latifundistas y a los
pobladores de otras naciones fronterizas como Brasil y Perú",
denunció Jorge Silva, diputado oficialista.
Silva manifestó que a lo largo de años
Pando ha sufrido no solamente por la ausencia del Estado,
sino por el surgimiento de poderes locales que utilizaron
ese departamento para su propio beneficio.
Señaló que el objetivo del plan de
asentamiento y distribución equitativa de tierras es
posibilitar el aprovechamiento racional de los recursos forestales,
maderables, de goma, castaña y otros que existen en la región
para que beneficien a los bolivianos y no a otros intereses.
Reveló que los recursos naturales de Pando benefician en la
actualidad a brasileños y peruanos que ingresan a Bolivia a
explotarlos sin que exista un control estatal al respecto.
Un
plan contra la pobreza
Según el Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA), el Estado boliviano erogará al menos siete
millones de dólares en la primera fase del plan migratorio
hacia el oriente de familias campesinas que no cuentan con
tierras o están en extrema pobreza afectadas por el
minifundio. El dinero se usará para generar las condiciones
básicas de habitabilidad en las zonas que reciban los
asentamientos humanos.
Según el director del INRA, Alejandro
Almaraz, el plan del Gobierno prevé el asentamiento de
2.000 familias en Pando, en una extensión de 200.000 hectáreas.
Además, incluye migraciones en otros tres departamentos: La
Paz, Beni y Santa Cruz.
Nota de
SoB:
1.– Recordemos que fue Pando,
departamento del norte de Bolivia, donde en septiembre del años
pasado se produjo la masacre de una marcha de indígenas,
ordenada por el entonces prefecto departamental, Leopoldo
Fernández, que hoy está en la cárcel por ese delito.
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